EDITORIAL ABC.
La hora del Estado de Derecho.
El Gobierno de Mariano Rajoy ha de armarse de confianza en sí mismo y en la justicia de la causa que abandera en estos momentos.
ABC.
Actualizado:
28/10/2017 02:04h.
Sería un error afirmar que quien ayer aprobó la declaración unilateral de independencia fue el Parlament de Cataluña, disuelto ayer por el Gobierno de Mariano Rajoy en virtud de la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Como entidad representativa democrática y legítima, el Parlament dejó de existir el 7 de septiembre, cuando la mayoría separatista consumó el golpe contra la Constitución de 1978 y el Estatuto de 2006 al aprobar las leyes de transitoriedad jurídica y de referéndum. A partir de ese día pasó a ser una asamblea totalitaria, instalada en el silenciamiento de la oposición, la inducción a la algarada callejera y la ilegalidad.
La decisión tomada ayer por el Ejecutivo es la expresión de la legitimidad democrática frente a la ruptura del marco constitucional. La destitución fulminante del Govern encabezado por Puigdemont se enmarca en la respuesta a quienes han vulnerado de manera flagrante los principios más elementales del Estado de Derecho. La convocatoria de elecciones en Cataluña el próximo 21 de diciembre demuestra que la intención del Gobierno es devolver con la máxima urgencia la legalidad a unas instituciones que el separatismo ha situado fuera de nuestro ordenamiento jurídico. La reacción del Estado se ha visto condicionada por el convencimiento equivocado de que el nacionalismo catalán se conformaría con contrapartidas económicas y no llegaría a la ruptura. Pero los separatistas anunciaron las leyes de desconexión y las aprobaron. Convocaron un referéndum y lo celebraron. Comprometieron la declaración de independencia y ayer la proclamaron. Ante esta situación límite, la aplicación del artículo 155 era una obligación ineludible.
El separatismo ha llevado a Cataluña al nivel de confrontación que quería, desenlace previsible desde que el nacionalismo antaño moderado -el de Convergencia Democrática- entregó a los extremistas de la CUP la vanguardia del proceso secesionista, además de la cabeza de Artur Mas. En lo sucesivo habrá que creer a los nacionalistas y no esperar a que demuestren de lo que son capaces. El arriado de la bandera española en algunos edificios oficiales catalanes es la imagen de una agresión que no debe tolerarse. Sin embargo, el nacionalismo ha llegado a este punto mucho más debilitado de lo que esperaba y no tanto por la respuesta institucional del Estado de Derecho. Ni los recursos ante el TC, ni las querellas ante los tribunales penales, siquiera las condenas ya impuestas, han tenido el efecto disuasorio adecuado, aun cuando sea inaplazable someter a Carles Puigdemont y sus secuaces a la imputación por los delitos que han cometido. Los separatistas han cosechado tres fracasos que no harán sino aumentar su volumen en los próximos días: el rechazo de la comunidad internacional -renovado ayer en cascada, desde EE. UU. a la Unión Europea- a su proyecto de ruptura del orden constitucional español; la espantada del sector empresarial de Cataluña y la pérdida del monopolio en las calles catalanas. Estos frentes fallidos del separatismo demuestran que la respuesta del Estado de Derecho es una necesidad imperativa.
El Estado no puede fallar a tantos como están confiando en él. La aplicación del artículo 155 de la Constitución es la respuesta urgente del Estado. Su finalidad no es resolver el conflicto separatista, que tiene otros cauces, sino restaurar el orden legal e institucional en Cataluña, mediante la aplicación forzosa, como prevé la Constitución, de las medidas aprobadas por el Senado. El mecanismo del artículo 155 no está previsto para ser negociado, sino para ser impuesto con toda la firmeza que sea precisa, eso sí, acompañada de inteligencia política y sentido de la oportunidad. Sin duda, el artículo 155 llega tarde, pero no por eso pierde legitimidad o es menos necesario. Su aplicación, en todo caso, será compleja. No hay que engañarse: los decretos que ayer aprobó el Consejo de Ministros, y los que apruebe en el futuro, pueden no ser efectivos sólo por ser publicados en el Boletín Oficial del Estado. Requerirán en muchos casos el uso de la fuerza y tanto el Gobierno, como el PSOE y Ciudadanos deberán estar prevenidos de esta circunstancia. Es más, dado que los socialistas se han afanado en aparecer ante la opinión pública como los moduladores de la propuesta de intervención del Gobierno en la Generalidad, quizá tendrán que pensar cuál va a ser su discurso si el procedimiento del artículo 155 no es suficiente para restaurar plenamente, sin matices ni reservas, el orden constitucional de 1978 ante el movimiento insurreccional que ha desatado el nacionalismo.
El Gobierno de Mariano Rajoy ha de armarse de confianza en sí mismo y en la justicia de la causa que abandera en estos momentos, aplicar las medidas del artículo 155 y ganar esta prueba de resistencia a la que están siendo sometidos el Estado español y nuestra democracia.
La hora del Estado de Derecho.
El Gobierno de Mariano Rajoy ha de armarse de confianza en sí mismo y en la justicia de la causa que abandera en estos momentos.
ABC.
Actualizado:
28/10/2017 02:04h.
Sería un error afirmar que quien ayer aprobó la declaración unilateral de independencia fue el Parlament de Cataluña, disuelto ayer por el Gobierno de Mariano Rajoy en virtud de la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Como entidad representativa democrática y legítima, el Parlament dejó de existir el 7 de septiembre, cuando la mayoría separatista consumó el golpe contra la Constitución de 1978 y el Estatuto de 2006 al aprobar las leyes de transitoriedad jurídica y de referéndum. A partir de ese día pasó a ser una asamblea totalitaria, instalada en el silenciamiento de la oposición, la inducción a la algarada callejera y la ilegalidad.
La decisión tomada ayer por el Ejecutivo es la expresión de la legitimidad democrática frente a la ruptura del marco constitucional. La destitución fulminante del Govern encabezado por Puigdemont se enmarca en la respuesta a quienes han vulnerado de manera flagrante los principios más elementales del Estado de Derecho. La convocatoria de elecciones en Cataluña el próximo 21 de diciembre demuestra que la intención del Gobierno es devolver con la máxima urgencia la legalidad a unas instituciones que el separatismo ha situado fuera de nuestro ordenamiento jurídico. La reacción del Estado se ha visto condicionada por el convencimiento equivocado de que el nacionalismo catalán se conformaría con contrapartidas económicas y no llegaría a la ruptura. Pero los separatistas anunciaron las leyes de desconexión y las aprobaron. Convocaron un referéndum y lo celebraron. Comprometieron la declaración de independencia y ayer la proclamaron. Ante esta situación límite, la aplicación del artículo 155 era una obligación ineludible.
El separatismo ha llevado a Cataluña al nivel de confrontación que quería, desenlace previsible desde que el nacionalismo antaño moderado -el de Convergencia Democrática- entregó a los extremistas de la CUP la vanguardia del proceso secesionista, además de la cabeza de Artur Mas. En lo sucesivo habrá que creer a los nacionalistas y no esperar a que demuestren de lo que son capaces. El arriado de la bandera española en algunos edificios oficiales catalanes es la imagen de una agresión que no debe tolerarse. Sin embargo, el nacionalismo ha llegado a este punto mucho más debilitado de lo que esperaba y no tanto por la respuesta institucional del Estado de Derecho. Ni los recursos ante el TC, ni las querellas ante los tribunales penales, siquiera las condenas ya impuestas, han tenido el efecto disuasorio adecuado, aun cuando sea inaplazable someter a Carles Puigdemont y sus secuaces a la imputación por los delitos que han cometido. Los separatistas han cosechado tres fracasos que no harán sino aumentar su volumen en los próximos días: el rechazo de la comunidad internacional -renovado ayer en cascada, desde EE. UU. a la Unión Europea- a su proyecto de ruptura del orden constitucional español; la espantada del sector empresarial de Cataluña y la pérdida del monopolio en las calles catalanas. Estos frentes fallidos del separatismo demuestran que la respuesta del Estado de Derecho es una necesidad imperativa.
El Estado no puede fallar a tantos como están confiando en él. La aplicación del artículo 155 de la Constitución es la respuesta urgente del Estado. Su finalidad no es resolver el conflicto separatista, que tiene otros cauces, sino restaurar el orden legal e institucional en Cataluña, mediante la aplicación forzosa, como prevé la Constitución, de las medidas aprobadas por el Senado. El mecanismo del artículo 155 no está previsto para ser negociado, sino para ser impuesto con toda la firmeza que sea precisa, eso sí, acompañada de inteligencia política y sentido de la oportunidad. Sin duda, el artículo 155 llega tarde, pero no por eso pierde legitimidad o es menos necesario. Su aplicación, en todo caso, será compleja. No hay que engañarse: los decretos que ayer aprobó el Consejo de Ministros, y los que apruebe en el futuro, pueden no ser efectivos sólo por ser publicados en el Boletín Oficial del Estado. Requerirán en muchos casos el uso de la fuerza y tanto el Gobierno, como el PSOE y Ciudadanos deberán estar prevenidos de esta circunstancia. Es más, dado que los socialistas se han afanado en aparecer ante la opinión pública como los moduladores de la propuesta de intervención del Gobierno en la Generalidad, quizá tendrán que pensar cuál va a ser su discurso si el procedimiento del artículo 155 no es suficiente para restaurar plenamente, sin matices ni reservas, el orden constitucional de 1978 ante el movimiento insurreccional que ha desatado el nacionalismo.
El Gobierno de Mariano Rajoy ha de armarse de confianza en sí mismo y en la justicia de la causa que abandera en estos momentos, aplicar las medidas del artículo 155 y ganar esta prueba de resistencia a la que están siendo sometidos el Estado español y nuestra democracia.