El Gobierno pagó a Interpharma 26 euros por cada test ‘fake’, casi el triple del precio de mercado.
Inter Pharma carecía de permisos para vender en España los test fallidos.
Illa contrató por 4,2 millones a una empresa sin empleados.
Sanidad ignoró una lista de proveedores fiable para las compras.
La información incluía productos garantizados en el mercado como test, respiradores y mascarillas. Ninguna de las empresas «fake» formaba parte del listado.
La información incluía productos garantizados en el mercado como test, respiradores y mascarillas. Ninguna de las empresas «fake» formaba parte del listado.