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Teresa Ribera, tras la reunión del consejero andaluz con Bruselas por Doñana: “La propuesta debe volver a la papelera”
La vicepresidenta asegura que, una vez que la Junta ha recibido el mensaje de la Comisión, “no hay excusas” y que la proposición de ley debería “ser retirada” porque “no vamos a negociar”
PP y Vox dan el primer paso para legalizar regadíos en Doñana contra el criterio de los expertos, la UE y el Gobierno

La ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico
La ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico

24 de abril de 2023 14:55h

Actualizado el 24/04/2023 14:58h
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La vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha afirmado este lunes que “no hay discusión posible ni caben enmiendas” a la proposición de ley del PP para amnistiar regadíos ilegales en el entorno del Parque Nacional de Doñana: “Solo que vuelva al lugar de donde no debió salir, es decir, la papelera”.

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Ribera ha comparecido tras la reunión que el consejero andaluz de Medio Ambiente, Ramón Fernández Pacheco, ha tenido con el comisario Virginijus Sinkevicius. En el encuentro estaba presente la Abogacía del Estado porque “se daba dentro del contexto de un proceso sancionador contra España”. “Una vez que la Junta ha recibido el mensaje de la Comisión ya no hay excusas –ha añadido la vicepresidenta– no es que el Gobierno, los científicos o los ecologistas se hayan confabulado así que no vamos a negociar esa proposición porque el agua que hay ya está comprometida para los regantes legales y el abastecimiento”.

Teresa Ribera ha insistido en que “la proposición de ley va en contra de la preservación de Doñana” y que si el texto sale adelante “iremos al Tribunal Constitucional”.

El PP activo el 12 de abril la primera fase de su plan para legalizar regadíos ilegales en el entorno del parque nacional al admitirse a trámite el proyecto de ley en el Parlamento andaluz. La idea es que esas fincas que funcionan sin permiso para regar –y por tanto sin derecho a extraer y usar el agua que emplean en sus cultivos–se recalifiquen como de regadío.

Una vez que la norma las transformara de ilegales en legales, los propietarios deberían solicitar derechos de agua. Esa competencia es de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir que depende del Ministerio de Transición Ecológica. El problema es que los acuíferos de los que se están nutriendo actualmente sin permiso, ya están declarados en mal estado. Están sobreexplotados y, de ahí, gran parte de los problemas que vienen deteriorando el parque nacional y sus ecosistemas.

Por otro lado la cuenca desde la que el presidente andaluza Juan Manuel Moreno Bonilla, dice que podrían enviarse agua embalsada, la del Tinto-Odiel-Piedras, ha estrenado este año por primera vez restricciones propias al riego por la escasez de agua para satisfacer las demandas. Poco recurso para plantear un envío a la cuenca del Guadalquivir que es donde se sitúan los riegos en trámite de amnistía.