JOSÉ MARÍA GÓMEZ DE LA TORRE
Martes, 22 febrero 2022, 09:13
Hace tiempo escribí un artículo titulado 'Justicia, ley y sentido común'. En él decía que «no pocas veces la ley nada tiene que ver con la justicia y para que justicia y ley sean coincidentes o al menos se aproximen, y los ciudadanos a las que van destinadas podamos cumplirlas, tanto los legisladores –encargados de hacer las leyes–, como los jueces –encargados de interpretarlas y aplicarlas– deberán ser poseedores de un mínimo de sentido común».
Las leyes, como toda obra humana, no son perfectas y siempre quedan cabos sueltos que permiten su interpretación, Uno de los ejemplos más claros es el fallo sobre las disposiciones dadas por el Gobierno acerca de la pandemia en mayo de 2020, que según recoge la sentencia fueron las apropiadas, pero por interpretaciones escrupulosísimas de la ley se declararon inconstitucionales.
He leído la Biblia con atención y puedo asegurar que Dios solamente asigna un territorio al pueblo hebreo (fuente de conflictos a lo largo de los tiempos) pero en ningún sitio habla de ZEPA.
Deduzco de ello que las ZEPA son disposiciones del hombre que tal como las crea las puede modificar o anular, y no hay ley dictada por el hombre que no pueda ser modificada en sus términos o anulada en su totalidad si su modificación o anulación resulta conveniente para la sociedad humana.
Hoy nos encontramos ante un dilema: Quien determinó que unos territorios fueran considerados como zona especial de protección de aves (ZEPA) determina que una parte de ese territorio, de escasísimo valor ecológico, puede ser urbanizable.
Y ahí comienza el lío con los ecologistas más radicales.
Posiblemente no se siguieron los procedimientos adecuados al caso, pero hay que tener y utilizar el sentido común. El lugar no ofrecía ningún atractivo para ningún tipo de aves y menos para las grullas, ya que el islote era un vertedero, carente de encinas y en el que no se realizaban labores agrícolas desde tiempos que se pierden en la memoria.
Pero la urbanización tenía un inconveniente: iban a hacerse unos quinientos chalets para «ricos» y cuatro hoteles de lujo y crearse más de doscientos puestos de trabajo. Y eso choca con la mentalidad de los ecologistas extremeños, que tal como los veo por sus actuaciones son como las sandías: verdes por fuera y rojas por dentro. Pero de un rojo que se quedó estancado a finales del siglo XIX (cuando pretendían que el rico no tuviera coche en lugar de pretender que también el proletario lo tuviera) porque lo que le molesta a ese tipo de ecologistas no es que en los restos de una antigua plantación de eucaliptos y vertedero vaya a anidar ave alguna, ni vayan a posarse cuatro grullas desorientadas; lo que les molesta es que se iba a construir 'Un paraíso para las elites madrileñas…. la que iba a ser la 'Marbella extremeña' a compradores con apellidos ilustres de nuestra clase política, de la gran banca, del mundo de la farándula y otros Very Important Peoples… Y todo, como siempre, incluía grandes promesas de empleo y prosperidad para la población de esta zona rural, tan deprimida como otras tantas de la región extremeña, y por tanto contaba con el apoyo de todos los políticos locales y regionales'.
No estoy seguro, pero parece que la pretensión de los ecologistas es que esta zona se vea tan deprimida como tantas otras de la región extremeña. Esto tiene otro nombre que no es ecologismo.
Mi pregunta es: ¿Qué es preferible ver retoñar unas cuantas hectáreas de eucaliptos y suponer que entre los matorrales y jarales que crezcan pase esporádicamente algún jabalí o que en el entorno de Marina Isla de Valdecañas se creen doscientos puestos de trabajo que permitan la vida de doscientas familias de seres humanos que también forman parte de la naturaleza?
Los empresarios de Extremadura (CREEX) en una nota de prensa dicen que «La demolición de Marina Isla de Valdecañas no sólo tendrá un escaso o nulo beneficio ambiental, sino que acarreará graves daños económicos y sociales, tanto a las poblaciones del entorno (pérdida de empleo, despoblación, merma de ingresos municipales, emigración, etcétera) como a toda Extremadura (millonarios costes para la Administración en demoler las estructuras e indemnizar a los promotores, y pérdida de iniciativas de inversión por inseguridad jurídica».
El Supremo ha emitido su sentencia. No me cabe duda que se ha aplicado la ley a rajatabla. Pero si por cuatro grullas despistadas y unos jabalíes se quita el medio de vida a doscientas familias humanas eso será ley, pero no justicia.
Esto sin hablar del coste económico para la región, que, a modo de ejemplo, va a gastar en la demolición e indemnizaciones lo que costaría un nuevo hospital dotado de todos los adelantos en medicina.
¿Dónde dejamos el sentido común?
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