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Multas de hasta 150.000 euros y otras nueve claves de la nueva ley de memoria
El Gobierno calcula que la norma entrará en vigor en el primer semestre de 2021
NATALIA JUNQUERA
Madrid - 15 SEP 2020 -
El debate de la ley de memoria histórica de 2007 fue tan acalorado — “al escuchar algunas expresiones me daban ganas de salir del hemiciclo, ir a tomarme una copa y volver”, declaró un diputado— que el texto finalmente aprobado no contentó a muchos. La nueva norma trata, 13 años después, de incorporar algunas de las medidas reclamadas desde entonces por asociaciones de víctimas y por relatores de la ONU que sacaron varias veces los colores a España por haberlas dejado atrás.
El Consejo de Ministros ha llevado este martes a primera lectura el anteproyecto de la ley de memoria democrática, que sustituirá a la ley de 2007 y se someterá ahora a consulta del Consejo de Estado. El Gobierno calcula que la norma, de 66 artículos, pueda entrar en vigor “en el primer semestre de 2021”. La nueva legislación afecta a varias normas y prevé la incorporación de la enseñanza de la represión franquista en las escuelas y la creación de un banco de ADN para identificar a los fusilados que sean recuperados de fosas comunes y cunetas, como adelantó EL PAÍS el pasado julio. El PP ya la ha criticado: “Siempre que Pedro Sánchez tiene un problema, saca el comodín del público, que es Franco”. Estas son las claves del texto y las nuevas dificultades:
1. Pedagogía. El departamento de Carmen Calvo ha negociado con el Ministerio de Educación “la actualización de los contenidos curriculares” para enseñar en ESO y bachillerato la represión franquista. En su informe sobre España de 2014, el relator de Naciones Unidas Pablo de Greiff lamentaba que “algunos libros de texto” continuaban refiriéndose a la Guerra Civil “en términos genéricos, perpetuando la idea de una responsabilidad simétrica”. Las competencias en Educación están transferidas a las autonomías y fuentes del Gobierno admiten que las gobernadas por el PP con el apoyo de Vox pueden poner dificultades. “Lo que se diseñará son unos contenidos generales para todos”.
2. La Fundación Franco y el régimen sancionador. Una de las principales novedades de la ley de memoria democrática respecto a la norma aprobada en 2007 es la incorporación de sanciones por incumplimiento que irán de los 200 a los 150.000 euros, según el tipo de infracción (muy grave, grave o leve). Entre las muy graves figuran, por ejemplo, trasladar restos de víctimas de la Guerra Civil sin la autorización necesaria, destruir fosas comunes, lugares de memoria y homenaje y los “actos de exaltación” del franquismo que conlleven un grave menosprecio a las víctimas. El coste de las infracciones graves será entre 2.000 y 10.000 euros y las multas para las consideradas leves, entre 200 y 2.000. Además, la vicepresidenta ha aclarado que se modificará la ley de asociaciones para actuar contra aquellas que realicen apología del franquismo o inciten al odio contra las víctimas. “No va a poder existir en nuestro país ninguna asociación que enaltezca a figuras totalitarias o a la dictadura”, ha declarado. La “extinción” de este tipo de organismos, como la Fundación Franco, según el Gobierno, corresponderá al Ministerio de Cultura. La Fundación Franco, que atesora 30.000 documentos históricos, dejó de recibir subvenciones hace años. Se financia con los donativos de sus socios, que sí se benefician de deducciones fiscales por ello.
3. Exhumaciones, censo y banco de ADN. El forense Francisco Etxeberria, que asesora al Gobierno en la elaboración de la ley, estima entre 20.000 y 25.000 las víctimas que se podrían recuperar en fosas comunes en cuatro o cinco años. La ley de 2007 establecía un sistema de subvenciones de forma que eran las asociaciones de familiares las que asumían todo el proceso. El relator de Naciones Unidas consideró que era una “privatización” de las exhumaciones que abandonaba a las familias. El Gobierno pretende corregir eso involucrando a todas las Administraciones (también los Ayuntamientos) y al Ministerio Fiscal, pero habrá una fase de transición donde el procedimiento se parecerá todavía al actual, con convocatoria pública de subvenciones. El objetivo final, explica el secretario de Estado de memoria democrática, es que el Estado asuma por completo esta tarea y la identificación de los restos, para lo que creará un banco de ADN. Calvo ha admitido que llevará “mucho tiempo” y trabajarán en planes “cuatrienales”. La ejecución de esta y otras medidas de la nueva ley depende de la aprobación de los Presupuestos. El grueso de la partida de memoria se destinará a las fosas.
YA ERA HORA.
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Multas de hasta 150.000 euros y otras nueve claves de la nueva ley de memoria
El Gobierno calcula que la norma entrará en vigor en el primer semestre de 2021
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Madrid - 15 SEP 2020 -
El debate de la ley de memoria histórica de 2007 fue tan acalorado — “al escuchar algunas expresiones me daban ganas de salir del hemiciclo, ir a tomarme una copa y volver”, declaró un diputado— que el texto finalmente aprobado no contentó a muchos. La nueva norma trata, 13 años después, de incorporar algunas de las medidas reclamadas desde entonces por asociaciones de víctimas y por relatores de la ONU que sacaron varias veces los colores a España por haberlas dejado atrás.
El Consejo de Ministros ha llevado este martes a primera lectura el anteproyecto de la ley de memoria democrática, que sustituirá a la ley de 2007 y se someterá ahora a consulta del Consejo de Estado. El Gobierno calcula que la norma, de 66 artículos, pueda entrar en vigor “en el primer semestre de 2021”. La nueva legislación afecta a varias normas y prevé la incorporación de la enseñanza de la represión franquista en las escuelas y la creación de un banco de ADN para identificar a los fusilados que sean recuperados de fosas comunes y cunetas, como adelantó EL PAÍS el pasado julio. El PP ya la ha criticado: “Siempre que Pedro Sánchez tiene un problema, saca el comodín del público, que es Franco”. Estas son las claves del texto y las nuevas dificultades:
1. Pedagogía. El departamento de Carmen Calvo ha negociado con el Ministerio de Educación “la actualización de los contenidos curriculares” para enseñar en ESO y bachillerato la represión franquista. En su informe sobre España de 2014, el relator de Naciones Unidas Pablo de Greiff lamentaba que “algunos libros de texto” continuaban refiriéndose a la Guerra Civil “en términos genéricos, perpetuando la idea de una responsabilidad simétrica”. Las competencias en Educación están transferidas a las autonomías y fuentes del Gobierno admiten que las gobernadas por el PP con el apoyo de Vox pueden poner dificultades. “Lo que se diseñará son unos contenidos generales para todos”.
2. La Fundación Franco y el régimen sancionador. Una de las principales novedades de la ley de memoria democrática respecto a la norma aprobada en 2007 es la incorporación de sanciones por incumplimiento que irán de los 200 a los 150.000 euros, según el tipo de infracción (muy grave, grave o leve). Entre las muy graves figuran, por ejemplo, trasladar restos de víctimas de la Guerra Civil sin la autorización necesaria, destruir fosas comunes, lugares de memoria y homenaje y los “actos de exaltación” del franquismo que conlleven un grave menosprecio a las víctimas. El coste de las infracciones graves será entre 2.000 y 10.000 euros y las multas para las consideradas leves, entre 200 y 2.000. Además, la vicepresidenta ha aclarado que se modificará la ley de asociaciones para actuar contra aquellas que realicen apología del franquismo o inciten al odio contra las víctimas. “No va a poder existir en nuestro país ninguna asociación que enaltezca a figuras totalitarias o a la dictadura”, ha declarado. La “extinción” de este tipo de organismos, como la Fundación Franco, según el Gobierno, corresponderá al Ministerio de Cultura. La Fundación Franco, que atesora 30.000 documentos históricos, dejó de recibir subvenciones hace años. Se financia con los donativos de sus socios, que sí se benefician de deducciones fiscales por ello.
3. Exhumaciones, censo y banco de ADN. El forense Francisco Etxeberria, que asesora al Gobierno en la elaboración de la ley, estima entre 20.000 y 25.000 las víctimas que se podrían recuperar en fosas comunes en cuatro o cinco años. La ley de 2007 establecía un sistema de subvenciones de forma que eran las asociaciones de familiares las que asumían todo el proceso. El relator de Naciones Unidas consideró que era una “privatización” de las exhumaciones que abandonaba a las familias. El Gobierno pretende corregir eso involucrando a todas las Administraciones (también los Ayuntamientos) y al Ministerio Fiscal, pero habrá una fase de transición donde el procedimiento se parecerá todavía al actual, con convocatoria pública de subvenciones. El objetivo final, explica el secretario de Estado de memoria democrática, es que el Estado asuma por completo esta tarea y la identificación de los restos, para lo que creará un banco de ADN. Calvo ha admitido que llevará “mucho tiempo” y trabajarán en planes “cuatrienales”. La ejecución de esta y otras medidas de la nueva ley depende de la aprobación de los Presupuestos. El grueso de la partida de memoria se destinará a las fosas.
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