Gürtel' y 'Kitchen' cierran el círculo de la utilización del Estado por el PP: primero para financiarse y después para ocultar las huellas (1/2)
La investigación sobre la trama de Correa destapó lo que la sentencia define como un “sistema de corrupción institucional” del que se lucraron cargos del PP y que nutrió las arcas del partido con dinero de donantes en “contrapartida por adjudicaciones irregulares”
Ahora, el caso del espionaje a Bárcenas aflora el uso de medios policiales y fondos reservados para proteger a la organización y sus dirigentes cuando los papeles sobre la caja B ya estaban en manos de un juez
El 6 de febrero de 2009 cinco detenciones de segundo nivel activaron lo que se convertiría en el monumental caso Gürtel. El terremoto acabó rompiendo el sismógrafo en mayo de 2018 con una sentencia que derribó casi de inmediato a Mariano Rajoy y su Gobierno previa moción de censura. Dictada por la Audiencia Nacional tras una instrucción torpedeada desde su inicio, utilizada como base de una atroz campaña de desprestigio de los jueces que la firmaron y aún pendiente de varios recursos ante el Tribunal Supremo, la sentencia definió lo sucedido en Gürtel como fruto de "un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional". Un sistema basado en cientos de contratos amañados. Y en sobornos. Y en "aportaciones a la caja B" del PP efectuadas como "contrapartida por adjudicaciones irregulares".
En resumen, a través de la "manipulación de la contratación pública central, autonómica y local" –lo expresa así la sentencia– se produjo una utilización del Estado para lo que podría calificarse como fines privados. Es lo que se desprende de sus 1.691 páginas. Ahora, transcurridos más de once años de aquel febrero de 2009, otra investigación judicial ya ha hecho aflorar lo que los indicios conocidos retratan como una segunda gran apropiación de recursos públicos desde el poder. Una apropiación estrechamente conectada a la de Gürtel. Porque los recursos se emplearon esta vez en desarrollar la llamada Operación Kitchen, centrada en el espionaje a Luis Bárcenas y su mujer, Rosalía Iglesias, para localizar y sustraer documentos relativos a la caja B que el extesorero hubiese conservado en su poder y que pudiesen incriminar a altos dirigentes del PP.
Desplegado por el Ministerio del Interior en 2013, el operativo se prolongó al menos hasta 2015. Y como mínimo, aunque todo apunta a que la cifra crecerá, el ministerio le destinó 53.000 euros de fondos reservados.
Cuatro años antes de que Interior pusiera en marcha el dispositivo diseñado para vigilar a Bárcenas y su mujer y encontrar dónde habían escondido los archivos ansiados por el PP, la figura clave de la llamada policía patriótica, José Manuel Villarejo, ya había recibido de María Dolores de Cospedal "encargos puntuales". Tras aquella reunión secreta del 21 de julio de 2009 el propio Villarejo señala en otra de sus conversaciones grabadas que entre esos encargos se contó la destrucción de ordenadores. En ese audio no dice que se tratara de los de Bárcenas pero el contexto no deja lugar a dudas. La Fiscalía ya ha pedido la imputación de Cospedal, entonces secretaria general del PP, al igual que la del exministro de Interior Jorge Fernández Díaz.
Con un confidente captado como chófer del extesorero para que se infiltrase en su entorno más cercano a cambio de 2.000 euros por mes, un informe policial subraya que el operativo fue coordinado por el entonces secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez. Pero, según el mismo informe, se llevó a cabo "con conocimiento del Asturiano". Ese es uno de los dos apodos con que el entonces poderoso Villarejo se refería a Mariano Rajoy. El otro mote era "el barbas", como deslizó el chófer-espía en una conversación telefónica con el comisario y donde aseguraba que había visto que los Bárcenas tenían pruebas de un viaje de Rajoy pagado por la trama Gürtel. Martínez ya está imputado. Rajoy, que declaró como testigo en el primer gran juicio de Gürtel, permanecerá a salvo. Al menos, de momento: la Fiscalía no ve indicios suficientes de delito.
2013, EL AÑO EN QUE SE CRUZAN LAS LÍNEAS DE LAS DOS TRAMAS
Los datos expuestos en los párrafos anteriores señalan por tanto 2013 como el año en que la investigación judicial sobre Gürtel, entonces protagonista estelar del debate público, se cruzó con la secreta y turbia Operación Kitchen. Vistas desde ahora como las dos piezas de un solo tándem, se cruzaron por cuestión de fechas. Y por confluencia de tareas y metas. Liquidada la red corrupta que durante más de una década había prosperado al amparo de administraciones públicas gobernadas por el PP, la puesta en marcha de un operativo de espionaje contra Bárcenas se solapó con otro, este de carácter jurídico y mediático e inscrito en Gürtel.
La instrucción del caso avanzó a trancas y barrancas erizada de recursos, querellas contra los policías encargados de investigar, dilaciones o peticiones de nulidad. La kafkiana situación había llegado para entonces a tal extremo que en la cronología aparece lo siguiente: el primer juicio donde aparecía la etiqueta Gürtel fue el del portavoz parlamentario socialista en Valencia, Ángel Luna, azote de Francisco Camps, presidente de la Generalitat Valenciana durante la etapa de auge de la trama y sus contratos millonarios para la feria de turismo Fitur. El PP acusó a Luna de revelación de secretos por enarbolar en las Cortes copia de un informe policial del caso. El Tribunal Superior (TSJCV) tenía la opción de archivar la querella pero decidió sentarlo en el banquillo. Finalmente, el político resultó absuelto en abril de 2011. El firmante de la denuncia interpuesta por el PP fue Rafael Blasco, hoy condenado por desviar ayudas de cooperación con ONG.
La investigación sobre la trama de Correa destapó lo que la sentencia define como un “sistema de corrupción institucional” del que se lucraron cargos del PP y que nutrió las arcas del partido con dinero de donantes en “contrapartida por adjudicaciones irregulares”
Ahora, el caso del espionaje a Bárcenas aflora el uso de medios policiales y fondos reservados para proteger a la organización y sus dirigentes cuando los papeles sobre la caja B ya estaban en manos de un juez
El 6 de febrero de 2009 cinco detenciones de segundo nivel activaron lo que se convertiría en el monumental caso Gürtel. El terremoto acabó rompiendo el sismógrafo en mayo de 2018 con una sentencia que derribó casi de inmediato a Mariano Rajoy y su Gobierno previa moción de censura. Dictada por la Audiencia Nacional tras una instrucción torpedeada desde su inicio, utilizada como base de una atroz campaña de desprestigio de los jueces que la firmaron y aún pendiente de varios recursos ante el Tribunal Supremo, la sentencia definió lo sucedido en Gürtel como fruto de "un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional". Un sistema basado en cientos de contratos amañados. Y en sobornos. Y en "aportaciones a la caja B" del PP efectuadas como "contrapartida por adjudicaciones irregulares".
En resumen, a través de la "manipulación de la contratación pública central, autonómica y local" –lo expresa así la sentencia– se produjo una utilización del Estado para lo que podría calificarse como fines privados. Es lo que se desprende de sus 1.691 páginas. Ahora, transcurridos más de once años de aquel febrero de 2009, otra investigación judicial ya ha hecho aflorar lo que los indicios conocidos retratan como una segunda gran apropiación de recursos públicos desde el poder. Una apropiación estrechamente conectada a la de Gürtel. Porque los recursos se emplearon esta vez en desarrollar la llamada Operación Kitchen, centrada en el espionaje a Luis Bárcenas y su mujer, Rosalía Iglesias, para localizar y sustraer documentos relativos a la caja B que el extesorero hubiese conservado en su poder y que pudiesen incriminar a altos dirigentes del PP.
Desplegado por el Ministerio del Interior en 2013, el operativo se prolongó al menos hasta 2015. Y como mínimo, aunque todo apunta a que la cifra crecerá, el ministerio le destinó 53.000 euros de fondos reservados.
Cuatro años antes de que Interior pusiera en marcha el dispositivo diseñado para vigilar a Bárcenas y su mujer y encontrar dónde habían escondido los archivos ansiados por el PP, la figura clave de la llamada policía patriótica, José Manuel Villarejo, ya había recibido de María Dolores de Cospedal "encargos puntuales". Tras aquella reunión secreta del 21 de julio de 2009 el propio Villarejo señala en otra de sus conversaciones grabadas que entre esos encargos se contó la destrucción de ordenadores. En ese audio no dice que se tratara de los de Bárcenas pero el contexto no deja lugar a dudas. La Fiscalía ya ha pedido la imputación de Cospedal, entonces secretaria general del PP, al igual que la del exministro de Interior Jorge Fernández Díaz.
Con un confidente captado como chófer del extesorero para que se infiltrase en su entorno más cercano a cambio de 2.000 euros por mes, un informe policial subraya que el operativo fue coordinado por el entonces secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez. Pero, según el mismo informe, se llevó a cabo "con conocimiento del Asturiano". Ese es uno de los dos apodos con que el entonces poderoso Villarejo se refería a Mariano Rajoy. El otro mote era "el barbas", como deslizó el chófer-espía en una conversación telefónica con el comisario y donde aseguraba que había visto que los Bárcenas tenían pruebas de un viaje de Rajoy pagado por la trama Gürtel. Martínez ya está imputado. Rajoy, que declaró como testigo en el primer gran juicio de Gürtel, permanecerá a salvo. Al menos, de momento: la Fiscalía no ve indicios suficientes de delito.
2013, EL AÑO EN QUE SE CRUZAN LAS LÍNEAS DE LAS DOS TRAMAS
Los datos expuestos en los párrafos anteriores señalan por tanto 2013 como el año en que la investigación judicial sobre Gürtel, entonces protagonista estelar del debate público, se cruzó con la secreta y turbia Operación Kitchen. Vistas desde ahora como las dos piezas de un solo tándem, se cruzaron por cuestión de fechas. Y por confluencia de tareas y metas. Liquidada la red corrupta que durante más de una década había prosperado al amparo de administraciones públicas gobernadas por el PP, la puesta en marcha de un operativo de espionaje contra Bárcenas se solapó con otro, este de carácter jurídico y mediático e inscrito en Gürtel.
La instrucción del caso avanzó a trancas y barrancas erizada de recursos, querellas contra los policías encargados de investigar, dilaciones o peticiones de nulidad. La kafkiana situación había llegado para entonces a tal extremo que en la cronología aparece lo siguiente: el primer juicio donde aparecía la etiqueta Gürtel fue el del portavoz parlamentario socialista en Valencia, Ángel Luna, azote de Francisco Camps, presidente de la Generalitat Valenciana durante la etapa de auge de la trama y sus contratos millonarios para la feria de turismo Fitur. El PP acusó a Luna de revelación de secretos por enarbolar en las Cortes copia de un informe policial del caso. El Tribunal Superior (TSJCV) tenía la opción de archivar la querella pero decidió sentarlo en el banquillo. Finalmente, el político resultó absuelto en abril de 2011. El firmante de la denuncia interpuesta por el PP fue Rafael Blasco, hoy condenado por desviar ayudas de cooperación con ONG.