Según cifras oficiales, en 2012 hubo 4000 manifestaciones en Madrid. Solo en 12 se registraron actos violentos. Sin embargo, el Consejo de Ministros podría dar luz verde en los próximos días a una nueva Ley que impondría multas de entre 30.000 y 600.000 euros por convocar concentraciones no comunicadas frente al Congreso u otras instituciones del Estado. La misma multa podría recibir cualquiera que grabase o difundiese imágenes de agentes de policía durante las manifestaciones cuando se interprete que suponen un atentado a su honor o pongan en peligro la actuación policial correspondiente.
Pero no es solo la flagrante desproporcionalidad de dichas medidas lo que está provocando la crítica de la oposición casi en bloque, y de asociaciones de jueces, periodistas, e incluso del sindicato mayoritario de la policía. También es alarmante el hecho de que estas multas se puedan tramitar en el ámbito administrativo, sin intervención judicial, y por ello sin las suficientes garantías de protección de los derechos del ciudadano
Leido en algún sitio de internet
Pero no es solo la flagrante desproporcionalidad de dichas medidas lo que está provocando la crítica de la oposición casi en bloque, y de asociaciones de jueces, periodistas, e incluso del sindicato mayoritario de la policía. También es alarmante el hecho de que estas multas se puedan tramitar en el ámbito administrativo, sin intervención judicial, y por ello sin las suficientes garantías de protección de los derechos del ciudadano
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