La Audiencia de Madrid afirma que Calvente puede ser condenado por su denuncia basada en “rumores” contra Podemos
El tribunal constata que el exabogado de Podemos tenía la obligación de guardar secreto profesional, y considera que su denuncia contra el partido puede acarrearle “responsabilidades disciplinarias o penales”.
La Audiencia de Madrid dicta que José Manuel Calvente, exabogado de Podemos, puede ser inhabilitado o incluso condenado penalmente por su denuncia contra el partido morado. En un auto fechado el pasado 15 de diciembre y al que ha tenido acceso LUH, la Audiencia señala que Calvente, “por su profesión de abogado, a priori, estaba obligado al secreto profesional”, y que sus acciones contra Podemos podrían acarrearle “responsabilidades disciplinarias o penales”.
La clave, subraya la Audiencia, está en la propia denuncia que Calvente interpuso hace ya más de un año ante la Guardia Civil. En ella, detalla el auto, el exabogado reconoce haber sido contratado por Podemos entre el 1 de agosto de 2018 y el 2 de diciembre de 2019 como abogado. El tribunal recuerda que quien ejerce la abogacía tiene “deber y derecho al secreto profesional” y que “cualquier comunicación entre profesionales está amparada por el secreto profesional, no pudiendo ser utilizada en cualquier otro ámbito”. Esas obligaciones permanecen incluso tras la finalización de la relación laboral.
Lo cierto es que Calvente no sólo reveló información confidencial del partido en su denuncia, sino que también incluyó conversaciones privadas y documentos personales, tales como nóminas de otros trabajadores. Además, ha facilitado información a numerosos medios de comunicación. En los tribunales, en cambio, su denuncia apenas ha tenido recorrido: ya se han archivado las líneas de investigación relativas a las obras de la sede de Podemos, a contratos de campaña, a la caja de solidaridad y a un supuesto delito de revelación de secretos.
La Fiscalía, que no apreció indicios de delito en ninguna de estas cuestiones, llegó a advertir de que la denuncia del exabogado de Podemos se basaba en “rumores, sospechas” y en la “clara enemistad y animadversión del denunciante”, por lo que iniciar una investigación con esa base era “completamente contrario a lo que se pretende en una instrucción en una sociedad democrática”. Por ahora, sin embargo, el juez Escalonilla mantiene al partido y a varios de sus dirigentes como investigados.
El tribunal constata que el exabogado de Podemos tenía la obligación de guardar secreto profesional, y considera que su denuncia contra el partido puede acarrearle “responsabilidades disciplinarias o penales”.
La Audiencia de Madrid dicta que José Manuel Calvente, exabogado de Podemos, puede ser inhabilitado o incluso condenado penalmente por su denuncia contra el partido morado. En un auto fechado el pasado 15 de diciembre y al que ha tenido acceso LUH, la Audiencia señala que Calvente, “por su profesión de abogado, a priori, estaba obligado al secreto profesional”, y que sus acciones contra Podemos podrían acarrearle “responsabilidades disciplinarias o penales”.
La clave, subraya la Audiencia, está en la propia denuncia que Calvente interpuso hace ya más de un año ante la Guardia Civil. En ella, detalla el auto, el exabogado reconoce haber sido contratado por Podemos entre el 1 de agosto de 2018 y el 2 de diciembre de 2019 como abogado. El tribunal recuerda que quien ejerce la abogacía tiene “deber y derecho al secreto profesional” y que “cualquier comunicación entre profesionales está amparada por el secreto profesional, no pudiendo ser utilizada en cualquier otro ámbito”. Esas obligaciones permanecen incluso tras la finalización de la relación laboral.
Lo cierto es que Calvente no sólo reveló información confidencial del partido en su denuncia, sino que también incluyó conversaciones privadas y documentos personales, tales como nóminas de otros trabajadores. Además, ha facilitado información a numerosos medios de comunicación. En los tribunales, en cambio, su denuncia apenas ha tenido recorrido: ya se han archivado las líneas de investigación relativas a las obras de la sede de Podemos, a contratos de campaña, a la caja de solidaridad y a un supuesto delito de revelación de secretos.
La Fiscalía, que no apreció indicios de delito en ninguna de estas cuestiones, llegó a advertir de que la denuncia del exabogado de Podemos se basaba en “rumores, sospechas” y en la “clara enemistad y animadversión del denunciante”, por lo que iniciar una investigación con esa base era “completamente contrario a lo que se pretende en una instrucción en una sociedad democrática”. Por ahora, sin embargo, el juez Escalonilla mantiene al partido y a varios de sus dirigentes como investigados.