EL PAÍS- 11/03/2019.
LA SUTIL AMENAZA DE LA MENSAJERÍA INSTANTÁNEA
Las redes sociales de carácter más o menos abierto inquietan a las autoridades por ser correa de transmisión de muchas falsedades. Pero más todavía preocupan redes de mensajería instantánea como WhatsApp. “España es uno de los países donde más se utiliza esta aplicación. Además de que los mensajes van cifrados, el problema es que lo que se recibe por esa vía, al ser un mensaje de un contacto personal o de un grupo del que formas parte, tiene más credibilidad que informaciones distribuidas por otros canales”, explican las fuentes consultadas de La Moncloa. El resultado es que el usuario dudará menos de esos mensajes, que sin embargo pueden tener efectos muy perniciosos, como se observó en la campaña electoral que aupó como presidente de Brasil al radical Jair Bolsonaro el pasado mes de octubre.
Antes que en el gigante latinoamericano, la evidencia de mensajes manipuladores —sin certezas sobre sus efectos— se produjo en la batalla electoral estadounidense que dio la victoria a Donald Trump y en el referéndum del Brexit. Desde entonces, los Gobiernos han tratado de implicar a las grandes plataformas de Internet en la compleja labor de poner freno a los bulos. “Es difícil. Si les pedimos ayuda contra un pederasta, actúan enseguida; contra la manipulación tienden a no hacerlo”, añaden esas fuentes, que piden anonimato.
Una de las claves del éxito de estas estrategias de intoxicación es que resultan baratas (frente al coste, por ejemplo, de una actuación militar) y pueden conseguir objetivos de desestabilización que antes requerían muchos más medios. Además, la desinformación no está penada, la atribución del origen resulta compleja y, en última instancia, las sociedades abiertas son más propicias para diseminar cualquier tipo de mensajes.
Más allá del Gobierno, también el Parlamento muestra inquietud ante algunas de estas amenazas. La comisión mixta sobre seguridad nacional que ha funcionado durante esta legislatura concluyó hace unos días sus trabajos y emitió un informe de conclusiones en el que pide al Ejecutivo que aborde “desde el punto de vista legislativo” cuestiones como “la criminalidad en la red, el ciberterrorismo y las amenazas a la estabilidad económica o a los sistemas políticos”. En última instancia, el documento del Congreso cita “el sentido crítico” de los ciudadanos como la herramienta más eficaz para acercarse al mundo digital.
LA SUTIL AMENAZA DE LA MENSAJERÍA INSTANTÁNEA
Las redes sociales de carácter más o menos abierto inquietan a las autoridades por ser correa de transmisión de muchas falsedades. Pero más todavía preocupan redes de mensajería instantánea como WhatsApp. “España es uno de los países donde más se utiliza esta aplicación. Además de que los mensajes van cifrados, el problema es que lo que se recibe por esa vía, al ser un mensaje de un contacto personal o de un grupo del que formas parte, tiene más credibilidad que informaciones distribuidas por otros canales”, explican las fuentes consultadas de La Moncloa. El resultado es que el usuario dudará menos de esos mensajes, que sin embargo pueden tener efectos muy perniciosos, como se observó en la campaña electoral que aupó como presidente de Brasil al radical Jair Bolsonaro el pasado mes de octubre.
Antes que en el gigante latinoamericano, la evidencia de mensajes manipuladores —sin certezas sobre sus efectos— se produjo en la batalla electoral estadounidense que dio la victoria a Donald Trump y en el referéndum del Brexit. Desde entonces, los Gobiernos han tratado de implicar a las grandes plataformas de Internet en la compleja labor de poner freno a los bulos. “Es difícil. Si les pedimos ayuda contra un pederasta, actúan enseguida; contra la manipulación tienden a no hacerlo”, añaden esas fuentes, que piden anonimato.
Una de las claves del éxito de estas estrategias de intoxicación es que resultan baratas (frente al coste, por ejemplo, de una actuación militar) y pueden conseguir objetivos de desestabilización que antes requerían muchos más medios. Además, la desinformación no está penada, la atribución del origen resulta compleja y, en última instancia, las sociedades abiertas son más propicias para diseminar cualquier tipo de mensajes.
Más allá del Gobierno, también el Parlamento muestra inquietud ante algunas de estas amenazas. La comisión mixta sobre seguridad nacional que ha funcionado durante esta legislatura concluyó hace unos días sus trabajos y emitió un informe de conclusiones en el que pide al Ejecutivo que aborde “desde el punto de vista legislativo” cuestiones como “la criminalidad en la red, el ciberterrorismo y las amenazas a la estabilidad económica o a los sistemas políticos”. En última instancia, el documento del Congreso cita “el sentido crítico” de los ciudadanos como la herramienta más eficaz para acercarse al mundo digital.