Fuentes de la Policía Municipal de San Sebastián han hecho llegar a LA GACETA su preocupación por la posibilidad de que Bildu designe ahora a un jefe del cuerpo con ideología proetarra. Un nombramiento que, de producirse, supondría un grave retroceso en la lucha que desde hace años mantienen los agentes municipales contra los cachorros de ETA dedicados a la quema de autobuses y cajeros a base de cócteles molotov.
De momento, el nuevo alcalde de San Sebastián, Juan Carlos Izaguirre, no ha afirmado públicamente qué planes tiene para la Guardia Municipal. Pero la preocupación se ha instalado entre varios agentes que ahora ven otra vez en las instituciones a los cómplices de aquellos a quienes combaten. Una paradoja difícil de soportar y que se agrava si se tienen en cuenta ciertos antecedentes.
Antecedentes
Meses antes de ser vilmente asesinado en 1995, el concejal del PP en San Sebastián Gregorio Ordóñez había iniciado una investigación precisamente sobre los agentes que aprovechaban sus puestos en el ayuntamiento para hacer llegar información sensible a la banda terrorista. Incluso, había denunciado públicamente esta infamia. Fuentes de la lucha antiterrorista aseguran a LA GACETA que la Guardia Municipal de la capital donostiarra siempre ha tenido dentro topos introducidos por los asesinos etarras y sus secuaces. Algo que han utilizado para sembrar el terror.
En 2001, el policía municipal Patxi Añorga Azpiazu se reincorporó a su puesto de trabajo después de haber sido condenado en 1994 a seis años de prisión por colaboración con ETA. En 2002, el agente de la Guardia Municipal Arkaitz Lavega Tarrega reconoció en la Audiencia Nacional que había colaborado con la banda criminal al pasarle información. Unos datos que los pistoleros utilizaron para asesinar, entre otros, al sargento Alfonso Morcillo, al jefe de la brigada de Investigación de la Policía Nacional, Enrique Nieto, al brigada del Ejército Mariano de Juan o a civiles como José Manuel Olarte y José Antonio Santamaría, según se publicó en su momento.
En los dos casos narrados se dieron situaciones surrealistas, como por ejemplo que un grupo de policías municipales de la capital donostiarra se manifestase públicamente a favor de la liberación de sus compañeros.
Estos temores tienen directa relación con la denuncia, hecha también en estas páginas, por amenazados y víctimas de ETA, quienes expresan sus miedos a que Bildu pueda aprovechar su presencia en las instituciones para hacer llegar a los pistoleros información sobre sus cuentas bancarias, sus matrículas, sus domicilios o sus datos fiscales, entre otras cosas.
Las funciones de la Guardia Municipal de San Sebastián se dividen básicamente en tres: seguridad ciudadana, tráfico y cuestiones administrativas. Pero además los agentes se ocupan de gestionar informaciones. Se trata de: “Información y trámites relacionados con la Guardia Municipal. Gestión de la oficina de objetos perdidos. Colaboración con la Administración de Justicia y otras Administraciones. Trámites administrativos en general”, según puede leerse en la página web del propio consistorio.
Así, está claro que los agentes tienen acceso a todo tipo de informaciones sobre los ciudadanos. De ahí los temores antes narrados.
Este problema que algunos agentes han hecho llegar a LA GACETA se multiplica en los pequeños municipios vascos y navarros controlados por los proetarras. Allí, los agentes que presuntamente se dedican a imponer el orden sirven para hacerle el trabajo sucio a los batasunos que les imparten órdenes. Lo saben muy bien los concejales del PSE y el PP en algunas de esas localidades.
Y es que además de los casos narrados en San Sebastián, se han vivido otras situaciones vergonzosas. Por ejemplo, siempre se ha sospechado que algunos agentes de la Policía de Andoain (Guipúzcoa) pudieron colaborar con los etarras que asesinaron en 2003 a Joseba Pagazaurtundua.
De momento, el nuevo alcalde de San Sebastián, Juan Carlos Izaguirre, no ha afirmado públicamente qué planes tiene para la Guardia Municipal. Pero la preocupación se ha instalado entre varios agentes que ahora ven otra vez en las instituciones a los cómplices de aquellos a quienes combaten. Una paradoja difícil de soportar y que se agrava si se tienen en cuenta ciertos antecedentes.
Antecedentes
Meses antes de ser vilmente asesinado en 1995, el concejal del PP en San Sebastián Gregorio Ordóñez había iniciado una investigación precisamente sobre los agentes que aprovechaban sus puestos en el ayuntamiento para hacer llegar información sensible a la banda terrorista. Incluso, había denunciado públicamente esta infamia. Fuentes de la lucha antiterrorista aseguran a LA GACETA que la Guardia Municipal de la capital donostiarra siempre ha tenido dentro topos introducidos por los asesinos etarras y sus secuaces. Algo que han utilizado para sembrar el terror.
En 2001, el policía municipal Patxi Añorga Azpiazu se reincorporó a su puesto de trabajo después de haber sido condenado en 1994 a seis años de prisión por colaboración con ETA. En 2002, el agente de la Guardia Municipal Arkaitz Lavega Tarrega reconoció en la Audiencia Nacional que había colaborado con la banda criminal al pasarle información. Unos datos que los pistoleros utilizaron para asesinar, entre otros, al sargento Alfonso Morcillo, al jefe de la brigada de Investigación de la Policía Nacional, Enrique Nieto, al brigada del Ejército Mariano de Juan o a civiles como José Manuel Olarte y José Antonio Santamaría, según se publicó en su momento.
En los dos casos narrados se dieron situaciones surrealistas, como por ejemplo que un grupo de policías municipales de la capital donostiarra se manifestase públicamente a favor de la liberación de sus compañeros.
Estos temores tienen directa relación con la denuncia, hecha también en estas páginas, por amenazados y víctimas de ETA, quienes expresan sus miedos a que Bildu pueda aprovechar su presencia en las instituciones para hacer llegar a los pistoleros información sobre sus cuentas bancarias, sus matrículas, sus domicilios o sus datos fiscales, entre otras cosas.
Las funciones de la Guardia Municipal de San Sebastián se dividen básicamente en tres: seguridad ciudadana, tráfico y cuestiones administrativas. Pero además los agentes se ocupan de gestionar informaciones. Se trata de: “Información y trámites relacionados con la Guardia Municipal. Gestión de la oficina de objetos perdidos. Colaboración con la Administración de Justicia y otras Administraciones. Trámites administrativos en general”, según puede leerse en la página web del propio consistorio.
Así, está claro que los agentes tienen acceso a todo tipo de informaciones sobre los ciudadanos. De ahí los temores antes narrados.
Este problema que algunos agentes han hecho llegar a LA GACETA se multiplica en los pequeños municipios vascos y navarros controlados por los proetarras. Allí, los agentes que presuntamente se dedican a imponer el orden sirven para hacerle el trabajo sucio a los batasunos que les imparten órdenes. Lo saben muy bien los concejales del PSE y el PP en algunas de esas localidades.
Y es que además de los casos narrados en San Sebastián, se han vivido otras situaciones vergonzosas. Por ejemplo, siempre se ha sospechado que algunos agentes de la Policía de Andoain (Guipúzcoa) pudieron colaborar con los etarras que asesinaron en 2003 a Joseba Pagazaurtundua.