>>>>> El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, dirigido por Luis Planas, aseguró el pasado 21 de abril en el décimo Congreso de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) que elaboraría un decreto ley para “regular el tamaño de las granjas de vacuno, en el marco de un modelo de agricultura familiar y profesional”. El texto, en fase de consulta pública, limita la “capacidad máxima” de la explotación a 850 unidades de ganado mayor —esto es, de gran tamaño— para las granjas de bovinos. Además, Planas aseguró que la nueva PAC —Política Agraria Común— de la Unión Europea favorecerá el modelo de explotación “familiar y profesional”. En la misma línea, los gobiernos autonómicos de Castilla- La Mancha, Aragón, Cataluña y Navarra han aprobado iniciativas para prohibir o limitar la construcción y ampliación de macrogranjas.
Emiliano García-Page (PSOE), presidente de Castilla-La Mancha, anunció hace dos semanas una moratoria que prohibía la construcción de nuevas macrogranjas y la ampliación de las existentes hasta diciembre de 2024. Aunque unos días antes el presidente castellano-manchego anunció que esta limitación sería con carácter indefinido. “Entre todos debemos establecer un diálogo sereno sobre la normativa que debe regir este tema, compatibilizando el sector económico y ganadero de la comunidad autónoma con las necesidades de sostenibilidad ambiental”, afirmó el presidente autonómico.
El Gobierno de Aragón, presidido por Javier Lambán (PSOE), presentó el pasado julio un proyecto de ley para la “protección y modernización de la agricultura familiar y del patrimonio agrario de Aragón”. En este texto se señala que la ganadería intensiva “pone en peligro tanto la sostenibilidad ambiental del territorio, como la sostenibilidad económica y social”. La iniciativa legislativa añade que la agricultura familiar “está sometida a riesgos especialmente relevantes en el ámbito de la ganadería intensiva”. El proyecto de ley del Gobierno de Lambán, aunque no prohíbe la construcción de nuevas explotaciones intensivas, sí limita el tamaño de “todas las explotaciones ganaderas intensivas” y condiciona la construcción de nuevas macrogranjas a la capacidad de “recepción de estiércoles” que tenga el suelo sobre el que se pretendan edificar.
Se trata de una medida semejante a la aprobada por María Chivite en Navarra el pasado abril, que ha prohibido la construcción o ampliación de explotaciones con más de 1.250 unidades de vacuno. La proposición de ley se aprobó con los votos a favor de los partidos de izquierdas y la abstención de Navarra Suma, formada por Ciudadanos y el Partido Popular.
En Cataluña, la autonomía con mayor número de macrogranjas según los datos facilitados por cada región, el Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural propuso un nuevo modelo de regulación de la ordenación ganadera en octubre de 2021 que tomará forma de decreto para asegurar el equilibrio entre la sostenibilidad económica y ambiental. Con él, se limitará el número de animales que pueden llegar a tener las explotaciones y no se podrán ampliar las cabezas de ganado en aquellas granjas que no cumplan las distancias reglamentarias entre ellos. El decreto fija un máximo de 600 vacas para las nuevas explotaciones, además de una formación obligatoria para los trabajadores de las granjas, que consiste en 20 horas de cursos sobre fisiología, comportamiento, conceptos de sanidad animal y legislación vigente en materia de bienestar animal.
A esta medida se suma que el Gobierno catalán impidió en 2019 la construcción de nuevas instalaciones por un periodo de dos años ante la contaminación de sus acuíferos. En julio, la Generalitat aprobó un decreto ley que prorrogaba cuatro años más —hasta 2025— la moratoria en la concesión de permisos para construir o ampliar este tipo de explotaciones en 68 municipios catalanes. El objetivo, según señaló el Govern, era revertir la presencia excesiva de nitratos en las aguas de estas localidades a causa de los purines vertidos por la ganadería intensiva. Siete de cada diez acuíferos están contaminados en Cataluña según los criterios europeos.>>>>>
Emiliano García-Page (PSOE), presidente de Castilla-La Mancha, anunció hace dos semanas una moratoria que prohibía la construcción de nuevas macrogranjas y la ampliación de las existentes hasta diciembre de 2024. Aunque unos días antes el presidente castellano-manchego anunció que esta limitación sería con carácter indefinido. “Entre todos debemos establecer un diálogo sereno sobre la normativa que debe regir este tema, compatibilizando el sector económico y ganadero de la comunidad autónoma con las necesidades de sostenibilidad ambiental”, afirmó el presidente autonómico.
El Gobierno de Aragón, presidido por Javier Lambán (PSOE), presentó el pasado julio un proyecto de ley para la “protección y modernización de la agricultura familiar y del patrimonio agrario de Aragón”. En este texto se señala que la ganadería intensiva “pone en peligro tanto la sostenibilidad ambiental del territorio, como la sostenibilidad económica y social”. La iniciativa legislativa añade que la agricultura familiar “está sometida a riesgos especialmente relevantes en el ámbito de la ganadería intensiva”. El proyecto de ley del Gobierno de Lambán, aunque no prohíbe la construcción de nuevas explotaciones intensivas, sí limita el tamaño de “todas las explotaciones ganaderas intensivas” y condiciona la construcción de nuevas macrogranjas a la capacidad de “recepción de estiércoles” que tenga el suelo sobre el que se pretendan edificar.
Se trata de una medida semejante a la aprobada por María Chivite en Navarra el pasado abril, que ha prohibido la construcción o ampliación de explotaciones con más de 1.250 unidades de vacuno. La proposición de ley se aprobó con los votos a favor de los partidos de izquierdas y la abstención de Navarra Suma, formada por Ciudadanos y el Partido Popular.
En Cataluña, la autonomía con mayor número de macrogranjas según los datos facilitados por cada región, el Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural propuso un nuevo modelo de regulación de la ordenación ganadera en octubre de 2021 que tomará forma de decreto para asegurar el equilibrio entre la sostenibilidad económica y ambiental. Con él, se limitará el número de animales que pueden llegar a tener las explotaciones y no se podrán ampliar las cabezas de ganado en aquellas granjas que no cumplan las distancias reglamentarias entre ellos. El decreto fija un máximo de 600 vacas para las nuevas explotaciones, además de una formación obligatoria para los trabajadores de las granjas, que consiste en 20 horas de cursos sobre fisiología, comportamiento, conceptos de sanidad animal y legislación vigente en materia de bienestar animal.
A esta medida se suma que el Gobierno catalán impidió en 2019 la construcción de nuevas instalaciones por un periodo de dos años ante la contaminación de sus acuíferos. En julio, la Generalitat aprobó un decreto ley que prorrogaba cuatro años más —hasta 2025— la moratoria en la concesión de permisos para construir o ampliar este tipo de explotaciones en 68 municipios catalanes. El objetivo, según señaló el Govern, era revertir la presencia excesiva de nitratos en las aguas de estas localidades a causa de los purines vertidos por la ganadería intensiva. Siete de cada diez acuíferos están contaminados en Cataluña según los criterios europeos.>>>>>