EDITORIAL ABC.
La doble ruina del fugitivo.
El panorama para Puigdemont se oscurece de manera constante: al declinar del proyecto que encarnó para la ruptura inconstitucional del Estado se suma una severa asfixia económica.
ABC.
Actualizado:
11/07/2019 00:17h.
La aventura europea de Carles Puigdemont tiene, además de un impedimento legal irresoluble, un grave problema económico: cuesta mucho dinero, dura mucho y empieza a cansar a muchos de sus partidarios. El expresidente de la Generalitat y prófugo de la Justicia española debió pensar que su autoexilio, además de erigirlo a la condición de presunto mito nacionalista, se financiaría de por vida. Y naturalmente no es así. Es una más de las múltiples ensoñaciones del soberanismo catalán, que poco a poco va descendiendo a la cruda realidad de que un Estado nacional no se rompe fácilmente, de que incumplir la ley es el camino directo al banquillo de los acusados (si uno no sale huyendo cobardemente, como hizo él, dejando tirados a sus cómplices, claro) y de que la euforia separatista hay que pagarla. Como las donaciones a la causa del fugado están bajando a causa del desbarajuste interno de los cabecillas «indepes», Puigdemont ha intentado por todos los medios conseguir el acta de eurodiputado, para asegurarse su nómina y sus generosas asignaciones económicas para asistentes. El revés que le propinó el Tribunal de Justicia de la Unión Europea al rechazar las medidas cautelares contra el «no» del Europarlamento a considerarlo diputado le ha dejado en puertas de la quiebra económica.
De su ruina política se está encargando también el paso del tiempo, por su distanciamiento con su sucesor en la Generalitat, Quim Torra, y por el retorno a escena de Artur Mas, otro expresidente catalán, este sí, condenado por desobediencia y cuya inhabilitación acaba en febrero de 2020. Mas, primer cabecilla del «procés» prejubilado por orden de la CUP, confía en que, puesto en comparación con sus sucesores, el nacionalismo opte por él como mal menor frente al desastre de Puigdemont y Quim Torra. El panorama para Puigdemont se oscurece de manera constante, en la medida en que declina el proyecto que encarnó para la ruptura inconstitucional del Estado. Y si del juicio por el 1-O celebrado en el Tribunal Supremo resultaran condenas a prisión para Oriol Junqueras y otros acusados, el declive de Puigdemont -confortable en su casa-mansión de Waterloo- será imparable. Son 40.000 euros al mes lo que cuesta la fuga, entre el alquiler de la «casa de la república», los asesores, los abogados y la escolta privada que, en teoría, la Generalitat no puede pagar. La asfixia económica ya le aprieta.
La doble ruina del fugitivo.
El panorama para Puigdemont se oscurece de manera constante: al declinar del proyecto que encarnó para la ruptura inconstitucional del Estado se suma una severa asfixia económica.
ABC.
Actualizado:
11/07/2019 00:17h.
La aventura europea de Carles Puigdemont tiene, además de un impedimento legal irresoluble, un grave problema económico: cuesta mucho dinero, dura mucho y empieza a cansar a muchos de sus partidarios. El expresidente de la Generalitat y prófugo de la Justicia española debió pensar que su autoexilio, además de erigirlo a la condición de presunto mito nacionalista, se financiaría de por vida. Y naturalmente no es así. Es una más de las múltiples ensoñaciones del soberanismo catalán, que poco a poco va descendiendo a la cruda realidad de que un Estado nacional no se rompe fácilmente, de que incumplir la ley es el camino directo al banquillo de los acusados (si uno no sale huyendo cobardemente, como hizo él, dejando tirados a sus cómplices, claro) y de que la euforia separatista hay que pagarla. Como las donaciones a la causa del fugado están bajando a causa del desbarajuste interno de los cabecillas «indepes», Puigdemont ha intentado por todos los medios conseguir el acta de eurodiputado, para asegurarse su nómina y sus generosas asignaciones económicas para asistentes. El revés que le propinó el Tribunal de Justicia de la Unión Europea al rechazar las medidas cautelares contra el «no» del Europarlamento a considerarlo diputado le ha dejado en puertas de la quiebra económica.
De su ruina política se está encargando también el paso del tiempo, por su distanciamiento con su sucesor en la Generalitat, Quim Torra, y por el retorno a escena de Artur Mas, otro expresidente catalán, este sí, condenado por desobediencia y cuya inhabilitación acaba en febrero de 2020. Mas, primer cabecilla del «procés» prejubilado por orden de la CUP, confía en que, puesto en comparación con sus sucesores, el nacionalismo opte por él como mal menor frente al desastre de Puigdemont y Quim Torra. El panorama para Puigdemont se oscurece de manera constante, en la medida en que declina el proyecto que encarnó para la ruptura inconstitucional del Estado. Y si del juicio por el 1-O celebrado en el Tribunal Supremo resultaran condenas a prisión para Oriol Junqueras y otros acusados, el declive de Puigdemont -confortable en su casa-mansión de Waterloo- será imparable. Son 40.000 euros al mes lo que cuesta la fuga, entre el alquiler de la «casa de la república», los asesores, los abogados y la escolta privada que, en teoría, la Generalitat no puede pagar. La asfixia económica ya le aprieta.