Referente a Urdangarin, si ha cometido los delitos de que se le acusa, que la Justicia obre en consecuencia y pague como corresponde con arreglo a la Ley, o se le expulse de España de por vida.
El Monarca ha perdido mucha credibilidad con su comportamiento, tanto a nivel personal como familiar, o se ata bien los machos o como decian los indios no le quedan muchas lunas.
Con respecto a los nombramientos de los jueces, supongo que sera por oposición, de todas formas deberian ser independientes y no al servicio del Gobierno de turno, si los manipulan los gobernantes nunca tendremos JUSTICIA.
El Monarca ha perdido mucha credibilidad con su comportamiento, tanto a nivel personal como familiar, o se ata bien los machos o como decian los indios no le quedan muchas lunas.
Con respecto a los nombramientos de los jueces, supongo que sera por oposición, de todas formas deberian ser independientes y no al servicio del Gobierno de turno, si los manipulan los gobernantes nunca tendremos JUSTICIA.
Lo tienen crudo. Y prueba de ello es como se les han tirado a la yugular la casi totalidad de los periódicos españoles, en cuanto saltó la noticia.
España es un país cuya ciudadanía adora el 'linchamiento' y no habrá juez o fiscal que se atreva a zanjar el asunto con un pacto. Por grande que sea la cantidad que ofrezcan devolver o por mucho que el Duque y su socio se 'cubran de ceniza'...
En cualquier caso, todo indica que Iñaki Urdangarin y Diego Torres, conscientes de que se empujaban uno a otro al abismo, quieren enterrar el hacha de guerra y poner fin al calvario judicial.
El duque de Palma y su exsocio están tratando de alcanzar un acuerdo que les permita plantear a la fiscalía la posibilidad de eludir la prisión a cambio de reconocer los hechos por los que se les investiga y reparar el daño que han causado al erario público.
FIN DE LA GUERRA
A través de personas de su entorno, el yerno del Rey ha tomado la iniciativa para poner fin a la guerra abierta que mantiene con Torres a propósito de sus responsabilidades en el Instituto Nóos, la entidad sin ánimo de lucro con la que ambos lograron, durante cuatro años, diez millones de dinero público a través de Administraciones gobernadas, en su mayoría, por el PP.
Desde hace unas semanas, Urdangarin y el que fue su mano derecha tratan de alcanzar una entente. Por ahora, sus posiciones son distantes, según fuentes conocedoras de las negociaciones.
DEVOLVER LA PASTA
Ese posible pacto pasa por devolver el dinero presuntamente malversado e implica el pago, de forma solidaria, de unos 3,5 millones de euros por los daños causados a la Administración.
El principal escollo para sellar el acuerdo es, precisamente, determinar quién de los dos debe asumir la mayor parte de ese desembolso.
CAMINO DE ESPINAS
El yerno del Rey, que hasta hace unas horas había negado absolutamente cualquier responsabilidad en el millonario desvío de fondos públicos a la organización sin ánimo de lucro que presidió hasta 2006, ahora está dispuesto a admitir su culpabilidad.
Su gris futuro judicial -que amenaza con convertirse directamente en negro tras la declaración de su exsocio y ahora enemigo, Diego Torres, el próximo 22 de mayo- ha hecho que su defensa intente llegar a un complicado acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción para evitarle, cuanto menos, la cárcel.
LOS TRES PUNTOS DE LA OFERTA
Según fuentes cercanas a las negociaciones, la oferta del duque de Palma tiene tres puntos: el imputado admite su responsabilidad penal en los delitos de malversación, fraude a la Administración, falsedad documental y evasión fiscal; devuelve a la Hacienda Pública entre 3,7 y 4 millones de euros; y, a cambio, la acusación pública pide para él una pena menor a los dos años de cárcel.
La clave está en esta petición de la Fiscalía. Al no tener antecedentes penales, aunque fuera condenado de mutuo acuerdo por estos delitos, al ser la pena inferior a dos años de prisión no pisaría la cárcel.
LA FISCALÍA SE LO OLÍA
La Fiscalía, que desde hace semanas se barruntaba un ofrecimiento de este calado, no ha tomado decisión alguna.
Anticorrupción quiere esperar a conocer la versión de Torres, quien hasta hace una semana amenazaba con tirar de la manta.
De hecho, su defensa había exhibido hace solo unos días tres comprometedores correos electrónicos que implicaban al Rey en los negocios de su yerno a modo de ‘aviso a navegantes'.
Torres, no obstante, no ve con malos ojos el acuerdo que intenta Urdangarin y está dispuesto sumarse a él, compartiendo los gastos, y firmando una tregua temporal, a la vista de que los ataques del uno al otro (y viceversa) no hacen más que empeorar la situación procesal de ambos.
LAS ACUSACIONES PARTICULARES
Sin embargo, el camino para alcanzar un pacto de este cariz está erizado de dificultades. Además de la Fiscalía, hay dos acusaciones particulares en la denominada ‘pieza 25' del ‘caso Palma Arena', el Gobierno Balear, que no apenas actúa en este proceso, y Manos Limpias, el beligerante sindicato ultraderechista, que llegó incluso a pedir, sin éxito, la imputación de la infanta Cristina.
Y Manos Limpias no quiere oír ni hablar de un acuerdo de conformidad, que así se llama jurídicamente el pacto al que quiere llegar Urdangarin con la Fiscalía.
LA SOMBRA DE LA CÁRCEL
Por añadidura, hay dos temas que la propia Anticorrupción no considera de recibo: sólo por el delito de malversación Urdangarin podría ser condenado a una pena máxima de ocho años de prisión; amén de que la oferta apenas llega a los 4 millones de euros, muy alejados de los 16 millones que el Instituto Nóos y sus empresas satélites facturaron en los años dorados en los que Urdangarin, como presidente, usó su imagen para hacerse con dinero de todo tipo de administraciones públicas e instituciones privadas.
España es un país cuya ciudadanía adora el 'linchamiento' y no habrá juez o fiscal que se atreva a zanjar el asunto con un pacto. Por grande que sea la cantidad que ofrezcan devolver o por mucho que el Duque y su socio se 'cubran de ceniza'...
En cualquier caso, todo indica que Iñaki Urdangarin y Diego Torres, conscientes de que se empujaban uno a otro al abismo, quieren enterrar el hacha de guerra y poner fin al calvario judicial.
El duque de Palma y su exsocio están tratando de alcanzar un acuerdo que les permita plantear a la fiscalía la posibilidad de eludir la prisión a cambio de reconocer los hechos por los que se les investiga y reparar el daño que han causado al erario público.
FIN DE LA GUERRA
A través de personas de su entorno, el yerno del Rey ha tomado la iniciativa para poner fin a la guerra abierta que mantiene con Torres a propósito de sus responsabilidades en el Instituto Nóos, la entidad sin ánimo de lucro con la que ambos lograron, durante cuatro años, diez millones de dinero público a través de Administraciones gobernadas, en su mayoría, por el PP.
Desde hace unas semanas, Urdangarin y el que fue su mano derecha tratan de alcanzar una entente. Por ahora, sus posiciones son distantes, según fuentes conocedoras de las negociaciones.
DEVOLVER LA PASTA
Ese posible pacto pasa por devolver el dinero presuntamente malversado e implica el pago, de forma solidaria, de unos 3,5 millones de euros por los daños causados a la Administración.
El principal escollo para sellar el acuerdo es, precisamente, determinar quién de los dos debe asumir la mayor parte de ese desembolso.
CAMINO DE ESPINAS
El yerno del Rey, que hasta hace unas horas había negado absolutamente cualquier responsabilidad en el millonario desvío de fondos públicos a la organización sin ánimo de lucro que presidió hasta 2006, ahora está dispuesto a admitir su culpabilidad.
Su gris futuro judicial -que amenaza con convertirse directamente en negro tras la declaración de su exsocio y ahora enemigo, Diego Torres, el próximo 22 de mayo- ha hecho que su defensa intente llegar a un complicado acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción para evitarle, cuanto menos, la cárcel.
LOS TRES PUNTOS DE LA OFERTA
Según fuentes cercanas a las negociaciones, la oferta del duque de Palma tiene tres puntos: el imputado admite su responsabilidad penal en los delitos de malversación, fraude a la Administración, falsedad documental y evasión fiscal; devuelve a la Hacienda Pública entre 3,7 y 4 millones de euros; y, a cambio, la acusación pública pide para él una pena menor a los dos años de cárcel.
La clave está en esta petición de la Fiscalía. Al no tener antecedentes penales, aunque fuera condenado de mutuo acuerdo por estos delitos, al ser la pena inferior a dos años de prisión no pisaría la cárcel.
LA FISCALÍA SE LO OLÍA
La Fiscalía, que desde hace semanas se barruntaba un ofrecimiento de este calado, no ha tomado decisión alguna.
Anticorrupción quiere esperar a conocer la versión de Torres, quien hasta hace una semana amenazaba con tirar de la manta.
De hecho, su defensa había exhibido hace solo unos días tres comprometedores correos electrónicos que implicaban al Rey en los negocios de su yerno a modo de ‘aviso a navegantes'.
Torres, no obstante, no ve con malos ojos el acuerdo que intenta Urdangarin y está dispuesto sumarse a él, compartiendo los gastos, y firmando una tregua temporal, a la vista de que los ataques del uno al otro (y viceversa) no hacen más que empeorar la situación procesal de ambos.
LAS ACUSACIONES PARTICULARES
Sin embargo, el camino para alcanzar un pacto de este cariz está erizado de dificultades. Además de la Fiscalía, hay dos acusaciones particulares en la denominada ‘pieza 25' del ‘caso Palma Arena', el Gobierno Balear, que no apenas actúa en este proceso, y Manos Limpias, el beligerante sindicato ultraderechista, que llegó incluso a pedir, sin éxito, la imputación de la infanta Cristina.
Y Manos Limpias no quiere oír ni hablar de un acuerdo de conformidad, que así se llama jurídicamente el pacto al que quiere llegar Urdangarin con la Fiscalía.
LA SOMBRA DE LA CÁRCEL
Por añadidura, hay dos temas que la propia Anticorrupción no considera de recibo: sólo por el delito de malversación Urdangarin podría ser condenado a una pena máxima de ocho años de prisión; amén de que la oferta apenas llega a los 4 millones de euros, muy alejados de los 16 millones que el Instituto Nóos y sus empresas satélites facturaron en los años dorados en los que Urdangarin, como presidente, usó su imagen para hacerse con dinero de todo tipo de administraciones públicas e instituciones privadas.