Cuando la cúpula judicial pierde la imparcialidad y asume funciones de partido político (2°/2)
Más enérgica se mostraba la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), que entendía que, Grande-Marlaska “no puede continuar como ministro del Interior” porque ha “perdido toda legitimidad para cualquier cargo ejecutivo”. La razón de pedir el cese o dimisión del Ministro se basa en que la AJFV considera que “tomar represalias contra un alto mando de la Policía Judicial por no desvelar actuaciones de investigación policial en el marco de una instrucción”, lo que “no es otra cosa que una sanción”, es inaceptable. De esta manera, se reitera que el cese el coronel supone una “flagrante vulneración del principio de separación de poderes”, además de reflejar un “intento de modificar el curso de investigaciones judiciales mediante el conocimiento privilegiado de lo actuado que permita a los investigados explorar líneas de defensa para contrarrestarlo”, al margen de los cauces establecidos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Por su parte, el llamado Foro Judicial Independiente (FJI) también participaba en esa desautorización de las asociaciones judiciales al gobierno, por entender que el ministro había atentado contra la separación de poderes, al tratar de conocer el contenido de un informe encargado en el marco de unas diligencias del Juzgado de Instrucción 51 de Madrid, que pueden dar lugar, en última instancia, a declarar responsabilidades penales de miembros del Gobierno del que forma parte. El comunicado alude también a la "necesidad de que la investigación penal esté a cargo de una autoridad independiente, con todos los medios a su disposición, incluida una policía judicial que dependa orgánica y no solo funcionalmente, de jueces y magistrados".
Estos tres comunicados coincidieron exactamente con las acusaciones que los partidos políticos de la derecha y ultraderecha hicieron ante la destitución del Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid. El PP aseguró que el cese del coronel supone "el ataque más grave a la independencia del Poder Judicial ocurrido en España en los últimos años”. Por parte de Vox, el portavoz parlamentario, Iván Espinosa de los Monteros, afirmó que el ministro "debe dimitir inmediatamente". Santiago Abascal, continuando con su estilo de hacer política a través del insulto y la imputación calumniosa, reaccionó exclamando directamente " ¡delincuentes!" por el intento de interferir en una investigación judicial en curso. Ciudadanos también solicitó la dimisión porque el Ministro "ha mentido a los españoles" y porque destituyó a Pérez de los Cobos "por negarse a cumplir una orden ilegal".
Los manifiestos de las asociaciones judiciales son lamentables. No sólo aceptan como incontestable una versión determinada de los hechos, sino que eluden recordar que los informes de la Guardia Civil habían sido filtrados inmediatamente a la prensa –tanto el primero como el segundo, este el mismo día de su conclusión– por lo que mal podría guardarse la reserva de las actuaciones. De hecho, en las explicaciones posteriores al cese, éste se produjo precisamente por la filtración a la prensa del primero. Y ninguno de estos comunicados alude al contenido de esas “actuaciones de investigación” bochornosas, sectarias y deficientes, que buscan centrar en la manifestación feminista del 8 de Marzo la causa de la pandemia e imputar criminalmente al gobierno por no impedir su realización. La desvirtuación notoria y evidente de las funciones de averiguación del delito que ha llevado a cabo esa policía judicial designada ad hoc para predeterminar al delincuente no les parece a estas asociaciones judiciales un hecho digno de atención y de crítica.
La virulencia de la cúpula de las asociaciones judiciales está sincronizada con la estrategia de desestabilización del gobierno por parte de la derecha y la ultraderecha. Los argumentos son idénticos, la parcialidad es indiscutible. Las direcciones de las asociaciones judiciales – con la honrosa excepción de Jueces y Juezas por la Democracia – han perdido la imparcialidad que fundamenta su posición constitucional. El juez debe ser imparcial, aunque no neutral, porque debe estar en su actuación jurisdiccional sometido a la Constitución y sus valores fundamentales de igualdad, libertad y justicia. La arrebatada posición de apoyo a un cargo público cesado por un Ministro en el uso regular de su potestad discrecional, asumiendo sin ningún matiz una visión sesgada y no contrastada de los motivos de la destitución, ignorando expresamente el contenido profundamente irregular de la investigación policial que está en la base de este cese, y cooperando de manera directa a la erosión de la legitimidad democrática del gobierno, indicando que se vulnera el principio de independencia judicial e incluso exigiendo el cese del Ministro, son actuaciones de una gravedad extraordinaria que colocan la cúpula de estas asociaciones judiciales en la órbita de la oposición directa al gobierno, en perfecta sincronía con la derecha y la ultraderecha.
Los equipos dirigentes de las Asociaciones judiciales han perdido la imparcialidad, y asumen funciones de partido político en directa oposición y deslegitimación del gobierno democrático. Que el asociacionismo judicial que es mayoría entre los jueces y magistrados exhiba de forma tan rotunda su condición política alineada con la derecha y la ultraderecha es desde luego un dato extremadamente preocupante que explica la progresiva desconfianza de sectores populares en los jueces y en su independencia. Un hecho gravísimo que la propia cúpula dirigente del asociacionismo judicial debería corregir, retractándose de tales acusaciones graves y destempladas. Por el bien de la independencia judicial. Por el respeto al Estado social y democrático de derecho.
Más enérgica se mostraba la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), que entendía que, Grande-Marlaska “no puede continuar como ministro del Interior” porque ha “perdido toda legitimidad para cualquier cargo ejecutivo”. La razón de pedir el cese o dimisión del Ministro se basa en que la AJFV considera que “tomar represalias contra un alto mando de la Policía Judicial por no desvelar actuaciones de investigación policial en el marco de una instrucción”, lo que “no es otra cosa que una sanción”, es inaceptable. De esta manera, se reitera que el cese el coronel supone una “flagrante vulneración del principio de separación de poderes”, además de reflejar un “intento de modificar el curso de investigaciones judiciales mediante el conocimiento privilegiado de lo actuado que permita a los investigados explorar líneas de defensa para contrarrestarlo”, al margen de los cauces establecidos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Por su parte, el llamado Foro Judicial Independiente (FJI) también participaba en esa desautorización de las asociaciones judiciales al gobierno, por entender que el ministro había atentado contra la separación de poderes, al tratar de conocer el contenido de un informe encargado en el marco de unas diligencias del Juzgado de Instrucción 51 de Madrid, que pueden dar lugar, en última instancia, a declarar responsabilidades penales de miembros del Gobierno del que forma parte. El comunicado alude también a la "necesidad de que la investigación penal esté a cargo de una autoridad independiente, con todos los medios a su disposición, incluida una policía judicial que dependa orgánica y no solo funcionalmente, de jueces y magistrados".
Estos tres comunicados coincidieron exactamente con las acusaciones que los partidos políticos de la derecha y ultraderecha hicieron ante la destitución del Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid. El PP aseguró que el cese del coronel supone "el ataque más grave a la independencia del Poder Judicial ocurrido en España en los últimos años”. Por parte de Vox, el portavoz parlamentario, Iván Espinosa de los Monteros, afirmó que el ministro "debe dimitir inmediatamente". Santiago Abascal, continuando con su estilo de hacer política a través del insulto y la imputación calumniosa, reaccionó exclamando directamente " ¡delincuentes!" por el intento de interferir en una investigación judicial en curso. Ciudadanos también solicitó la dimisión porque el Ministro "ha mentido a los españoles" y porque destituyó a Pérez de los Cobos "por negarse a cumplir una orden ilegal".
Los manifiestos de las asociaciones judiciales son lamentables. No sólo aceptan como incontestable una versión determinada de los hechos, sino que eluden recordar que los informes de la Guardia Civil habían sido filtrados inmediatamente a la prensa –tanto el primero como el segundo, este el mismo día de su conclusión– por lo que mal podría guardarse la reserva de las actuaciones. De hecho, en las explicaciones posteriores al cese, éste se produjo precisamente por la filtración a la prensa del primero. Y ninguno de estos comunicados alude al contenido de esas “actuaciones de investigación” bochornosas, sectarias y deficientes, que buscan centrar en la manifestación feminista del 8 de Marzo la causa de la pandemia e imputar criminalmente al gobierno por no impedir su realización. La desvirtuación notoria y evidente de las funciones de averiguación del delito que ha llevado a cabo esa policía judicial designada ad hoc para predeterminar al delincuente no les parece a estas asociaciones judiciales un hecho digno de atención y de crítica.
La virulencia de la cúpula de las asociaciones judiciales está sincronizada con la estrategia de desestabilización del gobierno por parte de la derecha y la ultraderecha. Los argumentos son idénticos, la parcialidad es indiscutible. Las direcciones de las asociaciones judiciales – con la honrosa excepción de Jueces y Juezas por la Democracia – han perdido la imparcialidad que fundamenta su posición constitucional. El juez debe ser imparcial, aunque no neutral, porque debe estar en su actuación jurisdiccional sometido a la Constitución y sus valores fundamentales de igualdad, libertad y justicia. La arrebatada posición de apoyo a un cargo público cesado por un Ministro en el uso regular de su potestad discrecional, asumiendo sin ningún matiz una visión sesgada y no contrastada de los motivos de la destitución, ignorando expresamente el contenido profundamente irregular de la investigación policial que está en la base de este cese, y cooperando de manera directa a la erosión de la legitimidad democrática del gobierno, indicando que se vulnera el principio de independencia judicial e incluso exigiendo el cese del Ministro, son actuaciones de una gravedad extraordinaria que colocan la cúpula de estas asociaciones judiciales en la órbita de la oposición directa al gobierno, en perfecta sincronía con la derecha y la ultraderecha.
Los equipos dirigentes de las Asociaciones judiciales han perdido la imparcialidad, y asumen funciones de partido político en directa oposición y deslegitimación del gobierno democrático. Que el asociacionismo judicial que es mayoría entre los jueces y magistrados exhiba de forma tan rotunda su condición política alineada con la derecha y la ultraderecha es desde luego un dato extremadamente preocupante que explica la progresiva desconfianza de sectores populares en los jueces y en su independencia. Un hecho gravísimo que la propia cúpula dirigente del asociacionismo judicial debería corregir, retractándose de tales acusaciones graves y destempladas. Por el bien de la independencia judicial. Por el respeto al Estado social y democrático de derecho.