Santiago Torres, el juez que encarceló a Jesús Gil: "La maquinaria judicial está prevista para que no funcione, excepto con los robaperas", (2/2)
El Supremo decidió que los gastos de las hipotecas los pagaran los bancos y al día siguiente reculó por la "enorme repercusión económica y social". ¿También hay injerencias económicas, en su opinión?
Ha habido otros casos más llamativos aún, y que demuestran la conexión del Supremo con los intereses económicos. Y me refiero a la nulidad de las cláusulas suelo. Se determinó que, aunque podían ser nulas, el efecto no era desde la firma, sino desde la declaración de la sentencia del Supremo, con lo que se rompió con la tradición histórica, porque desde la época del derecho romano se decía que lo que es nulo es nulo desde un principio, y por tanto desde el momento en que se hizo la contratación. El Supremo tomó esa decisión por una razón de apreciación de conveniencia económica. Últimamente está proporcionando demasiados supuestos en los que toma en consideración principios que son extralegales, metajurídicos. Creo que tiene que ver con la forma de selección que tiene el tribunal, personas que ganan la confianza de personas que a su vez tienen confianza política.
¿Está de acuerdo con la sentencia sobre Catalunya? ¿Ha habido sedición?
La rebelión tal y como está definida en el Código Penal es un delito de imposible aplicación. Se define por el que se alzare. Un alzamiento es una fuerza armada que se pone en contra del gobierno y que quiere sustituir el orden constitucional. El delito de rebelión está pensado para evitar un 18 de julio. Pero desde el momento en que se realiza el alzamiento, que requiere fuerza armada, estaríamos ante una fuerza insurgente, y como fuerza insurgente, se aplica el código militar. Jamás podrían los tribunales civiles juzgar un delito de rebelión. Un alzamiento es lo que hizo Tejero. Lo insólito es que el Código Penal que tenemos, con treinta y tantas modificaciones, está generando una discusión política y social irracional. Los países de nuestro entorno tampoco tienen el delito de rebelión, sino de traición, para aquel que traicione el orden constitucional. Sedición era la única posibilidad de condena que podía haber.
¿O por desórdenes públicos?
Es que no se debería haber producido, y bastaba con aplicar la desobediencia, como pedían los requerimientos desatendidos del Tribunal Constitucional. Se tenían que haber tomado medidas cautelares para impedir el referéndum del 1 de octubre. La solución pasaba por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que podría haber impedido la comisión de delitos si el viernes por la tarde los cuerpos y fuerzas de seguridad toman los colegios. Y si se quiere votar se hace en las plazas, en las calles, vale, pero la legitimidad hubiera sido diferente.
¿Qué le pide al siguiente gobierno, después del 10N?
Tres cosas. Hay que recuperar la unidad jurisdiccional, porque sobre un mismo asunto hay setenta opiniones diversas, y todas valen. Si en situaciones análogas no todos los juzgados dicen lo mismo, nuestro sistema no funciona bien.
Se refiere a que según en qué juzgado caes, te va mejor o peor...
Exacto, los pronunciamientos judiciales deben ser absolutamente previsibles, porque si no el ciudadano no sabe a qué tiene que acomodar su comportamiento. Si la determinación de lo que se ajusta o no a Derecho depende de cada juez y valen lo mismo decisiones contradictorias sobre un mismo tema, perdemos la seguridad jurídica, abandonamos a la postre la ley para entrar en la arbitrariedad judicial.
La segunda cuestión que pediría es asegurar la independencia judicial, estableciendo controles de compatibilidad, declaración de intereses y sobre todo asegurando que la promoción judicial no dependa del dedazo político y que puedan ser elegidos por los propios jueces, estableciendo criterios objetivos de concurso de valores que establezcan quién es más o menos apto. Eso es garantizar la independencia judicial. Además, si quieres personas que lleven a cabo la función jurisdiccional, retribúyelas y no las machaques con sobrecarga de trabajo. Siempre me hubiera gustado trabajar como un juez alemán y cobrar como un juez portugués. Ese sería el paradigma de la independencia del juez.
¿Alguna otra sugerencia al futuro gobierno?
La tercera cuestión sería eliminar las trabas que supone la propia administración. Realizar la informática no es escanear papeles, es establecer sistemas informáticos que ayuden y no esclavicen. Con inteligencia artificial, que no requiera la actuación mecanográfica de jueces y oficiales. No es necesario procedimentar hasta lo más mínimo con resoluciones judiciales infinitas.
Tras el caso de la manada hubo un debate social sobre la justicia. ¿Usted cree que la ley y/o sus aplicadores son machistas?
Algunos casos se ven, pero no diría que en términos generales la justicia es machista. Existen patologías, como en todos los ámbitos de la vida. Es un problema general de la sociedad, no específico de la justicia.
Muchos de los preparadores de opositores a juez cobran en negro. ¿No le parece incoherente? ¿No deberían los jueces o fiscales ser los primeros en cumplir la ley?
Sería lo propio. Pero me planteo otras cuestiones. Las oposiciones se hicieron para favorecer el interclasismo y que cualquier persona que no tuviera relación con la justicia pudiera acceder al cargo, como en mi caso. Pero un juez se forma o malforma a lo largo del ejercicio profesional y eso se soluciona si antes de las oposiciones has tenido un periodo de desarrollo profesional y madurez personal. Justamente el sistema de oposición propicia que esa persona se aísle de la sociedad en la que va impartir justicia. Yo entré en la carrera judicial con 26 años y pasé sudores para intentar aplicar el derecho con el peso que suponía juzgar a otros. Estaba avasallado por la sensación de responsabilidad. No sabía enjuiciar determinadas cuestiones, porque solo te lo da la experiencia. No me llama mucho la atención lo que cobran los preparadores, lo que me preocupa es que alguien tras acabar la carrera, sin haber tenido la más mínima experiencia vital, profesional o jurídica, y porque se ha encerrado y aislado de la sociedad para sacar las oposiciones, empiece a ejercer.
Cómo vota Santiago Torres
"No sé si iré a votar, porque estoy consternado. No he oído propuestas de proyectos de desarrollo industrial, empleo, ni el mal funcionamiento del mercado bancario. No veo a nadie competente hablando de problemas. No oigo más propuestas de empleo que darle al rodillo del BOE para crear nuevos funcionarios. Para mí el 10N no va a ser una fiesta, sino el día de la marmota. Cuando voto uso la cortina, porque demasiadas cosas raras he visto en mi vida. He sido presidente de zona electoral, y he tenido que llevar delitos electorales adelante, como falsificación de votos por correo. Lo de la cortina es básico"
El Supremo decidió que los gastos de las hipotecas los pagaran los bancos y al día siguiente reculó por la "enorme repercusión económica y social". ¿También hay injerencias económicas, en su opinión?
Ha habido otros casos más llamativos aún, y que demuestran la conexión del Supremo con los intereses económicos. Y me refiero a la nulidad de las cláusulas suelo. Se determinó que, aunque podían ser nulas, el efecto no era desde la firma, sino desde la declaración de la sentencia del Supremo, con lo que se rompió con la tradición histórica, porque desde la época del derecho romano se decía que lo que es nulo es nulo desde un principio, y por tanto desde el momento en que se hizo la contratación. El Supremo tomó esa decisión por una razón de apreciación de conveniencia económica. Últimamente está proporcionando demasiados supuestos en los que toma en consideración principios que son extralegales, metajurídicos. Creo que tiene que ver con la forma de selección que tiene el tribunal, personas que ganan la confianza de personas que a su vez tienen confianza política.
¿Está de acuerdo con la sentencia sobre Catalunya? ¿Ha habido sedición?
La rebelión tal y como está definida en el Código Penal es un delito de imposible aplicación. Se define por el que se alzare. Un alzamiento es una fuerza armada que se pone en contra del gobierno y que quiere sustituir el orden constitucional. El delito de rebelión está pensado para evitar un 18 de julio. Pero desde el momento en que se realiza el alzamiento, que requiere fuerza armada, estaríamos ante una fuerza insurgente, y como fuerza insurgente, se aplica el código militar. Jamás podrían los tribunales civiles juzgar un delito de rebelión. Un alzamiento es lo que hizo Tejero. Lo insólito es que el Código Penal que tenemos, con treinta y tantas modificaciones, está generando una discusión política y social irracional. Los países de nuestro entorno tampoco tienen el delito de rebelión, sino de traición, para aquel que traicione el orden constitucional. Sedición era la única posibilidad de condena que podía haber.
¿O por desórdenes públicos?
Es que no se debería haber producido, y bastaba con aplicar la desobediencia, como pedían los requerimientos desatendidos del Tribunal Constitucional. Se tenían que haber tomado medidas cautelares para impedir el referéndum del 1 de octubre. La solución pasaba por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que podría haber impedido la comisión de delitos si el viernes por la tarde los cuerpos y fuerzas de seguridad toman los colegios. Y si se quiere votar se hace en las plazas, en las calles, vale, pero la legitimidad hubiera sido diferente.
¿Qué le pide al siguiente gobierno, después del 10N?
Tres cosas. Hay que recuperar la unidad jurisdiccional, porque sobre un mismo asunto hay setenta opiniones diversas, y todas valen. Si en situaciones análogas no todos los juzgados dicen lo mismo, nuestro sistema no funciona bien.
Se refiere a que según en qué juzgado caes, te va mejor o peor...
Exacto, los pronunciamientos judiciales deben ser absolutamente previsibles, porque si no el ciudadano no sabe a qué tiene que acomodar su comportamiento. Si la determinación de lo que se ajusta o no a Derecho depende de cada juez y valen lo mismo decisiones contradictorias sobre un mismo tema, perdemos la seguridad jurídica, abandonamos a la postre la ley para entrar en la arbitrariedad judicial.
La segunda cuestión que pediría es asegurar la independencia judicial, estableciendo controles de compatibilidad, declaración de intereses y sobre todo asegurando que la promoción judicial no dependa del dedazo político y que puedan ser elegidos por los propios jueces, estableciendo criterios objetivos de concurso de valores que establezcan quién es más o menos apto. Eso es garantizar la independencia judicial. Además, si quieres personas que lleven a cabo la función jurisdiccional, retribúyelas y no las machaques con sobrecarga de trabajo. Siempre me hubiera gustado trabajar como un juez alemán y cobrar como un juez portugués. Ese sería el paradigma de la independencia del juez.
¿Alguna otra sugerencia al futuro gobierno?
La tercera cuestión sería eliminar las trabas que supone la propia administración. Realizar la informática no es escanear papeles, es establecer sistemas informáticos que ayuden y no esclavicen. Con inteligencia artificial, que no requiera la actuación mecanográfica de jueces y oficiales. No es necesario procedimentar hasta lo más mínimo con resoluciones judiciales infinitas.
Tras el caso de la manada hubo un debate social sobre la justicia. ¿Usted cree que la ley y/o sus aplicadores son machistas?
Algunos casos se ven, pero no diría que en términos generales la justicia es machista. Existen patologías, como en todos los ámbitos de la vida. Es un problema general de la sociedad, no específico de la justicia.
Muchos de los preparadores de opositores a juez cobran en negro. ¿No le parece incoherente? ¿No deberían los jueces o fiscales ser los primeros en cumplir la ley?
Sería lo propio. Pero me planteo otras cuestiones. Las oposiciones se hicieron para favorecer el interclasismo y que cualquier persona que no tuviera relación con la justicia pudiera acceder al cargo, como en mi caso. Pero un juez se forma o malforma a lo largo del ejercicio profesional y eso se soluciona si antes de las oposiciones has tenido un periodo de desarrollo profesional y madurez personal. Justamente el sistema de oposición propicia que esa persona se aísle de la sociedad en la que va impartir justicia. Yo entré en la carrera judicial con 26 años y pasé sudores para intentar aplicar el derecho con el peso que suponía juzgar a otros. Estaba avasallado por la sensación de responsabilidad. No sabía enjuiciar determinadas cuestiones, porque solo te lo da la experiencia. No me llama mucho la atención lo que cobran los preparadores, lo que me preocupa es que alguien tras acabar la carrera, sin haber tenido la más mínima experiencia vital, profesional o jurídica, y porque se ha encerrado y aislado de la sociedad para sacar las oposiciones, empiece a ejercer.
Cómo vota Santiago Torres
"No sé si iré a votar, porque estoy consternado. No he oído propuestas de proyectos de desarrollo industrial, empleo, ni el mal funcionamiento del mercado bancario. No veo a nadie competente hablando de problemas. No oigo más propuestas de empleo que darle al rodillo del BOE para crear nuevos funcionarios. Para mí el 10N no va a ser una fiesta, sino el día de la marmota. Cuando voto uso la cortina, porque demasiadas cosas raras he visto en mi vida. He sido presidente de zona electoral, y he tenido que llevar delitos electorales adelante, como falsificación de votos por correo. Lo de la cortina es básico"