El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha remitido un auto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que determine si el plus de maternidad en la pensión, creado para premiar la aportación a la Seguridad Social de las madres trabajadoras que han compatibilizado su carrera laboral con la maternidad, vulnera el principio de igualdad retributiva de la Unión Europea (UE), algunas directivas europeas y la Carta de Derechos Fundamentales comunitaria. O si debe aplicarse a algunos padres en circunstancias especiales.
La cuestión prejudicial planteada se sustenta sobre una sentencia del Tribunal Superior de Justicia Europeo de 2001, el caso Griesmar, que analizaba el carácter discriminatorio de una ley francesa que otorgaba un beneficio automático en la pensión a las funcionarias que hubieran cuidado a sus hijos al menos nueve años en el momento de acceder a la jubilación para compensarlas por sus desventajas en la vida profesional.
Una cláusula para atender a casos excepcionales
Para el tribunal canario, el complemento por maternidad de la pensión es una medida necesaria de política social que intenta compensar “con retraso e insuficiencia” las discriminaciones sistémicas de las mujeres en un mercado laboral. Esta medida debiera acompañarse de otras muchas durante la carrera profesional, no solo al final de esta. “Es obvio”, dice la jueza Glòria Poyatos, “que esta bonificación debe aplicarse, como regla general, a favor de las pensionistas, al ser estadísticamente las más perjudicadas por la brecha laboral y de pensiones derivada del tiempo no retribuido invertido en el cuidado de sus hijos e hijas”; pero también es necesario incluir en la redacción del complemento una cláusula de salvaguarda que permita la extensión excepcional a padres que puedan probar la asunción exclusiva del cuidado de sus hijos para no incurrir en discriminación por razón de sexo.
“Solo así podremos caminar hacia una sociedad más corresponsable, dejando atrás la asignación de roles y estereotipos sexistas, que apuntalan el statu quo de las discriminaciones del siglo XXI”, asegura la jueza.
La cuestión prejudicial planteada se sustenta sobre una sentencia del Tribunal Superior de Justicia Europeo de 2001, el caso Griesmar, que analizaba el carácter discriminatorio de una ley francesa que otorgaba un beneficio automático en la pensión a las funcionarias que hubieran cuidado a sus hijos al menos nueve años en el momento de acceder a la jubilación para compensarlas por sus desventajas en la vida profesional.
Una cláusula para atender a casos excepcionales
Para el tribunal canario, el complemento por maternidad de la pensión es una medida necesaria de política social que intenta compensar “con retraso e insuficiencia” las discriminaciones sistémicas de las mujeres en un mercado laboral. Esta medida debiera acompañarse de otras muchas durante la carrera profesional, no solo al final de esta. “Es obvio”, dice la jueza Glòria Poyatos, “que esta bonificación debe aplicarse, como regla general, a favor de las pensionistas, al ser estadísticamente las más perjudicadas por la brecha laboral y de pensiones derivada del tiempo no retribuido invertido en el cuidado de sus hijos e hijas”; pero también es necesario incluir en la redacción del complemento una cláusula de salvaguarda que permita la extensión excepcional a padres que puedan probar la asunción exclusiva del cuidado de sus hijos para no incurrir en discriminación por razón de sexo.
“Solo así podremos caminar hacia una sociedad más corresponsable, dejando atrás la asignación de roles y estereotipos sexistas, que apuntalan el statu quo de las discriminaciones del siglo XXI”, asegura la jueza.