Hasta el momento, solo dos de los cuatro imputados han presentado este escrito, que les permite eludir el juicio, pero les obliga a asumir la pena más alta. Son el exvicepresidente valenciano, Víctor Campos, y el ex jefe de Gabinete de la Consejería de Turismo, y actual jefe de protocolo de la Diputación de Valencia, Rafael Betoret, que acudieron esta mañana al Tribunal Superior de Justicia de Valencia.  El juez fijará la pena para ellos en los próximos días.
Costa es el único de los cuatro imputados que no era miembro del Gobierno cuando se produjeron los hechos investigados, por lo que su defensa era más sencilla. Además, su declaración de culpabilidad, al admitir que ha mentido a un juez durante meses, y tener antecedentes penales, puede complicar su posición ante el proceso por financiación ilegal del PP valenciano en el que él está imputado y Camps no. Costa se arriesga ahí incluso a penas de cárcel. Por último, Costa ha sido prácticamente el único pagano político de Gürtel, ya que fue destituido y suspendido de militancia durante más de un año.
Sin embargo, el exsecretario general ha decidido seguir adelante con la estrategia diseñada por Mariano Rajoy porque así se lo ha pedido el partido. El líder del PP ha enviado a Valencia a Federico Trillo para rematar una operación que implica aceptar mantener a un presidente condenado por cohecho para evitar un juicio en otoño, en plena campaña electoral. Rajoy no ha logrado que Camps dimitiera, como parecía ser su deseo aunque nunca llegó a pedírselo, y se conforma con este apaño. Costa no se fía ya de las promesas de Camps, que varias veces le garantizó que le pondría en el Gobierno valenciano y no lo hizo. Por eso la negociación se ha llevado directamente con la cúpula nacional.
Costa reclamaba, a cambio de su decisión, una compensación política. Se hablaba de entrar en el Gobierno autonómico en el futuro o de dirigir la campaña de las generales en Valencia, pero sobre todo lo más importante, y que parece haber logrado, es un compromiso formal de la dirección nacional de que le apoyará, le rehabilitará y reconocerá su sacrificio por el partido.
Costa es el único de los cuatro imputados que no era miembro del Gobierno cuando se produjeron los hechos investigados, por lo que su defensa era más sencilla. Además, su declaración de culpabilidad, al admitir que ha mentido a un juez durante meses, y tener antecedentes penales, puede complicar su posición ante el proceso por financiación ilegal del PP valenciano en el que él está imputado y Camps no. Costa se arriesga ahí incluso a penas de cárcel. Por último, Costa ha sido prácticamente el único pagano político de Gürtel, ya que fue destituido y suspendido de militancia durante más de un año.
Sin embargo, el exsecretario general ha decidido seguir adelante con la estrategia diseñada por Mariano Rajoy porque así se lo ha pedido el partido. El líder del PP ha enviado a Valencia a Federico Trillo para rematar una operación que implica aceptar mantener a un presidente condenado por cohecho para evitar un juicio en otoño, en plena campaña electoral. Rajoy no ha logrado que Camps dimitiera, como parecía ser su deseo aunque nunca llegó a pedírselo, y se conforma con este apaño. Costa no se fía ya de las promesas de Camps, que varias veces le garantizó que le pondría en el Gobierno valenciano y no lo hizo. Por eso la negociación se ha llevado directamente con la cúpula nacional.
Costa reclamaba, a cambio de su decisión, una compensación política. Se hablaba de entrar en el Gobierno autonómico en el futuro o de dirigir la campaña de las generales en Valencia, pero sobre todo lo más importante, y que parece haber logrado, es un compromiso formal de la dirección nacional de que le apoyará, le rehabilitará y reconocerá su sacrificio por el partido.