El partido ecologista de UP denuncia el desembalsado de agua en pantanos de Zamora y Cáceres por parte de Iberdrola
Casi una veintena de municipios han denunciado a Iberdrola ante la Comisión Europea por haber dejado algunos pantanos en mínimos históricos, anteponiendo el interés económico a la necesidad de un bien esencial como es el agua
El presidente de la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Juan López de Uralde, presentaba el pasado jueves en el Congreso de los Diputados una serie de preguntas dirigidas al Ministerio para la Transición Ecológica. Entre ellas, el coordinador de Alianza Verde ha solicitado al Gobierno que se abra una investigación sobre la última y polémica técnica empleada por Iberdrola para “maximizar su beneficio”. Esta semana, la empresa eléctrica vaciaba embalses de Zamora y Cáceres para incrementar su beneficio económico.
A través de dicha maniobra, la compañía consigue abaratar el coste de la producción de la energía y, en consecuencia, maximizar la rentabilidad del negocio. La acción de la empresa ha llevado a casi una veintena de municipios a denunciar a Iberdrola ante la Comisión Europea por haber dejado algunos pantanos en mínimos históricos, anteponiendo el interés económico a la necesidad de un bien esencial como es el agua. López de Uralde ha puesto como ejemplo el embalse de Ricobayo (Zamora): “Ha pasado, en cuatro meses, de estar al 95% de su capacidad a quedarse en el 12% debido a dos bruscas bajadas, una en abril y otra en julio".
Para combatir la gestión interesada del oligopolio eléctrico que, en España, controla la comercialización y distribución de la energía, el diputado de Unidas Podemos ha recalcado la necesidad de recuperar para el Estado las concesiones hidroeléctricas que caduquen para evitar especulaciones y garantizar que la energía sea un bien que llegue a todos los hogares. El pasado jueves, la socialista Teresa Ribera — vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico— parecía flexibilizar su postura y se mostraba dispuesta a negociar la creación de una empresa pública de energía en España, tal y como desde la formación morada llevan pidiendo desde hace años.
Una apertura que era celebrada por sus socios de Gobierno y, por el contrario, provocaba las críticas del Partido Popular. El portavoz adjunto de los populares en el Congreso, Mario Garcés, advertía ayer al PSOE de que crear una empresa pública de energía sería “la claudicación definitiva del socialismo a manos del comunismo de Podemos”. Un argumento carente de solidez, ya que una larga lista de países como Alemania, Italia o Francia —cuyo sistema no tiene nada que ver con el comunista— ya cuentan con compañías eléctricas con participación pública. Una propiedad estatal parcial del sector eléctrico que combate la pobreza energética y las desigualdades en el acceso a la electricidad y que podría ser una realidad en España si el PSOE así lo permite.
Casi una veintena de municipios han denunciado a Iberdrola ante la Comisión Europea por haber dejado algunos pantanos en mínimos históricos, anteponiendo el interés económico a la necesidad de un bien esencial como es el agua
El presidente de la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Juan López de Uralde, presentaba el pasado jueves en el Congreso de los Diputados una serie de preguntas dirigidas al Ministerio para la Transición Ecológica. Entre ellas, el coordinador de Alianza Verde ha solicitado al Gobierno que se abra una investigación sobre la última y polémica técnica empleada por Iberdrola para “maximizar su beneficio”. Esta semana, la empresa eléctrica vaciaba embalses de Zamora y Cáceres para incrementar su beneficio económico.
A través de dicha maniobra, la compañía consigue abaratar el coste de la producción de la energía y, en consecuencia, maximizar la rentabilidad del negocio. La acción de la empresa ha llevado a casi una veintena de municipios a denunciar a Iberdrola ante la Comisión Europea por haber dejado algunos pantanos en mínimos históricos, anteponiendo el interés económico a la necesidad de un bien esencial como es el agua. López de Uralde ha puesto como ejemplo el embalse de Ricobayo (Zamora): “Ha pasado, en cuatro meses, de estar al 95% de su capacidad a quedarse en el 12% debido a dos bruscas bajadas, una en abril y otra en julio".
Para combatir la gestión interesada del oligopolio eléctrico que, en España, controla la comercialización y distribución de la energía, el diputado de Unidas Podemos ha recalcado la necesidad de recuperar para el Estado las concesiones hidroeléctricas que caduquen para evitar especulaciones y garantizar que la energía sea un bien que llegue a todos los hogares. El pasado jueves, la socialista Teresa Ribera — vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico— parecía flexibilizar su postura y se mostraba dispuesta a negociar la creación de una empresa pública de energía en España, tal y como desde la formación morada llevan pidiendo desde hace años.
Una apertura que era celebrada por sus socios de Gobierno y, por el contrario, provocaba las críticas del Partido Popular. El portavoz adjunto de los populares en el Congreso, Mario Garcés, advertía ayer al PSOE de que crear una empresa pública de energía sería “la claudicación definitiva del socialismo a manos del comunismo de Podemos”. Un argumento carente de solidez, ya que una larga lista de países como Alemania, Italia o Francia —cuyo sistema no tiene nada que ver con el comunista— ya cuentan con compañías eléctricas con participación pública. Una propiedad estatal parcial del sector eléctrico que combate la pobreza energética y las desigualdades en el acceso a la electricidad y que podría ser una realidad en España si el PSOE así lo permite.