Una anciana de Villamiel ve recortada su pensión por...

Una anciana de Villamiel ve recortada su pensión por recibir una subvención para arreglar su casa.

El TSJ de Extremadura obliga al Estado a que le vuelva a pagar íntegros los 689,70 euros por viudedad porque la mujer tiene «derecho a una vivienda digna»

Sergio Lorenzo.

Cáceres.

Lunes, 20 de noviembre 2023, 07:29 | Actualizado 09:44h.

Una vecina de la localidad cacereña de Villamiel, de 89 años, estaba recibiendo una pensión de viudedad de 689,70 euros. El tejado de su vivienda se encontraba en mal estado y fue informada de que tenía derecho a una ayuda para hacer la reforma. Le solicitaron la subvención, se la concedieron, y su asombro llegó cuando vio que por ese motivo le habían rebajado su pensión a 594,01 euros. Se la redujeron 95 euros al mes al considerar el Estado que se había producido un incremento de su patrimonio.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha emitido una sentencia en la que condena al Instituto Nacional de la Seguridad Social y a la Tesorería General de la Seguridad Social a que devuelvan a la anciana todo el dinero que le han quitado, y volver a dejar su pensión de viudedad en 689,70 euros.

«Me indignó mucho»

La anciana ha visto restituida su pensión gracias al empeño de un abogado, Francisco Javier García León, que además es su hijo y tiene despacho en Málaga.

«Me indignó mucho que esto le pasara a mi madre –señala el letrado–. Que es una mujer que no tiene tres o cuatro casas, tiene una única vivienda. Le dicen que puede arreglarla, que hay ayudas para ello. Le conceden unos 12.000 euros para las obras, y le rebajan su pensión, que es mínima, que es de lo que vive. ¡Si le van a reducir la pensión que no le den la ayuda!». Francisco Javier García dice que esta sentencia va a crear un precedente, y puede beneficiar a más gente que pase por la situación de su madre. «Seguro que hay más personas a las que les ha pasado –señala– y se han aguantado, les han quitado el dinero y se callan porque no tienen dinero para pagar un abogado o no saben cómo recurrir. La verdad es que no puede ser que la Administración ataque de esta manera al débil».
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