Sánchez vende el Estado a plazos.
OKDIARIO.
ACTUALIZADO: 13/01/2024 06:50.
Para hacerse una idea de lo que nos queda por aguantar, después de la cesión de las competencias en materia de inmigración a Cataluña -netamente inconstitucional- basta con repasar los documentos en los que el partido de Carles Puigdemont diseña su plan para construir una Cataluña independiente. La gestión de la política migratoria, que forma parte de las políticas «de Estado» catalán, ya es objetivo cumplido. Lo siguiente serán los traspasos en materia de Justicia, Seguridad Social, energía o, incluso, la construcción de una «Seguridad Nacional» propia para Cataluña.
La formación independentista lo tiene claro: «Es necesario que nuestro país conforme las necesarias estructuras de Estado y construya el sistema de Seguridad Nacional de Cataluña, que está compuesto por la Policía de Cataluña, la Seguridad Civil y la Defensa». Basta con repasar los reproches de Junts para saber por dónde soplará el viento: «La Estrategia de Seguridad Nacional española no respeta las competencias de la Generalitat de Cataluña», que «el Estado tendría que haber traspasado a la Generalitat y no lo ha hecho», como la ordenación de la «seguridad privada». Además, reclama más dinero al Estado, entre otras cosas, para disponer de más efectivos y «garantizar la seguridad de Cataluña». En diciembre, Gobierno y Generalitat acordaron financiar con 1.600 millones de euros el despliegue del cuerpo de los Mossos d’Esquadra hasta 2030.
Por si fuera poco, el plan de Junts avanza en esa progresiva asunción de competencias por parte de los mossos, como en el caso del «control de armas y explosivos», algo que el separatismo ha conseguido en parte después de que en 2022 el Gobierno aprobará una ley para permitir a Mossos y Ertzaintza compartir con la Guardia Civil las competencias sobre el control de sustancias químicas que pueden ser utilizadas como precursores de explosivos.
La normativa concede a la Guardia Civil, con carácter exclusivo, la competencia sobre la inspección, control y vigilancia de estas sustancias químicas que se pueden utilizar para fabricar explosivos de forma casera, pero el PSOE pactó con el independentismo compartir información con «los órganos de las comunidades autónomas competentes en materia de seguridad pública que dispongan de Cuerpo de Policía autonómica propio». En conclusión, lo que estamos viendo es sólo un aperitivo de lo que está por venir. Porque esto es una entrega a plazos del Estado.
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ACTUALIZADO: 13/01/2024 06:50.
Para hacerse una idea de lo que nos queda por aguantar, después de la cesión de las competencias en materia de inmigración a Cataluña -netamente inconstitucional- basta con repasar los documentos en los que el partido de Carles Puigdemont diseña su plan para construir una Cataluña independiente. La gestión de la política migratoria, que forma parte de las políticas «de Estado» catalán, ya es objetivo cumplido. Lo siguiente serán los traspasos en materia de Justicia, Seguridad Social, energía o, incluso, la construcción de una «Seguridad Nacional» propia para Cataluña.
La formación independentista lo tiene claro: «Es necesario que nuestro país conforme las necesarias estructuras de Estado y construya el sistema de Seguridad Nacional de Cataluña, que está compuesto por la Policía de Cataluña, la Seguridad Civil y la Defensa». Basta con repasar los reproches de Junts para saber por dónde soplará el viento: «La Estrategia de Seguridad Nacional española no respeta las competencias de la Generalitat de Cataluña», que «el Estado tendría que haber traspasado a la Generalitat y no lo ha hecho», como la ordenación de la «seguridad privada». Además, reclama más dinero al Estado, entre otras cosas, para disponer de más efectivos y «garantizar la seguridad de Cataluña». En diciembre, Gobierno y Generalitat acordaron financiar con 1.600 millones de euros el despliegue del cuerpo de los Mossos d’Esquadra hasta 2030.
Por si fuera poco, el plan de Junts avanza en esa progresiva asunción de competencias por parte de los mossos, como en el caso del «control de armas y explosivos», algo que el separatismo ha conseguido en parte después de que en 2022 el Gobierno aprobará una ley para permitir a Mossos y Ertzaintza compartir con la Guardia Civil las competencias sobre el control de sustancias químicas que pueden ser utilizadas como precursores de explosivos.
La normativa concede a la Guardia Civil, con carácter exclusivo, la competencia sobre la inspección, control y vigilancia de estas sustancias químicas que se pueden utilizar para fabricar explosivos de forma casera, pero el PSOE pactó con el independentismo compartir información con «los órganos de las comunidades autónomas competentes en materia de seguridad pública que dispongan de Cuerpo de Policía autonómica propio». En conclusión, lo que estamos viendo es sólo un aperitivo de lo que está por venir. Porque esto es una entrega a plazos del Estado.