Hospitales públicos de financiación privada.
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"Los nuevos servicios han sido, en general, más costosos que si se hubieran empleado los métodos tradicionales (...) Algo positivo es que es más fácil que estas instalaciones se construyan en el plazo y dentro del presupuesto; pero estas ventajas se consiguen a menudo a costa de la calidad".
Esta era, en 2006, la principal conclusión de un informe de la Organización Mundial de la Salud sobre los hospitales públicos construidos, y a veces también gestionados, por la iniciativa privada. Hoy, cinco años después, expertos, sindicatos y organizaciones de defensa de la sanidad pública siguen criticando y planteando dudas sobre un modelo que, sin embargo, tiene una gran rentabilidad política. No en vano permite a las administraciones inaugurar nuevos hospitales, incluso en crisis como la actual, sin apenas desembolsos en los primeros años, ya que la construcción recae en la iniciativa privada, que se acaba cobrando con creces la inversión a través que los cánones que cobra en los siguientes 30 años, lo que acaba disparando el coste final como ocurriría, por ejemplo, con una hipoteca.
Y es que un hospital puesto en marcha bajo una de estas modalidades, conocidas de forma genérica como PFI (iniciativa de financiación privada) por sus siglas en inglés, puede llegar a suponer, cuando vuelve a manos de la administración tres décadas después, un coste de al menos cuatro veces más a si su construcción se hubiera realizado con dinero público, según calculan los sindicatos y organizaciones de sanidad pública basándose en los cánones que debe pagar a las empresas concesionarias la Comunidad de Madrid, la administración que más frecuentemente ha recurrido a esta fórmula de financiación en los últimos años.
Los nuevos centros acaban costando al menos cuatro veces más
"Es muy cómodo para el político", señala Manuel Rodríguez, secretario general de la Federación de Sanidad de CCOO en Madrid, que alerta sin embargo de que recurrir al dinero privado, en lugar de a la financiación pública, conlleva "gastos financieros bestiales". Así, calcula que de los cerca de 1.000 millones que aproximadamente hubiera costado hacer los siete hospitales de Madrid construidos bajo la fórmula de gestión mixta pública-privada (una empresa construye el hospital y lo gestiona mientras la autonomía sigue controlando la asistencia sanitaria), el precio final para los contribuyentes rondará los 4.500 millones.
Además, como resalta Pilar Navarro, secretaria de Salud de UGT, al final de los 30 años de concesión la administración de turno, tras haber pagado cantidades millonarias, recibe "un hospital obsoleto". Por ello, este sindicato ya pidió al Gobierno central en julio que aborde un análisis riguroso de la eficiencia de estas nuevas fórmulas de gestión.
CCOO: el modelo mixto conlleva "gastos financieros bestiales"
También están muy preocupados por el coste de estos centros en la Federación de Asociaciones de Defensa de la Sanidad Pública, que ha recopilado datos según los cuales los madrileños pagarán este año un montante de 761 millones, que ascenderá a 4.284 una vez finalizadas las concesiones, por unos hospitales cuya construcción ha costado sólo unos 700 millones. "El coste se multiplica por entre cuatro y siete dependiendo de la modalidad de concesión", señala el portavoz de la Federación, Marciano Sánchez Bayle.
A su juicio, los nuevos hospitales construidos por Aguirre se hubieran podido hacer "a un coste muy inferior" con fondos públicos, si bien es cierto que "no todos a la vez". "Se trata de favorecer el negocio del sector privado", agrega. "Tienes que pagar el beneficio de la empresa privada más el IVA, y luego la gestión no es mucho mejor", valora por su parte Antonio Cabrera, secretario general de la Federación de Sanidad de CCOO.
"Es un chollo inicial [para la administración] que luego sale muy caro a los ciudadanos", remacha. De hecho, la rentabilidad de las concesionarias fue superior al 11% hasta enero en Madrid, según reconocieron las propias empresas cuando advirtieron en abril al Gobierno regional del riesgo de "colapso" por la caída de sus beneficios. Asimismo, como señala la Coordinadora
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"Los nuevos servicios han sido, en general, más costosos que si se hubieran empleado los métodos tradicionales (...) Algo positivo es que es más fácil que estas instalaciones se construyan en el plazo y dentro del presupuesto; pero estas ventajas se consiguen a menudo a costa de la calidad".
Esta era, en 2006, la principal conclusión de un informe de la Organización Mundial de la Salud sobre los hospitales públicos construidos, y a veces también gestionados, por la iniciativa privada. Hoy, cinco años después, expertos, sindicatos y organizaciones de defensa de la sanidad pública siguen criticando y planteando dudas sobre un modelo que, sin embargo, tiene una gran rentabilidad política. No en vano permite a las administraciones inaugurar nuevos hospitales, incluso en crisis como la actual, sin apenas desembolsos en los primeros años, ya que la construcción recae en la iniciativa privada, que se acaba cobrando con creces la inversión a través que los cánones que cobra en los siguientes 30 años, lo que acaba disparando el coste final como ocurriría, por ejemplo, con una hipoteca.
Y es que un hospital puesto en marcha bajo una de estas modalidades, conocidas de forma genérica como PFI (iniciativa de financiación privada) por sus siglas en inglés, puede llegar a suponer, cuando vuelve a manos de la administración tres décadas después, un coste de al menos cuatro veces más a si su construcción se hubiera realizado con dinero público, según calculan los sindicatos y organizaciones de sanidad pública basándose en los cánones que debe pagar a las empresas concesionarias la Comunidad de Madrid, la administración que más frecuentemente ha recurrido a esta fórmula de financiación en los últimos años.
Los nuevos centros acaban costando al menos cuatro veces más
"Es muy cómodo para el político", señala Manuel Rodríguez, secretario general de la Federación de Sanidad de CCOO en Madrid, que alerta sin embargo de que recurrir al dinero privado, en lugar de a la financiación pública, conlleva "gastos financieros bestiales". Así, calcula que de los cerca de 1.000 millones que aproximadamente hubiera costado hacer los siete hospitales de Madrid construidos bajo la fórmula de gestión mixta pública-privada (una empresa construye el hospital y lo gestiona mientras la autonomía sigue controlando la asistencia sanitaria), el precio final para los contribuyentes rondará los 4.500 millones.
Además, como resalta Pilar Navarro, secretaria de Salud de UGT, al final de los 30 años de concesión la administración de turno, tras haber pagado cantidades millonarias, recibe "un hospital obsoleto". Por ello, este sindicato ya pidió al Gobierno central en julio que aborde un análisis riguroso de la eficiencia de estas nuevas fórmulas de gestión.
CCOO: el modelo mixto conlleva "gastos financieros bestiales"
También están muy preocupados por el coste de estos centros en la Federación de Asociaciones de Defensa de la Sanidad Pública, que ha recopilado datos según los cuales los madrileños pagarán este año un montante de 761 millones, que ascenderá a 4.284 una vez finalizadas las concesiones, por unos hospitales cuya construcción ha costado sólo unos 700 millones. "El coste se multiplica por entre cuatro y siete dependiendo de la modalidad de concesión", señala el portavoz de la Federación, Marciano Sánchez Bayle.
A su juicio, los nuevos hospitales construidos por Aguirre se hubieran podido hacer "a un coste muy inferior" con fondos públicos, si bien es cierto que "no todos a la vez". "Se trata de favorecer el negocio del sector privado", agrega. "Tienes que pagar el beneficio de la empresa privada más el IVA, y luego la gestión no es mucho mejor", valora por su parte Antonio Cabrera, secretario general de la Federación de Sanidad de CCOO.
"Es un chollo inicial [para la administración] que luego sale muy caro a los ciudadanos", remacha. De hecho, la rentabilidad de las concesionarias fue superior al 11% hasta enero en Madrid, según reconocieron las propias empresas cuando advirtieron en abril al Gobierno regional del riesgo de "colapso" por la caída de sus beneficios. Asimismo, como señala la Coordinadora