LA JUNTA ORDENÓ EN 2008 TAPAR EL ESCÁNDALO DE LOS ERE FALSOS
La Junta de Andalucía era plenamente consciente del escándalo de los ERE falsos en 2008, pero ordenó ocultarlo. Dos meses después de que el ex director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero –en prisión preventiva acusado de varios delitos– dejara su puesto, el nuevo responsable del departamento, Juan Márquez, conoció, a través de un informe elaborado por una asesora de la Junta, que el desfase presupuestario del fondo de reptiles era multimillonario. Así se desprende de la documentación aportada por dicha funcionaria, María José Rofa, a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y su testimonio que desvela que la Consejería de Empleo era plenamente consciente del fraude de los ERE falsos, al menos, desde ese año 2008.
Ante un desfase de más de 300 millones, el Gobierno socialista de Andalucía en lugar de interesarse por dónde había ido a parar el dinero mandó ocultar todo rastro de lo sucedido y además que “el pasado de Guerrero quedara saldado”. La propia asesora sugirió anular las ayudas ilegales, pero sus superiores se negaron argumentando que no era posible solventar el caos. Es más, dieron orden de tapar el escándalo y trabajar con la luz apagada. El descontrol era tal, que la Consejería de Empleo desconocía incluso cuál era el déficit que tenían con las aseguradoras.
La Junta de Andalucía era plenamente consciente del escándalo de los ERE falsos en 2008, pero ordenó ocultarlo. Dos meses después de que el ex director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero –en prisión preventiva acusado de varios delitos– dejara su puesto, el nuevo responsable del departamento, Juan Márquez, conoció, a través de un informe elaborado por una asesora de la Junta, que el desfase presupuestario del fondo de reptiles era multimillonario. Así se desprende de la documentación aportada por dicha funcionaria, María José Rofa, a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y su testimonio que desvela que la Consejería de Empleo era plenamente consciente del fraude de los ERE falsos, al menos, desde ese año 2008.
Ante un desfase de más de 300 millones, el Gobierno socialista de Andalucía en lugar de interesarse por dónde había ido a parar el dinero mandó ocultar todo rastro de lo sucedido y además que “el pasado de Guerrero quedara saldado”. La propia asesora sugirió anular las ayudas ilegales, pero sus superiores se negaron argumentando que no era posible solventar el caos. Es más, dieron orden de tapar el escándalo y trabajar con la luz apagada. El descontrol era tal, que la Consejería de Empleo desconocía incluso cuál era el déficit que tenían con las aseguradoras.