PEDRO de TENA:
La juez Alaya interrogará al aparato jurídico-interventor de la Junta, por falta de diligencia.
El foco de la juez Alaya se dirige también hacia quien fuera interventor general de la Junta en el momento de los hechos decisivos del caso de los ERE, Manuel Gómez Martínez.
En 2005, la Intervención General, a las órdenes de Griñán, examinó el llamado fondo de reptiles y efectuó un informe con observaciones en términos muy duros, pero sin llegar a emitir un documento de actuación que habría alertado del menoscabo en los fondos públicos. Por qué no emitió ese informe con instrucciones concretas para evitar lo que ocurría es una pregunta sin respuesta que la juez quiere que se responda.
Manuel Gómez Martínez fue la persona que firmó los informes del máximo órgano fiscalizador que alertaban de la falta de procedimiento administrativo con el que se estaban repartiendo todos los años los fondos de los ERE. Sin embargo, La Razón contó que se mofaba de Javier Arenas en su blog y tronaba contra el PP y sus actuaciones en el caso de los ERE.
Según el artículo 9 del Reglamento de la Intervención general de la Junta de Andalucía de 1988, "si el interventor general de la Junta de Andalucía al conocer un expediente, observara que la obligación o gasto a que corresponda no ha sido previamente fiscalizado estando obligado a ello, lo manifestará así al órgano que hubiera iniciado aquél y emitirá al mismo tiempo su opinión respecto de la propuesta, a fin de que, uniendo este informe al resto de las actuaciones, pueda el titular del Departamento del que aquélla proceda, si lo considera conveniente, acordar que se someta lo actuado a la decisión del Consejo de Gobierno o a la Comisión General de Viceconsejeros, según que la obligación o gasto exceda o no de veinticinco millones de pesetas."
Y en el artículo 5.3, se dice: "La Intervención General de la Junta de Andalucía informará trimestralmente al Consejero de Hacienda y Planificación de las cuestiones más importantes que se hayan detectado en estas fiscalizaciones posteriores, proponiendo, en su caso, las actuaciones que considere aconsejables". Son fiscalizaciones posteriores porque en este Reglamento no se permiten las fiscalizaciones previas, por ejemplo, en el caso de subvenciones.
Tampoco se conoce si el Interventor acompañó sus observaciones por una "nota de disconformidad" legislada en el mismo Reglamento, preceptiva para que el caso y una propuesta de actuaciones llegara al Consejo de Gobierno.
Mercedes Alaya sostiene que fue el gobierno socialista de la Junta el que diseñó una estrategia para entregar subvenciones -647 millones en 10 años- a círculos empresariales cercanos a la Administración y hacerlo evitando los controles de la Intervención General y de la Unión Europea. Por ello, la magistrada cree que los servicios jurídicos de la Junta -que velan por el cumplimiento de la legalidad- y la Intervención General -que fiscaliza los gastos- pudieron formar parte de esta estrategia para permitir que el Gobierno favoreciera a determinados empresarios o que, al menos, no fueron tan diligentes como debieron.
Para El País, el próximo paso de la juez será interrogar al exinterventor general, Manuel Gómez, y al exjefe de los servicios jurídicos de la Junta, Francisco del Río, acompañados de otros técnicos como el interventor delegado en la agencia Idea -pagadora de las ayudas-.
La pregunta es por qué en 2005 la Intervención General, a las órdenes de Griñán, examinó el fondo y efectuó un informe con observaciones en términos muy duros, pero sin llegar a emitir un informe de actuación que habría alertado del menoscabo en los fondos públicos. Además se pregunta por qué los informes de la Intervención posteriores a 2005 -entre 2006 y 2008- son mucho más débiles en su reprimenda a la Consejería de Empleo, a pesar de que el procedimiento permaneció inalterado esos años. "La transferencia de capital ha prescindido del procedimiento administrativo establecido", se limitó a subrayar el informe de 2007.
Alaya sostiene que en 2000, mucho antes de los desmanes del exdirector general Javier Guerrero, la cúpula de la Junta decidió implantar el sistema. El exconsejero Antonio Fernández, en prisión preventiva, respondió sobre el origen del fondo: "Lo hizo un consejero, y un consejero nunca actúa en contra de lo que decide o indica el Gobierno de la Junta".
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