SENTENCIA CASO ERE.
La Junta estudia la vía civil que bloqueó Susana Díaz para recuperar el dinero defraudado por los ERE.
La presidenta decidió que la administración se retirase del caso por lo que ahora no puede reclamar 680 millones.
Stella Benot.
SEVILLA Actualizado: 21/11/2019 07:42h.
El Gobierno del cambio siempre ha defendido que una de sus prioridades es recuperar todo el dinero defraudado por los ERE. Pero no es tan sencillo. El presidente andaluz, Juanma Moreno, y el vicepresidente, Juan Marín, trasladaron este miércoles el mismo mensaje en sendas entrevistas en medios de comunicación: «Es muy difícil».
En la sentencia de los ERE el juez Juan Antonio Calle Peña cifra en 680 millones de euros el montante global de los créditos presupuestarios de los programas 22E y luego 31L, que se concedían a empresas en crisis mediante un «mecanismo inadecuado» que ha terminado en una condena por malversación de fondos públicos para numerosos cargos públicos, incluyendo al expresidente José Antonio Griñán.
El presidente andaluz ha dado instrucciones al Gabinete Jurídico para que se haga todo lo que se pueda hacer para recuperar el dinero, aunque han pasado muchos años y algunas empresas ya han desaparecido y otras han modificado su situación mercantil y jurídica. No obstante, ha dado orden de «mover y remover cualquier obstáculo para recuperar el dinero».
En el mismo sentido se expresaba Juan Marín asegurando que la vía civil es el único camino viable para recuperar estos fondos que una sentencia judicial (que se va a recurrir ante el Supremo) considera que se han malversado.
La clave está en que la Junta de Andalucía se retiró como acusación particular el 17 de octubre de 2016, cuando Susana Díaz era presidenta. Hasta entonces, la administración andaluza estaba personada como acusación particular pero, a raíz de un informe del Gabinete Jurídico de la Junta, Susana Díaz decidió retirar la acusación y, por lo tanto, no pedir fianza a los cargos imputados. Asimismo, la Junta se reservaba la vía civil para después de la celebración del juicio oral.
La Junta estudia la vía civil que bloqueó Susana Díaz para recuperar el dinero defraudado por los ERE.
La presidenta decidió que la administración se retirase del caso por lo que ahora no puede reclamar 680 millones.
Stella Benot.
SEVILLA Actualizado: 21/11/2019 07:42h.
El Gobierno del cambio siempre ha defendido que una de sus prioridades es recuperar todo el dinero defraudado por los ERE. Pero no es tan sencillo. El presidente andaluz, Juanma Moreno, y el vicepresidente, Juan Marín, trasladaron este miércoles el mismo mensaje en sendas entrevistas en medios de comunicación: «Es muy difícil».
En la sentencia de los ERE el juez Juan Antonio Calle Peña cifra en 680 millones de euros el montante global de los créditos presupuestarios de los programas 22E y luego 31L, que se concedían a empresas en crisis mediante un «mecanismo inadecuado» que ha terminado en una condena por malversación de fondos públicos para numerosos cargos públicos, incluyendo al expresidente José Antonio Griñán.
El presidente andaluz ha dado instrucciones al Gabinete Jurídico para que se haga todo lo que se pueda hacer para recuperar el dinero, aunque han pasado muchos años y algunas empresas ya han desaparecido y otras han modificado su situación mercantil y jurídica. No obstante, ha dado orden de «mover y remover cualquier obstáculo para recuperar el dinero».
En el mismo sentido se expresaba Juan Marín asegurando que la vía civil es el único camino viable para recuperar estos fondos que una sentencia judicial (que se va a recurrir ante el Supremo) considera que se han malversado.
La clave está en que la Junta de Andalucía se retiró como acusación particular el 17 de octubre de 2016, cuando Susana Díaz era presidenta. Hasta entonces, la administración andaluza estaba personada como acusación particular pero, a raíz de un informe del Gabinete Jurídico de la Junta, Susana Díaz decidió retirar la acusación y, por lo tanto, no pedir fianza a los cargos imputados. Asimismo, la Junta se reservaba la vía civil para después de la celebración del juicio oral.