Gobierno ha dado el primer paso para llevar al Tribunal Constitucional a la Junta de Castilla y León a fin de evitar que PP y Vox adopten en esta región cualquier actuación que afecte o limite la ley del aborto. El Consejo de Ministros aprobará hoy un acuerdo por el que “se requiere de incompetencia” al Ejecutivo regional para que se abstenga de adoptar “cualesquiera actuaciones que vulneren o menoscaben la ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo”. El Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco y Juan García Gallardo tiene un mes para contestar. En caso de no hacerlo, lo habitual tras este requerimiento es la presentación de un conflicto de competencias ante el Constitucional, cuya sola admisión supone la suspensión automática durante seis meses de la norma autonómica recurrida, hasta que se pronuncie el tribunal. No obstante, no existe de momento el protocolo que anunció Vox con el que quería obligar a las mujeres gestantes que quieran abortar a escuchar el latido fetal y a ver una ecografía en 4D. De hecho, Mañueco desautorizó este lunes a su vicepresidente al afirmar que no hay cambio alguno, ni nuevo protocolo ni ninguna medida “que pueda suponer una coacción” a la mujer embarazada.