De cómo se inundó de droga el País Vasco y España en los años 80 y 90. El “informe Navajas” ("2/2)
El ‘informe Navajas’ sobre supuesta corrupción de guardias civiles de Intxaurrondo, nunca fue investigado por los jueces | Edición impresa | EL PAÍS
La Guardia Civil saboteó la investigación del fiscal Navajas sobre corrupción en Intxaurrondo
EL PAÍS/ 28 ABR 1995
lA Guardia Civil saboteó en 1990 la investigación del fiscal Luis Navajas sobre corrupción en el cuartel donostiarra de Intxaurrondo, que incluía a su responsable, el entonces teniente coronel Enrique Rodríguez Galindo. Luis Roldán dirigía entonces el instituto armado. Un informe secreto de la Guardia Civil, del 20 de octubre de 1992, detalla la Operación Arca de Noé, cuya meta era “marcar líneas de investigación sobre objetivos poco significativos”. La mayoría de encartados habían intervenido en “acciones clandestinas” contra ETA, según el informe.
Para descafeinar la investigación, según el documento, se recurrió a “desacreditar las fuentes”, estudiar lo que “deberá declarar” o “deberá omitir” determinado testigo y enterrar pistas clave. “Por la naturaleza de la misión encomendada al inicio de la Operación Arca de Noé, durante su desarrollo no se ha establecido ninguna línea de investigación que trate de profundizar en las citadas informaciones [en su mayoría derivadas del informe Navajas] ni se han buscado otras que las contrasten”, revela el informe reservado. “Todo el planteamiento inicial [de la Operación Arca de Noé] se hizo de acuerdo con Rodríguez Galindo”. El 12 de mayo de 1989, el fiscal de San Sebastián Luis Navajas remitió al entonces fiscal general del Estado, Leopoldo Torres, un escrito sobre la presunta corrupción de mandos de la 513 Comandancia de la Guardia Civil, incluido el entonces teniente coronel Enrique Rodríguez Galindo. El escrito denunciaba relaciones de funcionarios del cuartel con distintas redes de contrabando y narcotráfico de Guipúzcoa.
Leopoldo Torres, ante el nombre emblemático de la lucha antiterrorista que aparecía en tal informe, se puso en contacto con Roldán, según fuentes próximas al ex director. Este, a su vez, contactó con Rodríguez Galindo, quien, además de defender su caso personal, se alarmó al oir citar los nombres que aparecían en el documento. Muchos de ellos correspondían a hombres de su máxima confianza en la lucha antiterrorista que habían participado en “acciones clandestinas” [contra ETA], según se cita en el documento Arca de Noé.
Guardias investigados
Los agentes entonces destinados en Intxaurrondo y citados en el informe Navajas eran el teniente José Guisado Fernández, el capitán Fidel del Hoyo Cepeda, el sargento José Rancaño Fernández, los hermanos Enrique y Fabián Dorado Villalobos, ambos sargentos, el cabo Antonio Cruz Sánchez, el guardia segundo Juan Pedro Moreno Rey, el sargento José de la Peña Fernández y el teniente Joaquín Collado Callau. En noviembre de 1990, la prensa difundió la paralización en Madrid del informe Navajas.
En diciembre de 1990, la Dirección de la Guardia Civil ordenó al servicio de información investigar los hechos denunciados por Navajas. Pero, según consta en documentos reservados, también se ordenó una operación contra tales pesquisas.
La finalidad última de la Operación Arca de Noé, según dichos documentos, era “desacreditar las fuentes, demostrar la normalidad del patrimonio de Rodríguez Galindo y la correcta presentación de sus declaraciones de renta, indicar que no se había podido demostrar ninguna relación entre los miembros del cuerpo y los clanes de contrabandistas” y, sobre todo, “marcar unas líneas de investigación sobre objetivos poco significativos”.
La Guardia Civil estableció “un plan de decepción”. Oficialmente, no se negaba colaboración a la justicia, pero se ocultaban datos, se reventaban pistas, se manipulaban testigos y alertaba a investigados. Según documentos secretos, “todos o la mayor parte de los agentes indicados [denunciados a Navajas por corruptos], en una u otra forma, habían intervenido en acciones clandestinas de la lucha antiterrorista”. La Guardia Civil ocultó este dato a Navajas.
[…]
A la vista de que Alfonso Cano ha admitido públicamente ser el autor del informe, la fiscalía estudia reabrir la querella presentada por el alcalde Odón Elorza y archivada por ‘Falta de autor conocido”. Entre otras afirmaciones sustentadas en fuentes innominadas, enel informe se señala que, “según diversas referencias e informaciones”, Odón Elorza se halla “implicado” en contrabando de oro.
Quienes mantienen la tesis de la infiltración, entre ellos varios dirigentes del Partido Popular vasco, adjudican el mismo móvil, taponar la investigación de las redes de narcotráfico, a los atentados contra José Antonio Santamaría, José Manuel Olarte, Alfonso Morcillo, Gregorío Ordóñez, el brigada Mariano de Juan y el comisario Enrique Nieto, aislando el hecho de que todos podían entrar en la lógica terrorista. El único caso que suscita alguna incógnita, dado que ETA no acostumbra a atentar contra guardias municipales, aunque algunos hayan caído bajo sus balas, es la muerte del sargento Alfonso Morcillo.
En su comunicado de reivindicación de ese asesinato, la organización terrorista ETA afirmaba que Morcillo era el jefe de un grupo de guardias municipales conectados con el cuartel de la Guardia Civil situado en Intxaurrondo y le consideraba “colaborador” del responsable de la 513 Comandancia, el coronel Enrique Rodríguez Galindo.
Ciertamente, el sargento Morcillo se relacionaba con agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado (FSE) porque entre sus cometidos profesionales habituales figuraba recabar información de estos cuerpos sobre la titularidad de los vehículos o los antecedentes penales de los sospechosos. De manera regular recibía, de hecho, a miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado, en su despacho de la Guardia Municipal de San Sebastián, según afirma el jefe de la Guardia Municipal de San Sebastián, Milcel Gotzon Santamaría.
Que se sepa, tampoco el PNV, que lleva muchos meses apuntando con todas sus baterías al cuartel de la Guardia Civil ubicado en Inuaurrondo, ha sustentado hasta el momento con datos fehacientes su teoría de que es ahí donde hay que buscar la explicación de los últimos asesinatos de la organización terrorista ETA en San Sebastián.
La Guardia Civil saboteó la investigación del y fiscal Navajas sobre corrupción en Intxaurrondo
Fuente http://www. yometiroalmonte. es/
El ‘informe Navajas’ sobre supuesta corrupción de guardias civiles de Intxaurrondo, nunca fue investigado por los jueces | Edición impresa | EL PAÍS
La Guardia Civil saboteó la investigación del fiscal Navajas sobre corrupción en Intxaurrondo
EL PAÍS/ 28 ABR 1995
lA Guardia Civil saboteó en 1990 la investigación del fiscal Luis Navajas sobre corrupción en el cuartel donostiarra de Intxaurrondo, que incluía a su responsable, el entonces teniente coronel Enrique Rodríguez Galindo. Luis Roldán dirigía entonces el instituto armado. Un informe secreto de la Guardia Civil, del 20 de octubre de 1992, detalla la Operación Arca de Noé, cuya meta era “marcar líneas de investigación sobre objetivos poco significativos”. La mayoría de encartados habían intervenido en “acciones clandestinas” contra ETA, según el informe.
Para descafeinar la investigación, según el documento, se recurrió a “desacreditar las fuentes”, estudiar lo que “deberá declarar” o “deberá omitir” determinado testigo y enterrar pistas clave. “Por la naturaleza de la misión encomendada al inicio de la Operación Arca de Noé, durante su desarrollo no se ha establecido ninguna línea de investigación que trate de profundizar en las citadas informaciones [en su mayoría derivadas del informe Navajas] ni se han buscado otras que las contrasten”, revela el informe reservado. “Todo el planteamiento inicial [de la Operación Arca de Noé] se hizo de acuerdo con Rodríguez Galindo”. El 12 de mayo de 1989, el fiscal de San Sebastián Luis Navajas remitió al entonces fiscal general del Estado, Leopoldo Torres, un escrito sobre la presunta corrupción de mandos de la 513 Comandancia de la Guardia Civil, incluido el entonces teniente coronel Enrique Rodríguez Galindo. El escrito denunciaba relaciones de funcionarios del cuartel con distintas redes de contrabando y narcotráfico de Guipúzcoa.
Leopoldo Torres, ante el nombre emblemático de la lucha antiterrorista que aparecía en tal informe, se puso en contacto con Roldán, según fuentes próximas al ex director. Este, a su vez, contactó con Rodríguez Galindo, quien, además de defender su caso personal, se alarmó al oir citar los nombres que aparecían en el documento. Muchos de ellos correspondían a hombres de su máxima confianza en la lucha antiterrorista que habían participado en “acciones clandestinas” [contra ETA], según se cita en el documento Arca de Noé.
Guardias investigados
Los agentes entonces destinados en Intxaurrondo y citados en el informe Navajas eran el teniente José Guisado Fernández, el capitán Fidel del Hoyo Cepeda, el sargento José Rancaño Fernández, los hermanos Enrique y Fabián Dorado Villalobos, ambos sargentos, el cabo Antonio Cruz Sánchez, el guardia segundo Juan Pedro Moreno Rey, el sargento José de la Peña Fernández y el teniente Joaquín Collado Callau. En noviembre de 1990, la prensa difundió la paralización en Madrid del informe Navajas.
En diciembre de 1990, la Dirección de la Guardia Civil ordenó al servicio de información investigar los hechos denunciados por Navajas. Pero, según consta en documentos reservados, también se ordenó una operación contra tales pesquisas.
La finalidad última de la Operación Arca de Noé, según dichos documentos, era “desacreditar las fuentes, demostrar la normalidad del patrimonio de Rodríguez Galindo y la correcta presentación de sus declaraciones de renta, indicar que no se había podido demostrar ninguna relación entre los miembros del cuerpo y los clanes de contrabandistas” y, sobre todo, “marcar unas líneas de investigación sobre objetivos poco significativos”.
La Guardia Civil estableció “un plan de decepción”. Oficialmente, no se negaba colaboración a la justicia, pero se ocultaban datos, se reventaban pistas, se manipulaban testigos y alertaba a investigados. Según documentos secretos, “todos o la mayor parte de los agentes indicados [denunciados a Navajas por corruptos], en una u otra forma, habían intervenido en acciones clandestinas de la lucha antiterrorista”. La Guardia Civil ocultó este dato a Navajas.
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A la vista de que Alfonso Cano ha admitido públicamente ser el autor del informe, la fiscalía estudia reabrir la querella presentada por el alcalde Odón Elorza y archivada por ‘Falta de autor conocido”. Entre otras afirmaciones sustentadas en fuentes innominadas, enel informe se señala que, “según diversas referencias e informaciones”, Odón Elorza se halla “implicado” en contrabando de oro.
Quienes mantienen la tesis de la infiltración, entre ellos varios dirigentes del Partido Popular vasco, adjudican el mismo móvil, taponar la investigación de las redes de narcotráfico, a los atentados contra José Antonio Santamaría, José Manuel Olarte, Alfonso Morcillo, Gregorío Ordóñez, el brigada Mariano de Juan y el comisario Enrique Nieto, aislando el hecho de que todos podían entrar en la lógica terrorista. El único caso que suscita alguna incógnita, dado que ETA no acostumbra a atentar contra guardias municipales, aunque algunos hayan caído bajo sus balas, es la muerte del sargento Alfonso Morcillo.
En su comunicado de reivindicación de ese asesinato, la organización terrorista ETA afirmaba que Morcillo era el jefe de un grupo de guardias municipales conectados con el cuartel de la Guardia Civil situado en Intxaurrondo y le consideraba “colaborador” del responsable de la 513 Comandancia, el coronel Enrique Rodríguez Galindo.
Ciertamente, el sargento Morcillo se relacionaba con agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado (FSE) porque entre sus cometidos profesionales habituales figuraba recabar información de estos cuerpos sobre la titularidad de los vehículos o los antecedentes penales de los sospechosos. De manera regular recibía, de hecho, a miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado, en su despacho de la Guardia Municipal de San Sebastián, según afirma el jefe de la Guardia Municipal de San Sebastián, Milcel Gotzon Santamaría.
Que se sepa, tampoco el PNV, que lleva muchos meses apuntando con todas sus baterías al cuartel de la Guardia Civil ubicado en Inuaurrondo, ha sustentado hasta el momento con datos fehacientes su teoría de que es ahí donde hay que buscar la explicación de los últimos asesinatos de la organización terrorista ETA en San Sebastián.
La Guardia Civil saboteó la investigación del y fiscal Navajas sobre corrupción en Intxaurrondo
Fuente http://www. yometiroalmonte. es/