pamplona. Los abogados de Francisco Correa, presunto cerebro de la trama Gürtel, y José Luis Ulibarri, otro de los principales inculpados, han pedido al Tribunal Supremo que imponga una pena de hasta 17 años de inhabilitación contra el juez Garzón por ordenar escuchas ilegales a sus defendidos cuando ingresaron en prisión. Asimismo solicitan al Alto Tribunal que se abra juicio oral contra el juez por los delitos de prevaricación judicial continuada y contra las garantías constitucionales, y que se le impongan multas que van desde los 2.190 a los 3.240 euros.
Por su parte la Fiscalía ha pedido al Supremo que decida si llamará o no a declarar como testigo en esta causa al instructor del caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, antes de decidir si confirma el auto en el que da por finalizada la instrucción y confirmaba la existencia de indicios delictivos contra el magistrado estrella. Fue la defensa del propio Garzón quien solicitó este testimonio y la fiscalía considera que, de no responderle, se "podría producir indefensión material para el recurrente" y añade que "no puede limitarse el derecho a solicitar la práctica de diligencias" porque la causa esté bajo secreto.
Además de la declaración de Pedreira, Garzón reclamó que se interrogue al abogado Ignacio Peláez, defensor de Ulibarri y precisamente quien presentó la querella por prevaricación y uso de artificios contra el juez estrella. La Fiscalía comparte el argumento de Garzón de que el secreto del sumario Gürtel, que afecta tanto a Pedreira como a Peláez, "no puede limitar ahora" el derecho de defensa del juez.
argumentos Según explican las defensas de Correa y Ulibarri en sus respectivos escritos presentados ayer, Garzón, con la finalidad de obtener información de relevancia para el proceso del caso Gürtel que "no tenía la seguridad de poder obtener mediante la utilización de medios lícitos", decidió acceder indebidamente a las conversaciones "confidenciales" que mantuvieran los internos con sus abogados. A su juicio, el juez estrella -que se encuentra suspendido cautelarmente de sus funciones desde mayo tras abrirle el Supremo juicio por declararse competente para investigar los crímenes del franquismo- pretendía obtener datos reservados "para favorecer el éxito de la investigación".
También aseguran que Garzón "adornando la medida con una resolución judicial, aparentemente motivada, obtuvo la colaboración de la Policía para introducirse, de forma indebida, en las comunicaciones reservadas de los internos y sus abogados". Asimismo mantienen que el juez "con pleno conocimiento, y a sabiendas de su improcedencia e ilicitud", ordenó grabar las conversaciones de Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez, los tres principales imputados en Gürtel.
En su declaración ante el Supremo, Garzón justificó su actuación diciendo que ordenar las escuchas era la "única vía" para evitar que ocultaran pruebas.
HAY QUE TENER LA CARA DURA COMO EL CEMENTO, COMO CORREA
Por su parte la Fiscalía ha pedido al Supremo que decida si llamará o no a declarar como testigo en esta causa al instructor del caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, antes de decidir si confirma el auto en el que da por finalizada la instrucción y confirmaba la existencia de indicios delictivos contra el magistrado estrella. Fue la defensa del propio Garzón quien solicitó este testimonio y la fiscalía considera que, de no responderle, se "podría producir indefensión material para el recurrente" y añade que "no puede limitarse el derecho a solicitar la práctica de diligencias" porque la causa esté bajo secreto.
Además de la declaración de Pedreira, Garzón reclamó que se interrogue al abogado Ignacio Peláez, defensor de Ulibarri y precisamente quien presentó la querella por prevaricación y uso de artificios contra el juez estrella. La Fiscalía comparte el argumento de Garzón de que el secreto del sumario Gürtel, que afecta tanto a Pedreira como a Peláez, "no puede limitar ahora" el derecho de defensa del juez.
argumentos Según explican las defensas de Correa y Ulibarri en sus respectivos escritos presentados ayer, Garzón, con la finalidad de obtener información de relevancia para el proceso del caso Gürtel que "no tenía la seguridad de poder obtener mediante la utilización de medios lícitos", decidió acceder indebidamente a las conversaciones "confidenciales" que mantuvieran los internos con sus abogados. A su juicio, el juez estrella -que se encuentra suspendido cautelarmente de sus funciones desde mayo tras abrirle el Supremo juicio por declararse competente para investigar los crímenes del franquismo- pretendía obtener datos reservados "para favorecer el éxito de la investigación".
También aseguran que Garzón "adornando la medida con una resolución judicial, aparentemente motivada, obtuvo la colaboración de la Policía para introducirse, de forma indebida, en las comunicaciones reservadas de los internos y sus abogados". Asimismo mantienen que el juez "con pleno conocimiento, y a sabiendas de su improcedencia e ilicitud", ordenó grabar las conversaciones de Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez, los tres principales imputados en Gürtel.
En su declaración ante el Supremo, Garzón justificó su actuación diciendo que ordenar las escuchas era la "única vía" para evitar que ocultaran pruebas.
HAY QUE TENER LA CARA DURA COMO EL CEMENTO, COMO CORREA