Más modelos de privatización
La FADSP viene denunciando una tercera fuente de negocio del sector privado a través de concesiones administrativas que incluyen la gestión de servicios sanitarios: las empresas asumen la construcción, mantenimiento y equipamiento de un hospital y, a cambio, la Administración les paga una cuota por cada habitante del área geográfica que atiende. La propia Fundación IDIS habla de un aumento “significativo” de este modelo, especialmente en Madrid y Valencia, y estima que el volumen de negocio de las nueve concesiones de este tipo existentes en España supera los 1.200 millones de euros. La FADSP asegura que el coste de esta atención, si estuviera íntegramente en manos públicas, podría rebajarse hasta en siete veces. Lo cierto es que, engordadas por este creciente negocio, las clínicas privadas suponen ya el 38,5% de la red hospitalaria nacional, según los datos de DBK.
Es en este punto donde el nuevo panorama político surgido tras las últimas elecciones autonómicas puede variar la tendencia, de forma especial, precisamente, en esas dos comunidades en las que el modelo más triunfa. La Generalitat valenciana, ahora gobernada por PSPV y Compromís, tiene previsto rescatar las concesiones de sanidad cuando venzan los contratos. En Madrid, gobernada por el PP, la presidenta, Cristina Cifuentes, paralizó al llegar al cargo la externalización de seis centros hospitalarios, aunque, según el Observatorio Madrileño de Salud, sigue figurando entre las comunidades que mayor porcentaje dedican a concertación privada.
El precio de estudiar
Con respecto a la educación, el porcentaje de alumnos que cursan estudios no universitarios en centros concertados o privados es del 31,9%. De ellos, el 25,5% va a escuelas concertadas y el 6,5% a completamente privadas, según datos del Ministerio de Educación y Ciencia referidos al curso 2015-2016. La media es muy diferente en Europa, donde los alumnos en la enseñanza pública no bajan del 83% en ninguna de las etapas, según datos de la OCDE.
Ese predicamento de la enseñanza privada en España se ha extendido también a la universidad, que viene experimentando un crecimiento sostenido en el tiempo y, sobre todo, en los años de la crisis. Desde que en 1997 se creara la Universidad Pablo de Olavide, en Sevilla, el número de centros públicos se ha estancado en 50. En contraste, el número de universidades privadas ha pasado desde entonces de 13 a 33 y la mitad de las nuevas ha surgido en los años de crisis. En paralelo, el porcentaje de alumnos que acogen no ha parado de crecer: si en 2006 eran el 9,55% del total, en el curso 2014-2015 los 171.000 alumnos que estudiaron en universidades privadas suponían el 12,4%.
En España solo el 27% de los universitarios tiene becas, frente al 76% de Holanda o el 100% de Finlandia
Miguel Ángel Quintanilla, catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia, fue secretario general del Consejo de Universidades (1991-1995) y secretario de Estado de Universidades e Investigación (2006-2008). Durante este último periodo, solo se creó una universidad privada en España, aunque él asegura que no se debió a una oposición explícita por su parte. “No tengo nada en contra si los nuevos centros cumplen los requisitos exigidos. Lo que no me parece bien es que se aprueben nuevas universidades en contra de los informes de los expertos y sin que primen criterios estrictamente académicos y de servicio público.” Y eso ocurre. Dado que la decisión última de dar el visto bueno a una universidad privada corresponde a los gobiernos autonómicos, los informes previos que emiten los consejos de universidades caen en saco roto aunque sean negativos. Los intereses económicos, también los de los ayuntamientos que ven con buenos ojos la implantación de una universidad, priman sobre los académicos, sin tener en cuenta ni la calidad de la enseñanza ni el exceso de titulados que puede conllevar. “El negocio puede ser legítimo, pero eso no justifica que se apruebe”, afirma este exgestor público.
El crecimiento de este negocio parece auspiciado por el paralelo deterioro de la universidad pública, que acumula en los últimos años recortes presupuestarios, subidas de tasas y restricción de becas. El informe “Evolución del presupuesto de las universidades públicas 2010/2014”, elaborado por Comisiones Obreras, pone números a esta realidad (recordando que, en su mayoría, la financiación corresponde a las comunidades autónomas). En esos cuatro años, las universidades públicas perdieron 1.523 millones de euros, un 15,1% del presupuesto global, de forma que pasó de suponer el 0,97% del PIB al 0,83%. En cada alumno se gastan ahora 6.481 euros, frentes a los 7.760 de entonces.
El incremento de las tasas, dispar según la universidad, también queda patente en otro dato: si en 2010 suponían el 16% del total de los recursos de las universidades públicas, ahora se han incrementado hasta el 22,8%. Y eso ocurre a la vez que se decide un recorte de 200 millones en becas desde el curso 2011-2012 hasta el 2014-2015, además de un endurecimiento de los requisitos de acceso. Los datos comparados otra vez nos dejan en evidencia: el último informe de Eurydice (Red Española de Información sobre Educación), correspondiente al curso 2014-2015, refleja que solo el 27% de los estudiantes españoles de formación superior recibe becas y ayudas, frente al 47% de Irlanda, el 76% de Holanda y el 100% de Finlandia y Luxemburgo. España se sitúa al mismo nivel que Eslovenia y ligeramente por encima de Polonia, Portugal o Hungría.
Uno de los capítulos más afectados ha sido el de personal, azotado por los continuos recortes, de forma que entre enero de 2012 y junio de 2015 se perdieron más de 23.000 empleos en la enseñanza no universitaria, según datos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
¿Quièn se està cargando todo?
Saludos.
La FADSP viene denunciando una tercera fuente de negocio del sector privado a través de concesiones administrativas que incluyen la gestión de servicios sanitarios: las empresas asumen la construcción, mantenimiento y equipamiento de un hospital y, a cambio, la Administración les paga una cuota por cada habitante del área geográfica que atiende. La propia Fundación IDIS habla de un aumento “significativo” de este modelo, especialmente en Madrid y Valencia, y estima que el volumen de negocio de las nueve concesiones de este tipo existentes en España supera los 1.200 millones de euros. La FADSP asegura que el coste de esta atención, si estuviera íntegramente en manos públicas, podría rebajarse hasta en siete veces. Lo cierto es que, engordadas por este creciente negocio, las clínicas privadas suponen ya el 38,5% de la red hospitalaria nacional, según los datos de DBK.
Es en este punto donde el nuevo panorama político surgido tras las últimas elecciones autonómicas puede variar la tendencia, de forma especial, precisamente, en esas dos comunidades en las que el modelo más triunfa. La Generalitat valenciana, ahora gobernada por PSPV y Compromís, tiene previsto rescatar las concesiones de sanidad cuando venzan los contratos. En Madrid, gobernada por el PP, la presidenta, Cristina Cifuentes, paralizó al llegar al cargo la externalización de seis centros hospitalarios, aunque, según el Observatorio Madrileño de Salud, sigue figurando entre las comunidades que mayor porcentaje dedican a concertación privada.
El precio de estudiar
Con respecto a la educación, el porcentaje de alumnos que cursan estudios no universitarios en centros concertados o privados es del 31,9%. De ellos, el 25,5% va a escuelas concertadas y el 6,5% a completamente privadas, según datos del Ministerio de Educación y Ciencia referidos al curso 2015-2016. La media es muy diferente en Europa, donde los alumnos en la enseñanza pública no bajan del 83% en ninguna de las etapas, según datos de la OCDE.
Ese predicamento de la enseñanza privada en España se ha extendido también a la universidad, que viene experimentando un crecimiento sostenido en el tiempo y, sobre todo, en los años de la crisis. Desde que en 1997 se creara la Universidad Pablo de Olavide, en Sevilla, el número de centros públicos se ha estancado en 50. En contraste, el número de universidades privadas ha pasado desde entonces de 13 a 33 y la mitad de las nuevas ha surgido en los años de crisis. En paralelo, el porcentaje de alumnos que acogen no ha parado de crecer: si en 2006 eran el 9,55% del total, en el curso 2014-2015 los 171.000 alumnos que estudiaron en universidades privadas suponían el 12,4%.
En España solo el 27% de los universitarios tiene becas, frente al 76% de Holanda o el 100% de Finlandia
Miguel Ángel Quintanilla, catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia, fue secretario general del Consejo de Universidades (1991-1995) y secretario de Estado de Universidades e Investigación (2006-2008). Durante este último periodo, solo se creó una universidad privada en España, aunque él asegura que no se debió a una oposición explícita por su parte. “No tengo nada en contra si los nuevos centros cumplen los requisitos exigidos. Lo que no me parece bien es que se aprueben nuevas universidades en contra de los informes de los expertos y sin que primen criterios estrictamente académicos y de servicio público.” Y eso ocurre. Dado que la decisión última de dar el visto bueno a una universidad privada corresponde a los gobiernos autonómicos, los informes previos que emiten los consejos de universidades caen en saco roto aunque sean negativos. Los intereses económicos, también los de los ayuntamientos que ven con buenos ojos la implantación de una universidad, priman sobre los académicos, sin tener en cuenta ni la calidad de la enseñanza ni el exceso de titulados que puede conllevar. “El negocio puede ser legítimo, pero eso no justifica que se apruebe”, afirma este exgestor público.
El crecimiento de este negocio parece auspiciado por el paralelo deterioro de la universidad pública, que acumula en los últimos años recortes presupuestarios, subidas de tasas y restricción de becas. El informe “Evolución del presupuesto de las universidades públicas 2010/2014”, elaborado por Comisiones Obreras, pone números a esta realidad (recordando que, en su mayoría, la financiación corresponde a las comunidades autónomas). En esos cuatro años, las universidades públicas perdieron 1.523 millones de euros, un 15,1% del presupuesto global, de forma que pasó de suponer el 0,97% del PIB al 0,83%. En cada alumno se gastan ahora 6.481 euros, frentes a los 7.760 de entonces.
El incremento de las tasas, dispar según la universidad, también queda patente en otro dato: si en 2010 suponían el 16% del total de los recursos de las universidades públicas, ahora se han incrementado hasta el 22,8%. Y eso ocurre a la vez que se decide un recorte de 200 millones en becas desde el curso 2011-2012 hasta el 2014-2015, además de un endurecimiento de los requisitos de acceso. Los datos comparados otra vez nos dejan en evidencia: el último informe de Eurydice (Red Española de Información sobre Educación), correspondiente al curso 2014-2015, refleja que solo el 27% de los estudiantes españoles de formación superior recibe becas y ayudas, frente al 47% de Irlanda, el 76% de Holanda y el 100% de Finlandia y Luxemburgo. España se sitúa al mismo nivel que Eslovenia y ligeramente por encima de Polonia, Portugal o Hungría.
Uno de los capítulos más afectados ha sido el de personal, azotado por los continuos recortes, de forma que entre enero de 2012 y junio de 2015 se perdieron más de 23.000 empleos en la enseñanza no universitaria, según datos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
¿Quièn se està cargando todo?
Saludos.
No te lo crees? Pues son datos del Gobierno. No dicho asì, por supuesto, sino poniendo en claro los profesores actuales.
Alguièn ha mirado los que habìa en los años anteriores y ese es el resultado.
Saludos.
Alguièn ha mirado los que habìa en los años anteriores y ese es el resultado.
Saludos.