EL CASO DE LA CONSTRUCCIÓN DE BURGOS...

EL CASO DE LA CONSTRUCCIÓN DE BURGOS
Todo comienza con el proceso de elaboración del Plan General de Ordenación Urbana por el Ayuntamiento burgalés elegido en 1983 que por lo visto había puesto de manifiesto reiteradas actuaciones de mayoría absoluta del Partido en el Ayuntamiento, encabezada por el Alcalde José Mª Peña, antes Alcalde con UCD, para favorecer al constructor amigo Antonio Miguel Méndez Pozo (Michel) propietario a la sazón de la inmobiliaria Río Vena.
Las acusaciones - más o menos fundadas - de corrupción eran por lo que se ve tan consistentes, encabezadas por la propia Federación de Empresarios de la Construcción, que incluso el PP le dio crédito, y decidio cambiar de candidatura y no presentar en su lista a Peña y a su equipo en 1987. Así se presenta una lista oficial del Partido, encabezada por el diputado Cesar Huídobro, mientras que Peña se presenta utilizando un partido (Solución Independiente) creado por su mentor político, Rafael Pérez Escolar.
Pero hete aquí que como estaba previsto una vez más entra en juego el saber y la astucia de AZNAR. A través de la CEOE, Méndez Pozo conecta con nuestro líder carismático, y le convence de que es un disparate dividir los votos de la derecha en Burgos. Presionado por AZNAR, Antonio Hernández Mancha, entonces secretario general del Partido, acepta retirar la candidatura oficial del Partido, que es retirada tras un complicado litigio jurídico por la dirección nacional. Los perjudicados denunciaron que tras esta decisión hubo una substanciosa financiación de empresarios burgaleses a la campaña regional del Partido.
Retirada la candidatura, SI de Peña vuelve a ganar las elecciones municipales en Burgos, mientras el proceso sigue su curso, En la Diputación el PSOE, CDS y el PP pactan la elección de un Presidente de este último partido marginando a SI. Pero AZNAR sigue maniobrando. Nombra un delegado territorial de la Junta en Burgos de la confianza de Peña y procesado con él en este caso, integra el único procurador obtenido por Si en el Grupo Popular (el PP había empatado con el PSOE en las Cortes y este voto fue decisivo para su investidura), destituye a la dirección provincial rebelde del PP en Burgos, y acaba maniobrando para romper el pacto de la Diputación y recomponerlo a una alianza PP-Si. Mientras tanto, y de la mano de su compañero de carrera José María Concejo (actual miembro de diversos Consejos de Administración en representación del BBV) estrecha su relación con Méndez Pozo. Este mientras tanto había comprado el Diario de Burgos, en cuyo club de opinión se produce la presentación primera de la candidatura de SEr a la Presidencia del Gobierno en 1989.
El proceso judicial sigue su curso, con testimonios abrumadores del Colegio de Arquitectos y evidencias de un favoritismo increíble con recalificaciones e incremento de aprovechamientos. Incluso nuestro líder carismático se ve obligado a declarar por escrito. LO que dicho sea de paso le incomoda más de los `revisto. sev, En 1991 el Partido vuelve a presentar a Peña como Alcalde, que sufre un fuerte retroceso de más del 15% de los votos y gana por muy poco debido a que hay 3 candidaturas que con el 4,5% de los votos quedan sin representación. El Partido sigue defendiendo cerradamente su inocencia, hasta que en mayo de 1.992 la Audiencia Provincial de Burgos condena a Peña y a tres de sus concejales a inhabilitación y a Méndez a siete años de prisión.
El Supremo confirmará año y medio más tarde la sentencia. Más tarde Peña romperá relaciones con el PP y Méndez Pozo y se presentará en 1995 a las autonómicas sin obtener representación. Mientras tanto, Méndez Pozo tras su paso por la cárcel siguió viviendo un idilio con el PP. Desde el Diario de Burgos ha comprado una agencia regional de noticias (CAL) desde la que alaba sin tregua a la Junta, ha entrado con el 25% en la Cadena Ibérica, etc,
La sentencia del Caso de la Construcción declaraba probado que en algunos terrenos de la Junta se habían producido intrusamientos por parte de las inmobiliarias de Méndez Pozo, y anulaba diversas unidades de actuación del Plan General de Ordenación Urbana de Burgos. La sentencia en la práctica no se ha ejecutado, al haber convalidado las actuaciones irregulares el propio Ayuntamiento y la Junta con decisiones urbanísticas posteriores. La Junta de Castilla y León tampoco ha hecho nada por reivindicar la titularidad de sus terrenos intrusados.
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