Solo tres comunidades han pactado compensar a la sanidad privada por los pacientes Covid.

Los centros catalanes ya cobran 43.000 euros por cada caso que ingresó en la UCI.

Esther Armora.

BARCELONA. Actualizado: 07/09/2020 01:25h.

La sanidad privada mueve ficha para amortiguar el impacto económico que tendría en el sector una segunda oleada de coronavirus. Durante la primera envestida del SARS-CoV-2 el sector volcó todos sus recursos en la emergencia sanitaria asumiendo un ingente volumen de pacientes derivados por el sistema público, aunque las compensaciones no fueron las esperadas y en la mayoría de las comunidades aún no se han definido, según denuncia la patronal estatal Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE,) que representa a más del 80 por ciento de los centros privados del país.

Cataluña es la única comunidad autónoma en la que se estableció por decreto que la sanidad privada debía percibir una compensación para cada paciente con Covid-19 ingresado en unal UCI y, según ha podido saber ABC, ya la están cobrando, Reciben, tal como decretó la Generalitat, un total de 43.000 euros por cada paciente con coronavirus que haya requerido ingreso en Intensivos durante los meses más duros de la pandemia. Fuentes de la Asociación Catalana de Entidades de Salud (ACES), la patronal de los hospitales privados en Cataluña, consultadas por este diario, precisaron que esta cantidad la están recibiendo regularmente los centros privados a los 60 días de la facturación.

Evaluando la fórmula.

En Valencia y La Rioja los mecanismos también se han activado y se ha llegado al acuerdo de pagar las derivaciones de estos pacientes a precio público, según precisa el presidente de ASPE, Carlos Rus.

Sin embargo, el resto de comunidades autónomas, la inmensa mayoría, «aún se encuentran en periodo de evaluación de las compensaciones», apunta Rus. «Por contra, -añade- en los principales países europeos las ayudas y compensaciones no han tardado en tomar forma y desde distintas fórmulas». Cita el ejemplo de Francia «donde se ha facilitado a los hospitales privados el pago equivalente al año anterior». Algo similar ocurre en Italia, donde se paga una tarifa especial a los hospitales que reciben pacientes con Covid-19. Por otro lado, en puertas de un otoño que se augura epidemiológicamente caliente, la patronal estatal pide al Gobierno que aclare el papel que desempeñará la sanidad privada si el SARS-CoV-2 golpea de nuevo al sistema. Quiere saber cuál sería su función en una nueva embestida de la infección para poder organizarse y optimizar recursos. Entre otras cosas, la sanidad privada reclama que se apliquen distintos modelos de actuación que tengan en cuenta las necesidades asistenciales de cada territorio, es decir, la incidencia de la infección. Con ello se evitaría, según afirma en declaraciones a ABC el presidente de ASPE, que en algunos territorios «haya hospitales privados abiertos, llenos de personal, con el gasto que ello implica, y vacíos de pacientes».

Los hospitales privados piden también criterios de compensación homogéneos para el sector en todas las comunidades y «la compatibilidad de los profesionales por interés público», es decir, que los profesionales sanitarios puedan compatibilizar su actividad en lo público y en lo privado.

La patronal ha propuesto al Gobierno que se establezca un marco de colaboración público-privada claro y transparente en el que se precisen las condiciones y la forma de trabajo más eficaces de actuación sanitaria. El SOS de la sanidad privada pretende que «no se comentan los mismos errores que se produjeron al inicio de la crisis sanitaria», durante la que, según recuerda el presidente de ASPE, «muchos centros hospitalarios españoles, públicos, y privados, sufrieron una presión asistencial sin precedentes, mientras otros muchos estuvieron obligados a mantener sus instalaciones abiertas y a todo su personal a disposición por ser considerados actividad esencial pese a no tener pacientes Covid ni de otro tipo por la desprogramación de actividad ordinaria».   

La falta de homogeneidad ha imposibilitado la planificación y la optimización de los recursos durante los duros meses de pandemia en un sector que supone el 3,4% del PIB nacional con más de 266.000 profesionales de alto valor.

Evitaría la desprogramación.

La existencia de un plan de actuación coordinado evitaría, según la patronal ASPE, la situación vivida en miles de centros sanitarios de titularidad privada, principalmente aquellos sin internamiento, que hoy se enfrentan en muchos casos al cierre.

A su vez, contribuiría a «un equilibrio asistencial y de disposición de medios, humanos y técnicos» que evitaría la desprogramación de intervenciones, el agravamiento de otras patologías por demora en los diagnósticos y tratamientos, así como la inasumible congestión de las listas de espera, que en estos meses se han disparado..