El Supremo revoca el tercer grado y deniega el 100.2 a los nueve golpistas del 1-O.
La Sala que preside el magistrado Marchena destaca que es preciso que transcurra un periodo de tiempo mayor para evaluar la evolución del interno.
Miguel Ángel Pérez. 2020-12-04.
El Tribunal Supremo ha revocado el tercer grado penitenciario concedido por el departamento de Justicia de la Generalidad catalana a los golpistas 9 condenados por un delito de sedición por el golpe 1-O, al considerar que se trata de una medida prematura. Una decisión judicial que afecta al exvicepresidente catalán Oriol Junqueras, lo exconsejeros Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Joaquim Forn y Dolors Bassa; la expresidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell; el expresidente de a ANC, Jordi Sánchez; y el presidente de Ómnium Cultural, Jordi Cuixart.
La Sala que preside el magistrado Manuel Marchena destaca que es preciso que transcurra un periodo de tiempo mayor para evaluar adecuadamente la evolución del interno y el tratamiento penitenciario, máxime cuando se trata de condenas elevadas (de 9 a 13 años de cárcel) de las que ninguno ha cumplido la mitad, y la mayoría ni siquiera una cuarta parte. La Sala estima así los recursos de apelación de la Fiscalía contra el progreso a tercer grado penitenciario concedido por la Generalidad y ratificado después por los juzgados de Vigilancia Penitenciaria, de manera que deberán continuar en segundo grado.
Asimismo, estima el recurso de la Fiscalía en relación a la aplicación a estos internos del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, que suponía también un régimen de semilibertad, y que les deniega, reiterando los argumentos que dio respecto a Carme Forcadell el pasado mes de julio, por la falta de conexión de un programa de tratamiento de ese tipo con un proceso de reinserción de los delitos cometidos.
PD: DE MOMENTO AGUA Y AJO PARA LOS INDEPENDENTISTAS. ¿HASTA CUANDO?
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La Sala que preside el magistrado Manuel Marchena destaca que es preciso que transcurra un periodo de tiempo mayor para evaluar adecuadamente la evolución del interno y el tratamiento penitenciario, máxime cuando se trata de condenas elevadas (de 9 a 13 años de cárcel) de las que ninguno ha cumplido la mitad, y la mayoría ni siquiera una cuarta parte. La Sala estima así los recursos de apelación de la Fiscalía contra el progreso a tercer grado penitenciario concedido por la Generalidad y ratificado después por los juzgados de Vigilancia Penitenciaria, de manera que deberán continuar en segundo grado.
Asimismo, estima el recurso de la Fiscalía en relación a la aplicación a estos internos del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, que suponía también un régimen de semilibertad, y que les deniega, reiterando los argumentos que dio respecto a Carme Forcadell el pasado mes de julio, por la falta de conexión de un programa de tratamiento de ese tipo con un proceso de reinserción de los delitos cometidos.
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