Por un lado, el texto que se ha hecho llegar a las...

El Supremo devuelve la pelota a Batet: el Congreso debe suspender a los diputados golpistas.

Según el Supremo, "la configuración constitucional del Tribunal Supremo hace inviable la elaboración del informe requerido" por Meritxel Batet.

Miguel Ángel Pérez -2019-05-23.

El Tribunal Supremo ha remitido hoy un escrito a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, donde insiste en los argumentos ofrecidos en su auto de 14 de mayo dejando claro que la Mesa del Congreso era la competente para suspender a los diputados golpistas, tal y como avanzaba esRadio y Libertad Digital. Una decisión que tomaba para evitar un "conflicto competencial" en pleno juicio sobre el 1-O,

Batet remitía ayer un oficio al presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, solicitando que la Sala de Enjuiciamiento del 1-O confeccionase un informe sobre la suspensión de los 4 diputados presos, Oriol Junqueras, Josep Rull, Jordi Turull y Jordi Sánchez, que recoge el artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal LECRIM.

Dicho artículo establece que "firme un auto de procesamiento y decretada la prisión provisional por delito cometido por persona integrada o relacionada con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes, el procesado que estuviere ostentando función o cargo público quedará automáticamente suspendido en el ejercicio del mismo mientras dure la situación de prisión".

Según el Supremo, "la configuración constitucional del Tribunal Supremo hace inviable la elaboración del informe requerido" por Meritxel Batet, sobre la aplicación del el artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal LECRIM. El escrito firmado por el presidente del tribunal del 1-O, Manuel Marchena, añade además que la causa penal seguirá su curso y que es misión del tribunal salvaguardar los fines del proceso.

Recordamos que en el auto de la semana pasada remitido al Congreso y el Senado, el Supremo afirmaba que "el ejercicio de ese derecho participativo y particularmente el ejercicio efectivo del cargo para el que han sido elegidos puede verse afectado, en su caso, en la medida en que se pretenda su ejercicio de una manera incompatible con la situación cautelar de privación de libertad en la que en este momento se encuentran. El propio artículo 21 del Reglamento del Congreso de los Diputados prevé la situación de que un diputado se halle en situación de prisión preventiva y que ello implique la suspensión de sus derechos y deberes parlamentarios".

Por un lado, el texto que se ha hecho llegar a las cámaras indica que mañana los parlamentarios que se encuentran provisionalmente en el centro penitenciario de Soto del Real y que están siendo juzgados deben estar custodiados por la Policía y ser reintegrados "sin dilación" una vez concluya el Pleno.

Pero también hace hincapié en que el Reglamento del Congreso de los Diputados, en su artículo 21, prevé que la situación de un diputado se halle en situación de prisión preventiva "y que ello implique la suspensión de sus derechos y deberes parlamentarios". Asimismo, destaca que la prisión no es incompatible con la condición de diputado o de senador ni implica una vulneración de sus derechos como tal cuando es proporcionada y no responde a una finalidad arbitraria.

Las fuentes consultadas apuntan que la Sala de lo Penal considera que la suspensión de funciones de los elegidos corresponde a las Cámaras porque de lo contrario supondría una "injerencia" en el Poder Legislativo. Añaden que no se trata de una decisión que se tenga que adoptar, "sino que se declara como un efecto legal asociado a ese precepto".

La otra opción que se podría barajar para la suspensión del cargo de los cinco presos electos es el artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim), que se aplica a individuos procesados mientras se encuentran en prisión. Así les ocurrió a algunos de ellos cuando fueron elegidos como representantes en el Parlament, en los comicios autonómicos del 21 de diciembre de 2017, a los que el juez instructor del Supremo Pablo Llarena aplicó este precepto legal.

De momento, Junqueras, Sànchez, Rull, Turull han sido trasladados este lunes hasta el Congreso y Romeva al Senado para realizar todos los trámites pendientes para recoger sus respectivas actas de parlamentarios bajo supervisión policial, de acuerdo a lo fijado en una providencia de la Sala del pasado viernes en las que ordenaba que los presos estuvieran "debidamente custodiados".

También indicaba a las Presidencias de las Cámaras que adoptasen "las decisiones oportunas para que dichos trámites se practiquen sin dilación y para que sean reintegrados al centro penitenciario a la mayor brevedad posible". Estas mismas condiciones serán las que tendrán los cinco presos electos mañana cuando vuelvan a las respectivas sedes parlamentarias para asistir exclusivamente a las sesiones constitutivas.