DIARIO DE BURGOS
De la balanza a la cuerda floja
P. C. P. / Burgos - viernes, 10 de enero de 2014
La balanza de la Justicia tendrá muy difícil mantener su proverbial equilibrio en 2014. Tantas son las reformas a las que se enfrentan los colectivos profesionales que el ministro Gallardón camina sobre el alambre -o la cuerda floja- mientras desde el suelo le observa el resto de la troupe, temerosa de que una caída del artista principal arruine el espectáculo, pero a su vez esperanzada ante la posibilidad de que dé un paso atrás y les permita presumir de trabajo en equipo.
La brecha abierta en el seno del Partido Popular con el aborto podría reproducirse en un debate con menos carga ideológico y mucho contenido territorial. Esta polémica reforma ha pospuesto -algunos dicen que por lo que queda de legislatura- la de la Ley de Planta y Demarcación Judicial, cuyo anteproyecto se esperaba para mediados de noviembre, tal y como los responsables del Ministerio explicaron al alcalde, Javier Lacalle. Las Navidades han enfriado la polémica suscitada ante la posibilidad de que las salas del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León se desdoblen y Valladolid asuma buena parte de la carga de trabajo en el ámbito civil y penal, que ahora se gestiona exclusivamente en Burgos.
El estudio de la comisión de expertos, en el que se basará el anteproyecto, deja a Burgos con 29 jueces y magistrados frente a los 13 actuales, y confiere 47 a Valladolid, que ahora tiene 18. Más difícil de cuantificar resulta el negocio que perderían los abogados y procuradores burgaleses, en detrimento de los pucelanos, pero se estima en muchos miles de euros.
De la misma ley depende el futuro de los partidos judiciales. Por sus características territoriales, Burgos disfruta actualmente de 7. Solo el de la capital parece estar garantizado, aunque podrían salvarse los de Aranda de Duero yMiranda de Ebro. Más difícil lo tiene Villarcayo y prácticamente imposible Lerma, Salas de los Infantes, y Briviesca. En las 6 sedes cuestionadas, las 2 últimas nuevas, trabajan 122 abogados, 31 procuradores y 87 funcionarios y jueces cuyo futuro está en manos del Ministerio. Los alcaldes de las poblaciones afectadas, miles en toda España, amenazan con levantarse en armas si la Ley de Planta les priva de ‘su’ juzgado. Con los partidos judiciales ‘morirían’ también los 364 jueces de paz de la provincia.
De ahí que el modelo de justicia proyectado para el siglo XXI tenga difícil acomodo no solo en los presupuestos, sino también en los discursos que acostumbran a realizar los políticos de Burgos y de Castilla y León sobre de fijar población en el medio rural.
LA FUTURA PRESIDENCIA. Los de las Salas del TSJ y los partidos judiciales no son los únicos cambios que se barajan en el año recién estrenado. También el de la máxima autoridad judicial de la región. La aspiración del actual presidente, José Luis Concepción, por mudarse aMadrid es conocida públicamente. En 2012, su nombre figuró entre los 4 candidatos a ocupar una vacante de magistrado en la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo. El proceso quedó paralizado en el Consejo General delPoder Judicial (CGPJ), que durante los 2 últimos años de disensiones internas y crisis se ha visto obligado a aparcar varios nombramientos. Ahora, cerrado el acuerdo entre elPP y elPSOE para su renovación con el reciente nombramiento de los vocales y el presidente, Carlos Lesmes, el órgano ha ganado estabilidad y retomará en próximos Plenos las votaciones para cubrir las vacantes del Supremo y elConstitucional. La posible marcha de Concepción abriría la carrera por su sucesión enCastilla y León, para la que han empezado a sonar nombres como el de Feliciano Trebolle, presidente de la Audiencia de Valladolid, aunque ha anunciado que aspira a ser reelegido en su cargo otros 5 años.
FUNCIONARIOS Y FISCALES. Los interrogantes no acaban ahí. Abogados, procuradores, funcionarios y fiscales también se preguntan ‘qué hay de lo mío’. El negocio de quienes tienen despacho abierto al justiciable se está resistiendo sensiblemente por las tasas judiciales, que este mismo mes quedarán derogadas en Francia. En Burgos se han concentrado ya en varias ocasiones para reclamar que el Gobierno de Rajoy también las elimine, hasta ahora sin éxito.
Los procuradores tienen además otro frente abierto que podría conllevar su extinción como profesión. Economía proyecta eliminar la incompatibilidad entre esta profesión y la de abogado, lo que acabaría con los aranceles públicos que ahora estipulan el coste de un procurador y, a juicio de este colectivo, entra en contradicción con los planes de Justicia para conferirles más atribuciones. También se han concentrado en los juzgados de Reyes Católicos.
Dentro de ese edificio, los funcionarios han sobrevivido a 3 años de Nueva Oficina Judicial (NOJ), gracias a las sucesivas renovaciones de personal de refuerzo, que obligan a una modificación de la relación de puestos de trabajo que no llega, como tampoco nada saben del prometido expediente digital. Mientras siguen acarreando papeles, protestan también contra el proyecto de traspasar las competencias de los registros civiles a los colegios de registradores de la propiedad, muy avanzado.
Y en el Ministerio Público tampoco son ajenos a esta expectativa de cambios. Burgos suena como candidata a implantar la Nueva Oficina Fiscal, que como la judicial busca cambiar el modelo de gestión y optimizar los recursos. Asunto distinto es que lo consiga.
De la balanza a la cuerda floja
P. C. P. / Burgos - viernes, 10 de enero de 2014
La balanza de la Justicia tendrá muy difícil mantener su proverbial equilibrio en 2014. Tantas son las reformas a las que se enfrentan los colectivos profesionales que el ministro Gallardón camina sobre el alambre -o la cuerda floja- mientras desde el suelo le observa el resto de la troupe, temerosa de que una caída del artista principal arruine el espectáculo, pero a su vez esperanzada ante la posibilidad de que dé un paso atrás y les permita presumir de trabajo en equipo.
La brecha abierta en el seno del Partido Popular con el aborto podría reproducirse en un debate con menos carga ideológico y mucho contenido territorial. Esta polémica reforma ha pospuesto -algunos dicen que por lo que queda de legislatura- la de la Ley de Planta y Demarcación Judicial, cuyo anteproyecto se esperaba para mediados de noviembre, tal y como los responsables del Ministerio explicaron al alcalde, Javier Lacalle. Las Navidades han enfriado la polémica suscitada ante la posibilidad de que las salas del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León se desdoblen y Valladolid asuma buena parte de la carga de trabajo en el ámbito civil y penal, que ahora se gestiona exclusivamente en Burgos.
El estudio de la comisión de expertos, en el que se basará el anteproyecto, deja a Burgos con 29 jueces y magistrados frente a los 13 actuales, y confiere 47 a Valladolid, que ahora tiene 18. Más difícil de cuantificar resulta el negocio que perderían los abogados y procuradores burgaleses, en detrimento de los pucelanos, pero se estima en muchos miles de euros.
De la misma ley depende el futuro de los partidos judiciales. Por sus características territoriales, Burgos disfruta actualmente de 7. Solo el de la capital parece estar garantizado, aunque podrían salvarse los de Aranda de Duero yMiranda de Ebro. Más difícil lo tiene Villarcayo y prácticamente imposible Lerma, Salas de los Infantes, y Briviesca. En las 6 sedes cuestionadas, las 2 últimas nuevas, trabajan 122 abogados, 31 procuradores y 87 funcionarios y jueces cuyo futuro está en manos del Ministerio. Los alcaldes de las poblaciones afectadas, miles en toda España, amenazan con levantarse en armas si la Ley de Planta les priva de ‘su’ juzgado. Con los partidos judiciales ‘morirían’ también los 364 jueces de paz de la provincia.
De ahí que el modelo de justicia proyectado para el siglo XXI tenga difícil acomodo no solo en los presupuestos, sino también en los discursos que acostumbran a realizar los políticos de Burgos y de Castilla y León sobre de fijar población en el medio rural.
LA FUTURA PRESIDENCIA. Los de las Salas del TSJ y los partidos judiciales no son los únicos cambios que se barajan en el año recién estrenado. También el de la máxima autoridad judicial de la región. La aspiración del actual presidente, José Luis Concepción, por mudarse aMadrid es conocida públicamente. En 2012, su nombre figuró entre los 4 candidatos a ocupar una vacante de magistrado en la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo. El proceso quedó paralizado en el Consejo General delPoder Judicial (CGPJ), que durante los 2 últimos años de disensiones internas y crisis se ha visto obligado a aparcar varios nombramientos. Ahora, cerrado el acuerdo entre elPP y elPSOE para su renovación con el reciente nombramiento de los vocales y el presidente, Carlos Lesmes, el órgano ha ganado estabilidad y retomará en próximos Plenos las votaciones para cubrir las vacantes del Supremo y elConstitucional. La posible marcha de Concepción abriría la carrera por su sucesión enCastilla y León, para la que han empezado a sonar nombres como el de Feliciano Trebolle, presidente de la Audiencia de Valladolid, aunque ha anunciado que aspira a ser reelegido en su cargo otros 5 años.
FUNCIONARIOS Y FISCALES. Los interrogantes no acaban ahí. Abogados, procuradores, funcionarios y fiscales también se preguntan ‘qué hay de lo mío’. El negocio de quienes tienen despacho abierto al justiciable se está resistiendo sensiblemente por las tasas judiciales, que este mismo mes quedarán derogadas en Francia. En Burgos se han concentrado ya en varias ocasiones para reclamar que el Gobierno de Rajoy también las elimine, hasta ahora sin éxito.
Los procuradores tienen además otro frente abierto que podría conllevar su extinción como profesión. Economía proyecta eliminar la incompatibilidad entre esta profesión y la de abogado, lo que acabaría con los aranceles públicos que ahora estipulan el coste de un procurador y, a juicio de este colectivo, entra en contradicción con los planes de Justicia para conferirles más atribuciones. También se han concentrado en los juzgados de Reyes Católicos.
Dentro de ese edificio, los funcionarios han sobrevivido a 3 años de Nueva Oficina Judicial (NOJ), gracias a las sucesivas renovaciones de personal de refuerzo, que obligan a una modificación de la relación de puestos de trabajo que no llega, como tampoco nada saben del prometido expediente digital. Mientras siguen acarreando papeles, protestan también contra el proyecto de traspasar las competencias de los registros civiles a los colegios de registradores de la propiedad, muy avanzado.
Y en el Ministerio Público tampoco son ajenos a esta expectativa de cambios. Burgos suena como candidata a implantar la Nueva Oficina Fiscal, que como la judicial busca cambiar el modelo de gestión y optimizar los recursos. Asunto distinto es que lo consiga.
¡Qué varapalo en la justicia burgalesa! No se a qué me suena esto, será a concentración judicial en la capital. La cosa está más que cantada, con la crisis, desbandada hacia la capital- que hay muchos pisos vacíos, y que de los pueblos se puede hacer mucha leña. Tendremos que echar mano a obtener la justicia sin necesidad de comparecer en los tribunales. No creáis que quiero decir que haya que tirar para el monte, no; sino que la justicia se puede obtener en el día a día, haciendo que te respeten, que la gente sepa a qué se puede atener si trata de perjudicarte. Es la mejor justicia que conozco, ya que es preventiva.
No creo que los pueblos a los que se les prive de sedes judiciales estarán de acuerdo, y alzarán sus voces. Esto supone un varapalo para el mundo rural de tamaño insospechado. Si ahora, la culpa de todo la van a tener los pueblos y todo para que las ciudades vean más desahogo de todo tipo. Algo están haciendo rematadamente mal, y tiempo habrá de enviarles un aviso.
Todavía me acuerdo el gran lío que se montó porque no se daba abasto, cómo se acumulaban todos los papeles, tanto y tantos casos atrasados. Esto, según esta gente, era facilísimo, lo iban a arreglar todo... Y de qué manera, como todo, con unas enormes tijeras. Y con máquinas perforadoras, también para muchos pueblos. ¡Qué solución! se quitan algunos juzgados y listo. Todos a la capital de "beneká". Todo concentrado como el caldo nor.. Estorban los jueces de los pueblos, ya sean de primera instancia o de paz, los secretarios de las agrupaciones de paz, los auxiliares, los abogados de los pueblos y los procuradores.
Los pueblos, si pudieran los quitarían del mapa, y como no pueden, los perforan. Mezclo, pero esto parece maquiavélico. Solo las ciudades merecen vivir, y, con la sangre y la destrucción de los pueblos.
Si después de todo esto, todavía la gente les vota, les estará bien merecido este maltrato.
No creo que los pueblos a los que se les prive de sedes judiciales estarán de acuerdo, y alzarán sus voces. Esto supone un varapalo para el mundo rural de tamaño insospechado. Si ahora, la culpa de todo la van a tener los pueblos y todo para que las ciudades vean más desahogo de todo tipo. Algo están haciendo rematadamente mal, y tiempo habrá de enviarles un aviso.
Todavía me acuerdo el gran lío que se montó porque no se daba abasto, cómo se acumulaban todos los papeles, tanto y tantos casos atrasados. Esto, según esta gente, era facilísimo, lo iban a arreglar todo... Y de qué manera, como todo, con unas enormes tijeras. Y con máquinas perforadoras, también para muchos pueblos. ¡Qué solución! se quitan algunos juzgados y listo. Todos a la capital de "beneká". Todo concentrado como el caldo nor.. Estorban los jueces de los pueblos, ya sean de primera instancia o de paz, los secretarios de las agrupaciones de paz, los auxiliares, los abogados de los pueblos y los procuradores.
Los pueblos, si pudieran los quitarían del mapa, y como no pueden, los perforan. Mezclo, pero esto parece maquiavélico. Solo las ciudades merecen vivir, y, con la sangre y la destrucción de los pueblos.
Si después de todo esto, todavía la gente les vota, les estará bien merecido este maltrato.