"Podemos" (partido político)


'Caso Dina': la AN ordena citar a declarar a la exasesora de Iglesias.

JAVIER CORBACHO.
Los justicieros del PP, entran en campaña contra el gobierno, ante la ineficiencia politica, ahora entran en danza el esperpento togado. Atado y bien atado.

No existe una oposición en todo nuestro entorno europeo tan ruin, perversa, malvada y sin escrúpulos, para intentar derrocar el actual gobierno de coalición.
Primero las declaraciones de Casado diciendo que España estava en quiebra, con el mal que eso puede hacer a su país.
Luego el acoso judicial y mediático a Pablo Iglesias, ahora con el caso de Alberto Rodríguez, condenado sin pruebas ni testigos por el Tribunal Supremo, cuyo presidente el juez Marchena, considerado hace tiempo como el ariete del PP, con una sólida red de amigos en ese partido.
Su cargo fué puesto a dedo por el Consejo General del Poder Judicial, cuyo mandato lleva más de tres años caducado por el bloqueo del PP.
El conflicto que se ha generado ahora en el que ese juez? presione a la presidenta del Congreso, Batet (PSOE) para que proceda a la inabilitación de ese diputado, es una maniobra diseñada desde el principio por el PP y busca el enfrentamiento del PSOE con Unidas Podemos y romper la coalición de gobierno y provocar elecciones.
No hay que caer en esa trampa, la próxima que van a atacar es a Yolanda Díaz, al tiempo.
Yolanda Díaz usa la crisis interna para reforzarse ante Sánchez y Podemos.

Gregoria Caro.

«Vamos a derogar la reforma laboral a pesar de las resistencias»
A cada cual, lo que le corresponde

Tumbar a Yolanda Díaz es un objetivo necesario para el éxito electoral del PSOE porque, si bien es cierto que necesitan a una izquierda aliada para gobernar, los sondeos son tan demoledores a favor de la líder de UP que empiezan a poner nerviosa a la masa gris de Ferraz
La reversión de la reforma laboral es algo personal para Yolanda Díaz y también su mayor legado político. El patrimonio moral de la líder de Unidas Podemos es su defensa de la clase obrera, por eso no resistiría políticamente el hecho de que no fuera derogada o revertida de manera ambiciosa. Díaz es consciente de eso, pero también cree profundamente en que su trabajo solo tiene sentido si consigue mejorar la vida de los currelas, como se le escapa de forma cariñosa en cada conversación. Es la primera vez en la historia de la democracia que el Ministerio de Trabajo lo ocupa una persona que tiene como principal objetivo ser el canal que lleve la voz de la clase obrera a los textos legales. No se va a conseguir la socialización de los medios de producción, pero venimos de una ministra que ahora ocupa una silla en la CEOE.
El coste de no sacar adelante la reforma laboral para Yolanda Díaz de cara al idilio que vive con la opinión pública progresista sería demoledor si los postulados de la CEOE priman sobre los de la clase trabajadora. Eso lo saben quienes ven en Yolanda Díaz una amenaza para su propio electorado, y cuando eso ocurre se afilan los cuchillos. La estrategia de desgaste que se ha producido contra cualquier elemento que pretendía sacar la cabeza a la izquierda del PSOE ya la vimos con Pablo Iglesias. No hay piedad para quien pueda perturbar al partido que proporciona estabilidad a la monarquía como clave de bóveda que sustenta todo el aparataje constitucional surgido en 1978.
La estrategia de golpe blando que la judicatura ha llevado a cabo contra la coalición de gobierno solo lo ha sido porque incluía en sus postulados para gobernar las tesis de Unidas Podemos y el acercamiento hacia los partidos independentistas que conllevaban acuerdos como los indultos que han sido anatema para los jueces con espíritu de cacique. El PSOE quiere volver al redil y el Estado le quiere con el PP. El Congreso en Valencia en el que Pedro Sánchez se reconcilió con Felipe González es un mensaje que Meritxell Batet se ha encargado de rubricar cediendo al capricho de Marchena justo después de los acuerdos con los conservadores que llevaron al Constitucional a jueces como Concepción Espejel. El PSOE será siempre bien recibido de vuelta a la institucionalidad de los que manejan el poder al margen de la soberanía popular. Por eso, para eso, la próxima pieza de caza es Yolanda Díaz.
La ministra de Trabajo no es Rosa Luxemburgo, sino una abogada laboralista que tiene en su cultura política la lucha sindical y el acuerdo en el seno del diálogo social para lograr mejoras concretas de condiciones para la clase trabajadora. Es una reformista, que nadie espere en ella a una revolucionaria guiando a las masas proletarias a cruzar las aguas congeladas del Neva hacia la Catedral de Kazan. Su objetivo es ser útil para la clase obrera atendiendo a las condiciones subjetivas con las que nos ha tocado lidiar. Ni es un peligro para la democracia liberal ni tiene fuerza para lograr algo más que la recuperación de los derechos perdidos desde la crisis de 2007. Para muchas personas no será suficiente, es comprensible, pero es la mano de cartas con las que toca jugar la próxima década.
Pero eso no les importa a sus enemigos. Tumbar a Yolanda Díaz es un objetivo necesario para el éxito electoral del PSOE porque, si bien es cierto que necesitan a una izquierda aliada para gobernar, los sondeos son tan demoledores a favor de la líder de UP que empiezan a poner nerviosa a la masa gris de Ferraz. La coyuntura a la que nos enfrentamos en los próximos meses es dilemática, la derogación de la reforma laboral más lesiva para los derechos de los trabajadores solo será revertida con Yolanda Díaz en el cargo y empujando para que sea lo más ambiciosa posible. Con ella en Trabajo no sabemos hasta qué punto será una reforma laboral propicia para mejorar derechos, pero lo que es seguro es que sin ella solo ganarán las tesis de Nadia Calviño, que son las de la CEOE.
Chafado el plan del juez García Castellón para que ‘El Pollo’ declarase contra Podemos

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional recuerda a García Castellón que no tiene competencias en esta materia y avisa de que las supuestas pruebas que está presentando el Pollo son una "maniobra dilatoria" para evitar su extradición a EEUU

La Audiencia Nacional le ha sacado los colores al juez Manuel García Castellón. El magistrado quería posponer la salida del 'Pollo Carvajal' de España para que declarase contra la formación morada la próxima semana, pero la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional le ha parado los pies señalándole que "no ha lugar" su petición de "suspender ni posponer" la extradición y le ha recordado que no le compete solicitar tal cosa.

García Castellón pretendía rescatar un procedimiento archivado en 2016 contra Podemos aprovechando las acusaciones intencionadas del 'Pollo'. Estas acusaciones han sido desacreditadas en el auto de la Sala de lo Penal al que ha tenido acceso este medio, en el que se alega que no son más que una "maniobra dilatoria", pues el exdirigente venezolano fue detenido hace dos años y es justamente ahora, a las puertas de la extradición, cuando quiere hablar.

La causa que García Castellón ha decidido retomar se remonta a 2016, cuando fue desestimada rotundamente por la justicia al estar relacionada con el falso informe PISA elaborado por la policía patriótica del PP para enfangar a Podemos. El magistrado de entonces lo describió como "un conjunto desordenado de reproducciones de noticias publicadas en la prensa".

No es el primer varapalo de la justicia que recibe García-Castellón, que es conocido por sus numerosos intentos de imputar a Pablo Iglesias en la pieza Dina del caso Villarejo, algo que no le fue posible porque el Supremo frenó sus planes.

También ha sido sujeto de numerosas críticas la decisión del instructor de la Audiencia Nacional de cerrar en falso el caso Kitchen, procesando al exministro Jorge Fernánez Díaz y dejando fuera la exsecretaria general del PP, Maria Dolores de Cospedal y su marido, en contra del criterio de la Fiscalía.
>>>>La cadena de televisión alemana Deutsche Welle ha asegurado que en España, durante “demasiado tiempo”, los jóvenes han sido los grandes olvidados y no han recibido grandes apoyos ni ayudas estatales, especialmente en el caso de los estudiantes. Ahora, dice la emisora, algunos políticos han reconocido esa situación y la quieren cambiar. Y destacan a una líder sobre el resto en ese aspecto: Yolanda Díaz.

La televisión alemana, de hecho, atribuye a la vicepresidenta del Gobierno los ”éxitos” ... (ver texto completo)
Enemigo activo para Pedro.
El cumplimiento de las sentencias judiciales
En el caso de Alberto Rodríguez, Marchena parece que quiere, una vez más, confrontarse con la institución que encarna la soberanía popular. Si se persiste en el error, finalmente será el Tribunal Europeo de Derechos Humanos el que vuelva a anular una sentencia que pretende instaurar un antidemocrático gobierno de los jueces sobre la totalidad del espectro de los poderes del Estado

Todas las sentencias judiciales firmes deben ser cumplidas si no se quiere poner en peligro los pilares fundamentales del Estado de Derecho. Con frecuencia escuchamos, sobre todo en el mundo de la política, manifestaciones sobre el acatamiento de las resoluciones judiciales. Acatamiento supone sumisión o respeto, lo que no se compagina bien con la crítica a las resoluciones judiciales. Los anaqueles de las bibliotecas de las facultades de derecho, de las instituciones y de los profesionales, están llenos de estudios, análisis, críticas, elogios o matizaciones a las Sentencias judiciales. Pero insisto, nadie puede sostener que la sentencia, por muy disparatada e injusta que nos pueda parecer, no deba ser cumplida.

El cumplimiento de la sentencia contra Alberto Rodríguez debe hacerse en los estrictos términos que se contienen en el fallo o parte dispositiva de las resoluciones judiciales. La sentencia del Tribunal Supremo en la que se condena al parlamentario del Congreso de los Diputados por un delito de atentado a agente de la autoridad ha sido incluso criticada por dos miembros del Tribunal, en un voto disidente.

Se condena al diputado a una pena de multa que ya ha sido pagada. En segundo lugar solamente se establece, como pena accesoria, la suspensión del derecho de sufragio pasivo, es decir, del derecho a ser elegido en unas elecciones que se convoquen a partir de la firmeza de la sentencia y no contiene ninguna otra disposición que deba ser ejecutada.

Comunicada la sentencia al Congreso de los Diputados para su ejecución, la Mesa de la Cámara entiende, con arreglo a la más estricta técnica jurídica, que la pena de multa se ha pagado y no conlleva inhabilitación para cargo público de Alberto Rodríguez. Todo lo relativo a la ejecución de la suspensión del derecho de sufragio pasivo corresponde al Tribunal Sentenciador, según establece el texto constitucional.

El presidente de la Sala ha dirigido a la presidenta del Congreso de los Diputados un oficio pidiéndole explicaciones sobre el incumplimiento, según su criterio, de la sentencia. No sé si el presidente Marchena está pensando en rememorar su famosa "doctrina Atutxa", que fue anulada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Sería preocupante que se pusiese en marcha una nueva e ilegal decisión sobre la existencia de un delito de desobediencia de la presidenta del órgano que encarna la soberanía popular, por entender que ha cumplido la sentencia en sus propios términos.

La pena de multa no era potestativa sino obligatoria por imperativo del artículo 71.2 del Código Penal. El legislador, de forma coherente con el contenido de art. 33, en el que se establece el catálogo de penas que pueden utilizar los jueces, elimina las penas de prisión inferiores a tres meses. Una pena inexistente no puede producir consecuencias jurídicas accesorias.

A pesar del despropósito, la Sala sentenciadora olvida el contenido del artículo 56 del Código Penal en el que se especifican las penas accesorias que llevan consigo las penas privativas de libertad. Según su texto son: suspensión de empleo o cargo público; inhabilitación especial para el Derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y por último, la inhabilitación especial para empleo o cargo público siempre que este derecho hubiera tenido relación directa con el delito cometido, debiendo determinarse expresamente en la sentencia esta vinculación.

La omisión de este pronunciamiento supone que el Tribunal Sentenciador ha descartado las dos opciones alternativas de las que disponía, la suspensión y la inhabilitación para cargo público. En ningún momento, la Sala sentenciadora ha corregido, matizado, aclarado o explicado por qué considera que existen estas penas accesorias a pesar de la inexistencia de una pena de prisión inferior a tres meses.

El presidente de la Sala parece que quiere, una vez más, confrontarse sin motivo ni causa legal alguna, con la Institución que encarna la soberanía popular según el texto constitucional. No es la primera vez que lo hace y me temo que si no se corrige, no será la última. Si se persiste en el error, finalmente será el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, eso sí a largo plazo, el que vuelva a anular una sentencia que pretende instaurar un antidemocrático gobierno de los jueces sobre la totalidad del espectro de los poderes del Estado.

Es la Sala del Tribunal Supremo y solo ella, la que debe cumplir su propia sentencia en los términos estrictos que se contienen en la parte dispositiva. Cualquier desbordamiento del contenido del fallo supone una infracción de nuestro sistema punitivo y un desconocimiento de la metodología y estructura de una sentencia, una herramienta que deben manejar correctamente todos los jueces. Supongo que ha remitido el oficio con el conocimiento y consentimiento del resto de los componentes de la Sala.

Espero que definitivamente se limite a establecer cuál es el día en que comienza la suspensión del derecho de sufragio pasivo, a partir de la firmeza de la sentencia y qué día termina de cumplirse. No hay ninguna otra alternativa. Lo contrario sería un exceso de la jurisdicción muy peligrosa para el Estado de Derecho y para el sistema democrático.

José Antonio Martín Pallín (Abogado. Ex fiscal y ex magistrado del Tribunal Supremo. Comisionado español de la Comisión Internacional de Juristas (Ginebra)
Unidas Podemos considera que la retirada del acta de Rodríguez "acabaría en Estrasburgo como una vergüenza para España"

Unidas Podemos continúa defendiendo que la sentencia del Supremo no implica que el diputado Alberto Rodríguez tenga que perder su acta. Este jueves, en la reunión que ha mantenido la Mesa del Congreso han defendido esa tesis, después de que esta institución haya recibido un oficio del Tribunal Supremo en el que preguntaban sobre el inicio del cómputo de la pena. "La pena por la que se le condenó era una pena sustituida por obligación legal por una multa y esa multa está pagada", ha apuntado el secretario primero de la Mesa y diputado de Unidas Podemos, Gerardo Pisarello.

Desde la coalición defiende que se le pida al Supremo "una petición de aclaración". "Aclarar no quiere decir inventar algo que no se dijo en la sentencia", ha añadido Pisarello. Además, ha defendido que si se hubiesen mantenido las tesis de PP y Vox, de retirar el acta de diputado a Rodríguez, el caso "acabaría en Estrasburgo como una vergüenza para España por una actuación que no se entendería".

Unidas Podemos denuncia a Batet por prevaricación por quitarle el acta de diputado a Alberto Rodríguez
El PSOE respalda "la actuación de la Presidenta del Congreso en el cumplimiento escrupuloso de su deber"

Unidas Podemos ha anunciado este viernes a última hora que presentará una querella contra la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, por prevaricación, ante su decisión de suspender como parlamentario a Alberto Rodríguez por su condena por haber pegado a un policía en 2014.

El grupo confederal considera que "Meritxell Batet ha tomado la decisión de retirarle el escaño a Alberto Rodríguez de manera unilateral, contra el criterio de los letrados de la Cámara y de la Mesa del Congreso que se reunió el pasado martes y ayer".

"La presidenta del Congreso conoce la sentencia y sabe que la inhabilitación de Alberto Rodríguez era para ser elegido en unas próximas elecciones durante 45 días, lo que en ningún caso implica perder el escaño", han explicado fuentes de Unidas Podemos.

Por todo ello, la formación presentará la querella. "La decisión que ha tomado cediendo ante la vergonzosa presión del Supremo y la extrema derecha hace un daño enorme a la democracia y a nuestro país", zanjan las fuentes de Unidas Podemos.

El PSOE, por su parte, ha querido este viernes reiterar su postura de "respeto absoluto a la independencia judicial que se plasma siempre en el acatamiento y cumplimiento de las sentencias que dictan los tribunales en el ejercicio de sus funciones". Fuentes socialistas han remarcado que Batet "se ha limitado en todo momento a dar cumplimiento a la ley y a las sentencias emanadas de los tribunales y así lo ha hecho hoy de nuevo, una vez despejadas las dudas sobre su aplicación". "Las sentencias se pueden recurrir pero no se pueden incumplir. Por todo ello, el Partido Socialista respalda la actuación a la Presidenta del Congreso en el cumplimiento escrupuloso de su deber", han apuntado desde Ferraz.

La máxima responsable de la Cámara Baja había tomado la decisión de suspender la condición de diputado del exsecretario de Organización de Podemos esta misma tarde después del escrito enviado este viernes por el presidente de la Sala Segunda del Supremo, Manuel Marchena, recordándole que Rodríguez ha sido condenado a pena de cárcel e inhabilitación de sufragio pasivo.

Según han explicado fuentes de la Presidencia del Congreso en un comunicado, Batet "ha comunicado al diputado D. Alberto Rodríguez el oficio del presidente del Tribunal Supremo por el que se da traslado de la sentencia de la Sala Segunda, que comporta la pérdida de su condición de diputado, y del auto por el que se dispone su ejecución. Asimismo, se ha dado traslado de la misma a la Junta Electoral Central, a los efectos de su sustitución, y a la Secretaría General del Congreso".

Asimismo, Batet también ha remitido oficio al Tribunal Supremo trasladando copia de estas comunicaciones y se ha puesto en contacto personalmente con el diputado para trasladarle la notificación del Tribunal Supremo.

Marchena escribió a Batet después de que el jueves, en una tensa reunión de la Mesa de la Cámara Baja, la mayoría que suman PSOE y Unidas Podemos acordara solicitar al Supremo una aclaración sobre si Rodríguez debía ser suspendido, ante la confusión generada por las discrepancias entre los letrados del Congreso, que emitieron un informe asegurando que el diputado podía mantener su acta, y la visión tanto de las derechas de PP y Vox como del propio Supremo.

Los servicios jurídicos del Congreso argumentaron en el texto que ahora esgrime Unidas Podemos para justificar su querella que, según la sentencia del Supremo, el aún diputado no podría presentarse a unas elecciones pero sí seguir en el Congreso, ya que su actual condición de parlamentario la adquirió en diciembre de 2019 y, por tanto, dos años antes de la condena.

En la sala segunda del Supremo, que el miércoles dirigió un escrito a Batet reclamándole la suspensión del diputado de Unidas Podemos, hicieron una interpretación contraria en función del principio de "inelegibilidad sobrevenida", según el cual Rodríguez ya no cumplía las condiciones que se exigen para ser elegido parlamentario, por lo que debía dejar el acta de forma inmediata, como finalmente Batet le ha forzado a realizar.

La inhabilitación "es obligada", según Marchena
Después de explicar que el Supremo no puede aclarar sus sentencias si no es a petición de las partes, este viernes Marchena le dijo a Batet que la condena de 45 días de cárcel de Rodríguez ha sido sustituida por una multa pero solo a efectos de su ejecución.

"La pena de prisión es es el desenlace punitivo asociado a la conducta que se declara probada, sin perjuicio de que a efectos de su sustitución –y sólo a estos exclusivos efectos– se haya acordado su sustitución por una pena de multa", dice el escrito remitido al Congreso a través de la presidencia del Supremo. La condena de inhabilitación, además, "es obligada".

El parlamentario de Unidas Podemos fue condenado a pagar una multa de 540 euros e indemnizar a un agente de Policía Nacional por darle una patada en una manifestación en La Laguna en 2014. Su condena era de mes y medio de prisión pero el Código Penal obliga a sustituir automáticamente en sentencia esas condenas por una multa. Lo que no quedó sustituida fue su condena de inhabilitación de sufragio pasivo, es decir, el derecho a presentarse a unas elecciones.
ABC PREMIUM.

Podemos contra todos: enerva al CGPJ por sus ataques al Supremo y se querella contra Batet.

Gregoria Caro.

Batet pierde el pulso contra el juez Marchena e inhabilita a Rodríguez.
El CGPJ acusa a Belarra de «generar una sospecha inaceptable» y de atribuir un delito a los jueces del TS.

Jorge Navas.

PD: ¡VAYA KK DE GOBIERNO SOCIALCOMUNISTA!
¿No decían los de Podemos que si algún diputado era imputado o condenado debería renunciar a su escaño?
Podemos pide al PSOE una "reunión urgente" ante la "injerencia" de Calviño en la reforma laboral.

SARA DE DIEGO.
Choque entre Díaz y Calviño por la reforma laboral: Unidas Podemos denuncia un «intento de injerencia»

El ala morada de La Moncloa advierte que son competencias «exclusivas» de la vicepresidencia segunda y convoca el foro para asegurarse de que se cumple el acuerdo de coalición.

Gregoria Caro.
Opinión.

Podemos provoca un nuevo choque institucional.

EL RUGIDO DEL LEÓN.

Podemos llegó a la política prometiendo unos estándares éticos que han sido sistemáticamente incumplidos por los morados cuando el afectado ha sido uno de los suyos.
Montero considerará 'explotación reproductiva' la gestación subrogada.

I. P. NOVA.