España.
El fiscal se inclina por no pedir prisión a Trapero por el asedio a la Guardia Civil.
Al haberse consumado ya la sedición, no ve riesgo de que el mayor vuelva a delinquir.
La Fiscalía sí podría pedir pena de cárcel al final de la investigación.
N. VILLANUEVA / L. P. ARECHEDERRA. Madrid.
La Fiscalía se inclina por no pedir prisión preventiva para el mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, tras su segunda declaración como imputado por un delito de sedición, hoy en la Audiencia Nacional. Según ha podido saber ABC, el Ministerio Público tampoco prevé solicitar esta medida cautelar, la más grave de las posibles, para los otros tres investigados en esta causa: la intendente de la Policía autonómica, Teresa Laplana; y los líderes de las asociaciones ANC y Ómnium, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart.
Esta comparecencia coincide con el vencimiento del plazo que el Gobierno ha dado a Carles Puigdemont para que aclare si declaró o no la independencia durante su intervención en el Parlamento catalán el pasado 10 de octubre. El encarcelamiento preventivo podría tensar la cuerda política en un momento especialmente delicado por cuanto de la respuesta del «president» depende la articulación del artículo 155 de la Constitución por parte del Ejecutivo de Mariano Rajoy. A ello se suma que se trataría, en todo caso, de una medida preventiva que nada tiene que ver con lo que se acuerde en el futuro en una hipotética sentencia, siempre y cuando lleguen a sentarse en el banquillo de los acusados.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional descarta que ahora mismo concurra alguno de los tres riesgos que justifican la prisión provisional para los investigados, según ha podido saber ABC. El Ministerio Público no aprecia ni riesgo de fuga, ni de que destruyan pruebas, ni de que vuelvan a delinquir.
Comparecencias
Ello se debe a que la sedición investigada en esta causa –el entorpecimiento por la fuerza de la labor de la justicia contra el referéndum ilegal– quedó consumada el 1 de octubre, cuando se celebró la votación. Otra cuestión sería la desobediencia al Tribunal Constitucional si los independentistas mantienen sus planes, pero la investigación de ese delito no es competencia de la Audiencia Nacional.
Aun así, si a lo largo de la instrucción de la causa nuevos informes aconsejaran el ingreso en prisión de los investigados, la Fiscalía siempre podría solicitar a la juez la adopción de esta medida cautelar. Al cierre de esta edición lo previsible era que el fiscal se limitara a pedir hoy comparecencias periódicas para Trapero, Laplana, Sánchez y Cuixart. Todo dependerá de cómo transcurran la declaraciones. La magistrada nunca podría acordar más de lo que pidan las acusaciones.
Fuentes próximas al Ministerio Público han explicado que si de verdad existiera alguno de los riesgos a evitar, las medidas ya se habrían adoptado inmediatamente después del 20 de septiembre o del 1 de octubre, día del referéndum ilegal.
Tres de los cuatro investigados vuelven a comparecer hoy a (Laplana lo hará por primera vez) ante la juez Carmen Lamela, que les atribuye un delito de sedición por el asedio a la Guardia Civil el pasado 20 de septiembre. Aquel día una masa de independentistas –unos 40.000– se concentró a las puertas de la sede de la Consejería de Economía de la Generalitat, que estaba siendo registrada. Su actuación –alentada por Sánchez y Cuixart, y permitida por los Mossos– impidió que los guardias civiles abandonaran el edificio hasta la medianoche y obligó a la secretaria judicial del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona a salir por la azotea. Ella y dos guardias civiles testificarán hoy ante la juez. La operación culminó con catorce altos cargos de la Generalitat arrestados.
Un informe de la Guardia Civil extendió las acusaciones de la causa de la Audiencia Nacional hasta el 1-O. Los investigadores acumulan indicios de que los Mossos permitieron la votación, sin ningún esfuerzo por evitarla, a pesar de las órdenes de la juez del TSJC. Los imputados se enfrentan a penas que van desde los ocho a los quince años de cárcel. El delito de sedición castiga a aquellos que se alcen de forma tumultuaria para evitar que una autoridad cumpla sus funciones o aplique la ley. La competencia de la Audiencia Nacional se justifica, según la juez del caso, porque el fin último de los investigados era empujar hacia la independencia unilateral, lo que supone tratar de alterar la forma de Gobierno por vías ilegales.
Cuando llegue el momento procesal oportuno, a las puertas del juicio oral, la Fiscalía de la Audiencia Nacional tendrá la oportunidad de fijar sus tesis y pedir penas de prisión para los imputados. Eso será al cierre de la investigación.
El fiscal se inclina por no pedir prisión a Trapero por el asedio a la Guardia Civil.
Al haberse consumado ya la sedición, no ve riesgo de que el mayor vuelva a delinquir.
La Fiscalía sí podría pedir pena de cárcel al final de la investigación.
N. VILLANUEVA / L. P. ARECHEDERRA. Madrid.
La Fiscalía se inclina por no pedir prisión preventiva para el mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, tras su segunda declaración como imputado por un delito de sedición, hoy en la Audiencia Nacional. Según ha podido saber ABC, el Ministerio Público tampoco prevé solicitar esta medida cautelar, la más grave de las posibles, para los otros tres investigados en esta causa: la intendente de la Policía autonómica, Teresa Laplana; y los líderes de las asociaciones ANC y Ómnium, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart.
Esta comparecencia coincide con el vencimiento del plazo que el Gobierno ha dado a Carles Puigdemont para que aclare si declaró o no la independencia durante su intervención en el Parlamento catalán el pasado 10 de octubre. El encarcelamiento preventivo podría tensar la cuerda política en un momento especialmente delicado por cuanto de la respuesta del «president» depende la articulación del artículo 155 de la Constitución por parte del Ejecutivo de Mariano Rajoy. A ello se suma que se trataría, en todo caso, de una medida preventiva que nada tiene que ver con lo que se acuerde en el futuro en una hipotética sentencia, siempre y cuando lleguen a sentarse en el banquillo de los acusados.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional descarta que ahora mismo concurra alguno de los tres riesgos que justifican la prisión provisional para los investigados, según ha podido saber ABC. El Ministerio Público no aprecia ni riesgo de fuga, ni de que destruyan pruebas, ni de que vuelvan a delinquir.
Comparecencias
Ello se debe a que la sedición investigada en esta causa –el entorpecimiento por la fuerza de la labor de la justicia contra el referéndum ilegal– quedó consumada el 1 de octubre, cuando se celebró la votación. Otra cuestión sería la desobediencia al Tribunal Constitucional si los independentistas mantienen sus planes, pero la investigación de ese delito no es competencia de la Audiencia Nacional.
Aun así, si a lo largo de la instrucción de la causa nuevos informes aconsejaran el ingreso en prisión de los investigados, la Fiscalía siempre podría solicitar a la juez la adopción de esta medida cautelar. Al cierre de esta edición lo previsible era que el fiscal se limitara a pedir hoy comparecencias periódicas para Trapero, Laplana, Sánchez y Cuixart. Todo dependerá de cómo transcurran la declaraciones. La magistrada nunca podría acordar más de lo que pidan las acusaciones.
Fuentes próximas al Ministerio Público han explicado que si de verdad existiera alguno de los riesgos a evitar, las medidas ya se habrían adoptado inmediatamente después del 20 de septiembre o del 1 de octubre, día del referéndum ilegal.
Tres de los cuatro investigados vuelven a comparecer hoy a (Laplana lo hará por primera vez) ante la juez Carmen Lamela, que les atribuye un delito de sedición por el asedio a la Guardia Civil el pasado 20 de septiembre. Aquel día una masa de independentistas –unos 40.000– se concentró a las puertas de la sede de la Consejería de Economía de la Generalitat, que estaba siendo registrada. Su actuación –alentada por Sánchez y Cuixart, y permitida por los Mossos– impidió que los guardias civiles abandonaran el edificio hasta la medianoche y obligó a la secretaria judicial del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona a salir por la azotea. Ella y dos guardias civiles testificarán hoy ante la juez. La operación culminó con catorce altos cargos de la Generalitat arrestados.
Un informe de la Guardia Civil extendió las acusaciones de la causa de la Audiencia Nacional hasta el 1-O. Los investigadores acumulan indicios de que los Mossos permitieron la votación, sin ningún esfuerzo por evitarla, a pesar de las órdenes de la juez del TSJC. Los imputados se enfrentan a penas que van desde los ocho a los quince años de cárcel. El delito de sedición castiga a aquellos que se alcen de forma tumultuaria para evitar que una autoridad cumpla sus funciones o aplique la ley. La competencia de la Audiencia Nacional se justifica, según la juez del caso, porque el fin último de los investigados era empujar hacia la independencia unilateral, lo que supone tratar de alterar la forma de Gobierno por vías ilegales.
Cuando llegue el momento procesal oportuno, a las puertas del juicio oral, la Fiscalía de la Audiencia Nacional tendrá la oportunidad de fijar sus tesis y pedir penas de prisión para los imputados. Eso será al cierre de la investigación.