Colegios, escuelas


Padres y profesores contra la nueva Oficina Lingüística de Baleares: "Es repugnante"

SANDRA LEÓN.

Víctimas de la inmersión reaccionan así ante la oficina que el Gobierno socialista ha abierto para paliar el "dolor" de no poder hablar en catalán.
España sigue cayendo en Matemáticas; en los colegios se enseña mal y los profesores no están bien formados.

Josefina G. Stegmann.
Para el ministro de Universidades el que envenena la convivencia en Cataluña es el castellano.

LD/.
ABC PREMIUM.

Los expertos, contra la «ley Celaá»: «La escuela no debe usarse para fomentar el nacionalismo»

Josefina G. Stegmann.
Pasar de curso sin límite de suspensos, el atentado a la meritocracia.

CRISTIAN CAMPOS.

EL RUGIDO / Ley Celaá, gran suspenso de Sánchez.
Y luego dicen que esta juventud de ahora sale mejor preparada que la mía, por ejemplo.
Pasar de curso sin límite de suspensos, el atentado a la meritocracia.

CRISTIAN CAMPOS.

EL RUGIDO / Ley Celaá, gran suspenso de Sánchez.
Pinchar en: Change. org.
Puñal contra la concertada: la Ley Celaá esquiva la libertad de enseñanza.

CRISTIAN CAMPOS.
Carmona, Cándido Méndez, Lidia Falcón y ex ministros firman un manifiesto contra el ataque de Sánchez al castellano.

CARLOS CUESTA. 06/11/2020 19:54.

El ataque de Pedro Sánchez e Isabel Celaá al castellano abre una nueva brecha en el PSOE. Antonio Miguel Carmona acaba de impulsar un manifiesto donde rechaza frontalmente el ataque al castellano y exige “que se respete la evidente naturaleza vehicular del idioma castellano en el contexto de la actividad educativa en todo el territorio español, sin perjuicio del desarrollo y la normalización del resto de las lenguas cooficiales reconocidos y garantizados por nuestra Constitución”. El manifiesto cuenta ya con la firma de Cándido Méndez, Lidia Falcón y ha sido lanzado por Carmona tras hablar con un grupo de “ex ministros del PSOE que firmarán igualmente el documento”.

Otros socialistas como Zenón Jiménez Ridruejo, el economista como José Carlos Díez, el primer secretario de Estado de Economía, Luis de Velasco o ex concejales como Manuel García-Hierro, también se han sumado a la iniciativa.

Todo ello sucede mientras el Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias acaba de pactar con ERC la eliminación del castellano como lengua vehicular en Cataluña.

El manifiesto impulsado por Antonio Miguel Carmona, que se encuentra ya colgado en la plataforma Change. org, se presenta como una carta abierta que puede firmar gente del PSOE, de cualquier formación política o ajena a partidos.

El documento se presenta una clara intención: «Apoya el manifiesto sobre el carácter vehicular del idioma español”. Y señala que “el español es el idioma de todos y cada uno de los españoles, la base de nuestra cultura, diversa y plural, la principal garantía de la unidad cuya capacidad vehicular nos enriquece. El acervo literario y lingüístico pertenece a todos los españoles, sin excepción. Y a 600 millones de hispanoparlantes cuyas raíces comparten el orgullo de hablar y escribir la lengua de Cervantes”.

El manifiesto de Antonio Miguel Carmona destaca que “por eso el artículo 3 de la Constitución española establece que el castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección».

«Hacer país es sumar, nunca restar»

El documento que sirve como base de esta plataforma destaca que en el debate parlamentario sobre el contenido de la nueva ley de educación (LOMLOE), el Grupo Parlamentario Socialista, junto a otros grupos, han propuesto y aprobado una enmienda en la que se suprime del texto que «el castellano y las lenguas cooficiales tienen la consideración de lenguas vehiculares». Y lo critica sin matices: “Hacer país es sumar, nunca restar. Defender lo que nos une. En la historia y en el porvenir”.

“Para mayor abundamiento, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional deja clara la interpretación de la Constitución que establece que cualquier lengua cooficial de una comunidad autónoma puede ser vehicular ‘…pero eso no puede suponer que el castellano deje de serlo porque todos los españoles tienen derecho a conocerla y utilizarla. Al hablante no se le puede imponer la obligación de conocer una lengua que no tiene obligación de conocer’”, añade el documento.

El manifiesto recuerda que «corresponde al Estado velar por el respeto de los derechos lingüísticos en el sistema educativo y, en particular, el de recibir enseñanza en la lengua oficial del Estado”. Y señala que “tristemente de facto el castellano ya no es lengua vehicular en la enseñanza en algunas comunidades autónomas. La enmienda consagra un error histórico.
Cabe en este contexto especular sobre las circunstancias y las razones que han llevado al Gobierno de la Nación a modificar el texto mediante una enmienda acordada entre los grupos políticos PSOE, Podemos, ERC y Bildu”.

Apoyo a los Presupuestos.

El documento subraya que “los independentistas han declarado: ‘No nos oponemos a que se estudie el español como lengua, como lo puede ser el inglés o el francés, pero en ningún caso vehicular’”. Sin duda, las exigencias de la aprobación del proyecto de Presupuestos, presentado días pasados, han debido ser relevantes a la hora de tomar dicha decisión. Si tal es el caso, el derecho y el deber de conocer y utilizar en el sistema educativo el idioma español no debería ser objeto del debate de Presupuestos dado que pertenece a un ámbito superior, el de los derechos básicos de los ciudadanos y el de la responsabilidad de las instituciones esenciales del Estado.

La enmienda supone una modificación sustancial de la posición del Partido Socialista Obrero Español sobre un tema central en el contenido de los acuerdos adoptados en el Pacto Constitucional”.

Y, por todo ello, “los abajo firmantes reclamamos que se respete la evidente naturaleza vehicular del idioma castellano en el contexto de la actividad educativa en todo el territorio español, sin perjuicio del desarrollo y la normalización del resto de las lenguas cooficiales reconocidos y garantizados por nuestra Constitución”, concluye.
En contra de volver a clase: «Un contagio en el colegio podría ser un brote en la familia»

Germán Hernández tiene tres hijos: Germán, que empieza mañana 3º de Primaria, Gustavo, que se estrena en 2º de Bachillerato y el mayor, Flavio que hará su segundo año de Arquitectura (como su padre) en la Universidad Rey Juan Carlos. Le preocupan sobre todos los dos más pequeños y no los mandará al colegio.

Josefina G. Stegmann.

MADRID Actualizado: 07/09/2020 07:25h.

Germán Hernández tiene tres hijos: Germán, que empieza mañana 3º de Primaria, Gustavo, que se estrena en 2º de Bachillerato y el mayor, Flavio que hará su segundo año de Arquitectura (como su padre) en la Universidad Rey Juan Carlos. Le preocupan, sobre todo, los dos pequeños.

El primero estará en un «grupo burbuja» de un colegio concertado. Esta es la fórmula recomendada por el Ministerio de Educación para los niños de Infantil y 1º y 2º de Primaria (y extensible a más etapas). Están formados por un número reducido de alumnos y un tutor de referencia que evita la relación con otros grupos; idea que a este padre madrileño no le gusta nada. «Meten a un montón de niños sin distancia de seguridad y durante un tiempo determinado en un espacio cerrado, lo que va a facilitar que haya muchos despistes: es imposible que el profesor pueda estar encima de todos los niños para evitar que se lleven las manos a la cara. Estos niños se van a relacionar entre sí y luego volverán a sus casas. Se evita que un grupo burbuja contagie a otro grupo, pero cuando vuelven a casa ¿cómo se evitan las infecciones?». Para este padre, «se traslada el problema a las familias porque el contagio de uno solo de nuestros chicos en el colegio podría ser un brote dentro de la familia y no nos lo podemos permitir».

Germán considera incoherente que a partir de hoy en Madrid no se permitan reuniones de más de diez personas en el ámbito público y privado «pero que sí metan a 20 niños en una clase sin distancias ni mascarilla».

Ratios.

Aclara que su decisión de no llevar a sus hijos a clase no llevará aparejado que dejen de aprender, si no que él apuesta por la enseñanza online. «Nosotros proponemos poner cámaras que enfoquen al profesor para aquellos progenitores que no quieran llevar a sus hijos a clase, lo que ayudaría a reducir las ratios y, por ende, a los profesores y a las familias; todos estaríamos más seguros». Respecto a los posibles castigos previstos en el Código Civil y Penal que los juristas consultados por ABC prácticamente descartan, este padre dice que le preocupan. «Me preocupan las multas, claro, no es broma, pero creo que los jueces tienen que entender las posturas de los padres; ninguno dictaría una sentencia contra los progenitores por esta cuestión en plena pandemia», defiende Hernández, que asegura que la Fiscalía prevé el castigo porque «tiene que apoyar la versión del Gobierno. «Estamos haciendo el trabajo que el Ejecutivo no ha hecho. y encima nos amenazan con medidas coercitivas», lamenta.

Menos ingresos.

Recuerda que la ministra de Educación, Isabel Celaá, ha llegado a decir que los hijos no son de los padres y «nosotros tenemos que velar por su seguridad y el derecho a la vida está por encima de cualquier derecho y de cualquier estado». Hernández es autónomo y su mujer trabaja en un centro comercial. Confiesa que para él será difícil tener que quedarse con los niños en casa si la situación lo requiere pero lo acepta, como lo hizo durante el estado de alarma. Cree que eso le puede llevar a tener que aceptar menos responsabilidades y por ende, ver disminuidos sus ingresos pero asume el riesgo aunque es consciente del futuro negro para la economía del país.
ABC PREMIUM.

Los padres, divididos ante la vuelta al colegio más incierta.

Esta semana vuelven a clase la mayoría de niños de España con la curva de casos disparada. ¿Se debe perseguir a los padres que no llevan a sus hijos al colegio? Padres y juristas opinan.

Josefina G. Stegmann.
El des-Gobierno del coronavirus: el plan de vuelta al colegio no incluye ninguna garantía de que se cumpla:
Los centros infantiles señalan a Sánchez por el caos en las guarderías: «El Gobierno ha llegado tarde»
Vaya desmadre, a todos los niveles, que tenemos en España. El Gobierno Central, al parecer NO, todo lo traspasa y así, queda exento de culpabilidad.
Y una oposición que hace todo lo posible para ayudar a que haya ruina.
La quiebra a Nivel Nacional, ya la tenemos encima. Los progresistas y sus socios nacionalistas, son los culpables. Acaban de " regalar ", a los catalanes.
No es tan dificil. Vete sumando despedidos de los colegios concertados que hahora entrarán, eso son una parte de los contratado. Todos los despedidos de la pública por tener contratos eventuales que volverán a ser contratados, son otra parte. Los jubilados, otros poquitos a la suma. Cuando llegue diciembre la CAM no habrá contratado esos que dice. Si tienes 5 te quitan 4 y ahora re dan 2, no tendrás tendrás menos que en junio.
N0 eres mas tonto, por falta de entrenamiento. Las operaciones aritméticas, así lo demuestran. Verás que curso, van a tener los padres, abuelos y alumnos.
Tú, procura hacerte, con un buen ronzal y piensa...... en los Cerros.