El PSOE votará esta tarde en contra de penalizar los referéndum ilegales.
El PP quiere introducir penas de prisión de tres a cinco años para quien promueva una consulta ilegal e inhabilitación.
Ana I. Sánchez.
Madrid.
Actualizado:
19/02/2019 11:58h.
El PSOE votará esta tarde en el Congreso en contra de la proposición de ley impulsada por el PP para penalizar la convocatoria de un referéndum ilegal. Creen los socialistas que el juicio al procès que se celebra estos días en el Tribunal Supremo demuestra que el Código Penal funciona correctamente tal y como está redactado y que no es necesario introducir ninguna modificación.
El texto del PP propone penas de prisión de tres a cinco años e inhabilitación absoluta por un tiempo superior entre tres y cinco años a la duración de la pena impuesta para la autoridad o funcionario que convoque o autorice la celebración de un referéndum ilegal.
Para los funcionarios o autoridades que faciliten o aseguren la consulta ilegal los populares abogan por penas de prisión de uno a tres años e inhabilitación absoluta por un tiempo superior entre uno y tres años a la duración de la pena impuesta. Y para quienes ejerzan de interventores en un referéndum ilegal, faciliten, promuevan o aseguren su realización el PP pide penas de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses.
La exposición de motivos de la proposición de ley pone el acento en que «los acontecimientos recientes» demuestran que las conductas de usurpación de atribuciones y participación en consultas ilegales «revisten de suficiente entidad como para merecer un reproche penal». En esta línea, subraya que las formas diferentes de control de la legalidad no han «sido suficientes para reprimir y disuadir de las conductas que los mismos penaban». Hasta hace diez años, convocar, promover o ejercer de interventor en un referéndum ilegal estaba penado en el Código Penal, pero los grupos políticos decidieron despenalizar esta posibilidad.
El debate tiene valor político en términos de precampaña electoral y el PP pretende utilizarlo para retratar las alianzas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su juego con los partidos independentistas. No en vano, aunque el Pleno aprobara el texto, su tramitación no podría completarse antes del próximo 5 de marzo cuando el Congreso se disolverá por la convocatoria de elecciones y, por tanto, la proposición de ley decaería.
El PP quiere introducir penas de prisión de tres a cinco años para quien promueva una consulta ilegal e inhabilitación.
Ana I. Sánchez.
Madrid.
Actualizado:
19/02/2019 11:58h.
El PSOE votará esta tarde en el Congreso en contra de la proposición de ley impulsada por el PP para penalizar la convocatoria de un referéndum ilegal. Creen los socialistas que el juicio al procès que se celebra estos días en el Tribunal Supremo demuestra que el Código Penal funciona correctamente tal y como está redactado y que no es necesario introducir ninguna modificación.
El texto del PP propone penas de prisión de tres a cinco años e inhabilitación absoluta por un tiempo superior entre tres y cinco años a la duración de la pena impuesta para la autoridad o funcionario que convoque o autorice la celebración de un referéndum ilegal.
Para los funcionarios o autoridades que faciliten o aseguren la consulta ilegal los populares abogan por penas de prisión de uno a tres años e inhabilitación absoluta por un tiempo superior entre uno y tres años a la duración de la pena impuesta. Y para quienes ejerzan de interventores en un referéndum ilegal, faciliten, promuevan o aseguren su realización el PP pide penas de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses.
La exposición de motivos de la proposición de ley pone el acento en que «los acontecimientos recientes» demuestran que las conductas de usurpación de atribuciones y participación en consultas ilegales «revisten de suficiente entidad como para merecer un reproche penal». En esta línea, subraya que las formas diferentes de control de la legalidad no han «sido suficientes para reprimir y disuadir de las conductas que los mismos penaban». Hasta hace diez años, convocar, promover o ejercer de interventor en un referéndum ilegal estaba penado en el Código Penal, pero los grupos políticos decidieron despenalizar esta posibilidad.
El debate tiene valor político en términos de precampaña electoral y el PP pretende utilizarlo para retratar las alianzas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su juego con los partidos independentistas. No en vano, aunque el Pleno aprobara el texto, su tramitación no podría completarse antes del próximo 5 de marzo cuando el Congreso se disolverá por la convocatoria de elecciones y, por tanto, la proposición de ley decaería.