José Pardo Fernández, director de la sede de A Novo en Málaga, se acogió al ERE de su empresa financiado con fondos públicos y firmó una póliza a su favor de 1.049.959,37 euros.
Antes de entrar en vigor, estuvo 23 meses en situación de desempleo –desde el 1 de octubre de 2006 hasta el 30 de agosto de 2008–, momento en que pasó a la situación de prejubilado, como el resto de los 184 trabajadores –en distintas fases– que se acogieron al plan social firmado entre la empresa, sindicatos y la Junta de Andalucía el 18 de julio de 2005.
La póliza individual de Pardo entró en vigor el mismo día que pasó a la situación de desempleo, es decir, el 2 de octubre de 2006. Entre el complemento y el plan de pensiones, le correspondían 6.976,81 euros brutos. En enero de 2007, con la actualización del IPC correspondiente la cifra se elevaba a 6.727 euros. Cada seis meses, su póliza contemplaba una cantidad extra, lo que disparaba los ingresos a los 14.771 mensuales.
Esta llamativa prejubilación no ha pasado desapercibida para la Guardia Civil, que investiga la financiación de ERE y ayudas a empresas con cargo al Presupuesto autonómico.
Uno de los representantes de UGT que llevó la negociación, J. R., ha prestado declaración ante los investigadores que le preguntaron sobre esta prejubilación. El sindicalista aseguró a que desconocía la póliza que firmó Pardo.
Tampoco pasó desapercibida para los funcionarios de la Junta de Andalucía que revisaron los expedientes laborales por orden del actual viceconsejero de Empleo. En el informe elaborado el 28 de marzo de 2011, los empleados públicos repararon en que «en la relación de asegurados y primas individualizadas de la póliza número 41.111 existe una prima total excesivamente elevada, muy superior, a la media del resto de los trabajadores, ascendente a la cantidad de 1.049.959,37 a favor del trabajador José F. Pardo Fernández...».
El ex director de A Novo fue una de las personas que gestionó el plan social firmado con los representantes de los trabajadores y la Junta de Andalucía que se firmó en Sevilla el 18 de julio de 2005. En el punto quinto del acuerdo, el plan contempla «la articulación de un plan de jubilaciones parciales al que se incorporarán los trabajadores a medida que vayan cumpliendo los 60 años».
En el punto siguiente, se estipula que «la Junta de Andalucía apoyará al colectivo de trabajadores afectados por este plan mediante un compromiso de financiación de las medidas sociales incluidas en el mismo, en la medida en que en ello vaya siendo necesario y en los importes complementarios a la aportación asumida por la empresa...».
Tras este acuerdo, la empresa presentó un ERE para la suspensión genérica de 184 contratos de trabajo que se irían incorporando a la póliza 41.111.
El ERE de A Novo ha sido uno de los más complejos acometidos por la Junta de Andalucía con cargo a la partida 31L. En el expediente constan dos pólizas y tres suplementos con un coste global de 30.608.674,47 euros que han servido para financiar varios ERE y hay compromisos de pago pendientes por más de 7,5 millones de euros. No ha sido la única polémica que ha rodeado a este caso.
El PP-A denunció que para el impulso del plan de viabilidad fue fundamental la mediación del ex presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, tras la solicitud del comité de empresa para aligerar el plan de viabilidad que acabó acordándose. El mismo partido denunció que Europea abrió un expediente sobre las ayudas al entender que podrían haber vulnerado los principios de libre competencia.
Antes de entrar en vigor, estuvo 23 meses en situación de desempleo –desde el 1 de octubre de 2006 hasta el 30 de agosto de 2008–, momento en que pasó a la situación de prejubilado, como el resto de los 184 trabajadores –en distintas fases– que se acogieron al plan social firmado entre la empresa, sindicatos y la Junta de Andalucía el 18 de julio de 2005.
La póliza individual de Pardo entró en vigor el mismo día que pasó a la situación de desempleo, es decir, el 2 de octubre de 2006. Entre el complemento y el plan de pensiones, le correspondían 6.976,81 euros brutos. En enero de 2007, con la actualización del IPC correspondiente la cifra se elevaba a 6.727 euros. Cada seis meses, su póliza contemplaba una cantidad extra, lo que disparaba los ingresos a los 14.771 mensuales.
Esta llamativa prejubilación no ha pasado desapercibida para la Guardia Civil, que investiga la financiación de ERE y ayudas a empresas con cargo al Presupuesto autonómico.
Uno de los representantes de UGT que llevó la negociación, J. R., ha prestado declaración ante los investigadores que le preguntaron sobre esta prejubilación. El sindicalista aseguró a que desconocía la póliza que firmó Pardo.
Tampoco pasó desapercibida para los funcionarios de la Junta de Andalucía que revisaron los expedientes laborales por orden del actual viceconsejero de Empleo. En el informe elaborado el 28 de marzo de 2011, los empleados públicos repararon en que «en la relación de asegurados y primas individualizadas de la póliza número 41.111 existe una prima total excesivamente elevada, muy superior, a la media del resto de los trabajadores, ascendente a la cantidad de 1.049.959,37 a favor del trabajador José F. Pardo Fernández...».
El ex director de A Novo fue una de las personas que gestionó el plan social firmado con los representantes de los trabajadores y la Junta de Andalucía que se firmó en Sevilla el 18 de julio de 2005. En el punto quinto del acuerdo, el plan contempla «la articulación de un plan de jubilaciones parciales al que se incorporarán los trabajadores a medida que vayan cumpliendo los 60 años».
En el punto siguiente, se estipula que «la Junta de Andalucía apoyará al colectivo de trabajadores afectados por este plan mediante un compromiso de financiación de las medidas sociales incluidas en el mismo, en la medida en que en ello vaya siendo necesario y en los importes complementarios a la aportación asumida por la empresa...».
Tras este acuerdo, la empresa presentó un ERE para la suspensión genérica de 184 contratos de trabajo que se irían incorporando a la póliza 41.111.
El ERE de A Novo ha sido uno de los más complejos acometidos por la Junta de Andalucía con cargo a la partida 31L. En el expediente constan dos pólizas y tres suplementos con un coste global de 30.608.674,47 euros que han servido para financiar varios ERE y hay compromisos de pago pendientes por más de 7,5 millones de euros. No ha sido la única polémica que ha rodeado a este caso.
El PP-A denunció que para el impulso del plan de viabilidad fue fundamental la mediación del ex presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, tras la solicitud del comité de empresa para aligerar el plan de viabilidad que acabó acordándose. El mismo partido denunció que Europea abrió un expediente sobre las ayudas al entender que podrían haber vulnerado los principios de libre competencia.