Cuando la cúpula judicial pierde la imparcialidad y asume funciones de partido político (1°/2)
Una de las buenas prácticas que ha traído el confinamiento es hablar frecuente y reiteradamente con los amigos. Al comienzo sencillamente para saber si estaban bien, luego por el placer de charlar y comentar lo que sucedía. Esas conversaciones felizmente perduran, puesto que todavía los movimientos están muy restringidos y en una gran ciudad es difícil coincidir en el paseo matinal o vespertino. El fin de semana estuve hablando un largo rato con Enrique Lillo, y comentamos algunos elementos de la destitución de Pérez de los Cobos y de la reacción de las asociaciones judiciales. Como es un caso que aún asoma a las portadas de los periódicos e informativos –estos últimos días el coronel afirmaba solemnemente en portada de un periódico propicio (aunque deficitario) que era consciente que “nos estamos jugando algo mucho más importante que mi destitución: el mantenimiento de la separación de poderes y el Estado de Derecho en España"– nos ha parecido conveniente relatar las líneas fundamentales de esta conversación.
Recordaba Enrique Lillo que Manolo López, abogado comunista encarcelado y torturado bajo el franquismo y un referente moral y político para muchos que lo conocimos, contaba que los atestados policiales efectuados “de encargo” para incriminar a los detenidos por delitos políticos eran la base literal de las sentencias del Tribunal de Orden Público, y que cualquier otra prueba que intentara desvirtuar los hechos reseñados en esos informes policiales no eran atendidas por el tribunal, que en muchas ocasiones ni siquiera las admitía. Comentábamos que esa misma impresión teníamos de algunos procesos en curso, como el que había sufrido la hoy diputada de Podemos en la Comunidad de Madrid, Isa Serra, y que desde luego el caso del Informe de la Unidad Operativa de la Policía Judicial de nombre en clave “Sanitario” que la comandancia de la Guardia Civil de Madrid había remitido al Juzgado de Instrucción nº 51 de Madrid sobre “supuestos delitos de prevaricación administrativa y lesiones por imprudencia”, redactado por agentes seleccionados por la Jueza de Instrucción, era un ejemplo evidente de esa predeterminación policial de la instrucción del proceso en el estilo de la BPS franquista.
La virulencia de la cúpula de las asociaciones judiciales está sincronizada con la estrategia de desestabilización del gobierno por parte de la derecha y la ultraderecha
La idea central es que el Gobierno contaba con información suficiente de la pandemia del coronavirus, y para ello los informantes elaboraron un texto que, como se sabe y se ha recordado en esta bitácora, tiene 80 páginas repletas de errores, bulos y documentos públicos mutilados, en el que además se manipuló la declaración de un testigo para inculpar al Gobierno por la manifestación del 8M. A este informe, además, ha seguido otro, también entregado a la jueza Carmen Rodríguez-Medel, incorpora la parte off the record que se hizo en una entrevista a la Ministra de Igualdad, Irene Montero, y sugiere que el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, oculta información sobre el conocimiento que tenía el Gobierno de la pandemia antes del Día de la Mujer. Los autores del informe señalan que, pese a que el requerimiento judicial hacía mención expresa a la entrega de “todas las recomendaciones, instrucciones o directrices” que se hicieron durante aquellos días, “podrían faltar documentos” en el material que finalmente entregó el organismo dirigido por Simón, desde cuya cuenta de correo electrónico no se entregó ninguna información pese a que se le requirió. Pruebas concluyentes, a tenor de los investigadores.
Dos informes policiales inmediatamente filtrados a la prensa, el último el mismo día de su emisión, a OKdiario, que plantean numerosos interrogantes sobre la designación de los autores del informe. La jueza se dirigió a la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, que ha encargado a estos miembros la elaboración de dicho informe, cuando dicho mando no estaba al frente de ninguna unidad de investigación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. No parece inocente seleccionar a la Comandancia de Madrid dirigida por Pérez de los Cobos, ni tampoco la selección de los agentes que debían “investigar” el hecho. Todo el operativo cuestiona directamente la instrucción judicial y la evacuación de un informe por parte de la policía judicial de un Estado social y democrático de Derecho, como afirma la Constitución y tan enfáticamente proclama el coronel destituido. Recuerda el modus operandi de la policía y el aparato judicial de la dictadura.
Sin embargo, este hecho no ha merecido ningún comentario crítico por parte de las asociaciones judiciales. Por el contrario, tres de las mismas, han considerado relevante para alzar su voz el cese del Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid por el Ministro del Interior Grande Marlaska, una destitución que entienden ligada al intento de controlar la investigación judicial y que por tanto constituye a su juicio un ataque a la independencia judicial. Un ataque gravísimo que entienden pone en entredicho el funcionamiento del sistema democrático basado en la separación de poderes. Los comunicados de tres de estas Asociaciones Judiciales son inusualmente duros y contundentes con el poder político.
La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), afirma categóricamente que fue la negativa del coronel Pérez de los Cobos a "incumplir la ley, a eludir el cumplimiento de la orden dada por la autoridad judicial y, en definitiva, garantizar la reserva de las actuaciones y el buen fin de la investigación lo que ha motivado su cese", de manera que "la decisión del ministro de Interior, amparada, justificada y sustentada por el presidente del Gobierno, es incompatible con los principios esenciales en los que se basa nuestro Estado de Derecho, la separación de poderes y el imperio de la Constitución”. La APM pide en consecuencia al Consejo General del Poder Judicial, como órgano de gobierno del Poder Judicial y garante constitucional de su independencia, "que adopte las medidas necesarias para proteger ese principio y asegurar que los jueces puedan desarrollar su labor sin injerencia alguna".
Los equipos dirigentes de las Asociaciones judiciales han perdido la imparcialidad, y asumen funciones de partido político en directa oposición y deslegitimación del gobierno democrático
Una de las buenas prácticas que ha traído el confinamiento es hablar frecuente y reiteradamente con los amigos. Al comienzo sencillamente para saber si estaban bien, luego por el placer de charlar y comentar lo que sucedía. Esas conversaciones felizmente perduran, puesto que todavía los movimientos están muy restringidos y en una gran ciudad es difícil coincidir en el paseo matinal o vespertino. El fin de semana estuve hablando un largo rato con Enrique Lillo, y comentamos algunos elementos de la destitución de Pérez de los Cobos y de la reacción de las asociaciones judiciales. Como es un caso que aún asoma a las portadas de los periódicos e informativos –estos últimos días el coronel afirmaba solemnemente en portada de un periódico propicio (aunque deficitario) que era consciente que “nos estamos jugando algo mucho más importante que mi destitución: el mantenimiento de la separación de poderes y el Estado de Derecho en España"– nos ha parecido conveniente relatar las líneas fundamentales de esta conversación.
Recordaba Enrique Lillo que Manolo López, abogado comunista encarcelado y torturado bajo el franquismo y un referente moral y político para muchos que lo conocimos, contaba que los atestados policiales efectuados “de encargo” para incriminar a los detenidos por delitos políticos eran la base literal de las sentencias del Tribunal de Orden Público, y que cualquier otra prueba que intentara desvirtuar los hechos reseñados en esos informes policiales no eran atendidas por el tribunal, que en muchas ocasiones ni siquiera las admitía. Comentábamos que esa misma impresión teníamos de algunos procesos en curso, como el que había sufrido la hoy diputada de Podemos en la Comunidad de Madrid, Isa Serra, y que desde luego el caso del Informe de la Unidad Operativa de la Policía Judicial de nombre en clave “Sanitario” que la comandancia de la Guardia Civil de Madrid había remitido al Juzgado de Instrucción nº 51 de Madrid sobre “supuestos delitos de prevaricación administrativa y lesiones por imprudencia”, redactado por agentes seleccionados por la Jueza de Instrucción, era un ejemplo evidente de esa predeterminación policial de la instrucción del proceso en el estilo de la BPS franquista.
La virulencia de la cúpula de las asociaciones judiciales está sincronizada con la estrategia de desestabilización del gobierno por parte de la derecha y la ultraderecha
La idea central es que el Gobierno contaba con información suficiente de la pandemia del coronavirus, y para ello los informantes elaboraron un texto que, como se sabe y se ha recordado en esta bitácora, tiene 80 páginas repletas de errores, bulos y documentos públicos mutilados, en el que además se manipuló la declaración de un testigo para inculpar al Gobierno por la manifestación del 8M. A este informe, además, ha seguido otro, también entregado a la jueza Carmen Rodríguez-Medel, incorpora la parte off the record que se hizo en una entrevista a la Ministra de Igualdad, Irene Montero, y sugiere que el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, oculta información sobre el conocimiento que tenía el Gobierno de la pandemia antes del Día de la Mujer. Los autores del informe señalan que, pese a que el requerimiento judicial hacía mención expresa a la entrega de “todas las recomendaciones, instrucciones o directrices” que se hicieron durante aquellos días, “podrían faltar documentos” en el material que finalmente entregó el organismo dirigido por Simón, desde cuya cuenta de correo electrónico no se entregó ninguna información pese a que se le requirió. Pruebas concluyentes, a tenor de los investigadores.
Dos informes policiales inmediatamente filtrados a la prensa, el último el mismo día de su emisión, a OKdiario, que plantean numerosos interrogantes sobre la designación de los autores del informe. La jueza se dirigió a la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, que ha encargado a estos miembros la elaboración de dicho informe, cuando dicho mando no estaba al frente de ninguna unidad de investigación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. No parece inocente seleccionar a la Comandancia de Madrid dirigida por Pérez de los Cobos, ni tampoco la selección de los agentes que debían “investigar” el hecho. Todo el operativo cuestiona directamente la instrucción judicial y la evacuación de un informe por parte de la policía judicial de un Estado social y democrático de Derecho, como afirma la Constitución y tan enfáticamente proclama el coronel destituido. Recuerda el modus operandi de la policía y el aparato judicial de la dictadura.
Sin embargo, este hecho no ha merecido ningún comentario crítico por parte de las asociaciones judiciales. Por el contrario, tres de las mismas, han considerado relevante para alzar su voz el cese del Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid por el Ministro del Interior Grande Marlaska, una destitución que entienden ligada al intento de controlar la investigación judicial y que por tanto constituye a su juicio un ataque a la independencia judicial. Un ataque gravísimo que entienden pone en entredicho el funcionamiento del sistema democrático basado en la separación de poderes. Los comunicados de tres de estas Asociaciones Judiciales son inusualmente duros y contundentes con el poder político.
La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), afirma categóricamente que fue la negativa del coronel Pérez de los Cobos a "incumplir la ley, a eludir el cumplimiento de la orden dada por la autoridad judicial y, en definitiva, garantizar la reserva de las actuaciones y el buen fin de la investigación lo que ha motivado su cese", de manera que "la decisión del ministro de Interior, amparada, justificada y sustentada por el presidente del Gobierno, es incompatible con los principios esenciales en los que se basa nuestro Estado de Derecho, la separación de poderes y el imperio de la Constitución”. La APM pide en consecuencia al Consejo General del Poder Judicial, como órgano de gobierno del Poder Judicial y garante constitucional de su independencia, "que adopte las medidas necesarias para proteger ese principio y asegurar que los jueces puedan desarrollar su labor sin injerencia alguna".
Los equipos dirigentes de las Asociaciones judiciales han perdido la imparcialidad, y asumen funciones de partido político en directa oposición y deslegitimación del gobierno democrático