Las vacaciones de los jueces nos están marcando este verano el escenario político de cada semana. Si la anterior tocaron los ERE con el coletazo que dejó la jueza Mercedes Alaya antes de cogerse sus días, situando en 116 los imputados en el caso (que ya son imputados), en esta que termina hoy hemos tenido ración extra de Bárcenas y contabilidad del PP (en A y en B) gracias a que el juez Ruz no se ha ido a la playa, para desgracia de María Dolores de Cospedal, Javier Arenas y Francisco Álvarez-Cascos, que pasaron un mal trago considerable. Porque por mucho que se vaya en calidad de testigo y no de imputado, plantarse ante un juez a declarar nunca es plato de gusto, más cuando uno puede dejarse jirones de piel en esta historia: al fin y al cabo, se investigan delitos que sucedieron bajo su responsabilidad orgánica y política. Si a esto le unimos que por su condición de testigos estaban más obligados a contar toda la verdad y nada más que la verdad que si hubiesen ido como imputados, entonces se explica la sucesión de “no me consta” y “no me acuerdo” que salpicó las declaraciones de la actual secretaria general del PP y sus antecesores en el cargo.
Cada uno, al final, ha ido a intentar no fastidiar al jefe, pero cuidando sobre todo de no cogerse los dedos, que no está la cosa para bromas. Aún así, Mariano Rajoy, pese a estar de vacaciones, ha acabado la semana peor de lo que la empezó, porque varias de sus afirmaciones en el Congreso del pasado 1 de agosto ya se han venido abajo. Y eso que sólo han pasado 18 días. La razón, al margen de que hay cosas que al final caen por su propio peso, es que hemos dado el salto del ámbito político al judicial. Y si en política se dicen mentiras y no pasa nada, pero literalmente nada, las cosas son muy distintas ante un juez por eso de las consecuencias legales.
De ahí tanta desmemoria y tanto desconocimiento oficial de lo que pasaba. Cada “no me consta” era el equivalente a Rajoy huyendo para salir por los aparcamientos del Senado y así evitar a los periodistas o, lo que es lo mismo, para no dar explicaciones. Pero claro, como eso no lo puedes hacer delante del magistrado, la salida es el “no me consta”. Ante otro público menos cualificado, afirmación que incluye a los diputados en el Congreso, la solución hubiese sido una sonrisa, una explicación pinturera, una verdad a medias, una respuesta llena de sombras. Pero se ve que un juez tiene el curioso efecto secundario de producir desmemoria y rebajar considerablemente el nivel de desahogo político.
La cuestión es que le damos muy poco valor a la verdad en política, estamos tan acostumbrados a su ausencia que ya no nos escandaliza que públicamente se digan según qué cosas sin mayor rubor, incluso en las mismísimas Cortes, que se supone que son la esencia de la democracia y la voluntad popular. Seguro que Cospedal no le dijo al juez lo del finiquito en diferido, es que ni se le pasaría por la cabeza, porque en un juzgado no se sale de un embolado de este tipo con una vaguedad o con esas afirmaciones que suelen hacerse con tono rotundo y rostro circunspecto, rodeando de solemnidad lo que ni ellos mismos se creen. Y lo que es peor, que saben que los ciudadanos tampoco nos creemos. Pero da igual.
El problema es que nada de esto tiene consecuencias, ya ni políticas. Es como si se considerase que la verdad es un concepto sobrevalorado, como si la mentira fuese un recurso admisible en política que, por supuesto, no puede tener las mismas consecuencias que en la vida civil. Admitimos que un programa electoral no se cumpla y que se falte a la verdad en el Congreso, o cuando se hacen declaraciones públicas a los periodistas, lo que ya de por sí es todo un triunfo porque eso significa que no se ha optado por la modalidad plasma o comunicado.
Nos lo tragamos todo, y lo saben. Y eso lleva a que cada vez se actúa con menos disimulo, la arquitectura de excusas es cada vez más pobre. ¿Para qué, si no pasa nada? Te niegan la respuesta afirmando que de eso ya dieron las explicaciones oportunas, pero nunca las hubo, por mucho que se busque. Siempre quedará la justicia, es cierto, ya damos por hecho que la única garantía para saber la verdad es que intervenga un juez. Pero no debería ser la solución. Una cuestión política debe tener respuestas políticas y, en última instancia, es la propia sociedad la que debe de reaccionar al margen (y esto sí que es imposible) de partidismos. Tanto “no me consta” y tanto “no me acuerdo” no puede ser más o menos admisible en función de si lo dicen los míos o los otros. Por mucho que a veces den ganas de que el presidente del Congreso sea un juez en ejercicio, esta cuestión es una responsabilidad nuestra como ciudadanos.
Cada uno, al final, ha ido a intentar no fastidiar al jefe, pero cuidando sobre todo de no cogerse los dedos, que no está la cosa para bromas. Aún así, Mariano Rajoy, pese a estar de vacaciones, ha acabado la semana peor de lo que la empezó, porque varias de sus afirmaciones en el Congreso del pasado 1 de agosto ya se han venido abajo. Y eso que sólo han pasado 18 días. La razón, al margen de que hay cosas que al final caen por su propio peso, es que hemos dado el salto del ámbito político al judicial. Y si en política se dicen mentiras y no pasa nada, pero literalmente nada, las cosas son muy distintas ante un juez por eso de las consecuencias legales.
De ahí tanta desmemoria y tanto desconocimiento oficial de lo que pasaba. Cada “no me consta” era el equivalente a Rajoy huyendo para salir por los aparcamientos del Senado y así evitar a los periodistas o, lo que es lo mismo, para no dar explicaciones. Pero claro, como eso no lo puedes hacer delante del magistrado, la salida es el “no me consta”. Ante otro público menos cualificado, afirmación que incluye a los diputados en el Congreso, la solución hubiese sido una sonrisa, una explicación pinturera, una verdad a medias, una respuesta llena de sombras. Pero se ve que un juez tiene el curioso efecto secundario de producir desmemoria y rebajar considerablemente el nivel de desahogo político.
La cuestión es que le damos muy poco valor a la verdad en política, estamos tan acostumbrados a su ausencia que ya no nos escandaliza que públicamente se digan según qué cosas sin mayor rubor, incluso en las mismísimas Cortes, que se supone que son la esencia de la democracia y la voluntad popular. Seguro que Cospedal no le dijo al juez lo del finiquito en diferido, es que ni se le pasaría por la cabeza, porque en un juzgado no se sale de un embolado de este tipo con una vaguedad o con esas afirmaciones que suelen hacerse con tono rotundo y rostro circunspecto, rodeando de solemnidad lo que ni ellos mismos se creen. Y lo que es peor, que saben que los ciudadanos tampoco nos creemos. Pero da igual.
El problema es que nada de esto tiene consecuencias, ya ni políticas. Es como si se considerase que la verdad es un concepto sobrevalorado, como si la mentira fuese un recurso admisible en política que, por supuesto, no puede tener las mismas consecuencias que en la vida civil. Admitimos que un programa electoral no se cumpla y que se falte a la verdad en el Congreso, o cuando se hacen declaraciones públicas a los periodistas, lo que ya de por sí es todo un triunfo porque eso significa que no se ha optado por la modalidad plasma o comunicado.
Nos lo tragamos todo, y lo saben. Y eso lleva a que cada vez se actúa con menos disimulo, la arquitectura de excusas es cada vez más pobre. ¿Para qué, si no pasa nada? Te niegan la respuesta afirmando que de eso ya dieron las explicaciones oportunas, pero nunca las hubo, por mucho que se busque. Siempre quedará la justicia, es cierto, ya damos por hecho que la única garantía para saber la verdad es que intervenga un juez. Pero no debería ser la solución. Una cuestión política debe tener respuestas políticas y, en última instancia, es la propia sociedad la que debe de reaccionar al margen (y esto sí que es imposible) de partidismos. Tanto “no me consta” y tanto “no me acuerdo” no puede ser más o menos admisible en función de si lo dicen los míos o los otros. Por mucho que a veces den ganas de que el presidente del Congreso sea un juez en ejercicio, esta cuestión es una responsabilidad nuestra como ciudadanos.