El secretario de Justicia del PP, Enrique López, ha aludido este viernes el pacto del Gobierno con Bildu para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado como "remate" de los obstáculos que su partido ve para pactar con el PSOE la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pendiente desde hace dos años y que desde algunos ámbitos se señala que podía producirse en las próximas semanas.
"Pedimos que rectifique", ha insistido, para añadir que desde el PP esperan que las condiciones que han puesto para retomar las negociaciones respecto a la renovación del órgano de gobierno de los jueces y se cumplan "cuanto antes" y vayan en la línea de "proteger la independencia del poder judicial y despolitizar el órgano". Estas declaraciones son las que chirrían precisamente por haberlas dicho él.
Y es que, no hay un magistrado en este país más politizado que él mismo, pues todas sus designaciones han estado envueltas en polémica y siempre de la mano de Génova. Mariano Rajoy le colocó a dedo en el Tribunal Constitucional pese a las reticencias de los jueces, fue recusado en todas las causas Gürtel por sus vínculos con el PP y ha sido rescatado por Ayuso como consejero y por Pablo Casado como responsable de Justicia.
Empecemos por el principio. En el año 2001 se incorporó al Juzgado de Instrucción número 10 de León. El 8 de noviembre del 2001, a propuesta del PP, es nombrado Vocal del Consejo General del Poder Judicial, siendo portavoz de dicho órgano hasta el 2008. En ese momento es nombrado como Magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
En el año 2013 fue nombrado magistrado del Tribunal Constitucional pese a que su candidatura fue tumbada varias veces por el veto del PSOE. La renovación de este órgano, de hecho, estuvo bloqueada durante tres años hasta que el PP accedió en 2010 a retirar su nombre de la terna propuesta por el Senado. En 2013 se produce el nombramiento a propuesta del CGPJ y gracias al voto de calidad del presidente de dicho órgano, otro consumado genovés, Pascual Sala. Y se concreta a pesar de que los jueces consideran que no tenía la antigüedad mínima de 15 años de ejercicio profesional. Además, el mayor de los problemas no era la longevidad de su carrera, sino las carencias técnico-jurídicas para ser magistrado del Constitucional que algunos compañeros le atribuían. A todo esto, habría que sumarle que acostumbraba como vocal del CGPJ a cuestionar las leyes del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Llegó al extremo de defender que el Consejo hiciera, sin concurrir los requisitos legales para ello, informes sobre la reforma del Estatuto de Cataluña y la Ley que aprobó el matrimonio entre personas del mismo sexo.
Con todo el quilombo montado, Enrique López duró apenas un año en el cargo. Fue forzado a dimitir tras ser cazado conduciendo su moto bajo los efectos del alcohol y sin casco.
Regresó a la Audiencia Nacional y rápidamente volvieron los fantasmas. El 30 de octubre del 2015 fue recusado por varias acusaciones populares así como la fiscalía por sus afinidades de todo tipo y colores con los genoveses. Sus colegas de la sala de lo Penal aceptaron las recusaciones y le apartaron de la PS 1 Época 1999-2005. Posteriormente también ha sido recusado y apartado en las piezas separadas de la Caja B; AENA, JEREZ y Visita Papa a Valencia.
La clave de su recusación en las causas que salpicaban al PP radica en que fue un estrecho colaborador de FAES, el think tank del expresidente del Gobierno José María Aznar. Durante años trabajó como ponente y/o asistente para esta Fundación. Solo entre el año 2003 y el año 2008 participó en un mínimo de 53 seminarios a puerta cerrada por los que ha cobrado sin complejos.
Después, el CGPJ tuvo a bien nombrarle, junto al juez Eloy Velasco, para el puesto de vocal de la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional, hasta que el Tribunal Supremo ha anulado su nombramiento.
Su dilatada carrera marcada por tintes genovesas continúa, pero ahora, del lado de la política, como consejero de Ayuso y responsable de Justicia del PP.
La pregunta es: ¿No había otro perfil para dar lecciones de cómo no politizar la Justicia? Conocido el vodevil de López, cuesta creerlo.
"Pedimos que rectifique", ha insistido, para añadir que desde el PP esperan que las condiciones que han puesto para retomar las negociaciones respecto a la renovación del órgano de gobierno de los jueces y se cumplan "cuanto antes" y vayan en la línea de "proteger la independencia del poder judicial y despolitizar el órgano". Estas declaraciones son las que chirrían precisamente por haberlas dicho él.
Y es que, no hay un magistrado en este país más politizado que él mismo, pues todas sus designaciones han estado envueltas en polémica y siempre de la mano de Génova. Mariano Rajoy le colocó a dedo en el Tribunal Constitucional pese a las reticencias de los jueces, fue recusado en todas las causas Gürtel por sus vínculos con el PP y ha sido rescatado por Ayuso como consejero y por Pablo Casado como responsable de Justicia.
Empecemos por el principio. En el año 2001 se incorporó al Juzgado de Instrucción número 10 de León. El 8 de noviembre del 2001, a propuesta del PP, es nombrado Vocal del Consejo General del Poder Judicial, siendo portavoz de dicho órgano hasta el 2008. En ese momento es nombrado como Magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
En el año 2013 fue nombrado magistrado del Tribunal Constitucional pese a que su candidatura fue tumbada varias veces por el veto del PSOE. La renovación de este órgano, de hecho, estuvo bloqueada durante tres años hasta que el PP accedió en 2010 a retirar su nombre de la terna propuesta por el Senado. En 2013 se produce el nombramiento a propuesta del CGPJ y gracias al voto de calidad del presidente de dicho órgano, otro consumado genovés, Pascual Sala. Y se concreta a pesar de que los jueces consideran que no tenía la antigüedad mínima de 15 años de ejercicio profesional. Además, el mayor de los problemas no era la longevidad de su carrera, sino las carencias técnico-jurídicas para ser magistrado del Constitucional que algunos compañeros le atribuían. A todo esto, habría que sumarle que acostumbraba como vocal del CGPJ a cuestionar las leyes del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Llegó al extremo de defender que el Consejo hiciera, sin concurrir los requisitos legales para ello, informes sobre la reforma del Estatuto de Cataluña y la Ley que aprobó el matrimonio entre personas del mismo sexo.
Con todo el quilombo montado, Enrique López duró apenas un año en el cargo. Fue forzado a dimitir tras ser cazado conduciendo su moto bajo los efectos del alcohol y sin casco.
Regresó a la Audiencia Nacional y rápidamente volvieron los fantasmas. El 30 de octubre del 2015 fue recusado por varias acusaciones populares así como la fiscalía por sus afinidades de todo tipo y colores con los genoveses. Sus colegas de la sala de lo Penal aceptaron las recusaciones y le apartaron de la PS 1 Época 1999-2005. Posteriormente también ha sido recusado y apartado en las piezas separadas de la Caja B; AENA, JEREZ y Visita Papa a Valencia.
La clave de su recusación en las causas que salpicaban al PP radica en que fue un estrecho colaborador de FAES, el think tank del expresidente del Gobierno José María Aznar. Durante años trabajó como ponente y/o asistente para esta Fundación. Solo entre el año 2003 y el año 2008 participó en un mínimo de 53 seminarios a puerta cerrada por los que ha cobrado sin complejos.
Después, el CGPJ tuvo a bien nombrarle, junto al juez Eloy Velasco, para el puesto de vocal de la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional, hasta que el Tribunal Supremo ha anulado su nombramiento.
Su dilatada carrera marcada por tintes genovesas continúa, pero ahora, del lado de la política, como consejero de Ayuso y responsable de Justicia del PP.
La pregunta es: ¿No había otro perfil para dar lecciones de cómo no politizar la Justicia? Conocido el vodevil de López, cuesta creerlo.