El nuevo Gobierno andaluz halla miles de solicitudes de ayuda por dependencia ocultas en ayuntamientos.
Carlos Cuesta 29/03/2019.06:41.
Se trata de tacos de papel acumulados en los Servicios Sociales municipales de infinidad de pequeñas localidades
La consejera de Igualdad y Servicios Sociales recién llegada a la Junta de Andalucía tras la salida de los socialistas ya ha destapado un enorme limbo de 109.000 personas en situación de dependencia que, pese a llevar años reclamando las ayudas, no han recibido nunca la asistencia y los pagos regulados por la ley.
Pero su labor no ha quedado ahí: la consejera Rocío Ruiz ha empezado a recabar información, pueblo a pueblo, de los impresos de solicitud de este tipo de ayudas que pudiesen haberse quedado sin cursar en esta comunidad autónoma. Y su búsqueda ha alumbrado un segundo foco de engaño a la población por parte de los socialistas.
Un segundo foco aún imposible de cuantificar pero de dimensiones gigantescas. Porque su segundo hallazgo está siendo el de la aparición de miles de solicitudes acumuladas en ciudades y pueblos en formato papel y que ni tan siquiera han sido informatizadas, con lo que que no figuran a ningún efecto en los registros oficiales de atrasos en el pago o en los inventarios de expedientes pendientes de gestión.
Se trata de tacos de papel acumulados en los Servicios Sociales municipales de infinidad de pequeñas localidades. Ciudades en las que las personas con dependencia han solicitado los servicios de hogar de día, de asistencia profesional, de residencia, etc. y lo que han recibido es el olvido por respuesta.
La Consejería de Servicios Sociales es aún incapaz de realizar una estimación del volumen de estas montañas de papeles que se han empezado a descubrir. Y es que hasta que no las empiecen a tramitar y grabar informáticamente no pueden estimar el número de personas afectadas por esta ocultación de impresos.
Fuentes de la Consejería sí señalan que, por el momento, “tenemos constancia incluso de casos en los que hemos preguntado por la urgencia de la asistencia de algunos de estos servicios y la respuesta ha sido que ya no hay ninguna porque la persona demandante del servicio había fallecido ya”.
Todos estos casos, a medida que se vayan sumado a los archivos informáticos arrojarán una fotografía al menos aproximada del desastre social organizado por los socialistas a lo largos de sus 36 años de mandato en Andalucía.
Por el momento, los casos que ya están contabilizados son en total 109.000. Un inmenso volumen de personas sobre las que la Junta de Andalucía, ni tan siquiera, ha realizado la evaluación de sus requerimientos de asistencia pese a tener constancia de su absoluta necesidad de ayuda. Casos que han permanecido sin cobrar prestaciones pese a tener derecho a la cobertura de la Ley de Dependencia.
La labor de levantado de esta alfombra corresponde a la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz. Los datos descubiertos por esta Consejería son estremecedores. En total hay 75.000 casos ya confirmados de personas dependientes cuyos expedientes han sido valorados por los servicios sociales pero que, pese a ello, y tener plena constancia de la situación de cada una de esas personas, ni se les ha adjudicado un PIA (programa individual de atención), ni se les ha prestado la más mínima ayuda, pago, asistencia o asignación de residencia o centro de día.
De esos 75.000 casos, un total de 8.000 se encuentran en lo que se conoce como grado 3, el más severo que reconoce la Ley de Dependencia, el que engloba a los grandes dependientes carentes por completo de capacidad de valerse por ellos mismos.
Carlos Cuesta 29/03/2019.06:41.
Se trata de tacos de papel acumulados en los Servicios Sociales municipales de infinidad de pequeñas localidades
La consejera de Igualdad y Servicios Sociales recién llegada a la Junta de Andalucía tras la salida de los socialistas ya ha destapado un enorme limbo de 109.000 personas en situación de dependencia que, pese a llevar años reclamando las ayudas, no han recibido nunca la asistencia y los pagos regulados por la ley.
Pero su labor no ha quedado ahí: la consejera Rocío Ruiz ha empezado a recabar información, pueblo a pueblo, de los impresos de solicitud de este tipo de ayudas que pudiesen haberse quedado sin cursar en esta comunidad autónoma. Y su búsqueda ha alumbrado un segundo foco de engaño a la población por parte de los socialistas.
Un segundo foco aún imposible de cuantificar pero de dimensiones gigantescas. Porque su segundo hallazgo está siendo el de la aparición de miles de solicitudes acumuladas en ciudades y pueblos en formato papel y que ni tan siquiera han sido informatizadas, con lo que que no figuran a ningún efecto en los registros oficiales de atrasos en el pago o en los inventarios de expedientes pendientes de gestión.
Se trata de tacos de papel acumulados en los Servicios Sociales municipales de infinidad de pequeñas localidades. Ciudades en las que las personas con dependencia han solicitado los servicios de hogar de día, de asistencia profesional, de residencia, etc. y lo que han recibido es el olvido por respuesta.
La Consejería de Servicios Sociales es aún incapaz de realizar una estimación del volumen de estas montañas de papeles que se han empezado a descubrir. Y es que hasta que no las empiecen a tramitar y grabar informáticamente no pueden estimar el número de personas afectadas por esta ocultación de impresos.
Fuentes de la Consejería sí señalan que, por el momento, “tenemos constancia incluso de casos en los que hemos preguntado por la urgencia de la asistencia de algunos de estos servicios y la respuesta ha sido que ya no hay ninguna porque la persona demandante del servicio había fallecido ya”.
Todos estos casos, a medida que se vayan sumado a los archivos informáticos arrojarán una fotografía al menos aproximada del desastre social organizado por los socialistas a lo largos de sus 36 años de mandato en Andalucía.
Por el momento, los casos que ya están contabilizados son en total 109.000. Un inmenso volumen de personas sobre las que la Junta de Andalucía, ni tan siquiera, ha realizado la evaluación de sus requerimientos de asistencia pese a tener constancia de su absoluta necesidad de ayuda. Casos que han permanecido sin cobrar prestaciones pese a tener derecho a la cobertura de la Ley de Dependencia.
La labor de levantado de esta alfombra corresponde a la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz. Los datos descubiertos por esta Consejería son estremecedores. En total hay 75.000 casos ya confirmados de personas dependientes cuyos expedientes han sido valorados por los servicios sociales pero que, pese a ello, y tener plena constancia de la situación de cada una de esas personas, ni se les ha adjudicado un PIA (programa individual de atención), ni se les ha prestado la más mínima ayuda, pago, asistencia o asignación de residencia o centro de día.
De esos 75.000 casos, un total de 8.000 se encuentran en lo que se conoce como grado 3, el más severo que reconoce la Ley de Dependencia, el que engloba a los grandes dependientes carentes por completo de capacidad de valerse por ellos mismos.