CON VIENTO FRESCO
Juntas vecinales
JOSÉ A. BALBOA DE PAZ 30/07/2012
Estoy de acuerdo con Laureano Rubio en su defensa de las juntas vecinales, no tanto por razones históricas, que también, como por puro sentido común. Sé que éstas son un producto de la historia y, como tal, contingentes; pero su naturaleza relaciona de manera muy directa y mediata población y territorio. En nuestra comunidad, donde mayor número de juntas vecinales se han conservado, se remontan a la repoblación medieval, aunque su origen fuera anterior, probablemente a los concilia publica vicinorum o asambleas de vecinos de época visigoda. Esas asambleas o concejos eran, además de una democracia directa, una organización para la vida en común y un poder para la defensa del territorio de los pueblos. En este sentido, éstos son los propietarios de la tierra común, cuyos límites se alcanzaron tras muchos y largos juicios seculares.
Los municipios y provincias, aunque también tienen un origen remoto, incluso romano, en su configuración actual son una creación del siglo XIX. El liberalismo trató de poner orden no en los concejos sino en las jurisdicciones en las que se incluían (cotos, merindades) con derechos y deberes diferentes según la titularidad de las mismas (realengas, señoriales). Los municipios se crearon uniendo el territorio de varios pueblos en una organización mayor y con un gobierno propio, el ayuntamiento. Sus dimensiones fueron pequeñas porque, con medios de comunicación precarios, se imponía que ninguno estuviera a más de mediodía de distancia a pie de la capital del mismo, algo que hoy no tiene sentido. Las provincias reúnen municipios limítrofes y de características homogéneas, a cuyo frente hay un gobierno común, la Diputación, con el objetivo de fomentar la riqueza de ese territorio. Unos y otras han creado señas de identidad propias, que algunos quieren defender por encima de todo.
Las comunidades autónomas, por último, son una creación de la Constitución de 1978 para descentralizar un Estado que los decretos de Felipe V, la política liberal y su epígono franquista centralizaron hasta sofocar la rica diversidad de España. Pero esa organización no eliminó las anteriores administraciones sino que las integró, creando así una multiplicidad de poderes que, por una parte, ha vaciado al Estado de competencias y por otra, ha impuesto un principio —el de autonomía— que ha resultado insolidario y generador de desequilibrios territoriales. La crisis ha puesto de manifiesto la insostenibilidad de este modelo. Se hace imprescindible una reforma, pero la que propone el gobierno parece el parto de los montes. Ahora nos enteramos que lo que se suprimen son las juntas vecinales, que no cuestan realmente nada, pero se mantienen los más de 8.000 municipios, cuya agrupación se deja al albur de los políticos. Esto es una cortina de humo o una tomadura de pelo.
Juntas vecinales
JOSÉ A. BALBOA DE PAZ 30/07/2012
Estoy de acuerdo con Laureano Rubio en su defensa de las juntas vecinales, no tanto por razones históricas, que también, como por puro sentido común. Sé que éstas son un producto de la historia y, como tal, contingentes; pero su naturaleza relaciona de manera muy directa y mediata población y territorio. En nuestra comunidad, donde mayor número de juntas vecinales se han conservado, se remontan a la repoblación medieval, aunque su origen fuera anterior, probablemente a los concilia publica vicinorum o asambleas de vecinos de época visigoda. Esas asambleas o concejos eran, además de una democracia directa, una organización para la vida en común y un poder para la defensa del territorio de los pueblos. En este sentido, éstos son los propietarios de la tierra común, cuyos límites se alcanzaron tras muchos y largos juicios seculares.
Los municipios y provincias, aunque también tienen un origen remoto, incluso romano, en su configuración actual son una creación del siglo XIX. El liberalismo trató de poner orden no en los concejos sino en las jurisdicciones en las que se incluían (cotos, merindades) con derechos y deberes diferentes según la titularidad de las mismas (realengas, señoriales). Los municipios se crearon uniendo el territorio de varios pueblos en una organización mayor y con un gobierno propio, el ayuntamiento. Sus dimensiones fueron pequeñas porque, con medios de comunicación precarios, se imponía que ninguno estuviera a más de mediodía de distancia a pie de la capital del mismo, algo que hoy no tiene sentido. Las provincias reúnen municipios limítrofes y de características homogéneas, a cuyo frente hay un gobierno común, la Diputación, con el objetivo de fomentar la riqueza de ese territorio. Unos y otras han creado señas de identidad propias, que algunos quieren defender por encima de todo.
Las comunidades autónomas, por último, son una creación de la Constitución de 1978 para descentralizar un Estado que los decretos de Felipe V, la política liberal y su epígono franquista centralizaron hasta sofocar la rica diversidad de España. Pero esa organización no eliminó las anteriores administraciones sino que las integró, creando así una multiplicidad de poderes que, por una parte, ha vaciado al Estado de competencias y por otra, ha impuesto un principio —el de autonomía— que ha resultado insolidario y generador de desequilibrios territoriales. La crisis ha puesto de manifiesto la insostenibilidad de este modelo. Se hace imprescindible una reforma, pero la que propone el gobierno parece el parto de los montes. Ahora nos enteramos que lo que se suprimen son las juntas vecinales, que no cuestan realmente nada, pero se mantienen los más de 8.000 municipios, cuya agrupación se deja al albur de los políticos. Esto es una cortina de humo o una tomadura de pelo.