eL pERIÓDICO
La justicia europea tumba el modelo 720 que obliga a declarar los bienes en el extranjero
El Tribunal de Justicia de la UE sentencia que las restricciones a la libre circulación de capitales que impone son desproporcionadas y las multas muy elevadas
Según el fallo, la legislación española "va más allá de lo necesario" para garantizar controles fiscales eficaces y luchar contra el fraude y la evasión fiscal,
La justicia europea tumba el modelo 720 que obliga a declarar los bienes en el extranjer
Silvia Martinez
Bruselas
27 de enero del 2022. 13:15
La legislación nacional que obliga a los residentes fiscales en España a declarar sus bienes o derechos situados en el extranjero -desde bienes inmuebles hasta cuentas bancarias, activos, fondos propios, patrimonio de todo tipo de entidades así como seguros de vida e invalidez- vulnera el derecho comunitario. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha sentenciado este jueves contra la controvertida ley española, promovida por el ex ministro del PP, Cristobal Montoro, al considerar que impone restricciones a la libre circulación de capitales “desproporcionadas” que van contra el derecho de la UE.
El fallo responde al procedimiento de infracción lanzado hace más de un lustro por la Comisión Europea contra la legislación española que obliga a los residentes fiscales a declarar sus bienes o derechos con un valor superior a los 50.000 euros situados en el extranjero, a través de un formulario denominado ‘modelo 720’. Ante la falta de soluciones, Bruselas denunció a España ante el TJUE en 2019 al considerar que determinados aspectos “eran desproporcionados”.
Según esta ley, los residentes en España que no declaren o declaren de manera imperfecta o tarde los bienes y derechos que posean en el extranjero se exponen a multas importantes. De 5.000 euros por cada dato o conjunto de datos omitidos, incompleto, inexacto o falso, con un mínimo de 10.000 euros. Además, por cada dato o conjunto de datos declarado fuera de plazo o no declarado por medios electrónicos, informáticos o telemáticos cuando existía obligación de hacerlo la administración tributaria impone una sanción de 100 euros, con un mínimo de 1.500 euros.
Obligaciones incumplidas
En su fallo de este jueves, la corte ha sentenciado que España ha incumplido sus obligaciones respecto al principio de libre circulación de capitales porque la obligación de presentar el ‘modelo 720’ y las sanciones derivadas del incumplimiento, que no tiene equivalente en el caso de los bienes o derechos situados en España, establecen una diferencia de trato entre los residentes en España, en función del lugar de localización de sus activos.
“Esta obligación puede disuadir a los residentes de ese Estado miembro de invertir en otros Estados miembros, impedirles hacerlo o limitar sus posibilidades de hacerlo, y constituye, por tanto, una restricción a la libre circulación de capitales", sostienen los jueces que reconocen que, aunque la controvertida legislación podría estar justificada para garantizar la eficacia de los controles fiscales y luchar contra el fraude y la evasión fiscal, concluyen que va más “más allá de lo necesario” para alcanzar dichos objetivos.
Opciones "desproporcionadas"
Los jueces europeos considera, en primer lugar, que las opciones elegidas en materia de prescripción son desproporcionadas porque permiten a la Administración tributaria proceder “sin limitación temporal” a la regularización del impuesto adecuado por las cantidades correspondientes al valor de los bienes o derechos situados en el extranjero y no declarados. Esto, sentencian, produce “un efecto de imprescriptibilidad” que permite a Hacienda cuestionar “una prescripción ya consumada a favor del contribuyente lo que vulnera la exigencia fundamental de seguridad jurídica” y “va más allá de lo necesario” para garantizar los controles fiscales.
La justicia europea tumba el modelo 720 que obliga a declarar los bienes en el extranjero
El Tribunal de Justicia de la UE sentencia que las restricciones a la libre circulación de capitales que impone son desproporcionadas y las multas muy elevadas
Según el fallo, la legislación española "va más allá de lo necesario" para garantizar controles fiscales eficaces y luchar contra el fraude y la evasión fiscal,
La justicia europea tumba el modelo 720 que obliga a declarar los bienes en el extranjer
Silvia Martinez
Bruselas
27 de enero del 2022. 13:15
La legislación nacional que obliga a los residentes fiscales en España a declarar sus bienes o derechos situados en el extranjero -desde bienes inmuebles hasta cuentas bancarias, activos, fondos propios, patrimonio de todo tipo de entidades así como seguros de vida e invalidez- vulnera el derecho comunitario. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha sentenciado este jueves contra la controvertida ley española, promovida por el ex ministro del PP, Cristobal Montoro, al considerar que impone restricciones a la libre circulación de capitales “desproporcionadas” que van contra el derecho de la UE.
El fallo responde al procedimiento de infracción lanzado hace más de un lustro por la Comisión Europea contra la legislación española que obliga a los residentes fiscales a declarar sus bienes o derechos con un valor superior a los 50.000 euros situados en el extranjero, a través de un formulario denominado ‘modelo 720’. Ante la falta de soluciones, Bruselas denunció a España ante el TJUE en 2019 al considerar que determinados aspectos “eran desproporcionados”.
Según esta ley, los residentes en España que no declaren o declaren de manera imperfecta o tarde los bienes y derechos que posean en el extranjero se exponen a multas importantes. De 5.000 euros por cada dato o conjunto de datos omitidos, incompleto, inexacto o falso, con un mínimo de 10.000 euros. Además, por cada dato o conjunto de datos declarado fuera de plazo o no declarado por medios electrónicos, informáticos o telemáticos cuando existía obligación de hacerlo la administración tributaria impone una sanción de 100 euros, con un mínimo de 1.500 euros.
Obligaciones incumplidas
En su fallo de este jueves, la corte ha sentenciado que España ha incumplido sus obligaciones respecto al principio de libre circulación de capitales porque la obligación de presentar el ‘modelo 720’ y las sanciones derivadas del incumplimiento, que no tiene equivalente en el caso de los bienes o derechos situados en España, establecen una diferencia de trato entre los residentes en España, en función del lugar de localización de sus activos.
“Esta obligación puede disuadir a los residentes de ese Estado miembro de invertir en otros Estados miembros, impedirles hacerlo o limitar sus posibilidades de hacerlo, y constituye, por tanto, una restricción a la libre circulación de capitales", sostienen los jueces que reconocen que, aunque la controvertida legislación podría estar justificada para garantizar la eficacia de los controles fiscales y luchar contra el fraude y la evasión fiscal, concluyen que va más “más allá de lo necesario” para alcanzar dichos objetivos.
Opciones "desproporcionadas"
Los jueces europeos considera, en primer lugar, que las opciones elegidas en materia de prescripción son desproporcionadas porque permiten a la Administración tributaria proceder “sin limitación temporal” a la regularización del impuesto adecuado por las cantidades correspondientes al valor de los bienes o derechos situados en el extranjero y no declarados. Esto, sentencian, produce “un efecto de imprescriptibilidad” que permite a Hacienda cuestionar “una prescripción ya consumada a favor del contribuyente lo que vulnera la exigencia fundamental de seguridad jurídica” y “va más allá de lo necesario” para garantizar los controles fiscales.