El experto que votó en contra del informe de pensiones: “El Gobierno lo tenía todo organizado de antemano”
Este catedrático de Economía Aplicada ha sido el único de los 12 miembros del comité de expertos que ha votado en contra del informe en el cual se apoyará el Ejecutivo para reformar las pensiones.
Santos Ruesga revela en esta entrevista los entresijos de un grupo de trabajo "utilizado para avalar una decisión que ya tenía tomada el Gobierno: recortar las pensiones para reducir el déficit”.
Santos Miguel Ruesga (Burgos, 1953) es catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid. La ministra de Trabajo Fátima Báñez le invitó a participar en el comité de expertos encargado de elaborar un informe sobre el sistema de pensiones. Se suponía que se trataba de un grupo de trabajo independiente que orientaría al Gobierno ante un problema evidente: ¿cómo mantener el poder adquisitivo de las pensiones del futuro, cuando haya demasiado pensionista para tan poco cotizante?
Pero estos expertos se reunieron poco y discutieron menos. En pocas semanas ya tenían preparado y aprobado por abrumadora mayoría un informe que el Gobierno se apresuró a calificar de “honesto” y “robusto”. Santos Ruesga fue el único de los 12 sabios que votó en contra de dicho informe.
Con lo difícil que es llegar a acuerdos en este país, ¿por qué el informe de las pensiones ha salido tan rápido?
Porque estaba todo calculado y organizado de antemano. El Gobierno tenía tomada ya la decisión de reformar las pensiones. Lo que ha hecho ha sido utilizar a un grupo de expertos para rodear de “cientificismo” una propuesta que más o menos tenía prevista: recortar las pensiones. Era un compromiso explícito al que incluso había puesto fecha: el 1 de enero de 2014.
¿Por qué en esa fecha?
Porque lo que pretende el gobierno, por encima de cualquier otra consideración, es reducir el déficit. De ahí la urgencia por aprobarlo todo tan rápido.
¿Cómo eran las discusiones en la comisión? ¿cómo se decidían las cosas?
Dado que desde el principio había una mayoría muy clara, podríamos decir que las decisiones se tomaban por asentimiento. Al final hicimos una votación formal, porque era lo que tocaba, pero desde el principio estaba claro. El Gobierno lo tenía todo previsto y, como le digo, tenía prisa de acabar cuanto antes.
¿No hubo desencuentros o choques de opiniones, como suele suceder ante reformas de este tipo?
Sí, por supuesto, pero desde el primer día había una fórmula clara, a la que sólo se hizo algunas matizaciones formales. No hubo opción de entrar con detenimiento en otras alternativas. La propuesta inicial caminó como la única a lo largo de cinco o seis reuniones. La esencia del informe, (es decir, las dos fórmulas de cálculo de la pensión inicial y de revalorización de las pensiones existentes) estaba bastante clara desde la segunda reunión, así como la mayoría que lo iba a apoyar.
"EL COMITÉ FUE MÁS ALLÁ DE LO QUE MANDABA LA LEY"
Cuando le llamaron a esta comisión, ¿se imaginaba que estaba prácticamente todo cocinado?
No, sinceramente no. Yo esperaba algo más de contraste de alternativas. Mi idea, y así lo planteé, es que el comité debía atenerse a las funciones que le encomendaba la ley 27/2011; es decir: discutir sobre el factor de sostenibilidad ligado a la esperanza de vida, definirlo y elaborar simulaciones sobre los resultados que se podían obtener al aplicarlo a los distintos parámetros que sirven para definir el valor de las pensiones. Y luego, dejar que las instituciones políticas definieran cómo y cuándo aplicarlo, si es que pretendían modificar la fecha de entrada en vigor que prevé la ley 17/2011, el año 2027.
¿Cuándo notó que usted estaba en minoría?
A la segunda reunión ya observé que los planteamientos de la mayoría del comité eran distintos de los míos. Ellos interpretaron que el mandato del comité iba bastante más allá de lo establecido en la ley, incorporando otro factor adicional de sostenibilidad, que significa otra presión a la baja del valor de las pensiones públicas.
Resuma en tres líneas por qué ha votada en contra de la propuesta...
Porque va más allá de lo que dice la ley, sin dejar que la ley actúe. Y porque diseña un sistema cuyo sostenimiento futuro recae básicamente sobre los propios pensionistas, cuando en mi opinión debería repartir la carga sobre toda la sociedad.
O sea, que los futuros pensionistas vamos a cobrar menos.
Si se aprueba tal y como está el documento, sí. Y yo me niego a aceptar que no haya fórmulas para lograr que no sea así. O para evitar que cobremos mucho menos que ahora.
"NI EN EL PEOR DE LOS CASOS NOS ÍBAMOS A QUEDAR SIN PENSIONES DE UN DÍA PARA OTRO"
Usted ha oído esa frase. “Para salvar las pensiones tenemos que reformar el sistema? ¿Cierto o no?
No es cierto. Para empezar, la reforma de las pensiones ya estaba hecha en la ley 2011. Lo único que quedaba, y se supone que para eso nos reuníamos nosotros, era encontrar una fórmula que sostuviera el sistema teniendo en cuenta la realidad demográfica de los españoles y su esperanza de vida.
La realidad futura es que habrá, sin duda, más pensionistas y menos cotizantes.
Obviamente hay que prever y tomar medidas para el futuro para que no se produzca una hecatombe. Pero ni siquiera en el peor de los casos nos íbamos a quedar sin pensiones de un día para otro. Decir que que las pensiones están en peligro es caer en el alarmismo.
De un día para otro no, pero reconocerá que había que hacer algo...
Para eso está la ley 27/2011, que tomó medidas medidas potentes que reducían el gasto en pensiones entre tres puntos del PIB. Solo con eso ya teníamos un gasto en pensiones por debajo de la media europea. En cualquier caso, está claro que alrededor del año 2050 podemos tener problemas de déficit estructural acumulado en el sistema público de pensiones.
¿Por qué?
Porque para esas fechas se ya se habrá jubilado toda la generación del babyboom española, la que nació en torno a los años 70 del siglo pasado. Y nos encontraremos con que los gastos en pensiones, a causa del incremento del número de pensionistas, que crecerán a ritmo más rápido que el de cotizantes, pueden ser superiores a los ingresos recaudados en esas fechas para mantenerlas. ¿Quién debe soportar las cargas de ese problema? El informe que aprobó la comisión de expertos, con mi voto contrario, apuesta básicamente por cargar ese coste sobre los pensionistas.
Este catedrático de Economía Aplicada ha sido el único de los 12 miembros del comité de expertos que ha votado en contra del informe en el cual se apoyará el Ejecutivo para reformar las pensiones.
Santos Ruesga revela en esta entrevista los entresijos de un grupo de trabajo "utilizado para avalar una decisión que ya tenía tomada el Gobierno: recortar las pensiones para reducir el déficit”.
Santos Miguel Ruesga (Burgos, 1953) es catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid. La ministra de Trabajo Fátima Báñez le invitó a participar en el comité de expertos encargado de elaborar un informe sobre el sistema de pensiones. Se suponía que se trataba de un grupo de trabajo independiente que orientaría al Gobierno ante un problema evidente: ¿cómo mantener el poder adquisitivo de las pensiones del futuro, cuando haya demasiado pensionista para tan poco cotizante?
Pero estos expertos se reunieron poco y discutieron menos. En pocas semanas ya tenían preparado y aprobado por abrumadora mayoría un informe que el Gobierno se apresuró a calificar de “honesto” y “robusto”. Santos Ruesga fue el único de los 12 sabios que votó en contra de dicho informe.
Con lo difícil que es llegar a acuerdos en este país, ¿por qué el informe de las pensiones ha salido tan rápido?
Porque estaba todo calculado y organizado de antemano. El Gobierno tenía tomada ya la decisión de reformar las pensiones. Lo que ha hecho ha sido utilizar a un grupo de expertos para rodear de “cientificismo” una propuesta que más o menos tenía prevista: recortar las pensiones. Era un compromiso explícito al que incluso había puesto fecha: el 1 de enero de 2014.
¿Por qué en esa fecha?
Porque lo que pretende el gobierno, por encima de cualquier otra consideración, es reducir el déficit. De ahí la urgencia por aprobarlo todo tan rápido.
¿Cómo eran las discusiones en la comisión? ¿cómo se decidían las cosas?
Dado que desde el principio había una mayoría muy clara, podríamos decir que las decisiones se tomaban por asentimiento. Al final hicimos una votación formal, porque era lo que tocaba, pero desde el principio estaba claro. El Gobierno lo tenía todo previsto y, como le digo, tenía prisa de acabar cuanto antes.
¿No hubo desencuentros o choques de opiniones, como suele suceder ante reformas de este tipo?
Sí, por supuesto, pero desde el primer día había una fórmula clara, a la que sólo se hizo algunas matizaciones formales. No hubo opción de entrar con detenimiento en otras alternativas. La propuesta inicial caminó como la única a lo largo de cinco o seis reuniones. La esencia del informe, (es decir, las dos fórmulas de cálculo de la pensión inicial y de revalorización de las pensiones existentes) estaba bastante clara desde la segunda reunión, así como la mayoría que lo iba a apoyar.
"EL COMITÉ FUE MÁS ALLÁ DE LO QUE MANDABA LA LEY"
Cuando le llamaron a esta comisión, ¿se imaginaba que estaba prácticamente todo cocinado?
No, sinceramente no. Yo esperaba algo más de contraste de alternativas. Mi idea, y así lo planteé, es que el comité debía atenerse a las funciones que le encomendaba la ley 27/2011; es decir: discutir sobre el factor de sostenibilidad ligado a la esperanza de vida, definirlo y elaborar simulaciones sobre los resultados que se podían obtener al aplicarlo a los distintos parámetros que sirven para definir el valor de las pensiones. Y luego, dejar que las instituciones políticas definieran cómo y cuándo aplicarlo, si es que pretendían modificar la fecha de entrada en vigor que prevé la ley 17/2011, el año 2027.
¿Cuándo notó que usted estaba en minoría?
A la segunda reunión ya observé que los planteamientos de la mayoría del comité eran distintos de los míos. Ellos interpretaron que el mandato del comité iba bastante más allá de lo establecido en la ley, incorporando otro factor adicional de sostenibilidad, que significa otra presión a la baja del valor de las pensiones públicas.
Resuma en tres líneas por qué ha votada en contra de la propuesta...
Porque va más allá de lo que dice la ley, sin dejar que la ley actúe. Y porque diseña un sistema cuyo sostenimiento futuro recae básicamente sobre los propios pensionistas, cuando en mi opinión debería repartir la carga sobre toda la sociedad.
O sea, que los futuros pensionistas vamos a cobrar menos.
Si se aprueba tal y como está el documento, sí. Y yo me niego a aceptar que no haya fórmulas para lograr que no sea así. O para evitar que cobremos mucho menos que ahora.
"NI EN EL PEOR DE LOS CASOS NOS ÍBAMOS A QUEDAR SIN PENSIONES DE UN DÍA PARA OTRO"
Usted ha oído esa frase. “Para salvar las pensiones tenemos que reformar el sistema? ¿Cierto o no?
No es cierto. Para empezar, la reforma de las pensiones ya estaba hecha en la ley 2011. Lo único que quedaba, y se supone que para eso nos reuníamos nosotros, era encontrar una fórmula que sostuviera el sistema teniendo en cuenta la realidad demográfica de los españoles y su esperanza de vida.
La realidad futura es que habrá, sin duda, más pensionistas y menos cotizantes.
Obviamente hay que prever y tomar medidas para el futuro para que no se produzca una hecatombe. Pero ni siquiera en el peor de los casos nos íbamos a quedar sin pensiones de un día para otro. Decir que que las pensiones están en peligro es caer en el alarmismo.
De un día para otro no, pero reconocerá que había que hacer algo...
Para eso está la ley 27/2011, que tomó medidas medidas potentes que reducían el gasto en pensiones entre tres puntos del PIB. Solo con eso ya teníamos un gasto en pensiones por debajo de la media europea. En cualquier caso, está claro que alrededor del año 2050 podemos tener problemas de déficit estructural acumulado en el sistema público de pensiones.
¿Por qué?
Porque para esas fechas se ya se habrá jubilado toda la generación del babyboom española, la que nació en torno a los años 70 del siglo pasado. Y nos encontraremos con que los gastos en pensiones, a causa del incremento del número de pensionistas, que crecerán a ritmo más rápido que el de cotizantes, pueden ser superiores a los ingresos recaudados en esas fechas para mantenerlas. ¿Quién debe soportar las cargas de ese problema? El informe que aprobó la comisión de expertos, con mi voto contrario, apuesta básicamente por cargar ese coste sobre los pensionistas.