Sánchez, al límite.
Constitucionalmente, el presidente del Gobierno no puede abrir diálogo bilateral y con mediadores con una región.
Luis Ventoso.
Actualizado:
06/02/2019 08:56h.
Afinales de mayo, Sánchez ganó una moción de censura y se convirtió en presidente, con solo 84 escaños y aliado con los separatistas que habían dado un golpe solo siete meses antes. Su pretexto fue que la condena de unos alcaldes menores del PP en el caso Gürtel salpicaba a Rajoy de tal manera que no podía continuar en su cargo (esta semana han entrado en la cárcel por robar del erario dos excargos del gobierno del socialista extremeño Vara, pero supuesto no ha dimitido nadie). Sánchez anunció durante la moción que el suyo sería un Gobierno de transición para convocar pronto elecciones (hoy es evidente que mintió). También afirmó que su objetivo era «recuperar la normalidad política e institucional y regenerar la vida democrática». Tampoco ahí ha cumplido. De hecho su gobernanza se caracteriza por una sucesión de malas prácticas, que degradan la vida pública, como tomar TVE o el CIS. La última es la publicación de un libro de su autoría, dedicado al autoelogio. Algo inaudito, que ningún presidente en ejercicio hace, pues al establecer una relación contractual con una editorial -en este caso un importante grupo mediático- deja de ser neutral en lo que hace a sus relaciones con los medios.
Todo lo dicho es lamentable. Pero ayer ocurrió algo aún más grave. En una nueva rendición para que los separatistas le validen sus presupuestos y seguir en La Moncloa, ha aceptado la exigencia de Torra de que haya mediadores -«relatores»- en sus conversaciones con la Generalitat. Como si España fuese una república tercermundista envuelta en una guerra civil, o un territorio en proceso de descolonización. En diciembre, Sánchez solicitó una entrevista con Torra -cuando este acababa de llamar a la vía bélica eslovena- y el día 21 se entrevistó con él en Barcelona. Torra le entregó un documento con 21 exigencias que Sánchez ocultó a los ciudadanos. De hecho, engañó a los españoles e hizo un balance positivo del encuentro, porque se abría «un espacio para el diálogo». Dos días después, Torra reveló que le había entregado por escrito sus exigencias, que Sánchez jamás hizo público, a pesar de la reiterada petición de la oposición y de ABC. Ayer el líder separatista divulgó por fin esas demandas. Entre otras, la autodeterminación, renuncia al 155, el fin de la «vía judicial» y mediadores internacionales (concedidos ya por el Gobierno).
¿Puede un presidente de España abrir una negociación con observadores con el Gobierno de una comunidad autónoma que demanda la «autodeterminación», una figura que no contempla nuestra Constitución? ¿No está Sánchez violando de manera flagrante sus obligaciones constitucionales, de las cuales la primera es proteger la integridad y unidad de la nación? ¿Puede el Estado abrir una mesa bilateral con una comunidad autónoma, cuyo poder deriva del propio Estado? ¿No supone eso un absurdo constitucional, algo así como el Estado negociando consigo mismo? En su afán ególatra por aferrarse al cargo, Sánchez ha ido demasiado lejos. Si pasa de las palabras a los hechos y finalmente abre esa mesa podría incurrir en un delito.
Luis Ventoso.
Director Adjunto.
Constitucionalmente, el presidente del Gobierno no puede abrir diálogo bilateral y con mediadores con una región.
Luis Ventoso.
Actualizado:
06/02/2019 08:56h.
Afinales de mayo, Sánchez ganó una moción de censura y se convirtió en presidente, con solo 84 escaños y aliado con los separatistas que habían dado un golpe solo siete meses antes. Su pretexto fue que la condena de unos alcaldes menores del PP en el caso Gürtel salpicaba a Rajoy de tal manera que no podía continuar en su cargo (esta semana han entrado en la cárcel por robar del erario dos excargos del gobierno del socialista extremeño Vara, pero supuesto no ha dimitido nadie). Sánchez anunció durante la moción que el suyo sería un Gobierno de transición para convocar pronto elecciones (hoy es evidente que mintió). También afirmó que su objetivo era «recuperar la normalidad política e institucional y regenerar la vida democrática». Tampoco ahí ha cumplido. De hecho su gobernanza se caracteriza por una sucesión de malas prácticas, que degradan la vida pública, como tomar TVE o el CIS. La última es la publicación de un libro de su autoría, dedicado al autoelogio. Algo inaudito, que ningún presidente en ejercicio hace, pues al establecer una relación contractual con una editorial -en este caso un importante grupo mediático- deja de ser neutral en lo que hace a sus relaciones con los medios.
Todo lo dicho es lamentable. Pero ayer ocurrió algo aún más grave. En una nueva rendición para que los separatistas le validen sus presupuestos y seguir en La Moncloa, ha aceptado la exigencia de Torra de que haya mediadores -«relatores»- en sus conversaciones con la Generalitat. Como si España fuese una república tercermundista envuelta en una guerra civil, o un territorio en proceso de descolonización. En diciembre, Sánchez solicitó una entrevista con Torra -cuando este acababa de llamar a la vía bélica eslovena- y el día 21 se entrevistó con él en Barcelona. Torra le entregó un documento con 21 exigencias que Sánchez ocultó a los ciudadanos. De hecho, engañó a los españoles e hizo un balance positivo del encuentro, porque se abría «un espacio para el diálogo». Dos días después, Torra reveló que le había entregado por escrito sus exigencias, que Sánchez jamás hizo público, a pesar de la reiterada petición de la oposición y de ABC. Ayer el líder separatista divulgó por fin esas demandas. Entre otras, la autodeterminación, renuncia al 155, el fin de la «vía judicial» y mediadores internacionales (concedidos ya por el Gobierno).
¿Puede un presidente de España abrir una negociación con observadores con el Gobierno de una comunidad autónoma que demanda la «autodeterminación», una figura que no contempla nuestra Constitución? ¿No está Sánchez violando de manera flagrante sus obligaciones constitucionales, de las cuales la primera es proteger la integridad y unidad de la nación? ¿Puede el Estado abrir una mesa bilateral con una comunidad autónoma, cuyo poder deriva del propio Estado? ¿No supone eso un absurdo constitucional, algo así como el Estado negociando consigo mismo? En su afán ególatra por aferrarse al cargo, Sánchez ha ido demasiado lejos. Si pasa de las palabras a los hechos y finalmente abre esa mesa podría incurrir en un delito.
Luis Ventoso.
Director Adjunto.