Junqueras quería recaudar todos los impuestos del Estado tras el 1-O para chantajear al Gobierno.
M. A. Ruiz Coll. 05/11/2018. 02:22.
El ex vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras pretendía que la Agencia Tributaria Catalana (ATC) se encontrara a pleno rendimiento para recaudar todos los impuestos del Estado en Cataluña a partir del 1-O, con el fin de chantajear al Gobierno y forzar un proceso de “independencia negociada”.
Los responsables del golpe de Estado temían que el gobierno de Rajoy cortara de inmediato todas las inyecciones económicas del FLA tras la declaración de independencia. Y habían calculado que la Generalitat necesitaría al menos 5.000 millones de euros al mes para garantizar el funcionamiento de sus servicios durante el “período de transición”, hasta que la secesión se hiciera efectiva con reconocimientos internacionales.
Para garantizarse esta liquidez, la Vicepresidencia de la Generalitat que dirigía Oriol Junqueras gastó 753.000 euros públicos en dos aplicaciones informáticas que permitirían a la Agencia Tributaria Catalana (ATC) recaudar todos los impuestos estatales sobre los que no tenía competencias, como el IRPF y el IVA, así como las cotizaciones de la Seguridad Social.
El Ejecutivo regional ya había comenzado a almacenar desde 2014 los datos fiscales de miles de contribuyentes catalanes, mediante una campaña en la que animó a los ciudadanos a registrar voluntariamente su declaración de IRPF ante la Generalitat, tras abonarla a Hacienda.
M. A. Ruiz Coll. 05/11/2018. 02:22.
El ex vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras pretendía que la Agencia Tributaria Catalana (ATC) se encontrara a pleno rendimiento para recaudar todos los impuestos del Estado en Cataluña a partir del 1-O, con el fin de chantajear al Gobierno y forzar un proceso de “independencia negociada”.
Los responsables del golpe de Estado temían que el gobierno de Rajoy cortara de inmediato todas las inyecciones económicas del FLA tras la declaración de independencia. Y habían calculado que la Generalitat necesitaría al menos 5.000 millones de euros al mes para garantizar el funcionamiento de sus servicios durante el “período de transición”, hasta que la secesión se hiciera efectiva con reconocimientos internacionales.
Para garantizarse esta liquidez, la Vicepresidencia de la Generalitat que dirigía Oriol Junqueras gastó 753.000 euros públicos en dos aplicaciones informáticas que permitirían a la Agencia Tributaria Catalana (ATC) recaudar todos los impuestos estatales sobre los que no tenía competencias, como el IRPF y el IVA, así como las cotizaciones de la Seguridad Social.
El Ejecutivo regional ya había comenzado a almacenar desde 2014 los datos fiscales de miles de contribuyentes catalanes, mediante una campaña en la que animó a los ciudadanos a registrar voluntariamente su declaración de IRPF ante la Generalitat, tras abonarla a Hacienda.