Foro Común


Mensajes de Hablemos del gobierno enviados por Triana:

ROMPEN LA TRADICIÓN HISTÓRICA DEL PARLAMENT.

Los independentistas chantajean a Sánchez: si no suelta a los presos, vetan a Iceta.

Fuentes del PSC reconocieron a El Confidencial que tanto ERC como JxCAT votarán en contra de designar este jueves a Miquel Iceta como senador autonómico.

AUTOR:

ANTONIO FERNÁNDEZ. BARCELONA.

Los independentistas ya tienen su primera víctima propiciatoria: o Pedro Sánchez da luz verde para que los políticos que están siendo juzgados puedan recoger sus actas y salir en libertad o impedirán la proclamación de Miquel Iceta como presidente del Senado. Fuentes del PSC reconocieron a El Confidencial que tanto ERC como JxCAT votarán en contra de designar este jueves a Miquel Iceta como senador autonómico, en representación del Parlament, paso previo para que, como miembro de la Cámara alta, pueda luego presidirla. Sin que sea nombrado, no puede aspirar a ese cargo.

Con el chantaje encima de la mesa, el futuro de la presidencia de este órgano de representación territorial queda en el aire. Y queda también una cosa muy clara: la deslealtad del independentismo. Cataluña pasó del ‘fair play’ histórico que caracterizaba a la clase política de la comunidad a la ‘kale borroka parlamentaria’. Un tsunami llamado ‘procés’ barrió completamente el llamado oasis catalán.

Con su posicionamiento radical, los ‘indepes’ rompen la histórica tradición de permitir que cada grupo al que le corresponden senadores autonómicos puede proponer a quien quiera. Jamás nadie en el Parlamento catalán se metió con el candidato propuesto por otra fuerza política. Entre otras cosas, porque es de salud democrática no interferir en las decisiones de partidos soberanos. En definitiva, la decisión de ERC y de JxCat es vista como una venganza. Desde algunos sectores políticos se va más allá: “Es un chantaje en toda regla”, denuncia un alto cargo del PSC.

“Lo que hacemos es cambiar nuestro candidato a senador. Históricamente, los grupos políticos se abstienen a la hora de votar senadores. Cada grupo presenta a su candidato o sus candidatos y vota. Pero, en esta ocasión, los independentistas ya nos han avisado que rompen con el criterio histórico. Y no respetar ese criterio es malísimo”. Otra fuente socialista es más ácida: “Parece que es ERC y JxCat quienes quieren decidir quién ha de ser el senador que nombra el PSC. ¿Es que no podemos decidir nosotros quién es el senador del PSC? ¿Alguien se ha metido en alguna ocasión con quién elige como candidato a senador autonómico ERC o JxCat? Ello da una idea de su concepción totalitaria de la política”.

Las excusas de ERC.

Sergi Sabrià, presidente del grupo parlamentario de ERC en el Parlament, achacó el enfado de su partido a que se enteraron por la prensa de la propuesta de Pedro Sánchez a Iceta. “Así no se hacen las cosas. No es manera de tomar decisiones”. Además, criticó que el PSOE “supedite las instituciones catalanas a sus decisiones respecto a sus sillas”. Irónicamente, señaló que los socialistas “deben de tener ya los votos necesarios para nombrar a Iceta, pero en esos votos no cuentas los de ERC”.
Sabrià pidió algo a cambio: tumbar en el Senado el suplicatorio de los políticos presos, lo que supondría su libertad inmediata y el fin del juicio. Si eso ocurre, los republicanos se darían por satisfechos. Más claro, el agua: chantaje puro y duro.

De igual manera ‘respiran’ sus colegas de JxCat, que ven en el veto a que Iceta sea senador una baza excelente para tomar oxígeno tras el varapalo de las últimas elecciones generales y ante la campaña de las municipales y europeas.

Los socialistas, por su parte, consideran que los independentistas “tienen auténtico pavor a que Iceta presida el Senado porque saben que de esa manera se les acabó el protagonismo”. Además, enfatizan que el líder del PSC es “un hombre dialogante” que no daría excusas para quejarse y practicar el victimismo. “Y además, un catalán presidiendo el senado sería un hito. No podrían culpar de todos los males a los españoles, porque sería un catalán la tercera autoridad del Estado y el presidente de la Cámara alta. Y como no quieren perder la oportunidad de perder el victimismo, pues vetan a Miquel Iceta”.
ENTREVISTA.

Alejandro Fernández: «Son los gobiernos los que deben impedir que se extienda la violencia»

El líder de los populares en Cataluña considera que Sánchez «ha mirado para otro lado» con el acoso a la derecha.

Daniel Tercero.

Barcelona.

Actualizado:

15/04/2019 08:38h.

Alejandro Fernández (Tarragona, 1976), que lleva medio año al frente del PP catalán, repasa para ABC la actualidad política, centrada en el acoso que los constitucionalistas sufren en diversos puntos de España.

-Usted estuvo en la Universidad Autónoma de Barcelona el jueves, ¿cómo vivió el acoso que sufrieron?

-Una organización de jóvenes valientes constitucionalistas como S’ha Acabat! organizó un debate en la UAB para hablar de populismo y nacionalismo. Me invitaron como ponente y Cayetana Álvarez de Toledo nos acompañó. Cuando llegamos allí, nos dijeron que habían bloqueado la entrada y que podríamos entrar a la sala por la puerta de atrás. Dijimos que no, tras agradecer a los Mossos su disponibilidad, ya que ellos lo hacían para defender nuestra integridad física. Pero no podíamos aceptar que los chicos de S’ha Acabat! tuvieran que enfrentarse a eso solos. Y decidimos entrar por la puerta principal, que es por donde debe entrar la libertad. No podíamos aceptar, bajo ningún concepto, que los niñatos que no querían dejarnos hablar se pensaran que la UAB es suya.

- ¿Cree que esta crispación se puede generalizar a otros puntos de Cataluña o una violencia como la vivida el jueves solo se puede dar en la UAB?

-No lo sé… pero me temo que algún episodio más viviremos de estas características, porque ya nos ha pasado en las campañas electorales en los últimos años. Puede que ocurra.

-A ustedes, el jueves; a Vox, el sábado; ayer, a Cs. ¿No cree que el acoso a los partidos de la derecha en España se ha intensificado?

-Para evitar esto se tiene que configurar un Gobierno fuerte y con las ideas claras, para que desde el poder público se pueda evitar la batasunización de la vida pública. El problema que hay es que la violencia siempre es contagiosa. Ahora hay gente muy envalentonada de movimientos muy radicales que pretenden convertir la calle en solo suya. Los Comités de Defensa de la República (CDR) en Cataluña es un claro ejemplo de esta batasunización. Lo que no podemos hacer es que los problemas se resuelvan en la calle, como si viviésemos en la barbarie. Son los gobiernos los que deben impedir que se extienda la violencia. Si los CDR campan a sus anchas, porque Quim Torra no solo no lo impide sino que los lidera, debe ser el Gobierno de España el que les pare los pies. Pedro Sánchez no lo ha hecho y ha mirado para otro lado. Le puedo asegurar que el PP parará los pies a batasunos, a los CDR y a quien haga falta.

- ¿Qué le parece la oferta de JpC y ERC a Sánchez para la investidura?

-No me sorprende. Sabemos, desde hace tiempo, que el candidato de los separatistas es Sánchez porque tienen claro que está dispuesto a romper la Constitución y la convivencia, si es necesario, con tal de permanecer en La Moncloa. La oferta era previsible. Y, por cierto, me gustaría hacer mención que al PP se le insultaba cuando decíamos que esto, la oferta de los independentistas al PSOE, pasaría. Algunos deberían tragarse sus palabras.

- ¿Qué opinión le merece alguien que quiere gobernar España, como Pablo Iglesias, y está más cómodo con una bandera independentista de Canarias que con la bandera de España?

-Esto no va de banderas. Va de democracia. España tiene unos símbolos oficiales que tienen que ser respetados y esto no admite ningún tipo de transacción ni de negociación. Los símbolos oficiales son de todos y deben estar en las instituciones.

- ¿Está siguiendo el juicio del 1-O en el Tribunal Supremo?

-Sí.

- ¿Cree que ha quedado acreditado que hubo rebelión o sedición?

-Lo que ha quedado acreditado es que es un juicio en una gran democracia del mundo. Transparencia, derechos garantizados, todas las defensas pueden explicarse y preguntar… más allá de las opiniones personales, está siendo un juicio garantista.

-Teniendo en cuenta que los líderes del procés dicen que volverían a hacer lo y que no se arrepienten, ¿cree que lo volverán a intentar?

-Lo he denunciado reiteradamente. Mientras la política catalana siga dirigiéndose desde Waterloo (Bélgica) habrá un nuevo intento de golpe. Uno de los motivos por los que se decreta prisión preventiva a los líderes del procés es para evitar la reincidencia. Estas personas que lloran y aseguran que se violan sus derechos por estar en prisión preventiva resulta que siguen diciendo que lo volverían a hacer, por lo que queda bastante claro que la prisión preventiva está justificada.

- ¿Qué le parece que el PSC haya coqueteado con los indultos y que Sánchez no lo haya descartado?

-Para que haya un indulto, primero tiene que haber una condena. Y luego tiene que haber un acto de contrición por parte del condenado. Tal y como se ven las cosas ahora mismo, lo que está haciendo el PSOE es humillarse a unos niveles vergonzantes para cualquier demócrata, pues ya están pidiendo casi de rodillas que les voten para indultarlos aunque no lo pidan. La capacidad de humillar a la democracia española en el PSOE me sorprende.
El Gobierno se negó a entregar un listado con las personas que han usado el Falcon.

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno exige a La Moncloa que haga público en un plazo de 10 días un listado con las personas autorizadas y su cargo para utilizar la aeronave.

Gregoria Caro.

Madrid.

Actualizado:

03/04/2019 16:44h.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vulnerado una vez más una resolución del Consejo de Transparecia y Buen Gobierno (CTBG) sobre el uso del Falcón. El pasado 21 de febrero el órgano instó a la Secretaría General de Presidencia del Gobierno a que en un plazo estimado de diez días se hiciesen públicos los datos sobre el uso de la aeronave y sobre quién la usa. Pero el mutismo del Ejecutivo ha sido titánico en estos cuatro meses.

Tanto ésta como la anterior conclusión del CTBG surgen después de que Luis Salom, miembro del Partido Popular en la Comunidad Valenciana, solicitara la información. En un primer momento, Salom demandó la aclaración al Portal de Transparencia del Gobierno: quería conocer el «coste aproximado y sin desglosar de todo el desplazamiento del presidente y sus acompañantes, incluido el coste de apertura especial del aeropuerto de Castellón para este desplazamiento». Pero la negativa le forzó a reclamar ante el Consejo de Transparencia.
ESPAÑA ELECCIONES GENERALES 2019.

"Un sinfín de llamadas del Gobierno": el voto de la diputada de Bildu, clave para los viernes sociales.

El partido de Otegi es clave para que la mayoría de la moción de censura se imponga a PP, Ciudadanos y UPN, pero no será necesario en todos los casos.

3 abril, 2019 03:18.

Daniel Basteiro.

EH Bildu afirma que su voto es "decisivo" y "el que inclina la balanza" para los seis decretos-ley del Gobierno que el Congreso debate este miércoles. Así lo aseguraba en rueda de prensa este martes la portavoz de EH Bildu en la Cámara Baja, Marian Beitialarrangoitia explicando que en las últimas 48 horas lleva recibiendo "un sinfín de llamadas del partido del Gobierno preguntando qué vamos a hacer, lo que quiere decir que le preocupa el voto 33".

Varios de los decretos-ley son propuestas estrella de los Consejos de Ministros conocidos como "viernes sociales", entre ellos el subsidio para desempleados mayores de 52 años, las nuevas normas del alquiler o la ampliación del permiso de paternidad. Los seis, ya en vigor, serán previsiblemente respaldados por la Cámara Baja, aunque algunos serán sometidos a un proceso de enmiendas.

En varias de las votaciones será clave el voto de la formación dirigida por Arnaldo Otegi, cuya representante en la Diputación Permanente, el órgano que toma las decisiones cuando las Cortes están disueltas, es la que decanta la mayoría y hace que los partidos que apoyaron la moción de censura sumen más que los que se opusieron a ella.

Beitialarrangoitia votará "sí" a los seis decretos que se someterán a votación al estar próximo el plazo de 30 días para su convalidación que exige la Constitución, según anunció el coordinador general de la formación, Arnaldo Otegi.

Según él, apoyar los decretos de Sánchez supone dar "pequeños pasos en la buena dirección". Otegi ha destacado que cuando EH Bildu puede modificar las políticas públicas, "mejora la vida de la gente" y, además, "frenan la derecha y al bloque reaccionario" y son "firmes en la defensa de la soberanía nacional del pueblo vasco", informa Europa Press.

Bildu es determinante porque la Diputación Permanente es un órgano mucho más pequeño que el pleno, con 65 miembros frente a los 350 diputados de la cámara. En la moción de censura, los dos parlamentarios de Bildu apoyaron a Sánchez, pero no fueron determinantes, porque el reparto en el hemiciclo daba al hoy presidente un colchón suficiente. Pero en la Diputación Permanente, Bildu deshace el empate en favor de PSOE, Unidos Podemos, PDeCAT, PNV y Compromís. Todos ellos suman 33 escaños. En frente tendrán a PP, Ciudadanos y UPN, que se quedarán en 32.

Los decretos que se someterán a votación son las nuevas normas del alquiler, la equiparación de los permisos de paternidad, la recuperación del subsidio a los desempleados mayores de 52 años, los cambios en la contratación en el sector de la estiba, la inversión del superávit de autonomías y ayuntamientos, y las medidas para afrontar un eventual "brexit" sin acuerdo.

En el decreto de los permisos por paternidad, que han subido a ocho semanas desde el 1 de abril, Ciudadanos votará finalmente a favor tras haber cuestionado la pertinencia del método para extenderlos, por lo que Bildu no será imprescindible.

Para Otegi, lo que ocurrirá este miércoles en el Congreso puede ser un prólogo del escenario a partir del 28 de abril y llamó a los partidos de izquierdas y soberanistas a unirse.
Sánchez manipula las palabras de Lacalle para lanzar el bulo de que el PP recortará un 40% las pensiones.

M. A. Ruiz Coll 31/03/2019.22:11.

El ministro Josep Borrell anunció el pasado día 11 que La Moncloa creará una Oficina dedicada a luchar contra las fake news: el Gobierno socialista quiere arrogarse así el monopolio para determinar qué noticias son ciertas y cuáles son falsas. Pero al primero que habrá que aplicar este detector de mentiras es al propio presidente del Gobierno.

Ante el ajustado resultado que auguran las elecciones del 28-A, el presidente Pedro Sánchez ha optado por montar una campaña de mentiras para meter miedo a los pensionistas. En un mitin celebrado este domingo en Tarragona, Sánchez ha manipulado unas declaraciones del candidato y cerebro económico del PP, Daniel Lacalle, para asegurar que el PP quiere recortar un 40% las pensiones. Y los medios afines al PSOE se han apresurado a hacerse eco de este bulo.

“La derecha no propone revalorizar las pensiones sino el recorte de las mismas”, ha afirmado Sánchez en Tarragona, “no propone garantizar el carácter publico del sistema de pensiones sino la privatización del sistema de pensiones”. El presidente del Gobierno ha enriquecido su bulo con una profusión de cifras: si hoy la pensión media es de 986,71 euros, con el recorte del 40% del PP se quedará en 592,03 euros, ha asegurado. Y quienes cobren la pensión mínima de 677,90, pasarán a cobrar apenas 400 euros.
OFERTA DE EMPLEO RÉCORD ANTES DE LAS ELECCIONES.

El Gobierno aprobará el viernes un aluvión de oposiciones.

Administración General del Estado, policía, guardia civil, entes públicos, hospitales militares... el Ejecutivo quiere rebasar las 30.000 plazas públicas.

Javier Tahiri.

MADRID.

Actualizado:

27/03/2019 20:55h.

El Gobierno de Pedro Sánchez está haciendo malabarismos para aprobar mañana una oferta de empleo público histórica, que supere a la del año pasado, todo ello a un mes de las elecciones. Para ello incluirá hasta siete anexos dentro del mismo decreto con las ofertas respectivas de Administración General del Estado (AGE), pero también fuerzas y cuerpos de seguridad, Sanidad y Enseñanza de Ceuta y Melilla, hospitales militares, Justicia no transferida así como todo tipo de entes públicos empresariales. En fin, la voluntad es rondar el listón de 30.844 plazas del año pasado y así colgarse una medalla electoral de gran calibre a semanas de las urnas. De esta forma, Función Pública ha arrancado esta tarde las negociaciones con sindicatos y ha ofrecido 15.108 plazas en Administración General del Estado, que suponen 436 más que en 2018. La senda ya está dibujada.

Función Pública no ha convocado para mañana la Mesa General de las Administraciones Pública, pero la Comisión Técnica de Empleo puede rubricar el acuerdo mañana si hay pacto con las centrales, ya que sindicatos y Gobierno se volverán a reunir mañana por la mañana para afinar las cifras. Y si bien el Ejecutivo está sujeto al corsé de la prórroga presupuestaria -difícilmente puede aprobar más gasto en este aspecto que el año pasado-, fuentes sindicales apuntan que se jugará con el 5% de plantilla adicional en determinados departamentos prioritarios que permiten aprobar los Presupuestos de 2018.

De forma provisional, se han anunciado inicialmente 8.495 plazas de ingreso libre -200 menos que en 2018- y 6.613 de promoción interna -636 más que el año pasado-. Como indicador, entre los entes públicos con los que puede jugar el Ejecutivo para tratar de incrementar la oferta se encuentran desde Puertos del Estado, Autoridades Portuarias, Enaire, Fábrica de la Moneda o Sasemar. Además de las miles de plazas de policía, guardia civil y demás.

Dentro de estas cifras provisionales que miran al Consejo de Ministros del viernes está incluida la oferta extraordinaria para hacer frente al Brexit de 383 plazas, que aprobó hace semanas. Hoy seguirán negociando sindicatos y Gobierno: las tres centrales reunidas, UGT, CSIF y CC. OO, reclamaron elevar la creación de empleo neto, aumentarlo más en sectores prioritarios -las cuentas marcan una tasa de reposición del 75% y de más del 100% en ciertos servicios, que los sindicatos quieren que se amplíen- y hoy ambas partes volverán a hacer números.

Críticas sindicales
«Estos datos no mantienen la creación de empleo público. Perdemos casi 500 efectivos en la Administración General del Estado. Ante el grave envejecimiento de las plantillas exigimos más empleo público», asevera el responsable de Empleo de CC. OO. en la Administración General del Estado, Javier Martínez. Fuentes de CSIF lamentan el «uso electoralista» de la oferta de empleo público y recuerdan que «un total de 31.801 empleados públicos de esta administración tienen más de 60 años (3.494 tienen más de 64)». UGT reclamó más certidumbre en el plan plurianual que elabora Función Pública. El Gobierno está diseñando este plan a varios años para detectar las necesidades de la Administración y así sentar las bases para futuras ofertas de empleo. Función Pública está recabando información de todos los ministerios para así realizar este estudio.

El departamento de Meritxell Batet apunta que las cifras serán «similares» a las del año pasado. Las convocatorias no llegarían hasta dentro de año y medio pero el mensaje político antes de las elecciones será contundente.
La Moncloa rechaza aclarar el origen del informe que falseó para proteger a Sánchez.

El Consejo de Transparencia confirmó esta semana que nunca existió un informe antiplagio en el Gobierno.

Víctor Ruiz de Almirón.

Madrid.

Actualizado:

14/03/2019 08:28h.

La Moncloa sigue sin aclarar cómo se realizó y con qué medios, incluso si existen, los informes antiplagio a los que en un comunicado hacía referencia el pasado septiembre cuando decidió hacer pública la tesis doctoral del presidente del Gobierno tras las informaciones de ABC denunciando el plagio de la misma.

Este periódico publicó ayer que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) confirmó esta semana que en La Moncloa nunca existió un informe antiplagio. El CTBG respondió esta semana a una petición de información de EsDiario y aseguró que «no ha habido actuación pública en el proceso de verificación de la autenticidad de la tesis del presidente del Gobierno», así como que La Moncloa nunca encargó un informe antiplagio.

La ausencia de explicaciones solo deja lugar a dos caminos: o tal informe no existe o no se quiere dar a conocer. Es la segunda ocasión que el Gobierno, a través de la Vicesecretaría General de la Presidencia, reconoce que ese informe no se realizó de forma oficial: «Ni la Secretaría de Estado de Comunicación ni ningún otro órgano de la Presidencia del Gobierno han realizado el análisis, ni emitido informes o documentos en relación con el uso de las herramientas Turnitin y PlagSca». Ayer, fuentes de la Secretaría de Estado de Comunicación insistían en este punto, en que ese departamento redactó un comunicado el pasado 14 de septiembre que incorporaba los siguientes datos: «Tras el análisis de la tesis doctoral presentada por el presidente Pedro Sánchez en el año 2012, la evaluación de las herramientas Turnitin y PlagScan, determinan el contenido original de la tesis, superando ampliamente los estudios de coincidencias. En el caso del Turnitin ha obtenido un 13%. En PlagScan ha cifrado un 0,96%, cada uno con su metodología». Hay que recordar que una de estas compañías, PlagScan, ya realizó un análisis propio de las tesis de Sánchez y sus resultados disparaban hasta el 21 por ciento el porcentaje de coincidencias.

Desde La Moncloa ayer se insistía en la misma estrategia de no facilitar más información que despejase incógnitas. Y por supuesto ningún dato que pretendiese matizar la inapelable conclusión del CTBG: «El software utilizado no se ha costeado con dinero público y las comprobaciones de la autenticidad de su tesis no habían sido realizadas por la Secretaría de Estado de Comunicación ni por órgano alguno de la Presidencia». Aunque sí da pie a interpretar que la herramienta sí se utilizó de forma privada por parte de Sánchez. Nadie en Moncloa alcanzaba ayer a confirmar ese extremo. Nadie es capaz de explicar en el Gobierno cómo se emitió esa comunicación amparándose en unos informes de los que el Gobierno no se hace responsable.

Moncloa se parapeta así en la respuesta, más completa, que ya dio el pasado mes de diciembre la vicesecretaria general de la Presidencia del Gobierno, Hilda Jiménez Núñez, que en una respuesta a una solicitud de EsDiario en el Portal de Transparencia aseguró que «el análisis de la tesis doctoral de D. Pedro Sánchez Pérez Castejón, fue efectuada dentro de su ámbito privado y particular, por lo que, ni la Secretaría de Estado de Comunicación, ni ningún otro órgano de la Presidencia del Gobierno han realizado análisis, ni emitido informes o documentos en relación el uso de las herramientas Turnitin y PlagScan».
La Moncloa publicó un comunicado falso para salvar la tesis de Pedro Sánchez.

El Consejo de Transparencia asegura que nunca existió un informe antiplagio.

Gregoria Caro.

Madrid.

Actualizado:

13/03/2019 09:23h.

El escándalo de la tesis doctoral del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, continúa creciendo entre irregularidades y mentiras. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), órgano encargado de promover la transparencia en la actividad pública, ha confirmado esta semana que en La Moncloa nunca existió un informe antiplagio. Es más, nadie parece haber visto nunca el resultado del test. El 14 de septiembre, sin embargo, se emitió un comunicado por los canales del Gobierno defendiendo lo contrario para proteger a Sánchez. Suma y sigue.

A la lista de plagios de la tesis del presidente del Gobierno, revelados por ABC, y que estaban siendo analizados en una comisión de investigación del Senado que ha finalizado por el adelanto electoral, hay que añadirle ahora la instrumentalización de La Moncloa para difundir un informe que nunca vieron. Un montaje elaborado de cara a la opinión pública para intentar frenar el daño del escándalo.

«Esgrimen un informe no oficial, que no se sabe si existe, ni con qué dinero se pagó ni si se pagó»
El CTBG respondió esta semana a una petición de información de EsDiario y aseguró que «no ha habido actuación pública en el proceso de verificación de la autenticidad de la tesis del presidente del Gobierno», así como que La Moncloa nunca encargó ningún un informe antiplagio. No obstante, en la nota publicada por la web oficial se aseguraba que «la tesis del presidente supera ampliamente los softwares de coincidencias» y que el trabajo había sido analizado por los programas Turnitin y PlagScan. Pero no era cierto.

Según explica el Consejo de Transparencia en su respuesta, a la que ha tenido acceso ABC, «el software utilizado no se ha costeado con dinero público y las comprobaciones de la autenticidad de su tesis no habían sido realizadas por la Secretaria de Estado de Comunicación ni por órgano alguno de la Presidencia». Es decir, Sánchez esgrimió un informe no oficial, que aún no está probado que exista, ni con qué dinero se pagó la licencia ni si realmente se pagó. La respuesta del CTBG se suma además a otra fuente oficial con la que se desmonta la coartada de Sánchez.

Dos pruebas oficiales
La vicesecretaria general de la presidencia del Gobierno, Hilda Jiménez Núñez, según publicó EsDiario en diciembre, también respondió a un informe realizado por dicho medio y reconoció que La Moncloa no encargó el informe antiplagio y que nadie lo había supervisado ni visto como se difundió en la nota institucional.

Jiménez Núñez esgrimió el carácter privado del asunto para excusarse: «El análisis de la tesis doctoral de D. Pedro Sánchez Pérez Castejón, fue efectuada dentro de su ámbito privado y particular, por lo que, ni la Secretaria de Estado de Comunicación, ni ningún otro órgano de la Presidencia del Gobierno han realizado análisis, ni emitido informes o documentos en relación el uso de las herramientas Turnitin y PlagScan».

El Gobierno intentó abordar el informe antiplagio como un asunto personal para no publicarlo. Pero luego, en una segunda petición de información por parte de EsDiario, la Secretaría General de la Presidencia se vio obligada a reconocer, al igual que admitió el CTBG, que nadie había visto el supuesto test. Preguntados sobre cómo había presentado Pedro Sánchez los resultados, la Secretaría General de la Presidencia respondió lacónica: «No hay otra información adicional a la ya solicitada». Quizá porque no se hizo nunca o quizá porque es mejor no enseñarlo.
ARRANCA EL PERIODO ELECTORAL Y HASTA EL 27M ESTARÁN PROHIBIDAS LAS CAMPAÑAS OFICIALES DE PROPAGANDA.

OKDIARIO.

La publicación este martes del decreto de convocatoria de elecciones generales del 28 de abril conlleva que durante casi tres meses, desde ese día y hasta el próximo 27 de mayo, tras los comicios autonómicos, municipales y europeos, estarán prohibidos los actos de inauguración y las campañas institucionales de propagada.
Gobierno Pedro Sánchez Sánchez se va y Franco sigue: el Gobierno no logra exhumar al dictador antes de convocar elecciones.

María Jamardo. 15/02/2019.06:50.

Sánchez abandona La Moncloa antes de haber conseguido que los restos de Franco salgan del Valle de los Caídos. La exhumación del dictador fue su primera promesa estrella como presidente del Gobierno y un empeño personal que, ocho meses y un 'decretazo' después, no ha conseguido ver consumado.
Sánchez se va sin conseguir que la exhumación de Franco, una de sus promesas estrella de gobierno, se haya visto consumada. Tras la celebración del Consejo de Ministros extraordinario que tendrá lugar este viernes, a partir de las 09.00 horas, Pedro Sánchez comparecerá en rueda de prensa para confirmar la disolución de las Cortes Generales y la convocatoria oficial de elecciones generales. Lo hará el mismo día en el que el Ejecutivo pondrá fecha a la salida de Francisco Franco del Valle de los Caídos.

La llegada de los socialistas al Gobierno, vía moción de censura planteada a Mariano Rajoy el pasado mes de junio, se produjo con un polémico anuncio, retirar los restos del dictador de su mausoleo durante los últimos 40 años. El propósito de Sánchez se concretó en un ‘decretazo’ estival de su Ejecutivo que modificó “puntualmente” la Ley de Memoria Histórica para garantizar una cobertura legal máxima y “evitar que las demandas judiciales” paralizasen la medida.

Sánchez empeñó su palabra y concentró recursos para que todo se produjese “lo antes posible” pero muchos han sido los escollos que el Gobierno se ha ideo encontrando en los últimos meses para perpetrar su objetivo.

El primero y fundamental, la abierta oposición de la familia Franco que, desde un primer momento, advirtió que daría la batalla “con todos los mecanismos legales a su alcance” para evitarlo. De poco sirvieron, entonces, los esfuerzos de la vicepresidenta Carmen Calvo para mediar a través de amigos personales de los nietos del dictador.

El decreto aprobado por el Gobierno daba un plazo máximo de 12 meses para la exhumación. Sánchez no lo ha durado en Moncloa.

No en vano, varios han sido los recursos al expediente administrativo diseñado ad hoc por el Gobierno para recabar todos los apoyos institucionales necesarios para el trámite. Desde la recusación de la instructora de dicho expediente, la subsecretaria de Justicia, Cristina Latorre, pasando por las denuncias de irregularidades en el nombramiento de altos cargos de Patrimonio Nacional, encargados de emitir firmas vinculantes, hasta la interposición de un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo solicitando, como medida cautelar, paralizar la exhumación.

El alto tribunal rechazó entonces adoptar dicha prevención pero no sin antes advertir al Gobierno que no podría materializar ninguna acción concreta sin dar antes a la familia la posibilidad de agotar todas las vías de oposición. Dejaba con ello la puerta abierta a un futuro nuevo recurso que los herederos del dictador presentarán una vez se haga público el contenido del acuerdo adoptado por el Ejecutivo de Sánchez, este viernes.

El segundo, y no menos complejo, el puzzle de la Iglesia en la exhumación. La familia Franco ha apelado en varias ocasiones al Concordato con el Vaticano como fuente del ordenamiento -por encima de cualquier ley nacional- pero pese a las presiones iniciales del Gobierno y los ingentes esfuerzos diplomáticos, después -incluida la visita institucional de la vicepresidenta Calvo a Roma y su entrevista con el secretario del Estado Vaticano, Pietro Parolín- la Santa Sede siempre ha preferido mantenerse al margen y manifestado que la Basílica de Cuelgamuros donde está enterrado el dictador es un lugar de culto y, por lo tanto, queda protegida por ese acuerdo internacional.

La inhumación

El último y no menos importante episodio de la exhumación llegaba como resultado de la elección de un nuevo emplazamiento para los restos de Franco. También ahí la Iglesia se reafirmó. Y marcó distancias con la intención del Gobierno de impedir que los restos del dictador pudiesen ser trasladados al centro de Madrid, a la cripta de la Catedral de La Almudena, donde la familia posee varios nichos en propiedad.

Alegó entonces el Gobierno de Sánchez, a través de la Delegación del Gobierno en Madrid, motivos de seguridad para impedirlo. Extremo que también han sido rebatidos, frontalmente, por la familia Franco, mediante un informe pericial de parte en el que expertos policiales independientes desmontaban tal afirmación.

Insisten los Franco en que, de persistir el empeño del ya saliente Gobierno por retirar al dictador de su ubicación actual, elegirá la madrileña catedral como alternativa. Y en este punto se encuentran las aspiraciones de Pedro Sánchez en su pulso para exhumar a Franco. Con independencia de lo que suceda en las próximas semanas, la realidad es que saldrá antes Pedro Sánchez del Palacio de La Moncloa de lo que lo hará el dictador Francisco Franco de su sepultura en el Valle de los Caídos.

PD: ¡ADIOS PEDRO ADIOS, QUE TE VAYA BONITO Y CON UN POCO DE SUERTE NO TE VEAMOS MAS POR MONCLOA, ¡BASTANTE LA HAS LIADO!
El Consejo de Ministros aprueba este viernes la polémica «ley Celaá» que entierra el castellano.

Según han confirmado fuentes del Ministerio de Educación este viernes aterriza en el Consejo de Ministros el anteproyecto de ley educativa que elimina la Lomce, más conocida como «ley Wert»

Josefina G. Stegmann.

MADRID.

Actualizado:

14/02/2019 15:39h.

El Consejo de Ministros aprobará este viernes el polémico anteproyecto de ley educativa con el que se modifica la LOE aprobada por los socialistas en 2006 y se elimina la Lomce, más conocida como «Ley Wert».

Así lo han confirmado a ABC fuentes del Ministerio de Educación que aseguraron que hay un «cien por cien» de posibilidades de que el texto del Gobierno aterrice en el Consejo de Ministros este viernes, precisamente, cuando Sánchez anunciará si convoca o no elecciones.

Una vez pasado este trámite, el anteproyecto se convierte en Proyecto de Ley y, así, será enviado a las Cortes para su aprobación. El Gobierno ha seguido adelante con sus planes, pese a las críticas de la comunidad educativa y tampoco ha tenido en cuenta al Consejo de Estado, el supremo órgano consultivo del Gobierno.

Por el Consejo de Estado debería haber pasado el texto antes de llegar al Consejo de Ministros aunque el argumento del Gobierno es que el informe del Consejo de Estado «no es preceptivo».

«No hay por qué esperar al informe del Consejo de Estado», defendió la ministra de Educación, Isabel Celaá. «No es obligatorio», la acompañó Fernando Gurrea, subsecretario de Educación y FP al ser preguntados por este periódico por esta cuestión el pasado mes de enero.

«Es una absoluta vergüenza que lleven a escondidas, sin haber pasado el borrador con las enmiendas del Consejo Escolar del Estado, sin el informe preceptivo del Consejo de Estado una reforma educativa que nos va a lastrar durante años», ha criticado la portavoz de Educación de Cs en el Congreso, Marta Martín.

El anteproyecto remitido al Consejo Escolar del Estado tratado en su Pleno el pasado 8 de enero, y el único al que se ha podido acceder públicamente, margina el castellano al darle vía libre a la Generalitat para que decida cuántas asignaturas imparte en castellano y cuántas en catalán. Además, ataca a la concertada e impide a las autoridades religiosas decidir sobre el currículo y los libros de texto en la asignatura de Religión.

El texto elimina en el artículo 109.2 la expresión «demanda social», que aludía a que la oferta de plazas escolares se hacía, entre otros criterios, en función de lo que pedían las familias. El sector de la concertada ha entendido esta eliminación como un ataque.

Concejales
Otro ataque a la concertada se produce en el artículo 109.3, que establece que las administraciones «planificarán la oferta educativa de modo que garantice la existencia de plazas públicas suficientes». Este apartado no menciona que la oferta educativa está asegurada también con plazas de centros financiados con fondos públicos. Ni siquiera la LOE, que es el texto del Gobierno socialista aprobado en 2006 en el que se inspira el presente anteproyecto alude a «públicas», solo se refiere a «plazas».

Otro apartado controvertido se refiere a la constitución del consejo escolar de los centros concertados. En él se menciona, entre otros, a un «concejal o representante del Ayuntamiento», que la Lomce suprimió y se vuelve a incluir. «Esto significa poner a un comisario político. Un concertado recibe fondos públicos y debe dar cuenta de cómo los usa, pero eso no significa que tenga que nombrar un representante en el consejo escolar porque es de entidad privada», critica José María Alvira, secretario general de Escuelas Católicas.

El papel de los padres
En cuanto a la Religión, la ley hace dos cosas. En primer lugar, la deja fuera de las asignaturas de Primaria, ESO y Bachillerato (la Lomce la incluía como específica en los dos primeros niveles y a escoger en el tercero). Además, se elimina el apartado que dejaba la determinación sobre el currículo y los libros de texto a las autoridades religiosas.

Por otro lado, el documento pretendía eliminar el reconocimiento de la importancia de los padres en la educación de los hijos. «No enunciar este principio parece pretender anular este papel fundamental», sentencia el informe final del Pleno del Consejo Escolar. Sin embargo, esto sí se consiguió modificar a través de una enmienda aprobada para el texto de Celaá.

El Consejo Escolar, en su Pleno del 8 de enero, también exigió al Gobierno que el anteproyecto se acompañe de una memoria económica que incluya un compromiso «explícito de incremento del gasto público en educación». Concretamente, piden un inversión de, al menos, el 5,5% del PIB.

Reclamaron, también, una asignatura de Filosofía (en consonancia con una PNL aprobada por unanimidad en el Congreso y que el Gobierno dijo que incluiría pero al final no lo hizo), y otra de Historia del Mundo Contemporáneo en todas las modalidades de Bachillerato. Por último, piden que se garantice la coeducación y se impida la segregación por sexos.
Irene Lozano compara el 1-O con una violación: «El sexo no está prohibido, igual que votar, pero no lo puedes hacer a la fuerza»

La secretaria de Estado de la España Global dice que la votación se celebró a pesar de que las autoridades catalanes no tenían «permiso» para convocarla.

EFE.

Madrid.

Actualizado:

14/02/2019 10:58h.

La secretaria de Estado de la España Global, Irene Lozano, ha comparado la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 en Cataluña con «una violación» porque la votación se celebró a pesar de que las autoridades catalanes no tenían «permiso» para convocarla.

«La cosa es que ellos querían hacer el referéndum pero no tenían el permiso. Yo normalmente uso esta metáfora del sexo. Quiero decir, el sexo no está prohibido, igual que votar no está prohibido, pero no lo puedes hacer a la fuerza. Si no, sería una violación. Es lo mismo con la democracia. No solo es un tema de decir: ok, nosotros siempre podemos votar, la democracia consiste en votar. No funciona así», ha afirmado Lozano, en una entrevista concedida el miércoles por la noche a la cadena de televisión británica Sky News.

Tras señalar que «la democracia es un régimen complejo», basado en «aplicar» y «obedecer» la ley, Lozano ha asegurado que las autoridades catalanas eran «especialmente responsables» y que tenían que cumplir la ley «y no lo hicieron».

«Usted dice, 25 años son excesivos. Es una cuestión de opinión pero no importa mi opinión o la opinión de usted. La cosa es que es el tribunal el que tiene tomar la decisión y decidir si el delito fue suficientemente grave para mandarlos 25 años a prisión», ha afirmado.

En ese momento, el periodista le ha preguntado a Lozano si estaba comparando el referéndum de Cataluña con una violación y si estaba manteniendo que tenían que ser condenados a 25 años de prisión por eso y la secretaria de Estado ha dicho que «no» y que podría haberse explicado mal.

«No. Quizá no me explicado adecuadamente. Lo que digo es que cualquier acto que tú hagas es distinto si lo haces porque tienes permiso o si no tienes permiso. Yo digo: el sexo está bien pero si no tienes permiso, entonces se convierte en una violación. Eso es lo que he dicho. Votar está bien pero si no tienes permiso, se convierte en un delito criminal en España», ha subrayado.

Ante la pregunta de si cree que los políticos independentistas que están siendo juzgados deberían pasar 25 años de prisión, Lozano ha evitado explicar su opinión. «No voy a decir mi opinión porque eso no importa en absoluto. Soy un alto cargo del Gobierno y podría entenderse mal. Quiero decir, mi opinión verdaderamente no importa», ha concluido.
España.

ÁBALOS ANUNCIA NOTICIAS "EN BREVE" SOBRE EL ADELANTO ELECTORAL.

OKDIARIO.

El ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha asegurado hoy a preguntas de los periodistas sobre un adelanto de las elecciones generales que "en breve" habrá "noticias".
El Gobierno teatraliza una ruptura con los separatistas pero mantiene su oferta intacta.

El Gobierno no sólo no recula sino que eleva su oferta a la Generalidad aceptando una mesa de partidos nacional.

Ketty Garat. 2019-02-08.

Las caras largas y el insólito y numeroso séquito de asesores y miembros del gabinete que irrumpieron en la sala de prensa una hora y media más tarde de lo habitual destilaba un aire de excepcionalidad que anticipaba algún anuncio. Y así fue. Atendiendo al carácter extraordinario, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, en lugar de la portavoz, Isabel Celaá, protagonizaba una rueda de prensa con novedades: "Este Gobierno ha hecho una oferta de diálogo que no ha sido aceptada por el planteamiento independentista".

Un portazo a la cesión del Gobierno que se produce porque "los independentistas plantean un referéndum de autodeterminación que no es aceptable nunca. Nunca" y pese a que, en las últimas horas, el Ejecutivo había elevado la última oferta realizada en privado a los independentistas: una mesa de partidos nacional, en lugar de autonómica en Cataluña, que se incluía en el documento por escrito repartido en la sala de prensa de Moncloa: "Formarán partes de la Mesa dos representantes, con capacidad de decisión en los dos ámbitos territoriales (estatal y catalán), de cada uno de los grupos políticos con representación en Cataluña y, en su caso, de las formaciones vinculadas a los mismos".

Oferta con la que el Gobierno no reculaba en ningún caso de la propuesta de un "relator" como fedatario de las conversaciones con el gobierno catalán. "Al frente de esta mesa de partidos se propondrá de común acuerdo una persona que será quien facilite la coordinación de los trabajos, de las convocatorias y fije el orden del día" ayudando a "crear las condiciones óptimas para el diálogo y dará fe de los acuerdos lanzándose y determinará el seguimiento de su aplicación".

Figura para la que el documento incluso fija la fecha de su nombramiento: "antes de finalizar el presente mes de febrero, se definirá la fecha de constitución de la mesa de partidos, el programa y el calendario de trabajo. En ese mismo plazo se elegirá a la persona encargada para facilitar los trabajos de la mesa".

Es relevante que esta nueva y más generosa oferta del Ejecutivo se hiciera después de la implosión interna del PSOE, con varios presidentes autonómicos socialistas criticando las cesiones del Ejecutivo y el ex presidente del Gobierno, Felipe González, sentenciando que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "degrada las instituciones". Un ex líder del PSOE de quien Calvo sólo dijo: "No voy a hablar de lo que hablan los demás pero si diré que en situaciones complicadas la ayuda sirve de mucho".

Nada hizo temblar el pulso de una vicepresidenta, Carmen Calvo, que ante ese terremoto interno subía la apuesta en lugar de bajarla en sus conversaciones en privado con la portavoz del Gobierno catalán, Elsa Artadi, y el vicepresidente, Pere Aragonés. A preguntas de Libertad Digital, Calvo se negó a concretar cuándo se hizo la oferta, cuándo se ha producido el rechazo y si la decisión del Gobierno de paralizar las conversaciones se produjo esta misma mañana tras un debate intenso en el Consejo de Ministros, que ha retrasado más de una hora la rueda de prensa posterior, o en el mismo momento en que se constató la negativa del separatismo.

Preguntada por una ruptura de las negociaciones, la número dos del Gobierno negó la mayor: "Como gobierno no podemos romper nada" pero sí teatralizó un ‘hasta aquí’ que anticipa que no habrá más ofertas ni cesiones del Gobierno socialista: "ésa propuesta es el único documento que para nosotros es el destino final". Y añadió: "esta es la propuesta exacta y única que nosotros podemos hacer". A partir de ahí, "el Gobierno tiene la obligación de mantener el orden constitucional y lo va a seguir haciendo".

Esto no significa que el Gobierno "tire la toalla" sino simplemente que la pelota está en el tejado de los independentistas y son ellos quienes deben decidir. "No podemos dar muchas más vueltas sobre el referéndum de autodeterminación que para nosotros es inaceptable. Si de ahí no salimos, no podemos avanzar", dijo una vicepresidenta que desveló su cartas teatrales: "no tiene sentido que los ciudadanos no tengan las caves claras".

Y por eso el Gobierno comparece, teatraliza con pesar y publica con transparencia lo que nunca ha querido desvelar: hasta los documentos de unas negociaciones infructuosas y con las que entierra, por ahora la segunda ‘operación diálogo’ emprendida por un gobierno (primero, del PP; luego, del PSOE). Los Presupuestos Generales del Estado se votarán el próximo miércoles en el Congreso cosechando un previsible fracaso para Pedro Sánchez cuyo Ejecutivo reconoce que "la legislatura ahora se acorta". Los rumores de un ‘superdomingo electoral’ se intensifican aunque de aquí al miércoles en Moncloa guarden un atisbo de esperanza.
EDITORIAL.

Elecciones, una emergencia nacional.

El mero hecho de sentar las bases indiciarias para negociar una sola línea del chantaje expuesto por Torra debería ser susceptible de su dimisión inmediata e irrevocable como presidente del Gobierno, y la convocatoria inminente de elecciones.

Actualizado:

05/02/2019 21:07h.

El anuncio hecho por el Gobierno de que va a admitir la inclusión de la figura de un «relator», a modo de notario o mediador en las conversaciones que mantenga con el separatismo catalán, es mucho más que una cesión de Pedro Sánchez al independentismo. Es un insulto a la inteligencia de todos los españoles y una dejación de sus funciones como presidente del Gobierno que exige elecciones con urgencia. Incluir esa figura hace presuponer la existencia de un conflicto a nivel internacional entre dos entes o Estados de un mismo rango jurídico, cosa que en el caso de Cataluña y España no se produce en absoluto. Sánchez incurre en una superación de facto de la Constitución con el único objetivo de garantizarse el apoyo del separatismo a su proyecto de presupuestos del Estado, lo cual no deja de ser un humillante ejercicio de supervivencia y de aferramiento al poder. De algún modo, Sánchez vuelve a poner a España en almoneda y legitima una figura absolutamente innecesaria para dar satisfacción al secesionismo con una sumisión vergonzante. Apurando, lo más irrelevante de todo es la retórica del lenguaje o la nomenclatura. Matizar, como hizo ayer el Gobierno, si se trata de un relator, un mediador o un «coordinador» de las reuniones entre Sánchez y la Generalitat, es inocuo. Lo ofensivo y verdaderamente trascendente, incluso a efectos jurídicos, es el fondo. Dar categoría política a esta figura mediadora supone rasgar la Constitución, asumir una condición impuesta por Joaquim Torra que debería ser inaceptable, y colocar a la nación española en plano de inferioridad moral a la hora de reivindicarse como soberana frente quienes pretenden fracturarla.

Al Gobierno de los 84 escaños no le ha bastado con dejar abandonado a su suerte al magistrado instructor del golpe del 1-O; no le ha bastado con ridiculizar a la Abogacía del Estado para que retirase la acusación por rebelión; no le bastó con legitimar como interlocutor a un huido como Carles Puigdemont, o con cuestionar públicamente la medida de prisión provisional de los encausados. Tampoco le bastó con insinuar que tras una hipotética condena no tendrá reparo alguno en indultar a los golpistas, ni con denostar la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Ahora el Gobierno vuelve a perder una batalla crucial para la credibilidad internacional de España, en la medida en que un «relator» se identifica con un mediador entre dos partes iguales en conflicto. El de Cataluña es mucho más que un conflicto político, incluso para quienes pretenden reducirlo a eso. Hay una exigencia de cumplimiento de la legalidad que es insoslayable, y la vulneración flagrante del Código Penal tiene consecuencias. En España no hay presos políticos ni juicios a la libertad. Solo hay procesos a presuntos delincuentes, que por cierto disponen de muy costosas defensas, y que van a necesitar más penalistas que «mártires» de la libertad o «relatores» de un plan separatista que Sánchez negocia a oscuras.

Igualmente, resulta una auténtica afrenta jurídica a la unidad de España que Sánchez aceptase tomar en consideración el infame documento de exigencias que Joaquim Torra le entregó el pasado mes de diciembre, y que ayer filtró convenientemente para dejar en evidencia al Gobierno de la nación. Un documento que exige la «desfranquización» de una España que hace casi cincuenta años que dejó de ser franquista, que impone dialogar de algo ilegal como la autodeterminación de Cataluña, y que exige al poder ejecutivo anular al poder judicial, o la derogación de facto del Código Penal para los encausados por rebelión, solo debe tener un lugar en el despacho de Sánchez: la papelera. El mero hecho de sentar las bases indiciarias para negociar una sola línea del chantaje expuesto por Torra debería ser susceptible de su dimisión inmediata e irrevocable como presidente del Gobierno, y la convocatoria inminente de elecciones. Ese documento es un llamamiento a la aplicación inmediata del artículo 155 de la Carta Magna, y solo desde una perspectiva de cobardía ética y de un ejercicio pusilánime del poder es comprensible la conducta de Sánchez. Y también la de algunos de sus ministros muy significados en la lucha contra el independentismo, que miran hacia otro lado como si realmente todo esto fuese una negociación legítima y no la sumisión a un chantaje. No es posible que el Gobierno se dedique a blanquear a unos golpistas o minimice este secuestro de nuestra democracia con la excusa de permanecer unos meses más en el poder. En España es el independentismo quien ataca las libertades públicas, y no al revés. Por eso las elecciones se han convertido en una emergencia nacional.
TRIANA. Se compran y se venden ventanas abiertas para aprobar presupuestos.

Un saludo.
Buenos días Ángel, estos son capaces de comprar y vender hasta el mismísimo diablo para seguir en la brecha, o sea, a cualquier precio, es lo que estamos viendo todos los días, ¡este Pedro, ¡este Pedro..............
María Jesús Montero: «Si no hay presupuestos, habrá elecciones en 2019»

La ministra de Hacienda se muestra segura de que saldrán las cuentas adelante pero no descarta los comicios.

ABC | Agencias.

Actualizado:

29/01/2019 11:22h.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado que si no salen adelante los Presupuestos Generales del Estado, «habrá elecciones en 2019». Con todo, Montero se ha mostrado segura este martes de que podrán sacar adelante las cuentas, aunque no descarta que haya comicios en caso contrario.

La ministra ha explicado hoy que ya han recibido la carta de la Comisión Europea (CE) respecto a sus Presupuestos para 2019, en la que le dicen al Gobierno que «adelante» con ellos y con las nuevas figuras tributarias, según informa Efe.

«Estos Presupuestos son los que necesitan los ciudadanos para mejorar su condiciones de vida», ha defendido, asegurando que las cuentas se han elaborado «pensando en su ejecución».

En declaraciones a TVE, Montero ha dicho que Bruselas no solicita nuevas aclaraciones respecto a la senda de déficit, después de que los Presupuestos se hayan tenido que ajustar al objetivo vigente del 1,3% del PIB, dado que el Gobierno no ha conseguido sacar adelante su senda más flexible.

Por su parte, el ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha evitado vincular la aprobación de los Presupuestos a la convocatoria de elecciones y ha abogado por «seguir peleando» para sacar adelante «unas cuentas buenas para España».
El Gobierno recortará un 30% la presencia del Estado en Cataluña.

La inversión de Interior en sus dependencias en Cataluña baja un 57,71% en los nuevos PGE.

Ana I. Sánchez.

Madrid.

Actualizado:

21/01/2019 08:34h.

Al mismo tiempo que el Gobierno se dispone a disparar un 52 por ciento la inversión real territorializada en Cataluña, recortará casi un tercio la inversión que reciben los ministerios y órganos dependientes de éstos en aquella comunidad. Esto es, la Administración Central tendrá menos medios materiales para llevar a cabo sus tareas en Cataluña y, por tanto, menos presencia.

Según el proyecto de Presupuestos presentado por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el Estado invertirá en 2019 un total de 143,5 millones en los ministerios, organismos autónomos y resto de entidades públicas Generales del Estado. Una cifra un 29,54 por ciento inferior a los 203,64 millones que el Gobierno del PP consignó en los Presupuestos de 2018.

Hay que tener en cuenta que como consecuencia de la cesión de competencias, siete de los diez ministerios ni siquiera tienen presencia ya en suelo catalán. Para el PP este recorte supone «el desmantelamiento del Estado en Cataluña», denuncia la diputada de los populares por Barcelona, Alicia Sánchez-Camacho.

No en vano, el tijeretazo previsto por el Gobierno socialista afecta así a los ministerios de Trabajo con un desplome del 97,2 por ciento en su inversión; Industria con un hundimiento del 99,14 por ciento; Interior con un desplome del 58,19 por ciento; Fomento con un recorte del 29,5 por ciento; Hacienda con un ajuste del 23 por ciento y Transición Ecológica con una caída del 10,9 por ciento.

Sube solo la inversión para el ministerio de Cultura, un 1,45 por ciento, y Defensa un 575 por ciento aunque en este caso hay que tener en cuenta la insignificancia de la partida, ya que pasa de 8.760 euros a 54.960 euros. No entran en estas cifras los costes de personal.

Menos inversión en seguridad
El recorte de la inversión del Ministerio del Interior en Cataluña es el más llamativo por el momento político que atraviesa la comunidad, con los Comités de Defensa de la República (CDR) actuando en las calles y el presidente de la Generalitat, Quim Torra, habiendo lanzado distintos llamamientos a elevar las protestas del independentismo.

Se da la circunstancia, además, de que la previsión del Tribunal Supremo es notificar antes del verano la sentencia por el juicio del procès y que las protestas callejeras se dan por seguras si los políticos encausados resultan condenados. Si el gobierno de Mariano Rajoy venía previendo una inversión de 4,4 millones para cubrir las necesidades del Ministerio del Interior en Cataluña, el equipo socialista solo reserva 1,76 millones. Este recorte se alcanza rebajando la partida inversora prevista para la Dirección General de la Policía en un 34,26 por ciento y para la Dirección General de la Guardia Civil en un 73,13 por ciento.

Menos gasto operativo
El primer cuerpo del Estado pasará a contar así con 1,36 millones para inversión frente a los 2,72 millones previstos en los Presupuestos del PP, mientras que la Benemérita dispondrá en 2019 de tan solo 400.000 euros desde los 1,36 millones consignados en las cuentas de 2018. Ambas fuerzas se tendrán que apañar con ambas cantidades para realizar las inversiones necesarias para realizar adecuadamente sus tareas de seguridad ciudadana, inversión en reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios y las obras en marcha en sus instalaciones.

Para el PP, la reducción de la inversión del Ministerio del Interior en Cataluña es motivo de alarma. Sánchez-Camacho considera que ese dato es «lo que más nos preocupa, ya que la seguridad es una de las principales preocupaciones de los catalanes» además de «una responsabilidad» del Gobierno de España: «Ahora es cuando es más importante que nunca reforzar la presencia del Estado en Cataluña», advierte Sánchez Camacho.

Desde Interior justifican el recorte en que las anualidades de los contratos de la Jefatura Provincial de Barcelona bajan de 1,5 millones en 2009 a 0,7 millones en 2019 y que el coste las obras en comisarías locales de Barcelona mengua desde 0,96 millones a 0,66 millones. Inciden además en que las inversiones previstas en otras comunidades autónomas con competencias plenas como Andalucía se sitúan en 2,6 millones.
Asamblea General de la ONU.

El Gobierno no apoyó una resolución contra el nazismo en la ONU porque no hablaba del franquismo.

Luz Sela. 14/01/2019.06:50.

El pasado 15 de noviembre, Asamblea General de la ONU aprobó el borrador de una resolución contra la glorificación del nazismo. La votación, que se realiza anualmente desde 2005, contó con 130 votos a favor, dos en contra y 51 abstenciones. Entre ellas, la de la delegación española.
En la respuesta a una pregunta por escrito del senador Jon Iñarritu (Bildu), el Gobierno explica las razones de ese voto. El Ejecutivo socialista destaca que “para honrar a todas las víctimas de crímenes cometidos durante y después de la Segunda Guerra Mundial, la UE propuso incluir referencias a todos los regímenes totalitarios en la resolución y estas sugerencias no fueron tenidas en cuenta”.

“Para España la lucha contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia, el antisemitismo y las formas conexas de intolerancia constituye una prioridad”, aclara, no obstante.

El Gobierno subraya además que “la resolución de referencia no aborda todas las formas contemporáneas de racismo de manera integral y continúa poniendo el énfasis en temas que están lejos de combatir el racismo y la discriminación, y estos elementos se han agregado una vez más de manera selectiva y sesgada”.

“Además, la resolución incluye elementos de división adicionales que se refieren al revisionismo de la historia y que contribuyen a una mayor politización de esta resolución”, dicen, pese a su defensa a ultranza de la Ley de Memoria Histórica.

“Por todo ello, España, a pesar de su firme compromiso con la lucha mundial contra todas las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y otras formas conexas de intolerancia, se abstuvo en la votación de la resolución presentada por la Federación de Rusia”, concluye.

En la resolución, la Asamblea expresa su preocupación porque “el neonazismo es algo más que la mera glorificación de un movimiento a pasado; es un fenómeno contemporáneo con fuertes intereses en la desigualdad racial que ha centrado sus esfuerzos en obtener un apoyo amplio para sus falsas afirmaciones de superioridad racial”.

Además, se declara “alarmada por la propagación en muchas partes del mundo de diversos partidos políticos, movimientos, ideologías grupos extremistas de carácter racista o xenófobo, incluidos los grupos neonazis de cabezas rapadas” y “por el hecho de que esta tendencia ha dado lugar a la aplicación de medidas políticas discriminatorias a nivel local o nacional”.

Además, destaca, entre otros, las “letras de canciones los videojuegos que propugnan el odio racial e incitan a la discriminación, la hostilidad o la violencia” y el empleo de “las plataformas en Internet para planificar, recaudar fondos hacer circular información sobre actividades públicas, como mítines, manifestaciones actos de violencia, encaminadas a promover el racismo, la xenofobia las formas conexas de intolerancia”.

La resolución insta a “reconocer que el racismo, la discriminación racial, la xenofobia o las formas conexas de intolerancia en todas sus formas manifestaciones, incluidos el neonazismo, la islamofobia, la cristianofobia el antisemitismo, son una amenaza para las sociedades en su conjunto”.
Memoria Histórica.

El Gobierno teme no poder ‘vender’ la exhumación de Franco ni en la campaña del 26-M.

M. Jamardo y L. Sela. 13/01/2019.

El Gobierno observa con preocupación los plazos para cumplir el compromiso de sacar a Franco del Valle de los Caídos. De las iniciales previsiones del propio presidente -"antes del verano"- se pasó a septiembre, a finales de año y, ahora, a una fecha indefinida.
En La Moncloa renuncian a dar estimaciones, pendientes aún de un largo proceso judicial, burocrático y parlamentario. El temor principal es que, ni siquiera, se pueda proceder a la exhumación de Franco antes de la campaña para las elecciones autonómicas y locales del 26-M. Una cuestión que preocupa en la medida en que se trata de una de las grandes promesas del mandato socialista.

A la decisión pendiente del Supremo -y que puede dilatar notablemente el proceso- se añade la negativa del prior del Valle. Un revés con el que el Gobierno no contaba y que ha provocado un notable malestar. Santiago Cantera informó la pasada semana a Moncloa de que negaba el acceso para proceder al traslado de los restos del dictador, lo que obliga al Ejecutivo a ‘negociar’ con su superior, el abad del monasterio de Solesmes (Francia).

Desde el Gobierno se afirma que esa negativa no impedirá que el proceso siga adelante. Pero el permiso del prior es imprescindible ya que, cabe recordar, según los acuerdos Iglesia-Estado, “los lugares de culto tienen garantizada su inviolabilidad”.

El Vaticano se desentiende.

El obstáculo, pues, no es ni mucho menos menor para el Ejecutivo. Más aún porque, hoy por hoy, la postura de los superiores de Cantera avalan su negativa, y señalan que él es el único competente para autorizar la salida de los restos de Franco.

Desde el Vaticano, y contra de lo que en su momento aseguró la vicepresidenta Carmen Calvo, evitan inmiscuirse en un tema que consideran competencia de “la familia, el Gobierno español y la Iglesia local”, según afirmó hace unos días el portavoz interino de la Santa Sede, Alessandro Gisotti.

Moncloa renuncia a dar estimaciones, pendientes aún de un largo proceso judicial, burocrático y parlamentario

Por otro lado está el procedimiento en el Supremo. El Gobierno notificó este jueves a los Franco el procedimiento para que presenten sus alegaciones contra el proyecto de exhumación aprobado por el Consejo de Ministros en agosto, para lo que disponen de un plazo de diez días. Según fuentes consultadas por OKDIARIO, la familia está dispuesta a apurar ese plazo. Es decir, hasta el 22 de enero.

Los Franco, en línea con lo que ha venido denunciando hasta ahora, insistirá en las irregularidades del proceso, además de la “parcialidad y tramposa actuación que está llevando a cabo la instructora del expediente de exhumación del Generalísimo Francisco Franco, Cristina Latorre Sancho”, entre otros argumentos.

La Fundación Franco también criticó recientemente que el Ejecutivo hubiese ‘inventado’ un trámite -el informe de la delegación del Gobierno- para avalar su veto a La Almudena, motivo de choque con la familia.

Otros trámites

Finalizado el plazo de alegaciones, el Consejo de Ministros deberá aprobar de nuevo, mediante un acuerdo motivado, la exhumación, además de aclarar dónde se llevará a cabo el nuevo enterramiento. La familia tendrá entonces de un plazo de dos meses para presentar un recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo y pedir la suspensión cautelar en espera de la resolución del alto tribunal.

Cabe recordar que, en diciembre, el Supremo ya avisó al Gobierno de que el acuerdo de exhumación no podría ejecutarse sin que la familia “haya podido recurrirlo y recabar la tutela judicial efectiva, incluida la cautelar”.

Si el Supremo decide las medidas cautelares, el procedimiento de exhumación se dilatará de forma indefinida. Y, en caso contrario, si no se adoptan, quedaría en manos del prior que, hoy por hoy, se muestra inflexible.
El Gobierno ya tiene el ‘sí’ de todos sus socios para tramitar los Presupuestos.

Carlos Cuesta. 11/01/2019.06:50.

El Gobierno ya ha recibido la confirmación de sus socios de que avalarán la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado. Con toda probabilidad, PP y Ciudadanos presentarán enmiendas a la totalidad contra la principal norma económica de Pedro Sánchez y los socios del PSOE no respaldarán esas mociones permitiendo, por lo tanto, que los Presupuestos den comienzo a su tramitación en el Parlamento tras ser aprobados este viernes en el Consejo de Ministros.
El respaldo dará al menos dos meses de cierta tranquilidad al Ejecutivo de Pedro Sánchez. Y es que durante estos 60 días se tramitarán las conocidas como enmiendas a la totalidad. Esas son las enmiendas que se lanzan para tumbar en bloque los Presupuestos sin esperar a debatir punto por punto en las Cámaras sus medidas. Ni ERC, ni PDeCAT, ni Podemos, ni PNV van a respaldar las enmiendas contras las cuentas que lancen PP y Ciudadanos. Y, por supuesto, tampoco van a presentar enmiendas a la totalidad propias.

Este apoyo ya ha llegado a La Moncloa de forma extraoficial aunque, a partir de ahora, tendrá que ir materializándose formalmente. Pero este apoyo no significa que los Presupuestos cuenten con el respaldo total y real de los socios de Sánchez: por el momento, sólo cuenta con ese respaldo para iniciar la tramitación. No para que sean definitivamente aprobados en las Cámaras, ni, por supuesto, porque no sean alterados durante su tramitación parlamentaria para incorporar nuevas cesiones a los separatistas o a los podemitas.

Pese a ello, el avance en la consecución de apoyos ha sido recibido con satisfacción en el Gobierno. Y es que Sánchez depende de la prolongación de su mandato de este tipo de apoyos y de la demostración de que la legislatura de facto sigue viva. Y la tramitación de los Presupuestos es evidentemente una muestra de que sus socios prefieren por el momento mantener al frente del Gobierno a Sánchez que arriesgarse a perder el control del país por el auge de VOX y la posible repetición de alianzas entre el partido de Abascal, el PP y Ciudadanos para desbancar de La Moncloa al PSOE.

Este mismo jueves, Unidos Podemos admitía públicamente que, a priori, el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que este viernes aprueba el Gobierno cumple con sus expectativas y con el acuerdo que cerraron en octubre, según palabras de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Montero se reunió este jueves, a petición del partido morado, con el secretario de Organización y Acción de gobierno de Podemos, Pablo Echenique; la portavoz parlamentaria adjunta de Unidos Podemos, Ione Belarra; y la portavoz de En Comú y responsable de Vivienda del grupo confederal, Lucía Martín.

El PNV, por su parte, tal y como publicaba OKDIARIO, exactamente igual ha confirmado ya que no pondrá problemas a la tramitación de las cuentas públicas de Sánchez.

Este sábado, además, Pedro Sánchez ofrecerá a Torra una quinta parte del presupuesto de infraestructuras de los Presupuestos Generales del Estado para oficializar ese apoyo a las cuentas.

Precisamente el acto del líder del PSOE del sábado en Barcelona será el primero de la nueva campaña que los socialistas estrenan esta semana para explicar por España los números de la ministra María Jesús Montero.
Y, de la misma forma, se han agilizado los contactos con ERC para confirmar, como se ha hecho ya, un apoyo a la tramitación de la norma presupuestaria.
TRIANA. Luego dice la izquierda, bueno, la izquierda no dice nada. Así que otorgarán el título de Bachiller con una asignatura suspensa. Habrá mil comentarios. Yo solo diré que es una aberración política más y que incita a no estudiar una asignatura, dejarla en el cajón, vamos, como si ya la tuviera aprobada sin haber hecho un examen. ¡Jesús, Jesús!
Así es, así es, esta izquierda que es capaz de hacer cualquier cosa por darle "gusto" a sus socios nacionalistas y todo por seguir gobernando al precio que sea.
Una reforma educativa sectaria y nefasta.

Esta iniciativa del Gobierno sólo será la antesala de la contrarreforma que hará el próximo Gobierno de centro-derecha, cuando llegue al poder.

ABC.

Actualizado:

10/01/2019 00:24h.

Una de las características de los gobiernos socialistas es su obsesión por devaluar el sistema educativo y convertirlo en moneda de cambio con los nacionalismos. Mañana, el Consejo de Ministros aprobará un proyecto de reforma educativa que sigue estas directrices. Basta con que su eslogan sea la derogación de la moderada reforma que aprobó el Gobierno del PP, para que el PSOE dé por bueno cualquier despropósito. La ministra de Educación, Isabel Celáa, está satisfecha con una ley que va a permitir a un alumno recibir el título de Bachillerato con una asignatura suspensa, lo que sólo maquilla la realidad del fracaso escolar y acostumbra al alumno a una relajación que luego no existe en el mundo laboral. También debe estar satisfecha con entregar a las Comunidades la política lingüística de sus sistemas educativos. Si algo favorece la igualdad real de los ciudadanos es compartir la misma lengua. Pero los socialistas parecen más partidarios del Antiguo Régimen empeñados en abonar el localismo, mientras desprecian las nefastas experiencias acreditadas de manipulación de los jóvenes a través de la marginación del castellano. Todo ello contrario al interés nacional, más aún en la actual coyuntura política en Cataluña y la expansión del pancatalanismo, por ejemplo, a Baleares, donde una presidenta socialista lidera la campaña de erradicación del castellano en la función pública. Ni uno solo de esos «barones» socialistas ha alzado la voz para discrepar de una reforma que pone al PSOE al servicio de la dispersión de la ciudadanía común en España.

Esta iniciativa del Gobierno sólo será la antesala de la contrarreforma que hará el próximo Gobierno de centro-derecha, cuando llegue al poder. Entre tanto, la brecha educativa seguirá aumentando y no la taparán los tópicos de la izquierda contra la enseñanza concertada o la separación de aulas por sexos.
El Gobierno quiere aprobar con urgencia la ley que entierra el castellano.

Las autonomías del PP piden reforzar el papel del Estado en materia educativa y la ministra, Isabel Celaá, califica la propuesta de «retrógrada»

Josefina G. Stegmann.

MADRID.

Actualizado:

10/01/2019 09:36h.

El Gobierno pretende llevar su nueva ley educativa a las Cortes el mes próximo o, incluso, a finales de enero. Es decir, dentro de poco más de 20 días. La ministra de Educación, Isabel Celaá, negó, sin embargo, que hubiera otra urgencia «que la de resolver problemas muy duros que pivotaban sobre el sistema».

El texto, que permitirá a la Generalitat desterrar definitivamente el castellano de las aulas, debe pasar aún por el Consejo de Estado antes de llegar al Consejo de Ministros para convertirse en Proyecto de Ley y, así, ser enviado a las Cortes para su aprobación. Sin embargo, el Gobierno seguirá adelante, diga lo que diga la comunidad educativa, así como el supremo órgano consultivo del Gobierno. «No hay por qué esperar al informe del Consejo de Estado», defendió Celaá. «No es obligatorio», la acompañó Fernando Gurrea, subsecretario de Educación y FP.

El anteproyecto de Ley Orgánica por el que se pretende modificar la LOE, aprobada por los socialistas en 2006, y derogar la Lomce (más conocida como «Ley Wert») está saliendo adelante en medio de fuertes críticas, no solo de la oposición, sino también de amplios sectores educativos, como el de la concertada y sindicatos, que no entienden la premura en aprobar el nuevo texto, sobre todo cuando ven una absoluta falta de consenso.

Durante la presentación del texto a las comunidades autónomas, en el marco de la Conferencia Sectorial de Educación que tuvo lugar ayer, el PP criticó la «falta de diálogo». Además, se tildó al nuevo anteproyecto del Gobierno de « chapuza cósmica» y se advirtió de que la reforma permitirá a las comunidades hacer lo que quieran y «con impunidad contar la historia que deseen, con los resultados que ya hemos visto en Cataluña». «Hoy ganan los independendistas», criticó Fernando Rey, consejero de Educación de Castilla y León.

El anteproyecto pasó el martes por el pleno del Consejo Escolar del Estado y fue aprobado por un escaso margen de votos. Se aprobaron un total de 120 enmiendas a la nueva ley que el Gobierno aseguró que evaluará incorporar. Lo que consiguió Celaá en el pleno del máximo órgano consultivo del Estado en materia de educación es mantener la vía libre que la nueva ley da a comunidades como Cataluña para decidir cuántas asignaturas imparte en castellano y cuántas en catalán.

¿Cómo lo ha conseguido? El informe de la Comisión Permanente del Consejo Escolar criticaba que el nuevo texto asignaba un uso marginal a la lengua castellana por lo que no consideraban conveniente que la «Administración Central haga delegación total de su uso vehicular en el ámbito educativo a las administraciones autonómicas». Sin embargo, esta consideración finalmente fue eliminada.

Para frenar situaciones como esta, el consejero de Educación de Madrid, Rafael van Grieken, en nombre de todas las comunidades del PP (Castilla y León, Galicia, Murcia y La Rioja), pidió la «devolución del anteproyecto» y puso sobre la mesa de la Conferencia Sectorial la posibilidad de «potenciar y reforzar las competencias que tiene el Estado» en el marco de la Constitución. Entre ellas, el establecimiento de un currículum común para toda España, una alta inspección del Estado que cumpla su función y, en definitiva, que las comunidades gocen de una igualdad educativa para toda España, puntualizó van Grieken. El consejero de Madrid también aseguró que las comunidades deben aplicar la normativa estatal «con la mayor lealtad posible; lealtad que no en todas las comunidades ha estado presente», en alusión a Cataluña, «donde se ha producido una desviación con respecto a los parámetros nacionales». El reforzamiento de competencias fue calificada por Celaá como «retrógrada». «Nuestra propuesta es constitucional y es amparar la España de las autonomías», defendió la ministra.

El PP se quiso desmarcar de la exigencia de Vox para garantizar la investidura en Andalucía (horas antes de cerrarse el acuerdo) e insistió en lanecesidad de «reforzar» las competencias del Estado, pero no de «devolverlas», tal como pretendía el partido de Santiago Abascal. «Es un disparate devolver las competencias», dijo Rey. Y los del PP no fueron los únicos. Los consejeros del PSOE también se opusieron a esta opción. La consejera de Andalucía, Sonia Gaya, apuntó que la propuesta no resuelve nada, y que no se puede «decidir a 600 kilómetros las necesidades de una región concreta». «El autogobierno es fundamental y no vemos nada que justifique renunciar a él», criticó, por su parte, la consejera María Solana, de Geroa Bai, uno de los partidos que forman el Gobierno navarro.

Ambas consejeras apoyaron el texto del Gobierno como también lo hizo Vicent Marzà, el consejero de Educación de Comunidad Valenciana que aseguró sentirse contento por dejar «el paso atrás que supuso la Lomce». Sin embargo, pidió más avances, entre ellos, el fomento de la coeducación.

Cotización por las prácticas
Por su parte, las comunidades del PP exigieron un Pacto de Estado en materia de educación, y pidieron una ley que apueste por la calidad y equidad y que respete la libertad, «empezando por la elección de las familias, que deben ser libres a la hora de elegir el centro educativo para sus hijos», defendió Carmen Pomar, consejera de educación de Galicia. La consejera del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez, reconoció su preocupación por la obligación de cotizar por las prácticas de los alumnos universitarios y de Formación Profesional. «Aunque no es competencia de Educación, pedimos que trasladen nuestra preocupación ante la nueva norma». Educación, por su parte, reconoció que sabía de esta nueva regulación incluida en un Real Decreto ley sobre revalorización de las pensiones públicas.
El Gobierno cierra el año con un nuevo decretazo de medidas recaudatorias.

Los contratos de menos de cinco días pagarán un 40% más de cotización.

Susana Alcelay.

Madrid.

Actualizado:

28/12/2018 01:32h.

El último Consejo de Ministros aprobará hoy un real decreto-ley de los denominados «escoba» con medidas urgentes en el orden social cuyo fin último es recaudatorio. La acuciante necesidad de ingresos ha llevado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a aumentar sanciones, penalizar la contratación, suprimir bonificaciones e ingeniar nuevos ingresos a la Seguridad Social para pagar las pensiones, que este año cerrarán con un déficit superior a los 19.000 millones.

Estas son las medidas que incluirá el nuevo decretazo que ya avanzó ABC el pasado miércoles, en el que también se incluye un crédito extra de 1.400 millones para pensiones, que en 2019 volverán a subir un 1,6%:

Lucha contra el abuso de la temporalidad
Por cada día trabajado, 1,4 cotizado

El Ejecutivo aumentará en un 40% las cotizaciones por contingencias comunes para contratos temporales inferiores a cinco días. Una medida que justifica en la «necesidad de luchar contra la precariedad en el empleo y contra el abuso en la celebración de contratos de corta duración». Este incremento de cuota irá ligado a una mejora de la protección social de estos trabajadores, a los que se aplicará un «coeficiente de temporalidad» que les permitirá reunir un mayor número de días cotizados. Por cada día trabajado se les computará 1,40 días de cotización.

Cerco al falso autónomo
Multas de hasta 10.000 euros por afectado

El Ministerio de Trabajo vuelve a poner el foco en una estructura fraudulenta en la que las empresas evitan dar de alta en la Seguridad Social a sus empleados -les obligan a darse de alta como autónomos-, y con ello esquivan el pago, como cualquier otra empresa, de las cotizaciones al régimen general, el de los asalariados. En verano envió 50.000 cartas a empresarios con el fin de que afloraran 40.000 falsos autónomos. Hoy creará una nueva infracción «muy grave» con multas de entre 3.126 y 10.000 euros por trabajador afectado.

Adiós al «bonus-malus»
No habrá beneficio por reducir siniestralidad

Supresión de la rebaja de cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que reducen la siniestralidad laboral, el conocido como «bonus-malus» vigente desde 2017.

Formación
Más cargas para la empresa

En las prácticas y programas formativos no remunerados la cotización de los alumnos corresponderá a la empresa, institución o entidad en la que se desarrollen esas prácticas, salvo que en el convenio o acuerdo de cooperación que se suscriba para su realización precise que el pago corresponde al centro educativo en el que los alumnos cursen sus estudios.

Formación
Cuidadoras no profesionales

Se recuperan las cotizaciones a la Seguridad Social de las cuidadoras no profesionales de personas dependientes, que corresponderá a la Administración. 180.000 personas se beneficiarán de la medida que hoy aprueba el Consejo de Ministros.

Lucha contra el absentismo
Los médicos del INSS también darán altas

Desde enero los médicos del INSS podrán dar bajas y altas durante el primer año de baja igual que hacen los médicos de familia y la Inspección. Una medida encaminada a luchar contra el absentismo, que ya cuesta 76.752 millones de euros a la economía.

Más endeudamiento
Crédito extra 1.400 millones para pensiones

El Gobierno aprobará hoy in extremis un suplemento de crédito con cargo a deuda pública de casi 1.400 millones para cubrir parte de la subida del 1,6% aplicada este año en la nómina de los jubilados más la paga que recibirán antes del 1 de abril para compensar la desviación de los precios. El Ejecutivo dará el visto bueno a un nuevo sistema de revalorización que consistirá en tomar la media del IPC interanual de los últimos doce meses, entre diciembre de 2017 y noviembre de 2018, que ha sido del 1,7%. Así, el coste de la actualización de las pensiones será 256 millones: unos 128 millones por la décimas de más que se compensará a los jubilados más otros 128 millones para consolidar este alza en las nóminas para que la nueva subida del 1,6% se aplique sobre la pensión actualizada. En 2019 la pensión mínima quedará en 677,4 euros mensuales y la máxima en 2.659,4 euros.
La moción de censura contenía un regalo para el PNV y otro para ETA.

OKDIARIO. 20/12/2018.06:50.

La moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a La Moncloa el pasado mes de junio aún escondía una sorpresa más. Para saciar sus ansias de poder y arrebatar la presidencia del Gobierno a Mariano Rajoy, el socialista no dudó en pactar con ERC, PDeCat, PNV y EH Bildu. Sin embargo, aquel apretón de manos del PSOE con esta amalgama de golpistas, proetarras y nacionalistas vascos no iba a salirle gratis y Sánchez lo sabía. Ahora, tras seis meses como jefe del Ejecutivo y unos Presupuestos Generales del Estado atascados en la Cámara Baja, ha llegado la hora de pagar el diezmo de aquellos 180 votos a favor que le lanzaron al estrellato gubernamental.

Por ello, el Gobierno de Sánchez está dispuesto a anunciar antes de terminar 2018 su compromiso de traspasar la competencia plena de prisiones –hoy en manos del Estado– a la comunidad autónoma vasca. Un gesto de los socialistas que permitirá al Ejecutivo regional liderado por el PNV decidir sobre el acceso a beneficios penitenciarios de los presos etarras. El plan del PSOE es trabajar durante las próximas dos semanas en un ambicioso programa de trabajo donde figure el traspaso de un alto porcentaje de las competencias pendientes recogidas en el Estatuto de Gernika.

Sánchez, con tal de no convocar elecciones generales –algo que el socialista prometió antes de llegar a La Moncloa– y apurar la legislatura hasta límites insospechados, es capaz de obviar las oscuras décadas de ETA en el País Vasco y cerrar pactos con los separatistas vascos y los herederos del terrorismo. Sabíamos con certeza que tras el apoyo a Sánchez había prebendas, lo que no sospechábamos es que Ferraz pagaría la contrapartida con una traición a todos los españoles.
Sánchez se reúne mañana con el golpista Torra que llama ‘hienas y víboras’ al resto de españoles.

Luz Sela. 19/12/2018.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reunirá este jueves por la tarde con el presidente catalán, Quim Torra, en Barcelona, un día antes de la celebración del Consejo de Ministros, según ha explicado la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, en conversación informal con periodistas en el Congreso.

Además se celebrará otra reunión entre Calvo y el vicepresidente del Govern, Pere Aragonés. También ha señalado que, en paralelo a ese encuentro, es probable que algún otro ministro o ministra aprovechen para tener contactos con varios consejeros, como la titular de Política Territorial, Meritxell Batet y la consejera de Presidencia, Elsa Artadi.

Sin confirmarlo del todo, la vicepresidenta también ha apuntado la presencia del presidente y varios de sus ministros en la cena de gala organizada por Fomento del Trabajo, la principal patronal catalana.

Torra pretende dar al encuentro con Sánchez un carácter de ‘cumbre bilateral’. El presidente de la Generalitat ha asegurado este miércoles que está dispuesto a tener “una reunión de gobierno a gobierno y para hablar de todo”.

En una intervención ante el pleno del Parlament durante la sesión de control al Govern, Torra ha pedido al Gobierno central y al presidente, Pedro Sánchez, un “diálogo efectivo, sincero y valiente”.

Desde la Generalitat se insiste en que ese “diálogo” tiene que “entrar en las cuestiones de fondo”, en referencia al referéndum ilegal de independencia.

Gobierno central y catalán mantienen discrepancias en el formato. Mientras desde La Moncloa se asegura que Sánchez y Torra se verán en solitario, y que los demás encuentros también serán “de uno a uno”, desde la Generalitat sostienen el modelo de ‘minicumbre’ entre Ejecutivos. Es decir, una reunión con presencia del presidente, la vicepresidenta y varios ministros.

Calvo ha explicado que “lo que no va a haber es una reunión de dos gobiernos” y lo que se ha procurado es que se vean Sánchez y Torra.
CUARTA OLEADA DEL PANELCONFIDENCIAL.

El 60% de los votantes suspende al Gobierno y Rivera alcanza a Sánchez en valoración.

Pablo Casado y Pablo Iglesias descienden en su valoración, empatando con una nota de 3,4, aunque el peor valorado es el líder de Vox, Santiago Abascal, con un 2,8.

17/12/2018 05:00 - ACTUALIZADO: 17/12/2018 08:50.

El efecto Pedro Sánchez está amortizado y el Gobierno socialista, elecciones andaluzas al margen, comienza a dar signos de agotamiento e, incluso, declive. Solo uno de cada tres votantes respalda la acción del Gobierno, elevándose el porcentaje de ciudadanos que suspenden al Ejecutivo hasta el 60%. Tres puntos más de desaprobación que hace tres meses, según los resultados de la cuarta oleada del PanelConfidencial, el sondeo con periodicidad trimestral elaborado para este periódico por IMOP Insights a partir de una muestra de 1.036 entrevistas, realizadas entre el 10 y 13 de diciembre en toda España.

Los señales del decaimiento son especialmente sintomáticas por la tendencia a la pérdida de apoyos entre el propio electorado socialista. Si hace tres meses, en la anterior oleada del PanelConfidencial, el porcentaje de votantes del PSOE que apoyaban al Gobierno ascendía hasta el 71,8%, ahora esa cifra se reduce al 62,7%. Nueve puntos porcentuales menos.
Concordancia, concordancia del verbo con la protagonista.... ay ay ay, pásate por el apartado de Gramática y se lo preguntas a ÁNGEL.
No, te lo he preguntado a ti, déjate de gramática que sabes muy bien por donde va la linde.
Sì no hay que violar a las mujeres. Cuándo decimos no. Es no.

En política fue la vez anterior en la que se permitió a Rajoy gobernar. El partido socislista por ese no es no. Se abstuvo para que gobernase Rajoy.
¿hasta cuándo hay que conservar ese no es no?
De verdad ya vale con haberlo hecho una vez. Siempre estás con la misma canción. Aquella vez NO fue NO. Que yo sepa no se dijo que eso era eterno.
Saludos.
¿Y que tiene que ver lo de la violación en este caso?. Me parece que estás desvariando no sabes ni por donde andas, ¡anda date un paseo que el aire despeja la mente!
Sí, en eso estoy de acuerdo, la edad no perdona, pero no es precisamente Celaa, la afectada....
Pues ya me dirás entonces quien es la afectada................, yo no, soy del genero masculino, no creo que lo digas por ti.
Isabel Celaa ¿Pobre mujer? Jaj ja ja ja. Le conozco desde hace mas de 30 años, y te aseguro que de "pobre" nada de nada. Catedrática de enseñanza secundaria.

Esta "pobre" mujer, siempre fue en Euskadi la responsable de Educación dentro del Psoe, no me acuerdo, si alguna vez llegó a ostentar la cartera de Educación, si fue consejera, creo que lo fue con Patxi López, lo que si recuerdo es su enorme trabajo con Buesa, cuando los tiempos eran tan difíciles, después a Buesa lo asesinaron.

TRIANA, ... (ver texto completo)
Pues en este caso te diría que la edad no perdona, de lo contrario no diría tanta estupidez, tenlo por seguro.
O que ellos que tanto predican y sabiendo que nos joroban a todos los españoles den ejemplo de lo que piden a otros. ¿No re gusta eso?
No pasa en ningún país lo que está pasando en España. En cualquier democracia se discuten y se aprueban o reprueban los temas de que se trata. Nunca se trata de impedir el gobierno por que sí
¿Te suena por casualidad NO es NO?
El Gobierno cuestiona que PP o Cs «se arroguen el derecho» a presidir la Junta de Andalucía.

Muestra su preocupación por Vox y defiende la legitimidad de Susana Díaz y del PSOE andaluz como «claro vencedor» de las elecciones.

Víctor Ruiz de Almirón.

Madrid.

Actualizado:

07/12/2018 13:49h.

Sin respetar el carácter institucional del Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá ha cuestionado en rueda de prensa que «resulta difícil entender que PP o Ciudadanos se arroguen el derecho a presidir la Junta».

Tras las elecciones andaluzas del pasado domingo, Celaá ha defendido que «el claro vencedor fue el PSOE de Andalucia» y que por tanto «Susana Díaz está legitimada» para intentar formar Gobierno.

Celaá ha mostrado su preocupación por la aparición de Vox. Y tras asegurar que le «sorprende» que PP y Ciudadanos intente hacerse con la presidencia, pese a que el PSOE gobierna siendo la segunda fuerza y no el partido más votado, ha dicho que su sorpresa es «aún mayor» si buscasen la presidencia de la mano de Vox. Celaá demanda que sea Cs quien facilite el Gobierno al PSOE formando un Ejecutivo «constitucionalista y europeísta».

PD: INCREÍBLE QUE PUEDA SER MÁS SIMPLE LAS PALABRAS DE ESTA POBRE MUJER, ¿ACASO SE HA PREGUNTADO ELLA COMO ESTÁN GOBERNANDO CON 84 DIPUTADOS?

"Qué dimita Sánchez para predicar con el ejemplo, no? Tiene 84 diputados, y el PP tiene 137... Según el criterio del PSOE, tiene que gobernar el PP".
El Gobierno carga contra Vox por su ideario «anticonstitucional» mientras salva a Torra.

«Nos preocupa mucho un partido cuyo ideario es anticonstitucional. Casi todo lo que vemos que dice es inconstitucional»

Víctor Ruiz de Almirón.

Madrid.

Actualizado:

30/11/2018 17:47h.

El Gobierno quiere escenificar su política de apaciguamiento con un nuevo encuentro con el presidente de la Generalitat, Quim Torra. Pese a todos los desplantes recibidos, Pedro Sánchez sigue determinado a celebrar esta reunión el próximo 21 de diciembre.

Será la fecha en que el Consejo de Ministros se celebre en Barcelona. Y Calvo ha rechazado que tenga que dársele más formalismo porque el propio Torra se lo pidió a Sánchez cuando se vieron en Moncloa. Aunque se ha mostrado dispuesta a darle más formalidad a la propuesta «en cuanto tengamos preparada toda la logística».

Calvo ha defendido que entre ambas instituciones existe «una relación habitual y fluida» pero ha rechazado que pueda producirse una reunión en pleno de los dos gobiernos: «No lo contemplamos en absoluto. Nosotros somos el Gobierno de España y por eso somos el Gobierno de los catalanes».

Y mientras el Gobierno trabaja en el entendimiento con quienes defienden la secesión de Cataluña del resto de España, la vicepresidenta Calvo ha cargado contra Vox al ser preguntada por su posible aparición en el Parlamento andaluz: «Nos preocupa mucho un partido cuyo ideario es anticonstitucional. Casi todo lo que vemos que dice es inconstitucional». Aunque en una segunda pregunta ha manifestado que «respetamos la legalidad de todos los partidos», pero que unos le gustan más que otros.

También ha dicho que Pablo Casado se sitúa «muy fuera de la Constitución» por decir ayer que Sánchez era un presidente ilegítimo.

PD: CADA DÍA TENGO MAS CLARO A QUIEN VOTARÉ.
A Duque le hacen ‘un Monedero’: Hacienda le facilita la regularización sin la sanción que pedían los inspectores.

Carlos Cuesta y Manuel Cerdán. 27/11/2018.

La Agencia Tributaria abrió una inspección al ministro de Ciencia e Innovación con petición expresa de sanción, Pedro Duque, por la sociedad patrimonial –Copenhague– en la que el ministro tenía dos chalés de lujo: uno en Javea y otro en el barrio de Arturo Soria en Madrid. Pero Hacienda, para evitar la sanción a Duque, asesoró al ministro para que no recogiera la notificación de inicio de las actuaciones. Él cumplió y, aprovechando el Consejo de Competitividad en Bruselas, se ausentó de España y presentó de inmediato una regularización. Un modus operandi que recuerda al que utilizó el fundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, que tuvo que pagar unos 200.000 € para regularizar los 425.000 que había declarado a través de una empresa.

Los equipos de la Agencia Tributaria, pese a las presiones oficiales y los mensajes lanzados a través de los medios de comunicación, abrieron la inspección y exigieron el pago de sanción por la sociedad patrimonial de Duque, descubierta por OKDIARIO. Ésta, sin ningún tipo de actividad y sin empleados, sí contabilizaba los dos chalés de lujo propiedad del ex astronauta y su esposa. Pero Hacienda decidió cortar el proceso y abrió la puerta a la regularización –supuestamente voluntaria– para que el ministro no fuera sancionado.

La forma de evitar que el proceso siga adelante es no recoger el acuse de recibo de la apertura de la inspección. Por eso, responsables del ministerio facilitaron una salida a Duque. Aprovechando el Consejo de Competitividad en Bruselas, se ausentó de España y presentó de inmediato una regularización. Gracias a ello, la notificación de inicio de actuaciones inspectoras no se pudo entregar y su regularización quedó registrada oficialmente con anterioridad. Y gracias a ello, el ministro Duque ha resuelto su situación legal.

Exactamente igual que como lo hizo Juan Carlos Monedero, quien también esquivó la entrega de la notificación y, con esa treta, se libró de la inspección.

Así lo hizo Duque. Y así evitó recibir el mismo trato que el resto de los contribuyentes españoles. Gracias a un aviso y asesoría desde Hacienda que le ha permitido evitar la sanción impuesta -que puede rondar vez y media el importe defraudado que se acabe estimando-, y, además, eludir aparecer en ningún listado en el que se vea que ha tenido un incumplimiento con el Fisco con una patrimonial.

Una sociedad irregular

La sociedad patrimonial de Pedro Duque sí tiene irregularidades, en contra de la versión que ha mantenido el Gobierno de Pedro Sánchez y el propio Duque. Y las tiene, hasta tal punto, que la Inspección tributaria abrió una comprobación a raíz de la publicación el 27 de septiembre de este año por OKDIARIO de la noticia de la existencia de la sociedad patrimonial Copenhague Gestores de Inmuebles SL, creada en 2005 para eludir el pago de impuestos por el ministro Pedro Duque.

Los inspectores de la Agencia Tributaria hicieron lo correcto: iniciar los trámites de comprobación de una, más que posible, bolsa de fraude. Y el Ministerio de Hacienda hizo lo incorrecto: asesoró a Duque para que escapara a la imposición de una sanción y se acogiera a un falso periodo voluntario de declaración complementaria o regularización. La forma es simple: las comunicaciones y requerimientos no se pudieron entregar en el domicilio del ministro. Básicamente porque él estaba aleccionado para no recoger la notificación y porque se encontraba en el extranjero. A partir de ese momento, el ministro y sus asesores fiscales corrigieron a toda velocidad el supuesto error por una teórica iniciativa propia a efectos legales.

El error, sin embargo es nada menos que una estructura creada en 2005 con un único fin y mantenida con asesores fiscales con el mismo objetivo: rebajar el pago de impuestos con una firma ficticia. De hecho, gracias al esquema societario consiguió pagar sólo un 3,8% en Impuesto de Sociedades y esquivar el pago del IRPF en concepto de renta presunta por la segunda vivienda y hasta el Impuesto de Patrimonio.

Duque se desgravó el pago de los intereses del crédito hipotecario de su chalé de lujo en Madrid

Para conseguir ese minúsculo pago, Pedro Duque aplicó importantes beneficios fiscales por medio de su entramado societario constituido en la patrimonial Copenhague Gestores de Inmuebles SL: la sociedad de la que colgó sus dos chalés de lujo -el de Madrid y el de Jávea-. Además del fuerte volumen de gastos desgravables que acumuló -que ascendió a 151.311 euros en seis años- Pedro Duque se desagravó el pago de los intereses del crédito hipotecario abonados en la compra del chalé de lujo de Madrid gracias a comprar el inmueble por medio de la mencionada sociedad.

Tal y como señalan los datos del Registro de la Propiedad publicados por OKDIARIO, el chalé de lujo de Arturo Soria incorpora un crédito hipotecario de Barclays Bank por un valor de 1,2 millones de euros. En concreto, en el apartado de cargas se detalla que la citada entidad financiera concedió el tres de abril de 2006 un crédito de “un millón doscientos y seis mil novecientos sesenta euros de principal”. Un préstamo que se irá pagando hasta el “8 de noviembre de 2035”.

Duque debería haber pagado entre 5.000 y 8.000 euros al año

En el caso del IRPF, Duque ha escapado al pago de la que se conoce como renta presunta -una carga que soportan todos los propietarios con vivienda de vacaciones en España-. En este caso, la ley dicta que se debe imputar en la declaración de la renta anual el 2 % del valor catastral o el 1,1 %, en el caso de que el valor se hubiese revisado en los 10 años anteriores. Y todo ese importe debe tributar al tipo marginal del contribuyente: hasta un 45% ahora y hasta un 52% hasta hace bien poco-. En el caso de Duque ese pago tendría que haber oscilado, dependiendo del valor exacto de mercado de la vivienda de la playa, entre 5.000 y 8.000 euros al año.

Todo ello lo hizo mediante un mecanismo que está en el punto de mira de la Agencia Tributaria: la creación de una sociedad patrimonial para la compra de dos inmuebles de disfrute personal.

Este tipo de sociedades ha sido protagonista de los planes de inspección del Fisco en España prácticamente en la totalidad de sus años de existencia. Y lo han sido, precisamente, por lo relativamente fácil que resulta aprovecharse de unas sociedades permitidas para edificar, gestionar, construir o promover inmuebles con un fin muy distinto: el de albergar inmuebles de uso privado bajo una falsa fachada de actividad empresarial.

Los equipos de la Agencia Tributaria (AEAT) son plenamente conscientes de esta situación y, por ello, abrieron la comprobación correspondiente. Ahora Hacienda abre la puerta a una regularización saltándose el criterio independiente de los equipos de la AEAT.
Londres deja por escrito que el acuerdo del Brexit no obliga a que la relación futura se aplique a Gibraltar.

«Reino Unido negociará los acuerdos futuros en nombre de todos los territorios para los que es responsable de sus relaciones externas», aclaran.

EUROPA PRESS.

BRUSELAS.

Actualizado:

24/11/2018 16:50h.

El Gobierno británico, a través de su embajador ante la Unión Europea, Tim Barrow, ha remitido una carta al Consejo europeo para dejar por escrito que el Tratado de Retirada de la UE «no impone ninguna obligación» de que la relación futura que deben aún negociar Londres y Bruselas se vaya a aplicar en Gibraltar.

En su carta, el representante permanente británico indica que el Gobierno británico «anota» que el artículo 184 del Acuerdo de Salida «no impone ninguna obligación sobre el alcance territorial de futuros acuerdos». La carta, añade el embajador ante la UE, «deja claro que Reino Unido negociará los acuerdos futuros en nombre de todos los territorios para los que es responsable de sus relaciones externas».

El texto recoge la exigencia de España en cuanto a la interpretación del acuerdo de divorcio, si bien se trata de un documento sin ningún valor jurídico, al contrario que el acuerdo del Brexit, que es legalmente vinculante.
Casado acusa a Sánchez de «capitular» y tacha de «fracaso histórico» la negociación sobre Gibraltar.

El presidente no ha llamado al líder del PP para explicarle la declaración que ha hecho pública en La Moncloa.

Mariano Calleja.

Granada.

Actualizado:

24/11/2018 18:31h.

El líder del PP, Pablo Casado, se ha enterado de la declaración del presidente del Gobierno para anunciar un acuerdo sobre Gibraltar en Granada. Sánchez no ha llamado ni ha informado al líder de la oposición. La primera reacción del PP tras la declaración ha sido del portavoz del Grupo Popular en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, quien ha calificado de «desastre» el acuerdo de Sánchez. Poco después, Casado ha acusado a Sánchez de capitular y ha tachado de fracaso el acuerdo.

Casado cree que hoy hemos conocido una «humillacion histórica para España», que el PP no puede tolerar. Por eso, considera que Sánchez no está a la altura y debe convocar elecciones generales cuanto antes.

«Hemos escuchado un declaración solemne del presidente del Gobierno. Desde el Partido Popular tenemos que decir una cosa muy clara: el resultado de las negociaciones del Gobierno de España han sido un fracaso histórico, y han malogrado una oportunidad después de siglos, que el PP había dejado encarrilada», ha asegurado Casado.

El líder del PP ha explicado así por qué lo considera un fracaso: «En la cláusula 24 del borrador de acuerdo, se decía claramente que cualquier relación futura de Gibraltar con la UE, pasaba por el acuerdo de España y el Reino Unido. Al no incorporar este mandato aprobado por los 27, España está haciendo una cesión histórica. El artículo 184 no ha sido modificado, por tanto de nada sirven cartas del presidente del Consejo y de la Comisión Europea, de nada sirven cartas del embajador en Bruselas del Reino Unido, el problema es que esas cartas no son jurídicamente vinculantes. Y por tanto en un futuro España no ganará legislativamente en los tribunales cualquier decisión que tome el Reino Unido a ese respecto».

«El Gobierno de España ha capitulado de su responsabilidad de defender la soberanía de España en el Peñón. Lo más grave, ha renunciado al acuerdo unánime de los 27 de la UE, alcanzado en marzo por el Gobierno del PP, por el cual ya estaba asumido por el Reino Unido que nada se podía negociar sin el acuerdo de España, y que había un derecho de veto de cualquier cambio de Gibraltar con la Unión Europea sin el acuerdo del Parlamento español», ha explicado el presidente del PP.

Casado ha acusado a Sánchez de intentar engañar a todos los españoles: «Pedro Sánchez nos intenta engañar. Solemniza su fracaso, su incompetencia y todavía pretende hacernos creer que esto es un buen acuerdo. Es un gran fracaso. El PP había tenido una posición responsable, y dijimos que apoyaríamos el veto. Ahora tiene que decir que nos parece tremendamente irresponsable que se haya aceptado una interpretación política sin incluir en los tratados la legítima reclamación del Reino de España».

El portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Esteban Pons, asegura que el presidente se ha basado en una simple carta sin valor jurídico para considerar suficiente el acuerdo. «Qué desastre», ha subrayado.

El portavoz del PP en Bruselas insiste en que la carta y por tanto los compromisos que contiene, no tiene ningún valor jurídico: «Me lo temía, no supieron negociar, les engañaron y al final iban de farol. Conformarse con eso es perder».
Claro, tienen asegurada la paga. Ayer escuché decir a alguien que Rufián se lleva 7000 euros mensuales. Y encima maltratando a España.
Efectivamente así es, esto es lo que decía del señor Rufián en el año 2015 <<El portavoz adjunto de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, se ha embolsado 150.000 euros desde la fecha en que debió dejar el escaño para “regresar a la República catalana”, según prometió en diciembre 2015>>, en concreto dicen que 7600 eurazos, ¡casi na el niño! y eso que no quieren saber nada con España, ¡manda bemoles!
TRIANA. Varapalo para el PSOE.
Ángel, me parece que al PSOE le resbala casi todo, ellos a los suyo y a seguir a cualquier precio aunque sea hundiendo a España.

Un saludo.
JUSTICIA.

Juicio a los líderes del 1-O.

El abogado del Estado purgado por la ministra de Justicia se negó a "firmar un papel que no hizo"

MANUEL MARRACO. MARISA CRUZ. Madrid.

23 NOV. 2018 07:21.

El Parlamento convirtió ayer a Dolores Delgado en el miembro del Gobierno más reprobado de la historia de la democracia. En esta ocasión, la tercera, por forzar desde el Gobierno a la Abogacía del Estado a abandonar su tesis de que en el 1-O se produjo una rebelión y defender que sólo se cometió un delito de sedición. El corolario de ese cambio de criterio fue la destitución el miércoles del abogado-jefe del Departamento de Penal, Edmundo Bal, que defendía la tesis de la rebelión. Las explicación que el Ministerio de Justicia ofrece para en cese es que esa Jefatura es un cargo de «confianza» y que esa confianza «se ha perdido». También cuestionan que Bal fuera a respetar en el juicio del 1-O la tesis sostenidas en el escrito de acusación que finalmente se presentó: que no hubo rebelión, sino sedición. Fuentes próximas al afectado niegan que Bal hubiera planteado problemas para intervenir en el juicio conforme al criterio establecido por su superiora, la abogada general del Estado Consuelo Castro. «Ha actuado con lealtad a la Abogacía y al Gobierno. Ha cumplido todas las instrucciones, salvo firmar un escrito de acusación que no era suyo», explican esas fuentes. El propio Bal ha rechazado hacer comentarios sobre su destitución. Pese a las discrepancias, Bal era partidario de actuar él mismo en el juicio del 1-O, dado que era quien había seguido la investigación desde el principio y quien conocía mejor la materia. Según esas mismas fuentes, las discrepancias afectaron a la calificación jurídica de sedición por la que se iba a optar, así como al criterio para calcular -a la baja- las penas de la malversación. Pero la clave del desencuentro fue el propio relato de hechos de lo sucedido que finalmente se volcó en el escrito de acusación, profundamente revisado respecto al planteado por el ahora destituido. A diferencia del escrito de la Fiscalía, que habla en más de 20 ocasiones de actos violentos, el que la Abogacía envió al Supremo no incluye la palabra violencia. En su lugar aparecen expresiones como «incidentes», «disturbios», «tumulto» o «actitud hostil». Ese fue el elemento que determinó que, aunque fuera Bal el que remitiera por vía telemática el escrito de acusación a la Sala Penal del Supremo, rechazara poner su firma y apareciese suscrito sólo por la abogada general.

«Los hechos del escrito de acusación son mentira. Se ocultan cosas. En una vergüenza», lamentaban fuentes de la Abogacía al día siguiente de divulgarse el documento, que en ocasiones dejaba en la mitad las peticiones de cárcel de la Fiscalía.

Reprobación de DelgadoLo sucedido con la Abogacía desembocó ayer en la segunda reprobación del Congreso a Delgado que se suma a la ya aprobada en el Senado. Se suma a una primera reprobación del Senado que salió adelante con el voto de la mayoría absoluta del PP, respaldada por Ciudadanos, indignada por la falta de apoyo que prestó Delgado al magistrado Pablo Llarena frente a la demanda ante la Justicia belga por parte de Carles Puigdemont. Después llegó una censura del Congreso, con petición de dimisión incluida, el pasado 9 de octubre, tras conocerse sus conversaciones, en compañía de Baltasar Garzón, con el comisario José Manuel Villarejo, hoy en prisión. Y, finalmente, ayer, se produjo el tercer varapalo, impulsado por el PP y apoyado por Ciudadanos, UPN y Foro Asturias, por «la triste trayectoria» de Delgado al frente del Ministerio, por la falta de motivación de sus polémicas decisiones y por haber obligado a la Abogacía del Estado a rebajar de rebelión a sedición su acusación en el juicio del 1-O. La reprobación fue posible por la decisión de ERC y Bildu de abstenerse en la votación. Al PP no le ha importado en absoluto que Delgado haya sido quien durante semanas negoció mano a mano con el ex ministro Rafael Catalá el acuerdo para repartirse los sillones del Consejo General del Poder Judicial. De hecho, el que este pacto se haya deshecho ha sido un motivo más para la reprobación, ya que los populares culpan al Gobierno de ser quien imprudentemente anunció el nombre del presidente del Consejo antes incluso de que fueran elegidos los vocales. Después de que la tercera reprobación prosperara, la portavoz parlamentaria del PP, Dolors Monserrat, volvió a pedir la dimisión inmediata de Delgado e incluso aseguró que la destitución de Edmundo Bal no era sino la prueba definitiva de que el Gobierno «está arrodillado» ante los independentistas. También Ciudadanos, por boca de su líder Albert Rivera, tuvo duras palabras sobre esta destitución que para ellos es claramente «una purga».
Ingresos inflados y gastos ocultos: las trampas que Bruselas halla en los Presupuestos de Sánchez.

JUAN SANHERMELANDO.
El Gobierno «fulmina» al abogado del Estado que proponía acusar por rebelión a los líderes del procés.

Edmundo Bal era el encargado de este caso como responsable penal de la Abogacía del Estado

Nati Villanueva.

Madrid.

Actualizado:

21/11/2018 18:38h.

El Gobierno ha destituido a Edmundo Bal, el abogado del Estado que proponía acusar por rebelión a los líderes del «procés», en desacuerdo con los criterios que impuso el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Bal era el encargado de defender los intereses del Gobierno en esta causa como responsable penal de la Abogacía del Estado, un órgano que depende directamente del Ministerio de Justicia.

En contra de la posición técnica de Bal, la Abogacía del Estado acusó solo por los delitos de sedición y malversación a los 18 líderes independentistas que serán juzgados por el Tribunal Supremo. La mayor condena solicitada fue para Oriol Junqueras, con 12 años.

Fuentes del Ministerio de Justicia han confirmado el cese por parte de la abogada general del Estado, Consuelo Castro, y han justificado que el cargo de abogado del Estado jefe de lo Penal es un puesto de confianza del cuerpo que depende de la abogada general.

La acusación de la Abogacía del Estado chocó de frente con el relato de la Fiscalía, que no dudó en calificar de rebelión el plan secesionista ilegal, que asumió la violencia como un medio para empujar hacia la secesión catalana, según el Ministerio Público. La Abogacía del Estado no empleó la palabra «violencia» ni una sola vez en su descripción de los hechos del «procés» y redujo el desafío catalán a una cuestión de orden público, al acusar por sedición.

Esta decisión saca a Edmundo Bal del juicio oral que se celebrará en el Supremo contra los responsables del «procés», lo que impedirá entre otras cosas que defienda oralmente una tesis en la que no cree. Bal, un brillante abogado del Estado, discrepaba de sus superiores y apoyaba sin dudar la acusación por rebelión en esta causa.

PD: ¡QUE VERGÜENZA DE GOBIERNO, QUE BAJO HA CAÍDO!, ¡POBRE ESPAÑA!
La sociedad de Calviño ha ingresado 245.600 euros en 5 años y solo ha pagado 5.350 en impuestos, un 2,2%.

La empresa pantalla creada por la ministra y su familia reduce los tributos a una cifra «imposible» si declararan como persona física, lo que contraviene el listón ético que marcó Pedro Sánchez.

Javier Chicote.

Madrid.

Actualizado:

19/11/2018 12:53h.

Aldael Consultores, la sociedad instrumental que crearon Nadia Calviño y su esposo, el economista Ignacio Manrique de Lara, en junio de 2000 para comprar su vivienda ha ingresado 245.621,45 euros en los últimos cinco años, periodo en el que solo ha pagado 5.345,50 euros en Impuesto de Sociedades. Así, la carga tributaria apenas supone un 2 por ciento de los ingresos generados.

El motivo de estos resultados son los cuantiosos gastos y amortizaciones que han cargado a la sociedad, de tal forma que la base de tributación se redujo hasta una cifra poco más que testimonial. Los asesores fiscales consultados por ABC sostienen que es «imposible» pagar tan pocos impuestos si estos mismos ingresos se obtuvieran como persona física.

En 2015 Pedro Sánchez dijo lo siguiente en una entrevista en televisión cuando le preguntaron por el caso de la sociedad de Juan Carlos Monedero, uno de los fundadores de Podemos: «Si yo tengo en la Ejecutiva Federal de mi partido a un responsable político que crea una sociedad interpuesta para pagar la mitad de los impuestos que le toca pagar, esa persona al día siguiente estaría fuera de mi Ejecutiva. Es el compromiso que yo asumo con mis votantes y también con los españoles». Tras la información de este diario el pasado viernes, en la que desvelábamos la existencia de la sociedad instrumental, el ahora presidente del Gobierno respaldó a la titular de la cartera de Economía.
TRIANA. Si se celebraran todas las elecciones juntas ganaríamos dinero y tiempo. Si así fuera, menos mal que los socialistas tendría una buena idea. Tienen muy poca, les falta "materia gris" A MUCHOS MINISTROS Y MINISTRAS.

Un saludo.
Ángel, si se celebraran elecciones generales es porque no les quedará más remedio, hasta el señor Iglesias ya se lo ha recordado al Doctor Sánchez que no se puede gobernar a golpe de decretazo.

Un saludo.
Ábalos no rechaza elecciones en mayo si no salen los Presupuestos: «Nada es descartable»

El ministro de Fomento deja abierta la puerta a no agotar la legislatura: «No hay que aventurar nada. De aquí a mayo queda mucho». Pero insiste en que no se ha arrojado la toalla todavía sobre la aprobación de los Presupuestos.

Víctor Ruiz de Almirón.

Madrid.

Actualizado:

19/11/2018 10:45h.

El ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, evita manifestarse a favor de la extensión de la legislatura a cualquier precio y no rechaza la posibilidad de un adelanto de elecciones generales en mayo, haciéndolas coincidir con las elecciones municipales y autonómicas del próximo 26 de mayo.

«Nada es descartable», ha contestado Ábalos cuando se le ha preguntado por esta posibilidad. El hombre fuerte del PSOE en el Gobierno está instalado en el planteamiento de no cerrar puertas, ni en un sentido ni en otro. «No hay que aventurar nada. De aquí a mayo queda mucho», ha insistido Ábalos.

El secretario de Organización defiende que los Presupuestos son «un instrumento muy poderoso no para jugar con él o advertir» y defiende que Sánchez convoque «cuando crea y nunca a remolque ni a presión de nadie».

El Gobierno ya ha puesto encima de la mesa su tesis de que continuará la legislatura con Presupuestos o sin Presupuestos. Y al menos oficialmente el mensaje es seguir apostando por la aprobación de las cuentas de 2019: «Ahora el presidente está concentrado en salvar estos obstáculos», ha dicho Ábalos, que sí ha reconocido que «cada hecho va a condicionar el siguiente».

«Queremos tener un Presupuesto propio» ha planteado Ábalos, que ha insistido en que «no hemos arrojado la toalla», pero que a su vez este Gobierno es «realista». Lo que sí ha reiterado es que el Ejecutivo se dispone a plantear medidas, como la subida del salario mínimo, para que estén listas el 1 de enero: «Hay cuestiones de tanta urgencia que no esperaremos a aprobación o no de los PGE».
Sánchez constata su fragilidad y ya renuncia a los Presupuestos.

El Gobierno no llevará las cuentas al Congreso sin apoyos previos para evitar su derrota.

Itziar Reyero.

Madrid.

Actualizado:

18/11/2018 02:45h.

Pedro Sánchez opta por tirar la toalla y el Consejo de Ministros ni siquiera aprobará el proyecto de Presupuestos Generales para enviarlos al Congreso si antes no cuenta con el compromiso de ERC y PDECat de que los apoyarán. El presidente del Gobierno confirmó en la noche del viernes desde Guatemala las sospechas de que renunciará incluso a iniciar la tramitación presupuestaria para evitar una derrota que ahonde en su fragilidad parlamentaria. ERC y PDECat mantienen su chantaje de vincular cualquier negociación a la absolución de los líderes catalanes procesados por el golpe separatista. Y Sánchez empieza a asumir por fin que no puede fiarse de esos aliados ni para ir a la vuelta de la esquina.

«Soy muy claro, nosotros no vamos a marear a los españoles», reconoció a los periodistas en Antigua (Guatemala), donde ha participado junto al Rey Felipe VI en la XXVI Cumbre Iberoamericana. En cambio, el presidente socialista admitió que su objetivo es resistir a toda costa en La Moncloa. Y para ello está dispuesto a seguir heredando las cuentas de Mariano Rajoy y gobernar a golpe de reales decretos leyes hasta 2020.

«Si hay respaldo parlamentario para poder presentar los Presupuestos en diciembre, perfecto. Si no, nos iremos a modificaciones de reales decretos de esos Presupuestos heredados de la época de Rajoy», aseguró Sánchez, que rechaza ahora su propia doctrina de que un Gobierno incapaz de sacar sus cuentas debe convocar elecciones, como le espetó a su antecesor. Preguntado por los periodistas si se someterá a una cuestión de confianza en la Cámara, Sánchez replicó que esta se mide «cuando lleguen las elecciones».

Ignora la presión de Iglesias
El dirigente socialista ignoró la alerta del viernes de su socio principal, Pablo Iglesias, que admitió que no se puede gobernar España a base de «decretos» y que «lo sensato», si no hay cuentas, es convocar elecciones.

Sánchez, como hizo la víspera la portavoz del Gobierno, se sacudió la presión asegurando que Iglesias no le marcará el paso. «Yo escucho todas las opiniones pero recuerdo que el Gobierno decide por sí mismo», afirmó. E insistió en que si no hay Presupuestos, el Ejecutivo someterá a votación individual las medidas pactadas con Podemos, como el aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a partir de enero. Reconoció, eso sí, que habrá «restricciones» ya que ese acuerdo refleja un límite de gasto superior al aprobado por el Parlamento.

«Tenemos clara cuál es la hoja de ruta», señaló. «Eventualmente, si no se aprueban los Presupuestos, lo vamos a hacer a través de reales decretos leyes», abundó.

La posición de Iglesias de calentar las urnas choca frontalmente con la del otro socio fundamental de Sánchez, el PNV. Los nacionalistas vascos reiteran su rechazo a cualquier adelanto electoral y consideran que se pueden prorrogar las cuentas que ya pactaron con Rajoy días antes de la moción de censura. De hecho, creen que el líder socialista se equivoca al insistir en unas cuentas inviables.

Su presidente, Andoni Ortuzar, señaló este martes la frágil realidad de Sánchez asegurando que no se «desgastarán» en una nueva negociación que «tiene pocos visos de salir». Al contrario que los socialistas, que acusan a PP y Ciudadanos de «bloquear» al Gobierno, reconoció que el principal obstáculo de Sánchez es la falta de sintonía con sus socios de ERC y PDECat.

Sánchez les reprochó que condicionen su apoyo a maniobras del Gobierno ante el poder judicial para absolver a los dirigentes encarcelados por el «procés» separatista en Cataluña. Tras admitir que no hay «abierta» ninguna negociación «todavía», denunció el chantaje: «Tanto critican la politización de la justicia que lo que pretenden es judicializar la política». Y enfatizó que «es imposible» que el Ejecutivo fuerce un cambio de posición en el poder judicial.

Montero no irá a la Cámara
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no acudirá este miércoles a la comisión de Hacienda para explicar las líneas generales de los Presupuestos. El Gobierno marcó la semana después del puente de la Constitución (10 de diciembre) para que el Consejo de Ministros remitiera al Congreso el proyecto. Pero ahora matiza que no lo hará sin apoyos previos.
El PSOE quiso tumbar la equiparación salarial pero cambió para no quedarse solo con los separatistas.

Luz Sela y Segundo Sanz. 14/11/2018.14:39.

El PSOE de Pedro Sánchez llegó a barajar el voto en contra de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de equiparación salarial de la Policía Nacional y la Guardia Civil con policías autonómicas y locales, cuya toma en consideración fue aprobada este martes por el Pleno del Congreso de los Diputados.

Según ha podido saber OKDIARIO de fuentes de Jusapol, el colectivo que ha promovido esta ILP, el Grupo Socialista estaba dispuesto a frenar esta iniciativa en la Cámara baja a las primeras de cambio. Tales fuentes de Jusapol aseguran incluso que los socialistas trataron de presionar a Podemos para que reconsiderara su voto. Al final, en este filtro inicial, el PSOE terminó votando a favor de la tramitación (al igual que PP, Ciudadanos y Podemos), pese a sus críticas al texto, para no quedarse solo en el rechazo junto a los separatistas catalanes, los nacionalistas vascos y los proetarras de EH Bildu.

Durante el debate parlamentario, el diputado socialista David Serrada cuestionó la ILP por “entrar en confrontación con preceptos constitucionales y legales” y por estar “sustentada en una visión del modelo policial tremendamente reduccionista, pasando por alto los estatutos de autonomía de las comunidades autónomas”. Sin embargo, y tras atacar frontalmente a la iniciativa de Jusapol, que cuenta con más de 550.000 firmas, Serrada esgrimió que su partido votaría a favor por el hecho de ser una iniciativa ciudadana, por contar con el respaldo de los principales sindicatos policiales y asociaciones de la Guardia Civil y porque “creemos positivas todas las iniciativas que tengan que ver con la defensa de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”.

Tres argumentos genéricos para ocultar su verdadera intención, la de no echarse encima a los nacionalistas y separatistas en este asunto y complicar todavía más la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2019, que el Ejecutivo de Sánchez quiere llevar a las Cortes en el mes de diciembre. Los mismos nacionalistas y separatistas (PNV, ERC, PDeCAT y EH-Bildu) que le apoyaron en la moción de censura contra Mariano Rajoy.

Ya en la presentación de la ILP por el portavoz de Jusapol, Natan Espinosa, en la Comisión de Interior del Congreso el pasado 31 de octubre, la diputada socialista Patricia Sierra avanzó que la iniciativa les generaba “ciertas dudas”.

Una ley de retribuciones.

Desde el colectivo Jusapol (Justicia Salarial Policial) están dispuestos a aceptar cambios legales en su ILP siempre y cuando exista el compromiso de “desarrollar la cláusula octava” del acuerdo de mejora salarial alcanzado el pasado marzo por el Gobierno del PP con los sindicatos policiales y asociaciones de la Guardia Civil. Esta cláusula plantea redactar una Ley de retribuciones de las Fuerzas de Seguridad que garantice una “equiparación real”con las policías autonómicas. Esto se sustanciará, a partir de ahora, en la Comisión de Interior del Congreso y nunca vería la luz dicha Ley de retribuciones de la Fuerzas de Seguridad antes de seis meses, debido a los plazos de tramitación.

600 euros de diferencia.

Según Jusapol, el Ejecutivo de Sánchez ha empezando a aplicar el acuerdo entre Gobierno del PP y sindicatos, que no es sino una “falsa equiparación salarial”. El colectivo denuncia que la subida que ha autorizado Moncloa -162 euros brutos al mes más para los policías y 176 para los guardias civiles- es todavía insuficiente, ya que anda muy lejos de la diferencia de 600 euros de media entre el sueldo de un policía o Guardia Civil y un policía autonómico.
¿Tú tienes bula? ¿puedes hacer lo que te dè la gana?. Hacerlo lo haces en cuanto a insultos.
Saludos.
¿Donde están los insultos?, debes de tener cuidado y no usar esa palabra gratuitamente, eres muy dada a ello, otra más no te lo permitiré.
¿Y los aviones? ¿Y los barcos? También contaminan, ¿van a ser eléctricos?
Eso será harina de otro costal, para el año 2050 a los que participamos en este foro nos va a venir un pelín largo, ¡vamos que lo tenemos difícil para verlo!

Un saludo.