Foro Común


Mensajes de Funcionarios enviados por Triana:

Montero subirá un 0,25% el sueldo a los funcionarios en la nómina de julio.

Javier Tahiri.

PD: ¡QUE DISPENDIO, POR DIOS!
El Gobierno promete a Bruselas dejar de ligar las pensiones al IPC dentro de cuatro años.

La Airef desvela que el Ejecutivo plantea aumentar los sueldos públicos un 1% en dichos años, por debajo de la inflación.

Javier Tahiri.

Madrid.

Actualizado:

09/05/2019 19:23h.

Los funcionarios perderán poder de compra.

En otra de las medidas de ahorro de gasto, el Gobierno no prevé ampliar el acuerdo del Gobierno de Rajoy con los funcionarios para subirles el sueldo hasta un 9% de 2018 a 2020. En 2021 y 2022, el Ejecutivo prevé que los aumentos de sueldo sean solo del 1%, por debajo de la inflación.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, firmó con los sindicatos de la Administración subidas a los empleados públicos del 1,75% en 2018, del 2,25% en 2019 (con 0,25 adicional ligado al crecimiento del PIB) y hasta del 2,3% en 2020. Este pacto no se ampliaría en 2021 o 2022, lo que redundaría en que los empleados público ganarían poder adquisitivo en 2019 y 2020 pero lo perderían los dos años siguientes.
Aplicación del artículo 155.

Los funcionarios hostiles podrán ser sancionados sin sueldo.

MARISOL HERNÁNDEZ. Madrid.

22 OCT. 2017 02:52.

El Gobierno se ha preparado ante las vicisitudes de gestionar una Administración hostil con el control organizativo y sancionador de los funcionarios y el personal laboral de la Generalitat, que les permitiría encarar un posible boicot de los trabajadores o de los cargos que permanezcan en activo [lea en PDF el acuerdo adoptado por el Gobierno para aplicar el artículo 155]. El cese del presidente de la Generalitat, el vicepresidente y los consejeros del Govern conllevará también la destitución de centenares de cargos de confianza y de libre designación. Sin embargo, se mantendrá todo el segundo escalón de la Administración autonómica -secretarios de las consejerías (asimilables a los secretarios de Estado de los ministerios) y directores generales-, cuyo destino se determinará en función del ejercicio diario de su tarea.

Aplicación del artículo 155
Los funcionarios hostiles podrán ser sancionados sin sueldo

MARISOL HERNÁNDEZ Madrid
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22 OCT. 2017 02:52
Oriol Junqueras y Carles Puigdemont, durante la manifestación...
Oriol Junqueras y Carles Puigdemont, durante la manifestación celebrada ayer en Barcelona. Josep LagoAFP
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Cesará el personal de confianza y se sustituirá a todos los altos cargos que no cumplan
Rajoy aplica el 155 en Cataluña: cese de Puigdemont y de todos los consejeros y convocatoria de elecciones en seis meses
Consulta íntegro el acuerdo del Gobierno (PDF)
Las principales medidas aprobadas por el Gobierno para aplicar el artículo 155
El Gobierno se ha preparado ante las vicisitudes de gestionar una Administración hostil con el control organizativo y sancionador de los funcionarios y el personal laboral de la Generalitat, que les permitiría encarar un posible boicot de los trabajadores o de los cargos que permanezcan en activo [lea en PDF el acuerdo adoptado por el Gobierno para aplicar el artículo 155]. El cese del presidente de la Generalitat, el vicepresidente y los consejeros del Govern conllevará también la destitución de centenares de cargos de confianza y de libre designación. Sin embargo, se mantendrá todo el segundo escalón de la Administración autonómica -secretarios de las consejerías (asimilables a los secretarios de Estado de los ministerios) y directores generales-, cuyo destino se determinará en función del ejercicio diario de su tarea.
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En principio continúan, pero el Gobierno se reserva la opción de destituirles en cualquier momento. Fuentes populares apuntaban ayer que muchos de ellos podrían optar por dimitir en los próximos días, en cuanto el Senado valide el desarrollo del artículo 155. Pero, para no dejar nada al azar, el plan del Ejecutivo es muy exhaustivo en todo lo relacionado con los empleados de la Generalitat. El Gobierno podrá dictar y adoptar las disposiciones e instrucciones necesarias para el ejercicio de las competencias asumidas. Y todo ello será «de obligado cumplimiento» para el personal de la Administración autonómica, sean funcionarios o personal laboral de la misma Generalitat o de su entramado de organismos públicos.
Se prevé que haya dimisiones entre los secretarios y directores generales
En caso de «incumplimiento» se adoptarán sanciones. Si se desoyen las instrucciones y actos dictados por el Gobierno, se aplicará la normativa estatal y autonómica pertinente por «responsabilidad disciplinaria» sin perjuicio, apunta el texto aprobado por el Consejo de Ministros, «de las responsabilidades patrimoniales, contables, penales o de otro orden a que pudieran dar lugar». Fuentes populares explicaron ayer que esta prerrogativa permitirá al Gobierno suspender «el sueldo» a todos los trabajadores que no colaboren en la organización administrativa diaria. La sensación, según las fuentes consultadas, es que la salida del personal de confianza de cada consejería y las previsibles dimisiones en el segundo escalón de la Administración, además de la amenaza de régimen disciplinario, contribuirán a que los empleados públicos desarrollen fielmente su trabajo. En todo caso, como medida transversal, de aplicación general, se advierte que el incumplimiento de las medidas del Ejecutivo «se entenderá como incumplimiento del deber de fidelidad a la Constitución y al Estatuto». Para garantizar la máxima colaboración, el Gobierno plantea también decisiones destinadas a evitar la voluntariedad de los actos de los funcionarios. El Ejecutivo -o los órganos o autoridades creados o designados por él- someterá a la Administración a un «régimen de comunicación o autorización previa». Serán «nulas» las actuaciones y resoluciones que se adopten «sin este requisito». Además, aun cuando sean comunicados, el Gobierno se reserva la posibilidad de oponerse «con carácter vinculante» a estos actos. En cualquier momento el Estado podrá acordar el «nombramiento, cese o sustitución temporal de las funciones» de «cualquier autoridad, cargo público y personal de la Administración de la Generalitat» y de sus «organismos, entes o entidades y empresas públicas». Entre los objetivos del Gobierno, a la hora de ejecutar su plan, figura aplicar todas las medidas «de forma gradual», atendiendo de manera «proporcional y progresiva». Sí se ha puesto un interés especial en tener previstas las reacciones -también la de los Mossos d'Esquadra- ante la nueva autoridad política con la voluntad de administrar las respuestas o utilizar o no las medidas propuestas en función del cumplimiento de sus órdenes. Como ejemplo de esta dinámica, fuentes del partido apuntaban ayer a la dirección de TV3, el segundo escalón de la Generalitat o los cargos ejecutivos de las empresas públicas.
Hacienda prepara una subida fija y otra variable para los funcionarios.

JESÚS SÉRVULO GONZÁLEZ MANUEL V. GÓMEZ.

Madrid.

La secretaria de Estado de Función Pública se reúne hoy con los sindicatos de función pública para tratar de alcanzar un pacto salarial para el periodo 2018-2020.

El Ministerio de Hacienda ha citado para hoy a las principales organizaciones sindicales de empleados públicos en busca de un pacto salarial para los próximos tres años 2018-2020. El ministro Cristóbal Montoro pretende ofrecerles una subida salarial con una parte fija y otra variable, ligada al crecimiento de la economía. El objetivo es que los empleados públicos recuperen parte del poder adquisitivo perdido durante los años de crisis. El Ejecutivo ha fijado un tope del 5% en los próximos tres años, algo que los sindicatos ven insuficiente. Las posturas están alejadas y el acuerdo entre las partes parece difícil.

Las principales organizaciones sindicales (UGT, CC OO y CSIF) y el Ministerio de Hacienda mantienen una dura negociación a cuenta de la subida salarial para los funcionarios que recogerán los próximos Presupuestos. La próxima reunión se producirá este jueves por la tarde entre la secretaria de Estado de Función Pública, Elena Collado, y los representantes sindicales. En ese encuentro, el Ejecutivo propondrá un aumento salarial con una parte fija y otra variable vinculada al crecimiento (PIB). Además, la subida estaría limitada a un máximo que rondaría el 5% en el periodo 2018-2020. En el Ejecutivo explican que buscan no azuzar el IPC ni entorpecer la creación de empleo en el ámbito privado por un efecto arrastre en las negociaciones en empresas.

La representante de Hacienda también se mostrará favorable a subir la tasa de reposición (sustitución de quienes se jubilan por nuevos funcionarios). Esta demanda sindical nace ante el envejecimiento de las plantillas. Por último, Collado no cerrará la puerta a bajar la jornada a las 35 horas, pero solo a determinados sectores y de forma progresiva.

Los sindicatos esgrimen que los empleados del sector público llegaron a perder hasta un 20% de capacidad de compra desde 2010, entre recortes y congelación del sueldo. Y señalan que el escenario actual no es el de años atrás, cuando la economía caía y se aplicaban ajustes. Además, recuerdan que su carga de trabajo se ha incrementado porque las plantillas públicas se han reducido de forma drástica.

Para los próximos años, sindicatos aceptarían una subida más modesta, siempre que ya el año próximo se empiece a ganar poder adquisitivo partiendo de la posición actual o que se recupere parte del recorte del 5% aprobado por el Gobierno de Zapatero en 2010. Esto pasaría por recuperar ese porcentaje más la inflación que se acumule de 2018 a 2020. Esto se traduciría en un aumento de cerca de un 3% anual. Algo que Hacienda no parece aceptar.

Existe cierto pesimismo entre los representantes sindicales. Creen que el Gobierno está dando marcha atrás respecto a la oferta que les puso sobre la mesa la semana pasada cuando el ministro Montoro se reunió con los representantes sindicales. Fuentes de estas organizaciones cuentan que tras las primeras reuniones con la secretaría de Estado existió un escenario de recuperación de poder adquisitivo con una subida del 1,25% más otro porcentaje vinculado al IPC, lo que supondría una subida próxima al 2,5% anual. Esperaban recibir estos días un documento de Hacienda con una propuesta concreta para ir trabajando sobre ella. Pero el ministerio no les ha adelantado ninguna propuesta concreta.

Pepe Fernández, secretario general de los trabajadores públicos de CC OO, cree que "el Gobierno se está retractando. Había abierto un escenario de recuperación del poder adquisitivo que no se está materializando", apunta con decepción. "No estamos cerrados a que entre los criterios de revalorización salarial esté el PIB, pero no renunciamos que el coste de la vida forme parte también", apunta Frederic Monell, de UGT. "No tenemos margen para un acuerdo que no recoja una recuperación importante de poder adquisitivo", añade, sin olvidarse de la jornada semanal de 35 horas. Por su parte, Miguel Borra, presidente de CSIF, defiende que "los empleados públicos empiecen a participar de la reactivación de la economía. Y esto debe notarse en su nómina". Y añade: "Además, es fundamental recuperar la jornada de 35 horas".
El plan del PP para contentar a los funcionarios costará 9.000 millones de euros hasta 2020.

M. LLAMAS.

Los empleados públicos piden una subida de hasta el 20% en los próximos años para, según ellos, recuperar el poder adquisitivo perdido en la crisis.
Montoro ofrece a los funcionarios una subida salarial a tres años vinculada al PIB.

Agentes sociales y el Ministerio se reunirán de nuevo esta semana.

LM/Agencias.

El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha ofrecido a los empleados públicos un plan de subida salarial a tres años (2018-2020) vinculado al Producto Interior Bruto (PIB), según han confirmado a Europa Press fuentes sindicales y del Gobierno.

La propuesta del Ejecutivo es la primera vez que contempla un plan plurianual y también es novedosa porque se trata de no establecer un incremento fijo al inicio del año, como ha venido siendo habitual hasta ahora, sino de un aumento variable como hacen ya muchas empresas privadas, vinculado en este caso a la evolución del PIB.

Las previsiones del Gobierno estiman que el PIB crecerá un 2,6% en 2018, un 2,5% en 2019 y un 2,4% en 2020, del tal manera que vincular los salarios de los funcionarios al incremento de la economía evitaría, al menos, una pérdida de poder adquistivo, teniendo en cuenta además que el Ejecutivo contempla una evolución moderada de la inflación en los próximos años.

En cualquier caso, y al margen de la fórmula concreta que finalmente se acuerde con los sindicatos, el sueldo de los funcionarios subirá en 2018 por encima del 1%, la subida que se ha aplicado en los últimos años y que los sindicatos consideran insuficiente con aumentos del PIB cercanos al 3% y tras los recortes sufridos durante la crisis.

Las demandas de los sindicatos

Desde los sindicatos valoran la propuesta de Hacienda como "un factor más a tener en cuenta" para el incremento salarial, pero a priori y a la espera de que se concrete la propuesta, consideran que el crecimiento del PIB no debería ser determinante para fijar la subida salarial, sino simplemente un factor más a tener en cuenta, señalaron a Europa Press en fuentes de UGT. En su lugar, siguen reclamando una subida salarial para los funcionarios ligada al IPC para recuperar el poder adquisitivo perdido en los últimos años, indicaron desde CSIF y UGT.

Los agentes sociales se reunieron con Hacienda el pasado jueves para abordar las condiciones laborales de los funcionarios en los Presupuestos Generales de 2018. Durante este encuentro, las organizaciones sindicales reiteraron la necesidad de alcanzar un pacto de legislatura para recuperar, de manera progresiva, el poder adquisitivo perdido durante la crisis, que el sindicato CSIF cifra en torno al 20%.

Además, también ven "fundamental" la recuperación de la jornada de 35 horas para aquellas administraciones que así lo acuerden con las organizaciones sindicales, como ha sido el caso de Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León, País Vasco o el Ayuntamiento de Madrid.

Los sindicatos también destacan la importancia de aprobar una oferta de empleo público que ponga fin a la tasa de reposición y que permita, a través de un plan de recursos humanos, aumentar las plantillas por encima de las jubilaciones "en los ámbitos donde sea necesario". Antes de las vacaciones de verano, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se mostró abierto a incluir esta medida en las cuentas del Estado para 2018.

En esta línea, el Gobierno confirmó que estaba "dispuesto a negociar" y que quizás es posible recuperar las 35 horas en algunos ámbitos. No obstante, interlocutores sociales afirman que Hacienda "por el momento" no ha mostrado sus cartas y les han trasladado que están viendo "posibilidades presupuestarias".

Hacienda convocará de nuevo esta semana a las centrales sindicales, previsiblemente para el miércoles o el jueves, para seguir negociando la subida salarial y el resto de asuntos relativos a los funcionarios, de forma que convocará la semana que viene la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas.

En la Mesa General están representados tanto los sindicatos, como la Administración, comunidades autónomas y ayuntamientos, a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), y su convocatoria es obligatoria antes de la presentación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) que el Gobierno prevé aprobar el próximo viernes 22 de septiembre.