<<El mismo empeño que el Gobierno de Sánchez pone en deshacer condenas de los tribunales franquistas, en crear una Fiscalía de Sala para la ‘memoria democrática’, en remover el pasado para hacer justicia, debería ponerlo en evitar la impunidad de crímenes etarras aún vivos, no prescritos, ni amnistiados, con sus víctimas perfectamente localizadas y con terroristas que, pese a callar lo que saben, reciben el premio de la excarcelación o el acercamiento. Las víctimas no piden imposibles jurídicos. Nunca lo han hecho. Siempre se han acogido a la ley, a la justicia, al Estado de derecho. Por eso merecen un esfuerzo añadido por parte de las instituciones públicas para que, aunque no consigan el castigo penal de los verdugos, la historia pueda poner sus nombres y apellidos en la lista de la infamia>>.